2019: Año de la gesta democrática de Bolivia

                                         Carla Saucedo

Una vez más, por décimo año consecutivo, hago la caracterización, muy personal –aunque sospecho que esta vez coincidiré con casi todos- del año que se va; como suele ocurrir, resumiré las gestiones pasadas hasta llegar a la reciente. Repasaré por última vez las nueve primeras, no solo porque el espacio se está quedando corto, sino porque 2019 ha comenzado una nueva historia, dejando atrás la época, así los espero, del autoritarismo, el narcotráfico, la desinstitucionalización y la corrupción –la frase final que usé para cerrar mi cierre de 2018 fue “la lucha por su recuperación (de la democracia) ya ha comenzado”. Permítamelo, entonces…

2010: “el año del rodillazo”. Ocurrió durante un partido de fútbol en la cancha Zapata; el equipo presidencial se enfrentaba al municipal. Con pelota detenida –agravante en hechos de este tipo- el expresidente Morales Ayma propinó un alevoso rodillazo en la zona del bajo vientre (en los testículos, vamos) a un rival. La escena se propagó por todas partes causando repulsa generalizada. Esta acción retrató, con precisión, su irrespeto de las reglas –del fútbol, en particular, y de la administración del Estado, en general-.

2011: “el año del MASking”. Fue el periodo en el que el antiguo régimen, arguyendo luego que se había roto la cadena de mando, desató una brutal represión contra los marchistas del Tipnis en la región de Chaparina. Una de las formas de tal represión consistió en sellar las bocas de los indígenas de tierras bajas con la cinta conocida como “masking”.

2012: “el año de la caca”. Con tal sustantivo adjetivado –caca- el expresidente se refirió a las relaciones de Bolivia con Estados Unidos, haciendo gala de su florido lenguaje diplomático.

2013: “el año de la extorsión”. Lo caractericé así debido al escándalo de proporciones gestado desde las propias entrañas del antiguo régimen. Recordemos que al interior de éste se organizó un consorcio mafioso dedicado a extorsionar a reos prometiéndoles influir en la justicia para absolverlos o favorecerlos de alguna manera.

2014: “el año del Estado Plurinominal”. Hace cinco años, el Gran Impostor, se postuló ilegalmente a los comicios presidenciales –sus peleles del TCP así lo ordenaron y sus serviciales del TSE lo ejecutaron-. Estos últimos mandaron a imprimir la totalidad de las papeletas de votación con el rótulo de “Estado Plurinominal de Bolivia”. Un acto electoral que debió haber sido declarado nulo.

2015: “el año de Petardo”. Un can adoptado por marchistas potosinos, a quienes acompañó en su periplo a la sede del Gobierno, captó la simpatía de la ciudadanía hastiada de la manera cómo el antiguo régimen ostentaba su poder basado en el autoritarismo. Petardo simbolizó la lucha por la democracia y la repulsa a la corrupción masista.

2016: “el año NO-Evo”. Hoy conocido como 21F, el referéndum convocado por el régimen masista con el propósito de desconocer el artículo 168 de la Constitución para forzar la reelección del Gran Hermano, resultó un revés para tales aspiraciones. La ciudadanía decidió que el sujeto volviera a su cato de coca el 22 de enero de 2020, como él mismo lo había manifestado.

2017: “el año del nulo”. En línea con el hecho precedente, la población dio una paliza al viejo régimen en las “elecciones judiciales”. No obstante la contundencia del rechazo y de los mensajes adversos a aquel Gobierno, éste impuso, como lo había hecho anteriormente, a sus operadores judiciales.

2018: “el año de la doble pérdida”. El vetusto régimen perdió el juicio en La Haya y con ello se cerró toda posibilidad de salida al mar –al menos por el lugar y las condiciones exigidas por Bolivia- y, por otra parte, la democracia fue secuestrada con la venia de esos operadores judiciales.

Y llegamos a 2019 como “Año de la gesta democrática de Bolivia”. Una serie de eventos afortunados, que devinieron luego del grosero fraude electoral cometido por Morales Ayma y su círculo mafioso, cuya protagonista fue la ciudadanía asqueada por 14 años de abusos, racismo, corrupción, persecución, narcotráfico, impostura, extorsión y violaciones a la Madre Tierra, entre otros. Los mafiosos tomaron las de Villadiego y, ante el vacío de poder, asumió, en estricta aplicación de la sucesión constitucional, la mujer cuyo gobierno tiene la misión de llevar a Bolivia hacia una elecciones limpias y verdaderamente democráticas. ¡Salud, lectores y lectoras!

¡Nunca más!

Estoy consciente de la ingenuidad que supone poner un título como el presente, expresión más bien retórica, “una carta a Papa Noel”, diríase. Pero, además, poco original, trillada; pero, a pesar de todo ello, pertinente, necesaria para procurar no tropezarse con la misma piedra.

Tengo en mente, a tiempo de redactar estas líneas, a los bolivianos que no han nacido aún para que, en su época de actuar como ciudadanos, no se dejen engatusar por falsos redentores que, en nombre de los menos favorecidos, resultan beneficiados con la democracia para, una vez encumbrados, gobernar contra ella en el afán de perpetuarse en el poder recurriendo, en el caso de que la Constitución se los limitase, a las más viles acciones de manipulación de los poderes de Estado cooptados por un régimen de carácter totalitario y, en el caso de saberse disminuidos electoralmente, recurrir al peor de los pecados sociales: el fraude.

Porque lo ocurrido excede los límites de la política. La confianza entre partes, la seguridad jurídica, la convivencia entre diferentes, la fe democrática, son bienes públicos que al ser corrompidos afectan a todo el tejido social.

El antiguo régimen, al haber incurrido en fraude electoral –ruptura del valor de transparencia, que deviene del principio de igualdad- genera también una ruptura de orden moral: si quien es el encargado de regular el orden social (el Estado) es el primero en engañar, entonces todo vale. Vale la estafa, vale el acoso, vale el irrespeto, vale la discrecionalidad, vale la delincuencia…

La ciudadanía, cuyo umbral de paciencia respecto a los abusos de poder a los que la sometía el antiguo régimen parecía no llegar a su límite, finalmente, aupada por el ímpetu de la juventud, decidió no dejar pasar el timo.

De haberlo permitido, poca o ninguna esperanza le quedaba al país para retomar la senda de la democracia. ¿Se imagina usted las elecciones subnacionales bajo la administración del Grupo de Choque? ¿Y luego de eso?

En su fe marxista, los operadores del antiguo régimen no imaginaron que la sociedad, dentro de una economía (la estructura) aparentemente sólida –y no por mérito exclusivo de sus funcionarios-, iba a plantear una resolución del entuerto por el camino de lo institucional.

Un grupo de poder, como lo fue el antiguo régimen, acostumbrado a aplacar a sus críticos mediante represalias de diversa índole, montó en desconcierto al no poder hacerlo esta vez. Mientras los acontecimientos se precipitaban –transitando rápidamente del pedido de “respeto al voto” al de “renuncia del tirano”- los jerarcas hacían maletas, una manera implícita de admitir la comisión del monstruoso fraude, del atentado a la fe ciudadana.

Las cosas bien podrían haberse resuelto hasta ese punto. Pero resultó que, cual bestia herida, el evadido decidió desestabilizar la transición incitando a la delincuencia y al boicot de la pacificación. Ladino, el sujeto.

Entre el enmarañado tenor de sus declaraciones, el exmandatario insinúa su retorno al poder “cuando llegue el momento” mientras instruye a sus huestes que ahoguen a los bolivianos. La figura que se me viene a la mente es la de Juan Pereda Asbún luego del fraude que montó para “ganar” las elecciones de 1978, rematado por un golpe de Estado. Una eventual habilitación de tal personaje como candidato, ahora o en los próximos cien años, sería como haber permitido que el tal Pereda se presentase en una elección posterior a la del fraude que cometió. Si a eso sumamos que los bolivianos nos enferma el prorroguismo, el plato está servido. Pero los poderosos de turno no aprenden. Ojalá fuera la última vez que la sociedad da una lección a quienes se quieren (se quieran) perpetuar.

¡Nunca más! ¡Nunca MAS!

De alucinaciones y piratas

                                               Viñeta: Página Siete

Los llamados “vuelos de la muerte” fueron una práctica corriente en Argentina durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Cientos de ciudadanos tenidos por “comunistas” por el solo hecho de ser contestatarios al régimen de entonces (1976-1981 y su continuación hasta 1983). Como sucede con este tipo de controles políticos, una denuncia anónima era suficiente para que las fuerzas de Seguridad aprehendiesen a los sospechados de subversivos y para que algunos, selectivamente, corriesen la suerte de acabar desaparecidos.

Un familiar que padeció las represalias, por la pura circunstancia de estar en el lugar y momento equivocados, vivió para contar que apilaban indistintamente a hombres y mujeres en el mismo ambiente con los ojos vendados y la boca amordazada, de modo que solo se valían del contacto directo con sus manos para establecer cierta comunicación.

Quienes no tuvieron la fortuna de este pariente, eran despojados de sus ropajes, cargados en aviones y lanzados al mar para, una vez muertos y devorados, darlos por “desaparecidos”. Las mujeres que sufrieron esta cruel manera de acabar con su vida era, además, vejadas sexualmente antes de ser arrojadas al océano.

Durante uno días, Bolivia tuvo la (in)grata visita de un grupo de aventureros que, en plan de activistas de derechos humanos, cuya estrambótica versión de la situación local luego del abandono de su cargo que hiciera el expresidente Morales es una suerte de adaptación de lo sucedido en el país del cual provienen a los hechos que acontecieron en el nuestro. ¡Con la diferencia de que en Argentina sucedieron realmente!

Es probable que la patota que nos vino a observar, liderada por un porteño megalómano, no se haya podido reponer del trauma de la dictadura militar que, entre otras cosas (Galtieri, 1982) mandó al sacrificio a una generación de jóvenes a las Malvinas (Falkland, para los británicos). Eso parece hablar de procesos no resueltos en el vecino austral que pretenden ser redimidos por estos sujetos en cruzando su frontera al norte.

Es evidente que el grupículo, piratas sus propios integrantes, vino con el propósito de fraguar historias de piratas para luego difundirlas por la región. Y para ello, cuenta con medios –tanto financieros como de prensa-. Los primeros se develaron en su ostentoso modo de vida que lucieron a su paso –¡claro que para el espectáculo mediático había que aparentar un estilo popular!- Sobre los segundos, un puñado de páginas orgánicas del “socialismo del siglo XXI”, replicaron sin pudor alguno las alucinaciones de sus amigotes.

Donde fracasaron estrepitosamente fue en los medios responsables y en la opinión pública que, coincidentemente, las pulverizaron. Es que semejantes groserías no resisten un mínimo análisis.

Ya a su arribo al aeropuerto de Santa Cruz –tramoya incluida- la delegación pirata anunciaba su dudosa “misión”: desvelar el exterminio de “hermanos indígenas” que, según su guión, se está produciendo en Bolivia, y denunciar el “golpe de Estado” y las violaciones a los derechos humanos con testimonios de los mutilados.

Después de eso, era obvio que se informaría algo igualmente desopilante, pero nadie imaginó que fuera tan fantasioso: “policías violando mujeres muertas” y “personas siendo arrojadas al vacío desde helicópteros”.

En buenas cuentas, el paso de esta muchachada trajo una dosis de morbo ideológico cuya acción resultó contraproducente para sus supuestos fines, dadas las patéticas historias, mal adaptadas de su propio pasado, que se le ocurrió contar. Se cae, por enésima vez, la intención de deslegitimar la retoma del rumbo democrático en Bolivia.

Señor Fraude

No es sobre el proceder del régimen en el reciente remedo de elección, cuando habilitó, contra todo principio jurídico, a un personaje descalificado por la ciudadanía mediante un referéndum para, consumada la violación a la Constitución –“su” Constitución-. Y, aun así, al no reunir una cantidad de votos que le permita prolongar su permanencia en el poder, permitirse dar la orden de disponer la alteración de la tendencia electoral para favorecer a su patrón, que quiero escribir.

Esa maquinación no merece ser llamada como reza el título de esta entrega porque no fue tal: fue un burdo y descarado fraude que afectó la sensibilidad democrática de la ciudadanía que no da tregua en su lucha por la anulación de dicha impostura.

Entonces, ¿a qué o quién denomino “Señor Fraude”? Pues, nada más ni nada menos que al individuo responsable de todo el zafarrancho que tiene en vilo a Bolivia, al Presidente saliente.

Este hombre es producto de una construcción de imagen que ha acabado por borrar de él todo viso de autenticidad –si es que alguna vez la tuvo- sustituyéndola por una cáscara de oropel que deslumbra a los incautos que lo siguen. Me explico: en lugar de poner en duda una serie de atributos ficticios, es común que se dé por sentado que el caballero es aquello que, por supuesto, no es –o no en la medida que supondría serlo-. En tal sentido el propio señor es un fraude, un Señor Fraude. Veamos…

¿Indígena? Sí, pero de conveniencia. El susodicho, como es de conocimiento público, cimentó su carrera en el sindicalismo –en el cocalero, para más señas, con todas sus implicaciones-. Su metamorfosis a “lo indígena” (no se formó políticamente en ninguna de las expresiones indigenistas del continente) es producto de la necesidad de posicionarlo como tal –con indudable éxito- para llegar al poder con la etiqueta de “Primer Presidente Indígena de Ámerica”, ignorando a personalidades mucho más merecedoras de tal denominación como Benito Juárez o, en nuestro medio, Andrés de Santa Cruz y Calahumana o Franz Tamayo que, si bien no llegó a ejercer, fue elegido para el cargo. Con todo lo modernista que era, Tamayo hablaba a la perfección la lengua aymara, lo que nos lleva a…

¿Aymaraparlante? Nones. Por mucha publicidad que le haya hecho el difunto Chávez a su “indio”, el compañero, pese a su triste empeño por demostrar lo contrario, no articula más que unas cuantas expresiones de orden protocolar –saludo, despedida, una que otra arenga- que cualquier ciudadano de estas tierras sabe pronunciar. Las veces que alguien intenta entablar con él una conversación en la lengua de Túpac Katari. El caballero no habla aymara y, mucho menos, es la reencarnación de Túpac Katari.

¿Trompetista? Mmmmm. Platillero, sí (en realidad, para serlo no se requiere haber estudiado ocho años en Viena), pero, aunque hay fotografías de esta especie de mimo musical, dudo mucho de su habilidad como trompetista -¿le ha escuchado usted tocar, individualmente, este instrumento?- Rodeado de gente, uno puede pasar por lo que se quiera. Me puse a buscar en youtube alguna interpretación suya y lo más cercano que encontré fue una distinción que recibe de parte de una asociación de músicos quienes le entregan una trompeta, luego el público empieza a corear “¡que la toque, que la toque!” y el personaje, visiblemente abochornado, no le saca ni un graznido. No pido una magistral interpretación de “El vuelo del moscardón” de Korsakov; me conformaría con “Los pollitos dicen”. Entretanto, huele a fraude.

¿Futbolista? Vamos… cualquier entendido en balompié sabe que el cuate apenas da unos pelotazos y que sus “rivales” no son tales, sino unos simples monigotes que se prestan a proyectar una imagen de Maradona de Orinoca. Resulta risible –vergonzoso para quienes impulsaron el asunto- que se hubiera querido enrolar a un equipo de la Liga profesional –Sport Boys-. ¡Cómo sufrí cuando el mundialista Néstor Clausen, su DT de entonces, tenía que decir que “no era mala idea”! Fraude por doquier.

Y podría continuar, pero el espacio ya no alcanza. Le toca a usted hacerlo.

Y se va la segundita...

De manera solícita, la ciudadanía acudió a las urnas, aun sabiendo que uno de los postulantes a la Primera Magistratura no tenía nada que hacer en la papeleta electoral por estar inhabilitado constitucionalmente –inhabilitación refrendada, además, por un referéndum que zanjó toda duda al respecto-.

Conocidos los datos oficiales al 85%, cuando se detuvo el conteo, los bolivianos ya entraron en modo “segunda vuelta” dado que los guarismos indicaban que, de manera irreversible, por la tendencia, la diferencia entre el candidato legal y el advenedizo, no le alcanzaba a este último para consumar su fechoría en primera vuelta. Es más, en el conjunto de la votación, una abrumadora mayoría votó en su contra.

Ciertamente, el primero logró capitalizar el descontento que, fruto de tanto abuso y corrupción, generó el régimen, descontento que se materializó en un rotundo “no” el 21 de febrero de 2016 y en votos, el 20 de octubre, dando paso a una inédita “segunda vuelta” a la que acudiremos en diciembre.

No deja de ser llamativo el hecho de que en la convocatoria a la primera vuelta electoral, el tristemente célebre Tribunal Supremo Electoral hubiese omitido incluir la fecha de la segunda y que cuando se le consultó por dicho “olvido” arguyó que lo haría si efectivamente se daba tal situación –pensando mal, al TSE, como al resto del régimen, jamás le pasó por la cabeza tal posibilidad-. Tiempo más tarde, el señor García Linera, candidato ilegal a la Vicepresidencia, indicaba que su sigla tenía un “voto oculto” (¿eufemismo por “fraude”, tal como “estrategia envolvente” por “cochinada”?).

Así y todo, el régimen muerde el polvo y, por mucho que asegure que se impuso en la primera, luciendo unas muecas intentado fingir sonrisas, deberá concurrir a la segunda, en la cual los auspicios no juegan a su favor.

En los hechos, el régimen ha perdido estrepitosamente, no solo porque sus postulantes son ilegales, ilegítimos e inmorales, sino porque gozó de toda clase de ventajismo avalado por sus lacayos del órgano electoral –ya habrá tiempo para reencauzar democráticamente dicha entidad-, así como por el grosero dispendio de recursos públicos para fines particulares, y por amenazar permanente mediante una campaña del miedo para que los votantes no apoyen al candidato legal mejor ubicado. Aprovechó, impúdicamente, el aparato estatal para montar una campaña sin precedentes por la asimetría respecto a aquella que dispuso de su propia logística de apoyo para llegar al día de la votación.

La ciudadanía camina hacia la segunda vuelta con los ánimos renovados, mostrándose resuelta a no dejarse timar nuevamente por el régimen dictatorial que ya está ejerciendo el poder de manera ilegal y que quiere reproducir la patraña las veces que se le antoje. Los jóvenes le han dado a dicho espíritu un ingrediente de poderosa motivación para no desmayar en la lucha por la democracia. Su presencia en todos los actos por el respeto al voto ha sido fundamental para sostener la ruta hacia diciembre. Ver a nuestros hijos ejerciendo sus derechos ciudadanos permite afirmar que el país tiene futuro, que la esperanza está en alza.

Escribo todo esto en medio de la incertidumbre ocasionada por el comportamiento de régimen –vía sus operadores del TSE- de forzar a como dé lugar un resultado distinto del que viabiliza la próxima vuelta. Sin embargo, la ciudadanía acudirá el segundo domingo de diciembre a cumplir su deber ciudadano y, con ello, volver a decirle “No” al sátrapa. Bolivia tendrá, a partir de enero, poderes separados que garantice pesos y contrapesos en la toma de decisiones públicas, vale decir que se instalará una República con su respectivo estado de derecho.

Voto "por defecto"

Si usted sigue con cierta frecuencia mis entregas catorcenales, podrá certificar que no me he referido de manera directa a la carrera electoral en la que se encuentran embalados ocho duplas legales y una ilegal; tampoco, ni por asomo, he comentado las encuestas, justamente porque en las mismas figura el binomio trucho –legitimándolo-. Pero, como se suele decir, alea jacta est, y a plantarle cara a esta situación. A cruzar el Rubicón.

La etapa que está por concluir es resultado de un forzado montaje con diversos vicios, tanto de origen como de puesta en ejecución.

Entre los de origen, se encuentran antecedentes como la declaración constitucional 003/13 que, violando la Constitución, viabilizó la postulación de los señores Morales Ayma y García Linera para el periodo en curso (2015-2020) burlando la propia Carta Magna y la palabra empeñada por el primero –el segundo la llamó “estrategia envolvente”- al momento de viabilizar aquella (2009), comprometiéndose a no postularse tras culminar el anterior. Lejos de conformarse con cinco años (de ejercicio ilegal) más del poder, Morales, como veremos más adelante, afinó los mecanismos de control sobre los tribunales Constitucional y Electoral, para volver a torcer las leyes y colarse –pese a estar inhabilitado- en la nómina de candidatos a la Presidencia. Otro antecedente, de igual o mayor magnitud, es el resultado concluyente del referéndum del 21 de febrero de 2016, mediante el cual la ciudadanía expresó su rechazo a una nueva candidatura del personaje que ya había abusado de su confianza en las elecciones de 2014; en principio, el régimen aceptó el veredicto del 21F pero pocos días después, con las instituciones judiciales a sus órdenes, comenzó el trámite para pisotear la voluntad popular una vez más.

Entre los de ejecución, correlato de los anteriores, están la Sentencia Constitucional 084/2017 que declara como “derecho humano” supraconstitucional la repostulación –indefinida, se infiere- del susodicho y determina una ilegal “habilitación” como candidato para el periodo 2020-2025. 

Asimismo, figuran todas las acciones –manipulación de la Ley de Organizaciones Políticas, reuniones en la residencia presidencial con los vocales electorales, convocatoria a “primaras” (vinculantes, aunque resultaron no ser tales), campaña con recursos públicos (entregas de obras transmitidas por el canal estatal), un sospechoso incremento del padrón en algunas regiones, etc-. Todo ello avalado por los órganos al servicio del poder.

¿Y así iremos a votar? Pues, aunque el régimen juega de local y con árbitro “bombero” comprado, hay que dar batalla democrática. Lamentablemente, como ocurrió en la anterior, esta elección no brinda las condiciones para optar libremente por quien tenga el mejor programa o por quien tenga mayores coincidencias conceptuales con uno. No hay, en tal escenario, nueve posibilidades. Lo que hay es una encrucijada muy obvia: acentuación del autoritarismo o recuperación de la democracia. 

No lo asumimos así hace cinco años, y las consecuencias saltan a la vista.

En lo que a mí concierne, he decidido emitir un voto “por defecto”, que consiste en marcar en la casilla de quien, al día del sufragio, se encuentre en primer lugar entre los candidatos legales, así dicha persona no goce de mi simpatía en términos político-ideológicos.

A pocos días de la cita con las urnas, hay una tendencia en tal sentido. Si dicha tendencia se sostiene hasta el 20 de octubre, no me temblará el pulso para darle soporte; si ésta cambiara, actuaré de igual manera con quien haya concentrado el mayor caudal de apoyo ciudadano hasta entonces. ¡Por la democracia!

Amargo MAS

El próximo martes se va a cumplir un año de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, en relación a la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia a la República de Chile, en torno a compromisos no honrados por esta última que, según el reclamo de Estado Plurinacional, le daría el derecho de negociar una salida al mar por territorio antes perteneciente a la República de Bolivia. “Obligación” (de negociar/dialogar por parte del demandado) y “soberanía” (boliviana, en el lugar “recuperado”) eran los términos excluyentes que el régimen esperaba obtener de la CIJ, términos que, como se sabe, no asomaron siquiera en el documento de derecho internacional que, al ser de última instancia, tiene carácter definitivo.

Como argumento jurídico, cuya autoría reconocida por propios y extraños es de don Ramiro Orías, el texto de la demanda es impecable; pero todos los concernidos en el tema sabían que su conversión en procedimiento contencioso era una apuesta de altísimo riesgo que el régimen quiso correr; lo que supone que en caso de una derrota diplomática de tal dimensión también estaba dispuesto a asumir su responsabilidad y a hacerse cargo de las consecuencias.

Sin embargo, durante el trámite del juicio internacional, el régimen o, más propiamente, el señor Evo Morales Ayma, dejando de lado todo sentido sensatez, mesura y sobriedad, se empeñó en darle una orientación partidaria al tema, desnaturalizando el espíritu con el que inició –el de la unidad- y generando dudas sobre el propósito real de la demanda. Como alguna vez lo escribí, Morales Ayma hizo marketing personal con el mar.

Innecesariamente beligerante, obscenamente grosero, tal individuo olvidó que el trámite corría por la vía jurídico/diplomática y que sus muestras de soberbia no eran precisamente lo que el momento aconsejaba. Entretanto, Chile, con sus propios tropiezos, actuaba como el “agredido”, mientras hacía “lobbies” de alta capacidad de influencia.

Pero el mayor pecado cometido por Morales Ayma y sus huestes fue el haber creado, deliberadamente, un ambiente triunfalista que excedió cualquier límite: una cosa es un moderado y sano optimismo, y otra la exacerbación de las pasiones con actos y expresiones absolutamente desmedidos.

Entre los más inverosímiles se encuentra el de la unión de varios retazos de tela de color azul –ingenuo quien crea que eso no tenía una intencionalidad político-partidaria propagandística- para hacer una larga tira a la que llamaron “banderazo” que pretendía ser registrado en el libro de los récords “Guinness”. Ni a eso se llegó, menos a “bañarnos en el mar”. Lo que sí ocurrió es que ese tiempo, como consta en la prensa, el rollo de 50 metros de tela azul subió de precio, de 200 a 500 bs.

Asimismo, en el paroxismo de la ridiculez, los empleados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se disfrazaron de jueces de la Corte de la Haya, causando vergüenza ajena a su paso durante el desfile por el Día del Mar.

Podría enumerar un puñado de disparates más, pero, por razones de espacio, solo lo haré con uno más, el de antología: el anuncio de Morales Ayma, en su discurso de Año Nuevo, en el que aseguraba que Bolivia “tendrá mar en 2018”. El caso es que no lo tuvo –ni lo tendrá, al menos no por el lugar y las condiciones que pretendía-.

La víspera del día del fallo, el 30 de septiembre del año pasado, publiqué las posibles opciones que nos esperaban. Lo hice de esta manera: “Triunfo diplomático absoluto: “Obligación” y “soberanía”. Triunfo diplomático parcial: “Obligación” o “soberanía”. Derrota diplomática absoluta: Ni “obligación”, ni “soberanía””.

Ocurrió lo último. Lo demás son patrañas.

De tus cenizas, Chiquitania

Al momento de escribir estas líneas, el régimen aún no ha declarado Desastre Nacional, como corresponde hacerlo en casos inclusive menos graves que el de la devastadora quema que afecta a la Chiquitania.

¿Por qué en situaciones como esta es menester la activación de tal declaratoria? Por la sencilla razón de que la misma moviliza recursos –humanos, técnicos, económicos, científicos y operativos-, canaliza la solidaridad en general –local e internacional- y concentra esfuerzos antes dispersos; todo ello sin la carga burocrática a que están sometidos los trámites corrientes –con dispensación de éstos-.

En rigor, dada la magnitud de la catástrofe, el régimen debería haber activado la Declaratoria hace tres semanas; sin embargo, permanece enajenado de la realidad. ¿Lo hará finalmente?

Como muchos, me he preguntado por la razón por la cual mantiene esta terquedad cuando ya llevamos más de dos millones de hectáreas afectadas por las quemas. En principio, lo tomé como uno más de los caprichos a los que nos tiene acostumbrados: la mezquindad que guía sus actos. En la curiosa (furiosa, más bien) lógica masista, declarar Desastre Nacional sería darle el gusto a “la derecha”, cosa que el régimen no está dispuesto a hacer puesto que tal cosa significaría una “derrota política”, una “muestra de debilidad”. Algo parecido a las interpelaciones parlamentarias a funcionarios de Estado, en las que éstos resultan aplaudidos por la mayoría oficialista a pesar de haber suficientes pruebas de sus tropelías.

Lejos de brindar una justificación mínimamente atendible, el régimen ha esgrimido un sinfín de sandeces para salir del paso. Es más; al menos al comienzo, se negó a recibir cooperación internacional –luego la aceptó a regañadientes, incluso poniendo trabas a la internación de instrumentos y personal de países vecinos-. Peor aún, continúa realizado una acción de sabotaje a la labor de los bomberos voluntarios.

Por otra parte, es indignante el espectáculo propagandístico con el que el régimen pretende hacer creer que se está ocupando del siniestro provocado por el propio régimen: el Presidente en grotesca exhibición actoral o el ministro de la Presidencia “regalando” cocinitas a los pobladores de la región.

Entonces, sin dejar de lado la versión de la mezquindad por razones políticas, porque esta sola no alcanza para explicar tanta terquedad, hay que (mal)pensar otras razones que dispongan al régimen para actuar como lo hace. Respecto al TIPNIS, por ejemplo, está claro que sus compromisos con una empresa brasileña lo llevan a insistir en la construcción de una carretera por el medio de la reserva y Parque Nacional. En este caso, se sabe de compromisos contraídos con ganaderos y cocaleros para ampliar la frontera agrícola, pero parece faltar algún elemento mucho más oscuro para completar el dantesco cuadro. ¿Cuál será éste? No lo sabemos aún, pero cuando las condiciones estén dadas, el verdadero trasfondo del asunto saldrá a la luz.

Es de tal magnitud este ecobiocidio que, con justa razón, los hijos de nuestros nietos condenarán a la actual generación de bolivianos por haber permitido la asunción al poder de un grupo de depredadores que les comprometió su presente (futuro, desde esta perspectiva).

¿Podemos hacer algo para cambiar ese destino de nuestros descendientes? Por lo pronto, impedir, democráticamente, que los usurpadores se reproduzcan en el poder y, a la brevedad posible, comenzar la reversión de esta devastación provocada por éstos, y la reconstrucción institucional de Bolivia.

De tus cenizas, Chiquitania, surgirá el país de todos.

Del Tipnis a la Chiquitanía: la mano depredadora del régimen

Desde hace un tiempo, vengo con la idea de dirigirme, a través de esta columna, a la comunidad internacional, a propósito de las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, lo acontecido en nuestra porción de amazonía nos supera, haciendo excluyente abordar en perspectiva esta quema forestal de proporciones dantescas.

Temo, no obstante, que dentro de dos semanas –frecuencia de publicación de mis textos- ya sea demasiado tarde para sensibilizar al concierto de estados democráticos sobre lo que se está tramando, desde el poder, para liquidar todo vestigio práctica democrática en Bolivia. Por tanto, iré directamente al llamado que tengo para dichos estados: Hagan un acuerdo para reconocer como Presidente al ganador de entre los candidatos legales –tanto mejor si alguno de éstos es ganador absoluto-. Bien saben que hay un usurpador que ha violado la Constitución y desoído la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. No teman ver afectadas sus inversiones e intereses legalmente certificados. Tengan la certeza de que el Gobierno que, en conjunto, reconozcan, sabrá respetar su seguridad jurídica.

Ahora bien, ocupémonos de la tragedia que vive Bolivia que, aunque no parezca, no está divorciada del llamado hecho previamente. Sostengo esto debido a la renuencia del régimen a solicitar cooperación internacional para las labores de mitigación del incendio y sus consecuencias para el medioambiente (la Pachamama, que tanto dice venerar el usurpador Morales Ayma), las especies animales, la flora tropical y la vida de las personas que habitan la vasta región afectada. Finalmente, a regañadientes, el régimen aceptó la ayuda voluntaria, en una posición que puede graficarse como “si quieren manden ayuda, pero sepan que no la necesitamos”, lo que deja entrever no la soberbia –que la tiene- que muchos atribuyen al usurpador, sino una especie de deseo de que el fuego acabe con todo para, como dijo uno sus operadores, “reforestar con coca” el área.

Para que no quepa duda, me hago eco de lo que voces de distinta procedencia han manifestado: el responsable de esta atrocidad es el régimen, personificado en su cabecilla, por haber emitido normas contrarias a la preservación de la Madre Tierra en consonancia con su política de asentamientos (colonos) y de ampliación de la frontera agrícola. Lo demás es puro intento de desviar la atención. El señor Morales Ayma puede disfrazarse de guardia forestal la veces que quiera; el daño está hecho y no hemos escuchado una sola palabra de “mea culpa” de parte suya.

Ver el desastre que ocurre en la Chiquitanía como algo aislado es engañoso –y hasta conveniente al régimen-. Lo indicado es considerar los hechos que van desde el Tipnis hasta la la Chiquitanía, pasando por El Bala, El Chepete, Tariquía y otros atentados en curso, como un continuum que demuestra que Pachamama, Madre Tierra o medioambiente son poco menos que alpargatas para el régimen; que la defensa que hace en foros internacionales es pura retórica. Ahí está la mano depredadora del régimen; ahí está el reciente ecocidio. Lo que hace doblemente condenable su acción depredadora es que la pandilla que nos gobierna se montó en el discurso ambientalista (pachamamista, en sus términos) para llegar al poder. Bolsonaro puede ser todo lo detestable que se quiera, pero la diferencia es que la posición de éste siempre fue la de la destrucción del bosque en nombre del progreso –una distorsión del lema patrio brasileño-.

¿Qué queda, entonces? Comenzar a sentar las bases para un juicio de responsabilidades, que incluya todos los delitos, contra Juan Evo Morales Ayma y sus colaboradores; un juicio ejemplar, para que nadie ose cometerlos en el futuro.

El (in)discreto (des)encanto de la corrupción

Tengo entre mis manos un patrimonio jurídico de Bolivia que, a mi juicio, debería ser patrimonio jurídico de la humanidad entera: el texto de la sentencia, en el marco de los juicios de responsabilidades, al dictador Luis García Meza y sus colaboradores, pronunciada el 21 de abril de 1993 que, como se sabe, dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto para el ya finado expresidente de facto. A efectos de síntesis, podemos agrupar los delitos cometidos por aquel régimen en los de carácter político (delitos contra la Constitución), los de violación a los derechos humanos y los de tipo económico (corrupción corriente). Quedaron fuera del proceso los inherentes a protección y ejercicio del narcotráfico con los cuales también se asocia al gobierno de principios de los años ochenta del siglo pasado.

Una relectura de la sentencia puede dar argumentos para, jusrisprudencialmente, iniciar un juicio de responsabilidades contra el régimen actual dado que, aunque las formas son distintas, el fondo de los actos dolosos de éste permanece incólume. El régimen de Morales Ayma hace virtud de la permanente comisión de delitos contra la Constitución, con la diferencia de que éstos son avalados por órganos que, debiendo ser independientes del poder político, forman parte consustancial del propio régimen al haber sido cooptados y controlados para “bendecir” los designios del jefazo. Lo propio puede decirse de la continua violación de los derechos humanos expresada simbólicamente en hechos como Chaparina, La Calancha y en el exilio, persecución y encarcelamiento de ciudadanos críticos al oficialismo –el más reciente, el del señor Franclin Gutiérrez que, aunque no comparto la actividad a la que se dedica, no me queda duda de que se trata de un preso político-. El tiempo dirá si procede un juicio similar en el siglo XXI.

Sin embargo –notará usted que dejé aparte el componente delictivo de carácter económico- los casos de corrupción que en su momento nos parecían monstruosos palidecen al lado de los cometidos por el régimen de Morales Ayma –en el terreno de la especulación, puede pensarse que García Meza y sus colaboradores no dispusieron de catorce años (¡y quieren más!) para engrosar sus bolsillos hasta reventarlos-.

No se trata de hacer un ejercicio de corrupciones comparadas, pero los “grandes” hechos de corrupción por los cuales se juzgó al régimen garcíamecista parecen delitos de bagatela comparados con los del régimen moralesaymista.

Mencionemos algunos de los “espectaculares” hechos de corrupción de la dictadura mencionada: caso “La Gaiba” (tráfico de piedras semipreciosas), caso “Piscina olímpica” (apropiación de materiales de construcción, vidrios “ray ban”, principalmente), caso “Equipos petroleros” (sobreprecio en adquisición) caso “Puerto Norte” (sin condena por falta de prueba plena), caso “Diarios del Che y de Harry Villegas” (sustracción y venta). Pero el que más me llamó la atención es el caso “Cobro de cheque de $us 278.085.45”, que acabó sin condena por falta de falta de prueba plena. Es el monto que, grosso modo, equivaldría al triple en la actualidad y, aun así, no sería ni el apéndice del prontuario de la corrupción del MAS en estos catorce años; Solo el caso “FONDIOC” hace parecer a los de la dictadura ochentera como obra de carteristas.

¿Por qué, entonces, no solo que no hay una condena generalizada al régimen masista como la hubo contra el régimen garcíamecista, sino que Morales Ayma goza aún de cierto apoyo?, lo que le ha permitido, utilizando los órganos a su servicio, tener el tupé de hacerse de una candidatura en nombre de los derechos humanos.

Una respuesta posible, aunque indignante, es que la corrupción se ha normalizado socialmente y que, inclusive, una cantidad apreciable de personas la tiene por un valor en alza. Tal vez por esta razón, pues el fenómeno no es solo local, una mayoría de argentinos apoya el retorno del régimen más corrupto de su historia.

Un mu(n)do feliz

Fue Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, quien definió la eudaimonia (la felicidad) –de algo sirve haber hecho unos cursos de Filosofía en mis años mozos, conservando algunos apuntes- como la actividad del espíritu por el conocimiento de la verdad, siendo el placer y la alegría tan solo ecos de tal acción. Para la filosofía griega, la felicidad es el bien supremo al que aspira el ser humano; es su verdadero sentido de la vida.

Fue Aldous Huxley, en su Un mundo feliz, quien imaginó un “Estado Mundial” regido por la trilogía “comunidad, identidad, estabilidad” en el que, mediante el uso de una droga de la felicidad, una estructura jerárquica (de castas) social, el condicionamiento de los niños y el procedimiento eugenésico tendente a la eliminación de los genes “fallidos” a fin de preservar los elementos citados, se construiría una sociedad en estado de felicidad permanente. Eso sí, a costa de arrebatar, a las personas y grupos de personas, lo que no hace humanos y sus extensiones: varios campos simbólicos, la diversidad cultural y, por ende, el libre albedrío.

Utopía filosófica e individual, la primera, y distopía política y social, la segunda.

Se puede enumerar una serie de posturas alrededor del tema, pero, de hacerlo, no me quedaría espacio para lo que traigo a cuento a propósito de la inclusión de una oferta electoral que promete felicidad a la población boliviana si es que la misma da sus votos al Ungido –aunque ilegal- en octubre.

El régimen consigna entre sus ofrecimientos al electorado un acápite bajo el denominativo “Disfrute y felicidad”, la promesa –consecuencia del “Vivir bien”, tan caro a los miembros de la nomenklatura masista, supongo- de una letanía de divagaciones que bajo la forma de atractiva envoltura lírica –al estilo del preámbulo de la Constitución- que, viniendo de donde viene, esconde algo más perverso.

En el colmo de la impostura, ofrece la eliminación del conflicto –no son palabras textuales, pero eso se lee entre líneas- ¿Qué significa esto? Nada menos que un paso más en la toma absoluta de poder que el régimen ansía: la proscripción del disenso. En suma, “su” felicidad.

Es cierto que buenas políticas públicas pueden elevar la sensación de felicidad de los habitantes de una determinada nación, pero, por mencionar un extremo, la población civil de una nación en guerra ¿debe sentirse feliz de que su ejército esté acabando con la población civil del “enemigo”? No olvidemos que la guerra ha sido usada como expediente para generar cohesión social cuando el poder político se siente amenazado. Incluso aceptando esta situación límite, resulta altamente sospechosa una felicidad presentada como oferta político-electoral.

Por cierto, e independientemente de variables externas (en la línea de Locke), los bolivianos, en considerable mayoría, se definen como intrínsecamente felices –recuerdo un libro de Ayala Bluske, Subdesarrollo y felicidad-, aunque la base material no deja de tener una relación directa en el aumento o disminución de esta sensación. El documento del régimen también cita la frase “el dinero no compra felicidad”; le dejo a usted escudriñar en el sentido de la misma.

Pero, ya ingresando en la negación de la realidad, el régimen vincula el mar a su promesa de felicidad. ¿Me perdí de algo? ¿La Haya reconsideró su fallo y ahora exige a Chile la otorgación de una costa con soberanía a Bolivia? ¿Es hora de tirar cohetes? ¡Pero qué felicidad!

Con estos elementos, qué clase de felicidad es la que promete el régimen, ¿la de Aristóteles o la de Huxley?; a mí me late que la última: “felices” pero mudos.

El TSE y su ominoso papel

                                                Detalle de viñeta de El Diario

Coincide la publicación de esta columna con el plazo para inscribir las listas provisionales para habilitar candidatos a diputados y senadores que intentarán hacerse de un curul en el parlamento. Digo “provisional” porque, como es habitual, hay un tiempo prudencial para arrepentirse, renunciar y ser sustituido por otro postulante o ser cambiado a la fuerza. Hasta ahí, no hay novedad, pero el inefable Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ampliado esa gracia a los aspirantes a las dos primeras magistraturas que presentaron sus respectivas renuncias, luego de negar sistemáticamente la posibilidad de aceptarlas sustentándose en el carácter vinculante de las “elecciones primarias”, aceptando solo la muerte o impedimento permanente como causal de sustitución. Pero esta es solo la última tropelía del ente electoral. Volveremos sobre la misma luego. Entretanto, recorreremos parte del camino que condujo a este desastre.

Todo comenzó con la toma por asalto del organismo electoral por operadores del régimen luego de la última gestión institucional, a cargo de Salvador Romero Ballivián, cuando aún se llamaba Corte Nacional Electoral (CNE). De ahí en adelante, una entidad que había alcanzado altísimos grados de credibilidad comenzó a caer en picada hasta acabar en lo que tenemos hoy: una caterva de incompetentes sumisos al poder que juegan a quién es más obsecuente que el otro en su afán de quedar bien con el jefazo que los colocó en el cargo.

Se dice que todo tiene límite, pero que el límite de rastrerismo de los vocales en ejercicio, heredado –y “capitalizado” por éstos- de sus predecesores quienes, a su vez, lo heredaron de los anteriores, no parece estar próximo.

Puede parecer reiterativo mencionarlo, pero el punto de inflexión para la recomposición de la entonces CNE fue una situación similar a la que arrastra el TSE desde hace tiempo; me aventuro a afirmar que el problema del también conocido como Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es mucho más álgido que el de aquella corte envilecida. La renovada Corte hizo de los principios de imparcialidad, neutralidad, autonomía e independencia, su divisa; los tribunales del régimen parecen haberla sustituido por fraudulencia, obsecuencia, ignorancia e incompetencia. Así, no hay manera de llevar adelante un proceso eleccionario mínimamente creíble.

Repitiendo el libreto de sus antecesores, los (evo)cales actuales se desentienden de las constantes violaciones que comenten los ilegales candidatos del régimen en su afán por engatusar a los votantes. Partiendo de la habilitación de tal dupla imponiendo unas primarias de dudosa legitimidad, puesto que no estaban previstas para esta oportunidad sino para los siguientes comicios generales, como afirman los proyectistas de la Ley de Organizaciones Políticas, todo ha sido un agachar la cabeza ante los designios de sus patrones palaciegos.

Asimismo, a la manera de sus “antiguos”, el empadronamiento sospechoso con traslado de ciudadanos de un municipio a otro, con casos sorprendidos “in fraganti”, ha sido moneda corriente (moneda corriente, literal).

Ya en el borde de la trapacería, los títeres del MAS, intentaron perforar el principio de paridad y alternancia en las listas. Solo la condena ciudadana les hizo volver sobre sus pasos.

Volviendo al comienzo, a lo último en realidad, con la aceptación de renuncias ampliada a candidatos al Ejecutivo, que les viene bien a dos partidos, se plantea la ruptura de la vinculancia de las forzadas “primarias”. Por tanto, corresponde también que sobre esto el TSE vuelva sobre sus pasos y enmiende el despropósito de habilitar a los usurpadores Morales Ayma y García Linera.

Financiamiento: la paja y la viga

Si hay un asunto en extremo delicado en época de campañas electorales, ése es el del financiamiento de las mismas. A mi manera de ver, el problema no es el monto –tanto la proclamación de austeridad como la confesión de éxito recaudatorio son sospechosas; la primera por lo de “quién les cree que gastarán tan poquito”, la segunda por lo de “de dónde sale tanta plata”-. Para evitar estas suspicacias, solo hay una fórmula, difícil de conseguir, sin embargo: se llama transparencia.

Me refiero al tema a raíz del revuelo causado por la revelación –infidencia, acaso- de una respetable cantidad de morlacos recolectados por una tienda política supuestamente en kermesses. No era necesario el eufemismo. Mejor llamar a las cosas por su nombre: si uno va con una encuesta favorable en una mano y un sombrero en la otra, los quibos empiezan a caer y sumar.

Por eso me parecieron muy oportunistas las reacciones de unos y otros ante tal cuestión. Por un lado, el Sr. García, nada menos que el operador más conspicuo del régimen más corrupto de la historia, juzgaba la paja en el ojo del rival cuando es inocultable la viga que cubre el suyo. Atribuía tal cifra a aportes del narcotráfico… ¿Acaso fue el opositor quien se chanceaba con Montenegro? ¿acaso fue el opositor quien andaba vinculado al clan Castedo? ¿acaso fue el opositor quien nombró Jefe de Inteligencia a Sanabria? El exabrupto alcanza su máximo grado de cinismo cuando está claro que la campaña del régimen maneja recursos astronómicos, y no hablo de los provenientes de los descuentos a los funcionarios.

Por su parte, otro partido en carrera aprovechaba para hacerse el ofendido, cuando no da la menor muestra de estrecheces y, por el contrario, parecería que goza de buena salud financiera.

Pero la reacción menos inteligente ha sido la de la propia organización que generó la polémica. Lejos de asumir que como candidatura exitosa puede conseguir inclusive más apoyo monetario que el barajado hasta ahora, se hizo la estrecha y poco le faltó para declararse en quiebra.

Si la transparencia fuera absoluta, nadie tendría que andar dando explicaciones a cada paso. Simplemente, se conocerían las cantidades de los aportes, los nombres de las personas, empresas o entidades que los abonaron y el destino que corrieron. La eliminación del anonimato debería ser una condición, así se evitarían los “donativos” demasiado generosos, de dudoso origen y, a la vez, condicionados.

Si esto le suena a demasiado cándido, recuerde la hábil estrategia de Barack Obama para obtener fondos: redes, centavo a centavo. Se dirá que es otro contexto –cada vez que alguien quiere desoír algo, dice que “es otro contexto”- pero lo bueno puede ser adaptado, mejorado incluso, a otra realidad. Para el caso, la nuestra.

Hace aproximadamente una década, Julio Aliaga, mi persona y un desarrollador, diseñamos una herramienta que garantizaba a quien quisiera emplearlo –obviamente tenía un costo operativo- una recaudación de fondos totalmente transparente proveniente de adherentes a una campaña, desde el registro hasta el destino de los recursos (accountability), pasando por el abono. Dicha herramienta iba “casada” con un sistema de peticiones similar al AVAAZ.

La conclusión a la que llegamos es que a nadie le interesó un instrumento que transparentara los aportes (ni siquiera a algunos potenciales aportantes, quienes preferían sus nombres en reseva, en pruebas piloto que hicimos).

Esta es la neta, estimado(a) lector(a). Lo demás, son pajas y en el caso del régimen, vigas.

Malpensando

“Piensa mal y acertarás”, reza un dicho popular, aunque, pensándolo bien, no debería ser así; pero sucede que, con sus actos carentes de credibilidad, el régimen nos ha acostumbrado a pensar mal y, por lo general, acertar. Prácticamente no hay acción del régimen que no esté guiada por la mala fe.

Así ocurrió con el referéndum constitucional convocado por el régimen para el 21 de febrero de 2016, cuyo objetivo, a poco tiempo de ejercicio del poder por tercer periodo consecutivo –cuando la CPE estipula solo dos- no era otro que forzar la segunda habilitación ilegal del señor Morales Ayma.

Quien creyó que, tras su estrepitosa derrota del 21F, el susodicho se retiraría a su chaco con una quinceañera –como había asegurado- se dio de cara contra la pared. ¡Cómo, entonces, puede uno tomar los decires y haceres provenientes del régimen cuando éste ha dado muestras pruebas más que suficientes de su chueco proceder!

Y ya sabemos cómo actuó. Luego de barajar varias opciones optó por la más segura y rápida: hacer declarar constitucional, mediante sus amarrahuatos del TC, la re-re-reelección del señor en cuestión con una argucia política absolutamente despreciable. Seguidamente, el Ejecutivo ordenó a sus serviciales del Órgano Electoral aplicar las elecciones primarias, previstas para la subsiguiente elección, para darse un barniz de legitimidad. Lo que sigue es un rosario de arbitrariedades cometidas por tal órgano para allanar el camino de su jefe-dios al poder totalitario.

La reciente declaración de dicho individuo –“Ya hay un ganador de las elecciones de octubre”- ha debido dejar perplejo a más de uno. Bienpensando, podríamos inferir que el sujeto en cuestión, en un rapto de contrición, se retirará de la contienda asumiendo la serie de atropellos a la ley y al soberano que cometió para vulnerar la Constitución y someterla a sus caprichos. Entonces, el ganador será el pueblo boliviano, más allá de quien, en ausencia del arrepentido, logre el apoyo necesario para acceder al Gobierno.

Malpensando, lo que tal persona nos está diciendo es que nada de eso va a ocurrir y que, por el contrario, va a seguir violando las normas a su antojo con el agravante de un fraude monumental que lo aúpe sin incomodidades, como lo hizo anteriormente, a la Presidencia. O sea, nos está espetando aquella frase de Stalin “No importa quién vota, sino quién cuenta los votos”. Y el caballero tiene a su disposición un órgano compuesto por serviles suyos que, como suele decirse, ya tiene al ganador y solo resta que los electores voten.

Fuera del ámbito electoral, podríamos acertar malpensando que el verdadero motivo de ubicar la planta de producción de urea y amoniaco en Bulo Bulo –en pleno Chapare, la zona que alimenta el narcotráfico- fue el de abastecer a los productores de la blanca el precursor “de moda” para la cristalización de la “merca”.

No hace falta ser un experto en exportaciones para calificar como absurdo el emplazamiento de dicha planta en esa región. Entonces, ¿por qué se obró de tal manera? Por una información que circuló “off the record”, nos enteramos hace unos años de que la orden de construirla allá fue del propio Morales Ayma, desoyendo voces sensatas que se oponían a la peregrina idea. Con las instalaciones ya en funcionamiento, los operadores del régimen justificaron la decisión como “política”.

Con la evidencia de que la urea ha sustituido a otros elementos en la elaboración de cocaína, se entiende la insistencia –hasta conseguir su propósito- del presidente cocalero para cometer lo que para el resto de la gente de buena fe era un disparate. ¡Los narcos, de plácemes!

"El robo" versus "Izquierda XXI ¿?"

Con diferencia de dos meses aproximadamente irrumpieron en la pantalla grande local dos filmes situados en las antípodas de enfoque uno respecto del otro.

Esta, quiero pensarla casual, sincronía –no motivada por dar respuesta a uno de aquellos- hace inevitable relacionar ambos productos audiovisuales. En cualquier caso, su publicación habla del punto de inflexión ideológico-político en el que nos encontramos.

Pero, salvo su exhibición casi simultánea, a las mentadas películas las separa un mundo de diferencias, mismas que paso a detallar en lo que el espacio permita.

“El robo” gozó de una inusual promoción para crear expectativa sobre su temática, encargada al ejército digital del régimen que lo catalogaba como “documental” sobre la privatización; sobre tal etiqueta, lo que en realidad se monta es un panfleto propagandístico que reúne todos los vicios del engendro: maniqueísmo, prescindencia del contexto interno en el que se desarrollaron ciertos procesos, tendenciosidad, cuando no desprolijidad a la hora de mencionar datos –Rafael Archondo hizo un listado de ocho “imprecisiones”, por llamarlas menos, a este largo spot electoral-.

El propio hecho de recurrir a “testimonios” de figuras en ejercicio de cargos públicos es un indicador del poco interés de los productores de realizar un documental en forma. Lo que refuerza la hipótesis de que este panfleto se hizo bajo el supuesto de que el señor Doria Medina habría de participar en las elecciones del presente año. Eso sí, “El robo” supera con creces al curioso intento del señor Jaime Iturri, en plan de productor, en el corto para televisión sobre doña “Caraconocida”, hecho también para meter al empresario-político en el escándalo, propósito fallido, por cierto. La estratégica retirada de escena del líder de UN desestructura el propósito de tales producciones y las condena a ser una costosa aventura “pluri”.

A propósito, “El robo” ficticio del filme fue superado por el auténtico robo –consentido- de 112.000 $us otorgados para la realización de la peli a la empresa mexicana “casera” del régimen, “Neurona”, que en total de contrataciones directas embolsó la friolera de 12.500.000 Bs (1.800.000 $us).

“Izquierda XXI ¿?”, en cambio, se lanzó con una muy discreta, casi inadvertida, campaña, esperando que el público se entere “boca a boca” de su exhibición en las ciudades donde está en cartelera; evita el maniqueísmo dando crédito, a través de los entrevistados –ninguno en ejercicio de la política partidaria- a ciertos logros sociales de los gobiernos del llamado “Socialismo del siglo XXI”. Recupera buena parte de la memoria histórica por la conquista de la democracia, ofrece una mirada (auto)crítica a procesos pasados, en todo momento adecuadamente contextualizados; evita el tufillo a contrapropaganda, brinda una perspectiva más amplia de escenarios a configurarse.

Una frase que se escucha recurrentemente –unas seis veces, a lo largo del filme- en boca de distintos entrevistados, es “caldo de cultivo” para describir las condiciones creadas para la irrupción del populismo (con la buena fortuna de coincidir con el ciclo de alta para las materias primas, condición, al parecer, propicia para su supervivencia). En la sucesión de los ciclos, cabe mencionar que otro “caldo de cultivo” está dando lugar a otro giro de la historia.

Pero, lo que más me ha llamado a hacer esta comparación es el hecho de que “El robo” es un producto de realizadores mexicanos para consumo local, sin mayor perspectiva de apertura, mientras que “Izquierda XXI ¿?” –el título, la gran debilidad del film- es un producto de realizadores bolivianos con alcance, al menos, continental.

¿Avala la OEA el narco?

                                                              Viñeta: Javier Menchaca

El sonado caso de narcovínculos gubernamentales, conocido como “Montenegro”, ocupa los titulares de estos días; pero pocos recuerdan que en septiembre de 2008, si no me falla la memoria, uno similar –en cuanto a gente cercana al régimen, policías y operadores antinarcóticos- ocurrió en las entrañas mismas del territorio cocainero. Se lo conoció como “El clan Terán” por haber sido cometido por miembros de tal familia chapareña. Dos hermanas de la exasambleísta constituyente Margarita Terán fueron encontradas con las manos en la blanca (147 kilos). Luego se supo que el hermano que trabajaba en la institución encargada del control de narcóticos, era quien permitía que la “merca” pasara dicho control. La mencionada dama se libró de un proceso bajo el argumento de que “los delitos son personales” aunque es dudoso que no supiera de dichas tropelías y que al no denunciarlas estaría incurriendo en encubrimiento. Una explicación menos elegante es que a dicha señorita se la hubiese excluido por haber sido una “cara conocida” (caracterización que el Presidente usó para una de sus parejas, que bien podría aplicarse a otras) del señor Morales Ayma. En la actualidad, Terán se desempeña como ejecutiva de las cocaleras del Chapare.

En su visita al país, en 2014, el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ya advertido del “corralito” que le tenía preparado el régimen se mostró muy cuidadoso a la hora de recibir homenajes. Muy bien asesorado, no se prestó al juego de hacerse poner la guirnalda de coca con la que Morales Ayma utiliza a sus visitantes para propagandizar el producto del Chapare; en su lugar, lució una de flores. El régimen no se dio por derrotado e intentó engatusar a Ban con una torta de coca preparada en honor de su cumpleaños; éste, guardando las formas, actuó con la frialdad que requería el momento: sopló las velitas, pero nada de morder el anzuelo. De haberlo hecho –el guirnaldazo cocainero o la probada de torta- la viveza de Morales Ayma propagaría que “La ONU apoya la producción coca(ína) en el Chapare”. El Papa también fue bien asesorado para no pisar el palito.

¿Por qué traigo a cuento estos episodios? Sencillamente porque, ya fuera por mal asesoramiento o por exceso de entusiasmo, al señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), comprometió seriamente a la institución panamericana al ligarla con el tráfico de cocaína con su curioso comportamiento que no condice en absoluto con el de alguien que llega al país en visita oficial.

El citado personaje no vino en calidad de amigo de juerga del señor Morales Ayma. Lo hizo en representación de la máxima entidad supranacional de América; por tanto, sus actos no los realiza a título personal: comprometen a la propia OEA. Ni la ONU, ni el Vaticano cayeron en la trampa. ¿Qué pasó con la OEA?

¿No le dijeron los asesores locales de la Organización que el régimen se caracteriza por aprovecharse de las personalidades? ¿No le advirtieron sobre los nexos de la pareja de baile que le “tocó”? Y si lo hicieron, ¿Almagro actuó por su cuenta y riesgo?

Con sus desvaríos, el señor Almagro consiguió lo que nadie antes pudo hacer: dejar la imagen de la OEA por los suelos. Si esto ocurrió por errores de la representación local, deberán rodar un par de cabezas; si fue por cuenta del propio Almagro, que es lo más probable, deberá rodar la suya. Sin la purga necesaria, la organización estaría, implícitamente, dando su aval al narco.

Cierro con una cita de Claudio Ferrufino: “Luis Almagro, que en su momento pareció sobrio, ha perecido ante la baba verde del imperio cocalero.”