¿Censo con censura?

 

Finalmente, después de grandes tribulaciones en el proceso, en horas más se realizará el Censo Nacional de Población y Vivienda –con muchos “etcéteras” en la boleta- mismo que llega con un retraso considerable respecto del tiempo recomendable -10 años- entre censo y censo.

Los devaneos del INE, y del gobierno en general, para su ejecución –se aseguraba que estaba “casi todo listo” a mediados de 2022 e, inopinadamente, se cambió la versión por “no hay condiciones para hacerlo”, lo que desató la ira de Santa Cruz, que se embarcó en un largo paro, por el cual, de alguna manera, el gobernador Camacho se encuentra en calidad de preso político- han generado un clima, no sé si de desconfianza, pero, al menos, de susceptibilidad en relación a la transparencia del mismo, que las autoridades, lejos de despejarla, más bien han dado señales de ahondarla.

El censo, todo censo, es una herramienta esencial de la ciencia demográfica, por lo que mientras más científico sea, más eficacia tendrá a la hora de aplicarla –la herramienta, digo- para su función última, ésta es la planificación del desarrollo durante los siguientes diez años. Por tanto, mientras más ingredientes ideológicos tenga, menos de científico tendrá. Y tal parece ser el caso del que se avecina. Nada nuevo, se dirá, considerando que el último (2012) tuvo muy poco de científico –o técnico, si se prefiere).

Omitir asuntos esenciales –la matriz mestiza de nuestra cultura, por ejemplo- es irracional; omitir la confesión religiosa, otro tanto. Por otra parte, incidir en aspectos particulares de carácter identitario, es un exceso.

De acuerdo, no sólo se trata de contar las almas que pueblan nuestro millón, noventa y ocho mil, quinientos ochenta y un kilómetros cuadrados de superficie y su distribución (densidad), sino de conocer sus condiciones de vida para, insisto, planificar el desarrollo; pero utilizarlo para autocumplir una profecía de carácter étnico es, cuando menos, obsceno. Cabe mencionar que eso no se lo debemos al régimen masista, sino a “románticos” (enamorados de “lo indio”) como el finado Xavier Albó.

Hasta antes de la Participación Popular, los censos eran una ritualidad casi formal; la PP introdujo la asignación de recursos sobre la base poblacional, por lo que en vísperas de los censos post-PP los municipios entran en pánico ante la movilidad de los “estantes” que moran en ellos, pero que tienen arraigo en otras zonas. De igual manera –referencia poblacional-, los guarismos del censo determinan la asignación de una parte de los representantes al parlamento. No es poco lo que está en juego.

A todas estas variables entrecruzadas, debería sumarse la de la transparencia informativa para que la ciudadanía conozca los pormenores del proceso en todas sus fases. Sin embargo, el gobierno, a través de su entidad estadística, se ha mostrado muy hermético, cayendo a ratos en el secretismo, en lugar de abrir de par en par las puertas de la información.

De forma torpe, en inicio, y algo matizada, luego, el INE ha puesto trabas a la labor de la prensa (medios en general) para la cobertura del acto censal el día de su verificativo. Cuando algo así sucede, da para preguntar qué es lo que quiere ocultar el ente censor –que, por ejemplo, no ha sido muy convincente en su justificación del uso del lápiz para el registro-. Total, que en la víspera del censo hay un ambiente enrarecido de suspicacia.

Por el bien de la ciudadanía, las fases siguientes –el durante y el post- deben estar en el marco de acceso pleno y libre a la información. De lo contrario, será tan ilegítimo como el anterior.

Luis Miguel, un asunto de Estado

 

Sé, por experiencia propia de más de dos décadas alternando en la actividad, que el negocio de la producción de espectáculos, principalmente aquellos de mediana a gran magnitud, es altamente volátil. La responsabilidad del promotor es la de garantizar su realización, aunque los números, al final de la noche, no le sonrían. Está en juego la fe pública.

Una serie de factores, sin embargo, puede interferir entre la promesa de una gran presentación y su deseada efectivización. Entre una u otra, la lucha del empresario es por minimizar aquellos que podrían afectar a que el objetivo se cumpla de manera satisfactoria, tanto para quienes compraron su localidad (satisfacción espiritual, digamos) como para quienes invirtieron –a veces sumas exorbitantes- (satisfacción económica). El riesgo, parte de cualquier inversión, deberían correrlo éstos; el público no debería correr alguno, pero se han dado casos de tumultos o de desplomes de estructuras que, incluso, se cobraron la vida de espectadores.

La modalidad de pre-venta, generalmente a menor precio, es una práctica generalizada en el mundo y ayuda al productor a ir sufragando gastos previos, aunque el grueso sale de bolsillo. Por tanto, la confianza es un elemento clave para que los interesados en presenciar determinado show adquieran sus entradas con larga antelación.

Hay aspectos que están bajo entero control del promotor (o del grupo/empresa), de modo que, si alguno de ellos falla, es también de entera responsabilidad del mismo; no obstante, hay otros que, en distintos grados, no lo están. Los aspectos técnicos, por ejemplo, son de absoluta responsabilidad de la producción; los climáticos, no enteramente.

No es privativa de algún lugar la suspensión de un megaespectáculo; se da en todo lado. Pero, así como unos han ocurrido a pesar de una persistente lluvia (lo que los hizo memorables), otros no se realizaron porque el cantante tuvo un repentino resfrío.

Hay casos y casos. En vísperas del suspendido concierto de Aerosmith en Santa Cruz sucedió una suerte de ciclón que derribó parte de la estructura escénica y el staff técnico del grupo decidió no arriesgar a la banda no al público. Los inversores y los espectadores, muchos de los cuales, entrada en mano, habían viajado en familia, por vía aérea, para asistir al evento sufrieron, cada cual en su medida, pérdidas de consideración.

Podría contar decenas de experiencias de “casi suspensión” durante el periodo en que estuve involucrado en el rubro, pero no es el momento ni el espacio para ello.

Antes bien, me referiré al más reciente caso local de una suspensión, la del concierto de Luis Miguel, que, según el comunicado que circuló, se debe a que la avanzada de la producción del artista consideró –a falta de un mes para el mismo- altamente peligrosos ciertos hechos sociales y económicos que ocurrieron en el país durante su “reconocimiento de terreno”, por lo que se decidió quitar de la gira la escala en Bolivia.

Aquí es donde entra un factor inédito hasta la fecha. El Viceministro de Defensa al Consumidor se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el tema elevándolo a un asunto de Estado, apuntando a los constantes bloqueos ordenados por Evo Morales como los causantes de tal hecho, por lo que ha instado a la Asamblea Legislativa a tratar el proyecto de ley de penalización a los bloqueos de carreteras, cosa a la que Morales y los suyos se oponen terminantemente.

Más allá de los reparos que un análisis objetivo pueda originar, el giro político que ha tomado el tema es asombroso.