jueves, 23 de mayo de 2013

Censo: mayúsculo fiasco

Ha transcurrido ya medio año luego de la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda (miércoles 21 de noviembre de 2012).

Si hace tres meses ya podía considerarse como escandaloso el hecho de que hasta entonces no se hubiera dado a conocer el resultado oficial de los datos finales ya desagregados y sistematizados; que hayan pasado seis meses sin que esto sucediera es la muestra más vergonzosa de la incompetencia funcionaria que un Estado puede mostrar en materia alguna.

Un puñado de cifras globales fue hecho público, en pomposo acto, por el Presidente. Esto ocurrió cuando el régimen estaba acorralado por haberse puesto al descubierto su red de extorsión: por su puesto, los medios se ocuparon del asunto y, al menos por un día, la red gubernamental de extorsión dejó de ser noticia. Desde entonces, nada más se supo del dichoso censo.

Tengo un recuerdo consciente de dos censos anteriores y creo no exagerar cuando digo que a los dos días de su desarrollo, los periódicos publicaban los resultados gruesos y, dos semanas después, las cifras finas. En el censo que nos ocupa, con un abismo tecnológico de diferencia, ni siquiera hay un comunicado que se digne divulgar el motivo de semejante retraso en el conteo de las respuestas consignadas en las boletas.

Más aún. Si consideramos que el nuevo empadronamiento debía haberse hecho un año antes -2011- veremos, estupefactos, que hay, por parte del régimen,  una intencionalidad de demorar hasta donde sea posible la publicación de sus resultados.

Más tiempo pasa y más susceptibles nos ponemos. Supongamos que, por ventura, aquellos se publicaran mañana, ¿qué grado de credibilidad tendrán? Desde ya, como resultado en sí mismo, el censo 2012 es un bochornoso fracaso por el que, en una gestión seria, sus responsables no deberían esperar a ser removidas: debería presentar renuncia inmediatamente. Pero como no es el caso, ni una ni otra cosa sucederá.

¿Qué tiene que pasar para que un parlamentario o una parlamentaria llamen a interpelación a la ministra que gerentó el censo? ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora?.


Como dije antes del 21 de noviembre de 2012, “este censo nos va a costar Caro” (la mayúscula es intencional).

jueves, 9 de mayo de 2013

Bloqueos


Si, desde siempre, soy enemigo de los bloqueos porque los considero la forma más ruin de reclamar una demanda –por muy justa que éste fuera-, ¿debo, ahora que se los hace contra un gobierno cuya impostura no comparto, aplaudirlos?

He tenido tal sensación a partir de algunas reacciones de quienes comulgan conmigo en la postura crítica al régimen. Ciertamente, muchos opositores están aplaudiendo que el régimen se encuentre en figurillas ante la “contundencia” de los bloqueos.

Pregunto: “¿y los principios?”. ¿Puede uno acomodarlos a conveniencia?... decididamente no; y me ratifico en la repulsa más absoluta a la práctica del bloqueo, venga de donde venga.

Y viceversa. Ahora que están en la acera de enfrente, los poderosos de hoy se rasgan las vestiduras vociferando maldiciones contra los bloqueadores y repitiendo a pie juntillas los argumentos que otrora denominaban “neoliberales” –que no son otra cosa que producto del sentido común y de la razón- para condenarlos. Más aún, los califican como “golpistas” y les aplican la coacción “neoliberal” que repudiaban cuando eran objeto de la misma.

¿Acaso no fueron los “movimientos sociales” azuzados por Evo Morales y compañía quienes tuvieron al país en vilo durante diez años a punta de bloqueos? En los mismos términos en los que suelen responder a nuestras observaciones sobre sus actos, podríamos decirles: ¡Con qué moral se atreven a descalificar a los bloqueos!.

El bloqueo es un acto cuasi delincuecial que afecta al conjunto de la sociedad, primero coartando el derecho, constitucionalmente consagrado, a la libre circulación y causando un descomunal daño a la economía del país –hay quienes aseguran que mayor al que supone la mediterraneidad-.

En la pasada década, el entonces diputado Jaime Paz Pereira elaboró un proyecto de ley que lo penalizaba. Demás está decir que fueron los “movimientos sociales” quienes, violencia mediante, obligaron al parlamentario a retirarlo.

La protesta es legítima mientras no afecta al conjunto de la sociedad y al bien común -¿con qué derecho hacen “volar” un puente-. Hay formas universalmente aceptadas de ejercerla: la huelga, la marcha, incluso el paro local con servicios de emergencia activos… pero el bloqueo es, vuelvo a reiterarlo, criminal.