miércoles, 18 de julio de 2018

El proyecto de LOP y el 21F




Aún lejano de las preocupaciones cotidianas, pero a la espera de una mayor deliberación sobre sus virtudes y problemas -en la medida en que nos aproximamos a las elecciones generales- fue presentado el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que podría entrar en vigencia este año si es que los actores con poder de decisión tienen la voluntad de tratarlo.

Antes de ingresar en algunos aspectos de su contenido, es digno de ponderar el hecho de su elaboración –y posterior puesta en debate- por dos motivos: el primero es que dos de los consultores que participaron en la misma –Carlos Hugo Molina y Salvador Romero Ballivián- están lejos de simpatizar con la dictadura en curso (Romero fue el último presidente del órgano electoral cuando éste aún gozaba de la confianza ciudadana), y el segundo, al menos en las intenciones, es que estaría poniendo freno a ciertas tendencias dentro del MAS para instaurar un régimen de “partido único” –monumental falacia-.

Por auspiciosa coincidencia, ocurrió que el mismo día, en el mismo lugar, pero en distinto ambiente y con distinto público, el Tribunal Electoral Plurinacional (TSE) y la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) realizaron sendos conversatorios de socialización a propósito del mentado proyecto. Mi persona participó en el segundo de ellos.

Para sintetizar dicho encuentro nos concentraremos en los temas más sensibles, en uno de mi particular interés y, en la relación –suspicacia mediante- de alguno con el 21F.

Transfugio. El proyecto considera tres cuestiones, de las cuales dos entran en contradicción con un artículo que garantiza a los militantes el derecho al disenso (36,g). La otra es obvia y tiene en el diputado Víctor Gutiérrez a su más emblemático exponente: este señor llegó a decir que candidatear por un partido y, a las primeras de cambio, pasarse a otro fue una movida “táctica”. La ley debería prescribir que ante casos como el mencionado, el órgano electoral debería actuar de oficio retirando al tránsfuga y devolviendo el curul a la organización a la que corresponde el mismo.

Alcance. Los partidos sólo podrán concurrir a elecciones generales, reservando las subnacionales para agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Pero, ¿qué clase de discriminación es ésta? ¿acaso los partidos no tienen sus instancias locales?

Financiamiento. Enhorabuena, se restablece el financiamiento público y se regula el privado. Sin embargo, mientras no exista una ley de publicidad estatal, el financiamiento disfrazado de comunicación crea una brecha abismal entre la organización en función de gobierno y el resto del sistema.

La formación política ciudadana, que es el asunto que me apasiona, está prescrita, en su financiamiento público, para “años no electorales. Mi consulta es si, por ejemplo, un año en el que realice un referéndum se considera “no electoral” o no –probablemente el reglamento lo aclare-. Por otro lado, no especifica la proporción de los recursos destinada a este efecto. Al respecto, el artículo 53 de la Ley de 1994 señalaba: “Los recursos… serán entregados a los partidos políticos por la Corte Nacional Electoral, sujetos a rendición de cuentas documentada, mediante depósitos a las cuentas bancarias fiscales asignadas a los partidos políticos con arreglo a las previsiones de la presente ley y al Reglamento que, para tal efecto, apruebe el órgano electoral”.

Por último, está el asunto de las primarias. En esta materia no está en cuestión el método propiamente dicho, sino la sospecha de que podrían vaciar de contenido al 21F, legitimando la nominación, mediante este mecanismo, de los personajes a quienes la ciudadanía les dijo “no”. Fue la propia presidente del TSE quien, con voz temblorosa, dio a conocer el resultado vinculante de la consulta popular. Bien haría, ahora –como lo hizo el proyectista Molina reiterando la imposibilidad de la candidatura de Morales Ayma a la Presidencia- en ratificar esta situación para evitar mayores suspicacias.

PD1: No vi una prohibición expresa para la venta de siglas.
PD2: Mientras no se sanee el padrón electoral, ninguna ley será suficiente para garantizar elecciones limpias.

viernes, 6 de julio de 2018

Mucho quibo(rax)



Escena uno: La protagonista, una alta funcionaria de un régimen corrupto, deja por un momento la reunión que sostiene con un grupo de mafiosos aduciendo que debe arreglar cuentas con su vejiga en la toilette. En el interín, dentro de su despacho, el lobbysta, que ya había acordado la acción con la dama, se dirige hacia la computadora de ésta que, por supuesto, tiene toda la información confidencial del Estado y la extrae sin apuro. Diez minutos después –“estos cafés tan ricos”- la mujer vuelve para continuar la negociación con cara de “yo no fui”.

Escena dos: En magistral acto de magia cabildera, la defensa legal del Estado logra una acuerdo de resarcimiento con la empresa a la que un Gobierno anterior le había revertido sus concesiones en el salar de Uyuni por sólo tres millones de dólares que la firma afectada considera justo, monto mucho menor que los cuarenta millones –que luego llegó hasta un descomual ciento cincuenta- que había solicitado al comienzo del arbitraje al que se sometieron ambas partes. Un exprocurador señala que el trato no se materializó porque en el proceso se detectaron hechos dolosos.

¿No hubiese sido adecuado pagar esos tres millones, dar por concluido el pleito y recién ocuparse de los documentos fraguados que, en cualquier caso, no afectaron la resolución del tema a favor del Estado?

Escena tres: Vencido el tiempo para saldar la cuenta con tres millones, la empresa vuelve a su posición inicial, cuarenta millones, y luego va aumentando sus pretensiones hasta arrancarle al Estado cuarenta y dos millones, seiscientos mil dólares de “compensación”, acuerdo que se celebra con un fuerte apretón de manos entre los representantes de las partes.
Estos 42,6 millones son 14,5 veces más que aquellos 3 millones.

Escena cuatro: Puesta en evidencia la regalona manera en la que el Estado defiende sus intereses, al régimen no se le ocurre mejor idea que culpar al expresidente Mesa de tal descalabro; extremo que, por supuesto, no se sostiene por ningún lado pero, ya sabemos, el régimen puede hacer lo que se antoja con la justicia porque forma parte estructural del mismo.

Escena cinco: En otra circense “interpelación” previamente cocinada entre el Procurador y el partido de Gobierno, los ministros “interpelados” fueron ovacionados por el sumiso rodillo oficialista. La nota destacada la puso el propio Mesa quien se presentó en el Parlamento quien, una vez concluido el acto teatral, señaló que éste fue el inicio del juicio que el régimen le seguirá prontamente.

Preguntas: A continuación adapto un cuestionario con preguntas que no han sido convincentemente respondidas por los operadores del régimen.

¿Qué motivó –por favor brindar una respuesta verosímil- la no concreción del preacuerdo de resarcimiento por $us 3.000.000 a Quiborax? ¿En qué anda el caso de falsificación de un acta por parte de representantes de Quiborax? ¿Hubo luego otro preacuerdo por $us 27.000.000? Si así fue ¿por qué no se materializó? ¿Cómo sube abruptamente el monto hasta alcanzar el definitivo de $us 42.600.000? ¿Por qué el Estado se dejó timar de tal forma? ¿Qué rayos se hará con la exsubprocuradora que dizqué dejó abierto su mail y que los demandantes se aprovecharon de su nobleza? ¿El representante de Quiborax fue parte del equipo chileno en el juicio por promesas no cumplidas con Bolivia respecto al tema marítimo?

Conclusión: Soy partidario, por principio de seguridad jurídica, de que toda empresa, nacional o internacional, que sea afectada por el Estado reciba una justa compensación por ello, pero cuando es más que evidente que el Estado se ha dejado esquilmar de esta madera, los involucrados –operadores del régimen- deben asumir su responsabilidad, pero parece que tanto quibo(rax) los ha vuelto caraduras.

jueves, 21 de junio de 2018

Tiempo de sanción social




En un Estado de Derecho, vale decir, para el caso, aquel en el cual la justicia es independiente del poder político, las sanciones contra éste se administran por la vía jurídica. Pero cuando el poder judicial es controlado por aquel, y la sociedad se siente inerme ante la impunidad con la que regodean los operadores de un régimen corporativizado en función de evitar ser juzgado por conducto regular, surge el fenómeno denominado “sanción social” que, sin poseer fuerza punitiva, sí tiene carácter testimonial y poder moral.

La ciudadanía, para llegar a esa manera de expresar su repudio por las acciones cometidas por los poderosos de la política de turno, debe haber agotado las instancias jurídicas formales en su afán de hacer valer sus derechos.

Pero ante la oclusión de tales vías por parte del Estado, la gente recurre a formas más expeditas de manifestarlo. Surge así, ahora sin entrecomillado, la sanción social, como ha nacido por estos días con hechos que han dejado desconcertados a quienes han sido objeto de la misma: el Presidente, el Vicepresidente y el Defensor del Pueblo. Autoridades de menor visibilidad han sentido también, en carne propia, la repulsa a sus personas proveniente de la sociedad.

El fenómeno, que tiende a crecer, se ha presentado tardíamente en nuestro medio dada la extrema tolerancia con la que la ciudadanía soporta toda clase de abusos ejercidos desde el poder. La gota que colmó su paciencia fue la trastada del régimen contra la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016 que puso coto a la ambición del régimen de perpetuarse en el poder. Aduciendo un supuesto derecho humano, los jerarcas del régimen desoyen al soberano con la venia de un Tribunal Constitucional sumiso a sus designios.

El primer gran gesto de sanción social ocurrió durante la inauguración de los administrativamente, más no deportivamente, cuestionados Juegos Odesur, con lo que pasó a conocerse como el “Caprilazo” (por haber ocurrido en el estadio Capriles). La silbatina generalizada cohibió a Morales Ayma de emitir el discurso inaugural, optando éste por una humillante escapada.

El Doctor García no la está pasando mejor. No hay lugar en el país en el que un estudiante no le interrumpa el discurso o lo incomode con preguntas inteligentes. El “Bolivia dijo No” lo persigue doquiera se encuentre. En un arranque de desconcierto ha confesado que la situación le “da rabia”, lo que no puede ser sino una buena noticia para los demócratas del país; si bien, por lo pronto, personajes como el susodicho no irán a parar a prisión, por lo menos sienten el repudio de la ciudadanía: de eso se trata la aplicación de la sanción social.

Sin embargo, ha sido el remedo de defensor del pueblo que tenemos –el rastrero más grotesco de la política local- quien ha recibido la más directa sanción social en el reciente periodo. Lejos de ayudarlo, la bochornosa reacción de su esposa lo ha puesto en una situación aún más incómoda.

Intentando zafarse del ridículo, este operador del régimen ha salido con que los derechistas le tienen envidia por ser marxista. Si alguien me ayudase a desentrañar tan lúcido concepto se lo agradeceré de corazón; realmente me supera.

Ahora bien, estas acciones ciudadanas se darán de manera cada vez más espontánea y se multiplicarán en tanto el régimen persista en desconocer el resultado del 21F.

El tiempo de la sanción social ha llegado. Que los operadores del régimen vayan entendiendo que no podrán salir a la calle sin recibir un gesto de repudio mientras continúen irrespetando al soberano. Bolivia dijo NO.


domingo, 17 de junio de 2018

Lanzar la canica (y esconder la mano)




El título de esta columna tiene un componente literal y otro figurado. Se refiere, en lo inmediato, a los recientes hechos suscitados a raíz de una demanda presupuestaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que derivaron en la muerte de un estudiante, ocurrida en momentos los que él y sus compañeros de protesta se replegaban luego de participar en las movilizaciones organizadas para expresar su reclamo. La circunstancia en la que el ahora fallecido joven fue alcanzado por el disparo de la canica que le quitó la vida es ya un acto de la más grave violación al derecho a la vida; no ocurrió en un momento de enfrentamiento –incluso si así hubiera sido, seguiría siendo algo absolutamente condenable, una desproporción en la contención de una manifestación-.

¿Cómo pudo un pedido de tal naturaleza desembocar en un asesinato cometido por el Estado en contra de un ciudadano? Fíjese que la solicitud misma de la UPEA no acaba de convencerme dada su dosis de irracionalidad, pero el deber de un Estado democrático es establecer una negociación en la que, con argumentos, se delimiten las posibilidades de atenderla. Negarla de entrada sólo contribuye a exacerbar los ánimos de la parte demandante.

Pero más atroz aún es la actuación del ministro a cargo de la seguridad del Estado quien, con el cadáver todavía tibio del universitario, se lance a asegurar que fueron sus propios compañeros de estudios quienes le dispararon esos proyectiles de vidrio que en nuestros juegos de infancia llamábamos “canicas”. Ese servidor público amenazó públicamente con seguir proceso a quienes pusieran en duda esa peregrina explicación que, aseguró, tenía una base científica.

Tal base nunca fue expuesta dado que la versión del funcionario terminó cayéndose por su propia insostenibilidad. Ese momento correspondía la inmediata renuncia de dicho sujeto quien, en cambio, insincera disculpa previa, ofreció la cabeza de un pelele a quien le echó toda la responsabilidad del crimen: un policía de baja graduación que, según el titular de la cartera de Gobierno, actuó por cuenta propia –por el gusto de matar, digamos-.
Hasta aquí lo literal. Pero, vaya casualidad, resulta que esta manera de zafarse de las responsabilidades –de no asumirlas- ha sido una constante en lo que va de la administración gubernamental durante los últimos 12 años.

La Calancha, El Porvenir –ambos casos con saldo mortal- o Chaparina, por mencionar tres hechos infaustos, tienen en común que el régimen se desentiende de su responsabilidad en los mismos y, lo peor del asunto, acaba por “superarlos” sin un mínimo de cargo de conciencia. Además de las ya trilladas atribuciones a otros –“la derecha”, “el imperio”, “los neoliberales”- de sus propios crímenes, se han escuchado dislates mayúsculos como el de sugerir que las víctimas se habrían autoinfligido heridas y daños mayores –suicido, se entiende- en escenarios de conflicto. Lo de la ruptura de la cadena de mando ya es un clásico de su manual de operaciones.

¿Qué nos dice todo esto? Pues que el régimen tiene una técnica, un método, para deslindarse de cualquier hecho que lo involucre no sólo en la muerte por represión violenta de conciudadanos (más de medio centenar en situaciones similares de conflicto social) sino en temas de megacorrupción y hasta de escándalos de alcoba.

Tantas veces como lanza la canica, tiene la habilidad de esconder la mano y quedar impune. Y para ello cuenta con una estructura de poder que lo hace posible.
Como ciudadano me siento desprotegido e impotente ante tanta iniquidad. ¿Cómo pudimos llegar a esto?

miércoles, 23 de mayo de 2018

¿Cómo convertir un bulín en quirófano?




“Aquí viví toda mi ardiente fantasía” (Mores y Battistella, “Cuartito Azul)

Y la historia se repite, ahora multiplicada por 364. Conocido algo más tarde, el caso que paso a ser conocido como “Chito Alcoba”, se trataba de una adquisición directa en 1998 –que, además, no tenía respaldo documental- de mobiliario para el despacho del Prefecto de La Paz de entonces, Luis Alberto “Chito” Valle, que adicionalmente incluía la instalación de un ostentoso dormitorio contiguo al mismo. La suma en juego alcanzaba aproximadamente a los ¡cien mil dólares! Por ésta y algunas otras fechorías, la exatoridad departamental se encuentra cumpliendo una pena de ocho años de prisión.

Quien quiera tomarse la molestia de buscar un par de columnas que escribí sobre el asunto por aquella época, se encontrará con duras expresiones al respecto, tanto sobre tal persona como sobre el hecho propiamente dicho.

El tema fue la comidilla política de ese momento, no tanto por la evidente corrupción que entrañaba, sino porque los comentarios se centraron en la alcoba –de ahí el nombre del caso-. ¿Qué actividades desarrollaba el Prefecto en dicho aposento? ¿Con quién(es)? ¿Para qué tanta ostentación? ¿Era necesario un cuarto de tales características al lado del despacho? ¿Qué pensaría la familia –Valle era yerno de Banzer-?, etc. La situación se tornó en mayúsculo escándalo.

Pues bien, dos décadas más tarde, como decíamos, el caso vuelve, en dimensiones colosales, en forma de falacio (palacio, falo, falacia) coronado por una mega alcoba –con helipuerto a la puerta- al estilo del patrón de Playboy, Hugh Hefner, en el Penthouse del mismo.

El régimen puede esgrimir los argumentos que se le antoje pero no conseguirá justificar lo injustificable de dicha construcción que, para satisfacer el capricho de su futuro orador, arrasó con toda normativa que la impidiera y con toda noción de armonía urbana.

Si de todas maneras el régimen iba a complacerse erigiendo un adefesio como el que ahora afea el centro histórico de La Paz, podría haber dispuesto de un terreno alejado del mismo. Imagine usted un mamotreto como éste detrás de la Casa Rosada o de La Moneda y convendremos en la magnitud del crimen que acaba de cometer el régimen.

Al igual que como ocurriese con la Chito-alcoba, la atención la ha acaparado la habitación –al menos cuatro veces más grande que un departamento de tres dormitorios, dos baños y dependencias- que guardará las noches presidenciales: el humilde “cuartito azul”. Con sus lujos y excesos, invita a lucubrar los placeres que en él se consumarán.

Pero cabe pensar también que esas desmesuradas dimensiones y esa descomunal erección de c(s)emento no son más que prótesis -reemplazos de algo que ya no se tiene o que, quien sabe, nunca se tuvo- para compensar complejos y resentimientos de todo orden que albergan el alma y el físico del afiebrado reyezuelo que ocupará el lugar.

Una campaña ciudadana propone que, cuando mejoren las condiciones democráticas, el grotesco edificio sea adecuado como hospital (agrego que el bulín presidencial se convierta en quirófano); loable intención que, sin embargo, es difícil de sostener: la arquitectura hospitalaria es totalmente diferente a lo que se erige en la esquina Potosí y Ayacucho. Ya que el daño está hecho, quizás habría que pensar en otra funcionalidad para esa cosa.

Volviendo a la multiplicación, si digamos que de los ocho años que purga Valle, dos corresponden a los 100.000 $us correspondientes a su alcoba, ¿cuántos años de cárcel merecerán quienes malgastaron 36.000.000 $us en semejante bodrio?

domingo, 13 de mayo de 2018

Juegos del poder



No es atributo exclusivo de este régimen, ni ocurre sólo en esta mediterraneidad nuestra; pero de que con Morales Ayma y su pandilla azulada sobrepasó toda capacidad de asombro, no me quedan dudas. Y eso es lo peor: se ha naturalizado un comportamiento estatal pródigo en dádivas para sus adláteres que, cual si fuera el Moloch de Orinoca, reparte recursos del Tesoro a modo de bonos de lealtad. Así funciona la maquinaria del neo-riquismo del capitalismo andinoamazónico, artificio incorporado por el Doctor García a la teoría económica.

Me refiero a que, como la historia de estas tierras demuestra, el catalizador por excelencia para la movilidad social de ciertos grupos es el acceso al Estado; de ahí su compulsión por la toma (y el deseo de permanencia prolongada en él) del poder. Rapacidad mediante, los cercanos al mismo trepan insaciablemente por la escala sin reparar en que, quizás, allá en lo más alto, un ogro los devore inmisericordemente o un dios los sentencie al fuego intemporal.

Ya sea dentro de la estructura administrativa, como operadores, con cargo formal o sin él; o por fuera –mediante una especie de puerta del saloon del far west- vestidos de “empresarios” medran de las arcas públicas, unas veces con más discreción que otras.

Poner una florería, o una agencia de viajes, o una empresa de catering –usualmente de propiedad del familiar más cercano al ministro de turno- en absoluta competencia desleal contra negocios levantados con el esfuerzo diario de emprendedores independientes del poder político, es un “clásico” de los juegos de poder, juegos que, como en el caso de los Odesur “Cocha 2018”, bien podrían ser denominados los Juegos de la Corrupción, merced a la grosera forma en la que sus contratos fueron adjudicados.

Hasta la llegada de la mancha voraz, los desembolsos mediante contratos por adjudicación directa, con dispensación de trámites, eran una excepción apenas admisibles en casos de extrema urgencia –desastres naturales, pandemias-, cuyo manejo tampoco estaba libre de la comisión de hechos de corrupción. La durísima ley SAFCO -que ¡ojo! sigue vigente, aunque “pildoreada” por el régimen- cohibía a los funcionarios de ser muy dadivosos con sus partidarios.

Ahora, con la asumida seguridad de permanecer en el poder tan largamente que no llegarán en vida a responder por sus actos dolosos, se ríen cuando son encontrados con las manos en la masa.

Uno de los modus operandi consiste en montar empresas con un irrisorio capital para favorecerse con jugosos contratos por vía directa. Empresas declaradas como “unipersonales”, carentes de activos, con oficinas alquiladas, “empresas” subcontratadoras cuyos “gerente-propietario” se quedan con la parte del león; aventureros que redactan ellos mismos los términos de referencia por pura formalidad.

Suena a “cara conocida”, ¿no le parece? El régimen ha hecho que lo excepcional se convierta en la norma que garantiza a sus muchachos una vida libre de las preocupaciones mundanas de los que se procuran el pan de manera honesta y, mucha veces, sacrificada. Juegos del poder, juegos de corrupción, parecería ser la consigna de este tiempo aciago.

Si algo de bueno podemos sacar de este desolador cuadro, es que queda cada vez más claro el motivo por el que el régimen se aferra con uñas –que las tiene bien desarrolladas- y dientes al poder: para seguir usufructuando impunemente de las arcas estatales.

Cabe también finalmente reiterar que, justamente por este tipo de comportamiento, el soberano decidió ponerle freno a las pretensiones de atornillarse indefinidamente en el poder del jefe de la banda.

miércoles, 2 de mayo de 2018

El presidente saliente y su boicot a La Paz


Tenía pensado escribir sobre el régimen cubano y su graciosa sucesión presidencial, hasta que me anoticié sobre el resultado del boicot presidencial a la candidatura de la ciudad sede del Gobierno, La Paz, para sede de los Juegos Deportivos Bolivarianos del año 2021 y me dije: Cuba puede esperar.

Es que tal hecho excede el ámbito deportivo y se inscribe en el de las infamias más execrables de las que se tenga memoria.

 Para quien no esté concernido(a) sobre el hecho, se lo resumo apretadamente: junto con la venezolana Valles del Tuy, la ciudad del Illimani se postuló para organizar dicho certamen, con el antecedente de haberlo hecho, brillantemente, en 1977 -el éxito del mismo no le sirvió al dictador Banzer, como seguramente esperaba, para prolongar por mucho tiempo más su ya desgastado gobierno-. 

 La condición  sine quanon  para optar a dicha oportunidad de mostrar Chuquiago Marka o cualquier urbe a la región es que la solicitud ante la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) lleve la firma del presidente del país en el que se encuentre la aspirante a ciudad anfitriona.

¿Qué motivo(s) puede haber tenido el presidente saliente de Bolivia –Morales Ayma dejará el poder el 22 de enero de 2020- para actuar de manera tan artera contra la ciudad de Murillo? Tengo tres hipótesis, no necesariamente excluyentes entre sí, para explicarlo:

Hipótesis uno: Resentimiento. El presidente saliente “siente” que La Paz no le responde políticamente como él cree que lo merece. Sistemáticamente, el pueblo paceño le ha estado negando a su pandilla el acceso al poder municipal y, en las últimas elecciones, le arrebató la Gobernación. En el reciente plebiscito, La Paz votó, como casi todo el país, repudiando a los aspirantes a magistrados colocados por el régimen. La frase de Morales Ayma que sintetiza esta hipótesis es la amenazante: “La Paz pide sin saber dar”, recogida por el suplemento Marcas de La Razón en su edición impresa del 15 de noviembre de 2017.
Hipótesis dos: una mano a Maduro. El régimen del tirano venezolano agoniza; el socio en desgracia de Morales Ayma necesita alguna buena noticia que darles a los habitantes de la sufrida Venezuela –por supuesto que la solicitud de Valles del Tuy lleva la firma del déspota-; si la solicitud local hubiera llevado la firma del presidente saliente de Bolivia, La Paz ya estaría celebrando su nombramiento como sede de los Juegos.

 Hipótesis tres: Morales Ayma sabe que está de salida. Hace algún tiempo intenté traer un congreso internacional para cuya solicitud se requería también la firma de una autoridad. Conseguí audiencia para exponerle el proyecto, mismo que le pareció atractivo. “Pero dentro de tres años yo ya no voy a estar en el cargo”, me dijo, y ahí acabó mi gestión. Dicha autoridad no quería tenderle la cama a su sucesora; probablemente si el evento se realizaba dentro de su período, la carta llevaría su firma, además de ser esta persona quien lo inaugurase. Mezquindad pura y simple.

 Por mucho empeño que le ponga –uso abusivo del tema marítimo, ir al Mundial, etcétera- el presidente saliente no logra levantar su desportillada imagen y no hace más que caer sostenidamente en las encuestas de intención de voto, y aunque mantiene, por razones de supervivencia política, el discurso de “nos vemos en 2020”, sabe que incluso si llegara a consumar el atropello contra el 21F y contra la propia Constitución, cavaría su propia tumba. No va a dejar que otro inaugure “sus” Bolivarianos.

Cualquiera de estas hipótesis, o una combinación de las tres, es un boicot del presidente saliente a la sede del Gobierno. Figura paradójica, considerando que Morales Ayma se la pasa pateando pelotas.