La última semana ha estado profusa en declaraciones
desaforadas provenientes de las huestes del régimen –en sus dos alas visibles-
en torno a un hipotético escenario a futuro en relación a la situación del
señor Morales Ayma. El propio sujeto ha asegurado que si no es habilitado como
candidato a la presidencia se desatará una convulsión social en nuestro país.
Más explícitos –o más torpes, si se quiere- han sido dos de sus seguidores
quienes, a su turno, amenazaron con que si el cocalero no es habilitado
“correrá sangre” y, que tal personaje será candidato “por las buenas o por las
malas”. Por el lado “arcista”, el alcalde de Sucre ha advertido que “Bolivia
puede arder” si aquel individuo es habilitado.
¿Qué sensación le producen dichas afirmaciones a usted?
¿las entiende como retóricas? ¿le causan ansiedad? ¿las toma a la ligera? ¿las
considera como una incitación a la violencia?...
Hago esta introducción con motivo de la imputación penal
que un parlamentario “evista” le inició al ingeniero (El Inge) Édgar Villegas,
rápidamente secundada por el ala “arcista” –parecería que el régimen “Lima”
asperezas cuando se trata de perseguir a ciudadanos que no comulgan con su
línea-, y vuelvo a preguntarle, ¿alguna vez, en 2019 o años después, escuchó de
boca del Inge expresiones siquiera parecidas a las mencionadas en principio?
Lo hago –preguntar eso- porque el cargo que pesa sobre
Villegas no podía ser más risible: “instigación pública a delinquir”. Compare
los términos empleados por los masistas antes citados y los términos (técnicos)
que empleó el Inge cuando evidenció el fraude electoral que entonces (2019)
fraguó el régimen cuando aún no se había resquebrajado.
Lo que mi memoria trae al presente es que dicho
profesional, a más de detallar los datos informáticos –con cierto pánico
escénico, probablemente porque no estaba acostumbrado a los medios, ni los
buscó- no mencionó, ni por error, otro criterio que no fuera, precisamente, el
técnico.
Es decir, que la acusación se cae por su propio peso; tanto
así que, acogida en primera instancia, la misma fue matizada por la Fiscalía y
por otras instancias judiciales. En sí misma es insostenible.
Tengo la impresión, más bien, de que la contundente
reacción de la opinión pública ante semejante atropello, persuadió al oficialismo
para no abrirse otro frente en el campo de los derechos humanos… ya es
demasiado con desoir las recomendaciones del GEIAE y de la CIDH como para
seguir violándolos.
Detrás de este nuevo intento de amedrentar a la ciudadanía
para que no vuelva a denunciar los abusos de los poderosos de turno, está la
herida causada al régimen por el descubrimiento del fraude perpetrado en
aquella oportunidad y por las consecuencias del mismo curiosamente, se puede
considerar a Arce Catacora, como el beneficiario más directo de la denuncia del
Inge.
Para mayor desazón del régimen en su (des)propósito de
cambiar la historia está el hecho de que coincidentemente con la arremetida
contra Villegas, el “consultor” de la Universidad de Salamanca contratado por
el gobierno de Arce que evacuó un “informe” que negaba el fraude, había sido,
él mismo, un fraudulento compulsivo. Así es que, como lo dijimos en su momento,
tal documento, hecho “a la carta”, carece de valor científico –carece de
seriedad, realmente-.
Luego de cuatro años de “anonimato”, estos días vimos a un
Inge más “canchero” en su desenvolvimiento ante los medios y muy firme en su
defensa de la democracia, carajazo incluido.
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