Finalmente, después de grandes tribulaciones en el proceso,
en horas más se realizará el Censo Nacional de Población y Vivienda –con muchos
“etcéteras” en la boleta- mismo que llega con un retraso considerable respecto
del tiempo recomendable -10 años- entre censo y censo.
Los devaneos del INE, y del gobierno en general, para su
ejecución –se aseguraba que estaba “casi todo listo” a mediados de 2022 e,
inopinadamente, se cambió la versión por “no hay condiciones para hacerlo”, lo
que desató la ira de Santa Cruz, que se embarcó en un largo paro, por el cual,
de alguna manera, el gobernador Camacho se encuentra en calidad de preso
político- han generado un clima, no sé si de desconfianza, pero, al menos, de susceptibilidad
en relación a la transparencia del mismo, que las autoridades, lejos de
despejarla, más bien han dado señales de ahondarla.
El censo, todo censo, es una herramienta esencial de la
ciencia demográfica, por lo que mientras más científico sea, más eficacia
tendrá a la hora de aplicarla –la herramienta, digo- para su función última,
ésta es la planificación del desarrollo durante los siguientes diez años. Por
tanto, mientras más ingredientes ideológicos tenga, menos de científico tendrá.
Y tal parece ser el caso del que se avecina. Nada nuevo, se dirá, considerando
que el último (2012) tuvo muy poco de científico –o técnico, si se prefiere).
Omitir asuntos esenciales –la matriz mestiza de nuestra
cultura, por ejemplo- es irracional; omitir la confesión religiosa, otro tanto.
Por otra parte, incidir en aspectos particulares de carácter identitario, es un
exceso.
De acuerdo, no sólo se trata de contar las almas que pueblan
nuestro millón, noventa y ocho mil, quinientos ochenta y un kilómetros
cuadrados de superficie y su distribución (densidad), sino de conocer sus condiciones
de vida para, insisto, planificar el desarrollo; pero utilizarlo para
autocumplir una profecía de carácter étnico es, cuando menos, obsceno. Cabe
mencionar que eso no se lo debemos al régimen masista, sino a “románticos”
(enamorados de “lo indio”) como el finado Xavier Albó.
Hasta antes de la Participación Popular, los censos eran
una ritualidad casi formal; la PP introdujo la asignación de recursos sobre la
base poblacional, por lo que en vísperas de los censos post-PP los municipios
entran en pánico ante la movilidad de los “estantes” que moran en ellos, pero
que tienen arraigo en otras zonas. De igual manera –referencia poblacional-,
los guarismos del censo determinan la asignación de una parte de los representantes
al parlamento. No es poco lo que está en juego.
A todas estas variables entrecruzadas, debería sumarse la
de la transparencia informativa para que la ciudadanía conozca los pormenores
del proceso en todas sus fases. Sin embargo, el gobierno, a través de su
entidad estadística, se ha mostrado muy hermético, cayendo a ratos en el secretismo,
en lugar de abrir de par en par las puertas de la información.
De forma torpe, en inicio, y algo matizada, luego, el INE
ha puesto trabas a la labor de la prensa (medios en general) para la cobertura
del acto censal el día de su verificativo. Cuando algo así sucede, da para
preguntar qué es lo que quiere ocultar el ente censor –que, por ejemplo, no ha
sido muy convincente en su justificación del uso del lápiz para el registro-.
Total, que en la víspera del censo hay un ambiente enrarecido de suspicacia.
Por el bien de la ciudadanía, las fases siguientes –el durante
y el post- deben estar en el marco de acceso pleno y libre a la información. De
lo contrario, será tan ilegítimo como el anterior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario