2023: "El año de la bifurcación"

 

Otra gestión que concluye y, desde luego, es sometida a evaluaciones para todos los gustos, al igual que las anteriores y como ocurrirá con la venidera. Desde la columna, llevo haciéndolo desde 2010 y es la primera que publico en este medio que, gentilmente, ofreció cobijarla luego de la sentida desaparición de Página Siete.

De manera cronológica, incluyo desde entonces las caracterizaciones que hice de cada año que se fue, lo que ayuda a comprender cómo es que llegamos a la del que languidece y para refrescar la siempre frágil memoria que se estaciona en el corto plazo, en la coyuntura. A ello vamos, entonces…

2010: “El año del rodillazo”. Aquel que propinó Morales Ayma a un rival circunstancial en un partido amistoso. Abuso de poder, irrespeto a las normas.

2011: “El año del MASking”. En referencia a la cinta con la que las fuerzas al mando del señor Sacha Llorenti sellaron las bocas de los indígenas de tierras bajas en su marcha por el Tipnis.

2012: “El año de la caca”. Tomado de una frase de Morales Ayma para graficar, según él, las relaciones del Estado boliviano con el de los Estados Unidos.

2013: “El año de la extorsión”. Cuando una parte del personal de Gobierno estableció un consorcio de carácter extorsivo, ofreciendo intercesión judicial a los presos en general, no sólo a los políticos.

2014: “El año del Estado plurinominal”. Las ya ilegales elecciones de entonces, lo fueron más aún con la mala denominación impresa en la papeleta electoral. Sin embargo, como de costumbre, no pasó nada.

2015: “El año de Petardo”. La mascota adoptada por marchistas potosinos fue todo un símbolo de la democracia por entonces.

2016: “El año NO-Evo”. La ciudadanía se expresó mayoritariamente en contra de la reelección indefinida del tirano.

2017: “El año del Nulo”. Nueva, y contundente, derrota del régimen. Esta vez en las elecciones judiciales.

2018: “El año de la doble pérdida”. Bolivia perdió definitivamente el mar con el fallo de la Corte Internacional de Justicia y perdió la democracia con la sentencia del Tribunal Constitucional allanando la elección indefinida del tirano, a título de un supuesto “derecho humano” a la misma. El primer caso tuvo, este año, su correlato con el fallo contrario a Bolivia en el caso Silala.

2019: “El año de la gesta democrática de Bolivia”. La ciudadanía, que había soportado estoicamente años de arbitrariedades del autócrata ya no permaneció impávida ante el evidente fraude electoral y el tirano tuvo que tomar las de Villadiego. Lo que vino luego, como gestión de gobierno, es otra historia.

2020: “El año de la Calamidad”. Llegó la pandemia, con sus terribles consecuencias en términos de pérdidas de nuestros seres queridos.

2021: “El año del aguante”. Se pidió a la ciudadanía aguantar el embate de la pandemia mientras se gestionaban las vacunas.

2022: “El año de la emancipación de Arce”. Hasta abril del año pasado, el Presidente era una especie de Cámpora o Mevédev, es decir, un muñeco obediente a los designios del Jefazo, al extremo de ganarse el sobrenombre de “Tilín”. Pero la marioneta adquirió vida propia, de forma más parecida a la de Lenin Moreno, aunque éste lo hizo apenas fue posesionado, propiciando un juicio contra Rafael Correa que anuló toda posibilidad de éste a participar en las elecciones anteriores.

2023: “El año de la bifurcación”. “¿Hará algo similar con Morales Ayma?”, preguntaba al cierre de la caracterización previa. “Se venía venir”, podría apuntar un transeúnte cualquiera. Y aunque todavía hay quienes insisten en que se trata de una tramoya destinada a distraer a la opinión pública para, llegado el momento, simular el “sana-sana” y montarse en las elecciones a caballo ganador –si así fuese, la levaron demasiado lejos-, más bien parece que se trata de una ruptura en serio, “una bifurcación” como la llamaría el profeta Linera. Esto podría arrojar el aplastamiento total de una de las facciones o la anulación mutua de ambas, lo que abriría una ventana de oportunidad al crecimiento de una opción proveniente del campo democrático.

2024 lo dirá. Ahí estaremos, si la providencia lo permite.

MASistrados de manual

 

Como era previsible, los MASistrados, por sí y ante sí, se prorrogaron en sus cargos hasta que sus reemplazantes, surgidos de elecciones, los ocupen. Como no hay visos de que eso pueda ocurrir próximamente, tal “tiempo extra” puede extenderse desde meses hasta años.

¿Tendría que sorprendernos? Hasta la pregunta es absurda. En las entrevistas a las autoridades judiciales en ejercicio, ninguna sentenció, como correspondía hacerlo, “nuestro mandato fenece el 31 de diciembre; luego de esa fecha dejamos de ejercer la magistratura”. Al contrario, de manera implícita, sobre todo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, denotaban unas ganas locas de prorrogarse hasta las calendas griegas.

¿Es de entera responsabilidad suya este despropósito? De ninguna manera; el asunto es  consecuencia última de una serie de barbaridades cometidas a lo largo, no de recién, sino de lustros de manoseo judicial. Es el acabose de la justicia “estadoplurinacionalizada”.

Mandar en consulta al TCP la resolución del intríngulis del Órgano fue entregarle el regalo que éste acepto con deleite. Los tribunos optaron por la fórmula “ni para ti, ni para ti; para mí” pasándose por alto prescripciones constitucionales, éticas y de sentido común.

Lo curioso de todo ello es que tales “autoridades” son ilegítimas de origen, como lo fueron quienes les precedieron. Cabe recordar que, en los dos procesos electorales de carácter judicial, la suma de votos nulos y blancos superó ampliamente al de votos “válidos” que, repartidos entre los “seleccionados”, fueron inferiores, en algunos casos, al número de votos de una liga barrial de fútbol de salón.

La raíz del problema, como se puede colegir, es el propio sistema de acceso a la magistratura, o sea las dichosas elecciones judiciales que, mientras sigan consignadas en la Constitución no queda otra que realizarlas.

Hay ciertas instituciones, y el Órgano judicial es una de ellas, en las que las jerarquías se definen por meritocracia o por escalafón; son verticales por la naturaleza de sus funciones. Cuando se debatía la pertinencia de incluir la elección popular para los aspirantes a una dignidad en la magistratura, comenté, con sarcasmo, que era como convocar a elecciones para la comandancia en la FFAA: un suboficial podría conseguir gran apoyo “popular” y ser ungido como Comandante. Otro aspecto, que se supone que la elección quería evitar, pero acabó acentuándolo, es el del patrocinio partidario a ciertos postulantes.

El argumento que usó el régimen para introducir en la CPE tal elección fue el de “ampliar la participación” en la justicia. Ocurre que una vez “elegidos”, los MASistrados actuaron en función del régimen que los apadrinó y la “participación” concluyó cuando el ciudadano introdujo su voto (mayoritariamente nulo o blanco, repito).

La mejor experiencia de participación ciudadana en la administración de justicia fue la de los jueces ciudadanos –lo digo con convicción porque me tocó en suerte asumir la responsabilidad en una oportunidad- que el régimen masista borró de un plumazo, con un argumento pueril.

Lo gracioso es que quienes crearon al monstruo, hoy se rasgan las vestiduras ante la crisis judicial, tal como lo hacen con la crisis económica. ¡Fariseos!

El tiempo ha dado la razón a los “abogados independientes”: la salida a este entuerto era un referéndum para la reforma constitucional, que no caló en la ciudadanía, amén de la consigna oficialista de no apoyar “a la derecha”. No se consiguió el número suficiente de firmas y aquí estamos…