El (in)discreto (des)encanto de la corrupción

Tengo entre mis manos un patrimonio jurídico de Bolivia que, a mi juicio, debería ser patrimonio jurídico de la humanidad entera: el texto de la sentencia, en el marco de los juicios de responsabilidades, al dictador Luis García Meza y sus colaboradores, pronunciada el 21 de abril de 1993 que, como se sabe, dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto para el ya finado expresidente de facto. A efectos de síntesis, podemos agrupar los delitos cometidos por aquel régimen en los de carácter político (delitos contra la Constitución), los de violación a los derechos humanos y los de tipo económico (corrupción corriente). Quedaron fuera del proceso los inherentes a protección y ejercicio del narcotráfico con los cuales también se asocia al gobierno de principios de los años ochenta del siglo pasado.

Una relectura de la sentencia puede dar argumentos para, jusrisprudencialmente, iniciar un juicio de responsabilidades contra el régimen actual dado que, aunque las formas son distintas, el fondo de los actos dolosos de éste permanece incólume. El régimen de Morales Ayma hace virtud de la permanente comisión de delitos contra la Constitución, con la diferencia de que éstos son avalados por órganos que, debiendo ser independientes del poder político, forman parte consustancial del propio régimen al haber sido cooptados y controlados para “bendecir” los designios del jefazo. Lo propio puede decirse de la continua violación de los derechos humanos expresada simbólicamente en hechos como Chaparina, La Calancha y en el exilio, persecución y encarcelamiento de ciudadanos críticos al oficialismo –el más reciente, el del señor Franclin Gutiérrez que, aunque no comparto la actividad a la que se dedica, no me queda duda de que se trata de un preso político-. El tiempo dirá si procede un juicio similar en el siglo XXI.

Sin embargo –notará usted que dejé aparte el componente delictivo de carácter económico- los casos de corrupción que en su momento nos parecían monstruosos palidecen al lado de los cometidos por el régimen de Morales Ayma –en el terreno de la especulación, puede pensarse que García Meza y sus colaboradores no dispusieron de catorce años (¡y quieren más!) para engrosar sus bolsillos hasta reventarlos-.

No se trata de hacer un ejercicio de corrupciones comparadas, pero los “grandes” hechos de corrupción por los cuales se juzgó al régimen garcíamecista parecen delitos de bagatela comparados con los del régimen moralesaymista.

Mencionemos algunos de los “espectaculares” hechos de corrupción de la dictadura mencionada: caso “La Gaiba” (tráfico de piedras semipreciosas), caso “Piscina olímpica” (apropiación de materiales de construcción, vidrios “ray ban”, principalmente), caso “Equipos petroleros” (sobreprecio en adquisición) caso “Puerto Norte” (sin condena por falta de prueba plena), caso “Diarios del Che y de Harry Villegas” (sustracción y venta). Pero el que más me llamó la atención es el caso “Cobro de cheque de $us 278.085.45”, que acabó sin condena por falta de falta de prueba plena. Es el monto que, grosso modo, equivaldría al triple en la actualidad y, aun así, no sería ni el apéndice del prontuario de la corrupción del MAS en estos catorce años; Solo el caso “FONDIOC” hace parecer a los de la dictadura ochentera como obra de carteristas.

¿Por qué, entonces, no solo que no hay una condena generalizada al régimen masista como la hubo contra el régimen garcíamecista, sino que Morales Ayma goza aún de cierto apoyo?, lo que le ha permitido, utilizando los órganos a su servicio, tener el tupé de hacerse de una candidatura en nombre de los derechos humanos.

Una respuesta posible, aunque indignante, es que la corrupción se ha normalizado socialmente y que, inclusive, una cantidad apreciable de personas la tiene por un valor en alza. Tal vez por esta razón, pues el fenómeno no es solo local, una mayoría de argentinos apoya el retorno del régimen más corrupto de su historia.