2013: El año de la extorsión

Otra gestión que llega a su cierre y con éste, las evaluaciones de rigor que las hay para todos los gustos.

Desde hace cuatro años me vengo ocupando de caracterizar, según mis propios criterios, el que concluye; así pues, a manera de hacer memoria, repasaré el título que merecieron desde Agua de Mote los anteriores:

2010 fue el “Año del Rodillazo”, en alusión al artero golpe de rodilla que Su Excelencia propinó en los testículos a un eventual rival deportivo que osó “robarle” el balón. Esta actitud pintó de cuerpo entero el modo arbitrario en el que el régimen entiende y practica el poder.

2011, en la misma línea, fue el “Año del MASking”, en referencia a la brutal represión de que fueron objeto los marchistas del TIPNIS en la localidad de Chaparina, cuyas bocas fueron selladas con cinta “masking”, clara representación de la postura gubernamental sobre la libertad y los derechos humanos.

2012, para este columnista, fue el “Año de la Caca”, en alegoría a una escatológica expresión salida desde la primera boquita del “Estado Plurinacional” respecto de las relaciones con Estados Unidos.  

Y, como corresponde, toca darle una denominación a este 2013 que nos deja, que nos es otra que la del título de esta entrega: el “Año de la Extorsión”, cosa que ya tenía clara a mitad de año, aunque no imaginé que quien destapó la red gubernamental de extorsión sería noticia justamente en las postrimerías del año al haber salido del país burlando los escrutadores ojitos del ministro de Gobierno.

Bolivia sufrió, y parece que lo seguirá haciendo, bajo el signo de la extorsión que nace de las entrañas del régimen.

Recordamos los casos más emblemáticos: el ya mencionado que involucra a (ahora) ex funcionarios de los ministerios de Gobierno y de Transparencia; el del (ahora) ex fiscal Marcelo Soza, separado del caso “Las Américas” justamente por las acusaciones de lucrar extorsionando a los supuestos involucrados, y el caso del (ahora) ex policía Ormachea, quien se ocupaba de extorsionar al (ahora) ex dueño de Aerosur… En fin, que la extorsión se ha convertido en una forma de Gobierno y no hay señales de que la justicia toque a sus cabecillas.

Queda todo por hacer. Tengan usted y su familia una Nochebuena  plena de esperanza.

Réquiem por la SAFCO

El origen de la Ley del Sistema Integrado de Administración Financiera Gubernamental se encuentra en el decreto 22407, promulgado por Jaime Paz Zamora en 1990, que ordenaba la remisión del proyecto al Congreso.

El instrumento conocido como SAFCO –de control y administración gubernamental- formó parte de una serie de disposiciones cuya filosofía fue la institucionalización y modernización del Estado –como medida colateral se puede mencionar la elección del Contralor General de la República mediante dos tercios de voto del Congreso-.

El principal objetivo de la SAFCO es el de evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, comenzando por las autoridades y terminando en el último de los funcionarios –hoy llamados servidores públicos-. Desde pequeños montos no descargados por sus receptores hasta grandes sumas dispuestas de manera irregular eran detectadas por la Contraloría institucionalizada y, según el tipo de responsabilidad, sancionados.

No impidió la comisión de actos de corrupción por parte de algunos, ciertamente, pero persuadió a muchos más de cometerlos ante los procesos coactivos de que pudieran ser objeto. En el mejor momento de la institucionalización, los empleados debían pasar un cursillo sobre este sistema para acceder –o mantenerlos- a sus puestos.

Hago estas consideraciones con motivo de lamentar que una de las grandes normas institucionalizadoras del Estado como lo es (¿lo fue?) la Ley SAFCO ha sido oficialmente obviada de la nomenclatura administrativa. Digo “oficialmente” porque han sido tantas las excepciones a su aplicación que, en la práctica, ya no significaba nada para el régimen que “le metía nomás”. Si bien formalmente continúa en vigencia, el tiro de gracia ha sido recientemente gatillado cuando el Gobierno decidió librar, por sí y ante sí, a las empresas públicas del control SAFCO.

Toda la energía social que supuso la concepción y puesta en práctica de un mecanismo de tal magnitud ha sido tirado por la borda. La discrecionalidad ya formaba parte de la gestión del régimen ha sido ratificada con esta barrabasada.

La corrupción acaba de ganar un nuevo espacio para extender sus tentáculos, con la bendición  del régimen. A Propósito, ¿Hace cuántos años que Bolivia está con un Contralor chuto?

Minuto 80

No queda otra que hablar sobre el decretazo que ordena el pago de doble aguinaldo a asalariados tanto del sector público como del privado. En mi particular criterio, considerando que el grueso de los empleados estatales se encuentra en las Fuerzas Armadas, la Policía y el Magisterio, es una especie de “bono de lealtad” convenientemente maquillado, que si permea en tal sentido al resto de los funcionarios del gobierno central y de las entidades autónomas, tanto mejor para el régimen. Una parte del pago se hará con la recaudación de nuestras contribuciones impositivas. 

En cuanto a la obligatoriedad de que la empresa privada haga lo propio, se trata simplemente de meterle la mano al bolsillo al emprendedor que, venciendo el engorroso trámite y desafiando todo tipo de obstáculos –Bolivia es uno de los países más difíciles para la apertura de un negocio formal- instaló un taller, contrató un puñado de operarios y se lanzó a la aventura de producir y ofrecer su material en el imprevisible mercado. En lugar de incentivarlo se lo está castigando. 

Desmenucemos un poco. El criterio gubernamental parte de un interesante crecimiento del PIB, pero asume, mecánicamente, que toda empresa crece en tal magnitud. Luego, de esta falsa premisa, va a surgir, inevitablemente, un error de concepto. La seguridad jurídica se ve una vez más puesta en cuestión. Lo que hace el régimen con la libre iniciativa es como cambiar las reglas de un partido a los 80 minutos de juego. 

Pretenciosamente, se alude al Estado de Bienestar –apodado “vivir bien” por el régimen- la otorgación del bono. Al no ser fruto de una concepción integral, sino de una urgencia electoral, es pura demagogia. Los operadores del régimen hablan de estar redistribuyendo el excedente económico. Entonces, ¿por qué no hacerlo universal y que el bono llegue a las amas de casa, los desempleados, los artistas, los jubilados? ¿redistribución calificada?. 

Hay países en los que, sin mayor aspaviento, el ciudadano ve un abono proveniente del Estado en su cuenta bancaria por concepto justamente de redistribución. El beneficio llega a TODOS, bancarizados o no. Uno de esos países es Canadá, que de socialista no tiene mucho. 

 Los 10 últimos minutos se jugarán con las reglas cambiadas por el régimen, pero en tiempo suplementario el público podría hacer invasión de cancha.

¡200.000 firmas! ¡Completamente agradecido!

Arenas Movedizas

"El narcotráfico y la producción de cocaína, al ser actividades que lucran de la muerte, están en contra de los principios básicos de la moral y la ética que nos van empujando a una espiral de violencia".

 En estos términos se refirió el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Oscar Aparicio, en el discurso de inauguración de la Asamblea de Obispos que concluirá el 12 de los corrientes.

 Es probable que para cuando sea publicada esta columna, el régimen ya haya salido al paso con su recurrente discurso de que la Iglesia no debe meterse en asuntos "políticos".

 A manera de antecedente de de la preocupación de la Iglesia por la expansión del narcotráfico dentro del país están las declaraciones que Monseñor Tito Solari, obispo de la Diócesis de Cochabamba, hizo en noviembre de 2011, cuando declaró que los narcotraficantes utilizaban niños para distribuir cocaína en Chapare. Aquella vez, el régimen prácticamente defenestró al sacerdote. Los cocaleros lo declararon "persona non grata" y solicitaron su expulsión de Bolivia y amenazaron con denunciarlo al Vaticano si no pedía disculpas.

Después, ante la evidencia, autoridades del sector admitieron, a regañadientes, que había adolescentes usados como "mulas". Solari, desde entonces, se calló en siete idiomas.

 El contexto del discurso de Aparicio es, sin embargo, otro: se produce a pocos días de haber ocurrido los hechos en la localidad de Miraflores, en Apolo, donde efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta –de erradicación de coca- fueron ultimados luego de ser sometidos a humillación y tortura. Lamentablemente las "investigaciones" no han dejado nada en claro y probablemente vaya ocurrir como tantas veces… el olvido hará su trabajo.

 Por si no ha quedado clara mi posición al respecto, expresada ya en anteriores artículos, la vuelvo a repetir: una cosa es luchar contra el crimen organizado cuando éste es una entidad externa al Estado y otra cuando no sólo que está al interior del mismo sino que es su razón de ser; ni siquiera hay lucha posible, pues lo que se da es protección, encubrimiento, infidencia, simulación, negocios turbios.

 Entretanto, preso de su criatura, el Gobierno se sigue hundiendo en las arenas movedizas del narco.

Apolo-gistas del delito

El régimen pretende hacernos creer que va a hacer frente a lo que viene fomentando con entusiasmo desde sus propias estructuras. Al conjuro de “causachun coca”, pronunciado por quien ahora ocupa nada menos que la presidencia del llamado “Estado Plurinacional”. La apología del delito (“le meto nomás”) ha sido su principio rector.

Para que los hechos de Apolo se hubieran dado como ocurrieron, necesariamente tuvo que haberse filtrado información “desde adentro” que diera cuenta de los detalles del operativo que habría de ejecutar la Fuerza de Tarea Conjunta. No es creíble que unidades especializadas cayeran tan inocentemente en las armadas manos de los narcotraficantes. Éstos sabían a la perfección cada movimiento que los uniformados harían y procedieron a “cazarlos” –con el agravante de la humillación, la tortura y la crueldad-.

La ficción  de estar luchando contra el narcotráfico, que el régimen intenta insertar en el imaginario colectivo (con actuaciones, en algunos casos, dignas del Oscar), se contradice con la naturaleza de sí mismo: la de un siniestro sector aupado por la producción de coca y su derivado más rentable, la cocaína. No puede, pues, el régimen, enfrentarse consigo mismo, con su “base”.

Desembarazarse de la DEA fue una osada medida para librarse de todo control a sus negocios ilícitos y así poder ejercerlos a sus anchas.

Los hechos de Apolo dan más elementos para respaldar las denuncias de Roger Pinto que lo convirtieron en perseguido político y asilado. Brasil habrá ya tomado en cuenta los mismos para brindarle mayor protección.

La pantomima gubernamental de luchar contra el narco tiene episodios jocosos inclusive, “descubrimientos” que más tienen que ver con accidentes y chambonadas de otros que con méritos propios. Eso sí, la eficacia para interceptar droga peruana en tránsito es admirable. Como me dijo un policía, la consigna es “proteger la producción nacional” y, si “por error” se molesta a un “hermano”, basta con una llamada de cierto ministerio para hacerse el opa. Esto me lo dijo hace tres años, pero no creo que las cosas hubieran cambiado mucho.

Digamos, al estilo Sprite, las cosas claras: Narco-Estado. Lo demás es puro eufemismo funcional… y no nos prestaremos a ser apologistas del delito.

¡100 000 firmas!

Comparto la inmensa satisfacción de anunciar que la campaña que iniciamos hace 12 días ha alcanzado las ¡100 000 FIRMAS y continúa en crecimiento. ¡Vamos por el medio millón!, sigamos firmando y compartiendo... GRACIAS.

https://secure.avaaz.org/es/petition/Solicitud_para_que_UNESCO_no_declare_a_las_corridas_de_toros_como_Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad/?copyhttps://secure.avaaz.org/es/petition/Solicitud_para_que_UNESCO_no_declare_a_las_corridas_de_toros_como_Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad/?copy

Octubres

Luego de los dos últimos coletazos del militarismo, un octubre, el de 1982, se abrieron ampliamente las puertas de la democracia en nuestro país. Se acababan, así lo creíamos, para siempre, las persecuciones políticas, el terrorismo de Estado, el exilio, la censura de prensa… y comenzaba, así lo deseábamos, for ever and ever, la era de la libertad, del Estado de Derecho, de la independencia de poderes, de la alternabilidad en el poder, de las elecciones limpias – de la institucionalidad democrática, en suma- de las equidades, de la inclusión…

La persecución, el exilio, la tortura, la “desaparición” y el asesinato como prácticas habituales de regímenes dictatoriales habían dejado una profunda herida en las familias bolivianas –la mía sufrió el exilio de nuestro padre-.

Con toda la carga de décadas de autoritarismo y de las debilidades estructurales propias de una sociedad en (trans)formación, a diferentes ritmos, las reformas –el tiempo del cambio en democracia- se fueron dando: rápidamente, la gente ya se podía reunir y la prensa ejercer la libertad; más lentamente, se institucionalizaban entidades como la Corte Nacional Electoral y la ciudadanía recobraba la confianza en ellas; con menos velocidad aún, se iba dando pasos importantes en materia de equidad e inclusión, la Participación Popular, por ejemplo –negar que estaban en curso procesos de cambio es, cuando menos, una grosería-.

Otro octubre, el de 2003, bajo la acción de los denominados “movimientos sociales”, desgraciadamente, comenzaba el camino de vuelta a los días del autoritarismo, cuyas manifestaciones están, de manera más “sofisticada” que en tiempos de las dictaduras –en el sentido clásico del término-, acabando con todo vestigio de disenso.

Hoy, los exiliados se cuentan por centenas, la guillotina judicial ya ha hecho rodar decenas de cabezas, los medios están o al servicio del régimen, o amordazados o autocensurados aunque, para aparentar, se dejan pequeños resquicios para el desahogo de los demócratas.

Testimonio: hace diez años, durante la subversión de los “movimientos sociales” (como lo confiesa Felipe Quispe en su libro) mi sentido democrático me mantuvo del lado de la institucionalidad –no obstante haber votado siempre contra el mandatario de entonces-, pero mi sentido humano hizo que acudiera en auxilio de quienes resultaron heridos, alteños en su mayoría –algunos “sin arte ni parte” en el asunto; otros, arrastrados (utilizados) como “carne de cañón” por inescrupulosos agitadores-. Doné mi sangre y compré gran cantidad de suero que el periodista Richard Sánchez me ayudó a llevar al Hospital.

¡Misión cumplida!

Enterado de que el parlamento de España aprobó una recomendación para que el Gobierno de ese reino presente ante la UNESCO una nominación para declarar a las corridas de toros como "Patrimonio Cultural Intanglible de la Humanidad", inicié, hace 5 días una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma AVAAZ. Aproximadante a las 11:00 am de hoy alcancé la meta -5 000- que me había propuesto para pedir a la UNESCO que no dé lugar a dicho nombramiento.

Alcanzado este primer objetivo, ahora toca que AVAAZ presente, en nuestro nombre, esta petición. ¡Misión cumplida!.

Servicio servil, ¿obligatorio?

Durante la dictadura de Hugo Banzer se emitió un decreto-ley (como se llamaban estos espurios instrumentos en ausencia de poder legislativo) llamado de “Servicio Civil” que no era otra cosa que un mecanismo para cubrir con un manto de “legalidad” el colaboracionismo de políticos, militantes e “independientes”, que eran “obligados” a asumir puestos de responsabilidad en el Gobierno.

Bajo esta modalidad, a varios civiles “no les quedó otra” que aceptar –haciendo gala de tanto sacrifico por la patria- la conducción de ministerios, subsecretarías, direcciones y gerencias del aparato estatal. Una negativa sería, sin duda, una grosera transgresión al orden.

Afortunadamente, ese tiempo es pasado y vivimos, por lo menos formalmente aunque día que pasa se está pareciendo a aquel, un tiempo de democracia y, que se sepa, no es necesaria una norma como la mencionada: ahora, el asunto es menos sofisticado; la cooptación, cotidiana, y al parecer los conversos no oponen gran resistencia… hasta parecen voluntarios. Así pues, “independientes”, intelectuales y activistas retribuyen con su silencio la comodidad del despacho oficial.

¿Cómo es que vengo a enterarme del asunto? No crea usted que quiero cargar tintas contra nuestro agente y embajador Rodríguez Veltzé -creo que el suyo es un caso especial, aunque déjeme susurrarle que fue la segunda opción del régimen, dado que la primera personalidad a la que el régimen tentó con el primer cargo (el segundo viene por añadidura) lo desairó declinado diplomáticamente la gentil invitación-. Constatación: no es obligatorio, pero no sé si ésto es un descargo o un agravante para quien cae ante los encantos del poder.

Es que no hace mucho me preguntaba a qué se debía el silencio de algunos conocidos –amigos casi- que a través de sus publicaciones en papel o en las redes, lo menos que escribían sobre el régimen era que éste era autoritario. Por pura casualidad supe que, discretamente, están al servicio del mismo.

Y ahora mi pregunta es otra ¿un régimen deja de ser autoritario, antidemocrático, dictatorial, persecutorio, corrupto, extorsionador o fraudulento, en la cabeza y la pluma del intelectual,  una vez que éste pasa a formar parte del él?

La otra historia del rock - Simon Frith y otros

La otra historia del rock

La extorsión como forma de Gobierno

Tenga usted por seguro que en la caracterización que hago sobre cada año, a la conclusión de éstos, la del año en curso lo considerará como el de la extorsión. Comenzó así y está terminando así.

Y no es que las prácticas extorsivas hubieran aparecido recién hace 365 días cuando, a raíz del caso Ostreicher cayó una parte, la más visible, de la red de extorsión gubernamental que el régimen montó para lucrar a través de una suerte de industria del terrorismo de Estado. No.

Aquellas simplemente fueron puestas en evidencia, entre otras cosas por la insistencia del Embajador para las Causas Justas del Estado Plurinacional, don Sean Penn. Su data se remonta prácticamente a los albores de la llegada al poder de Morales & Cia.

En enero, cuando la estantería del régimen se había venido abajo y había que hacer algo para recomponerla, se les ocurrió a sus “spin doctors” largar, para desviar la atención de la opinión pública que estaba totalmente indignada con las revelaciones sobre la red de extorsión gubernamental, guarismos “preliminares” del censo de 2012. Este es el origen del entuerto sobre los datos censales que hasta hoy –cuando se acerca el año de la realización del censo (21 de noviembre)-  pone contra las cuerdas al régimen, cuya credibilidad está por suelos.

Cuando la primera oleada extorsiva parecía “bajo control”, surge la detención del Jefe de la Unidad Anticorrupción, Fabrico Ormachea, aprehendido con las “manos en la masa”… y la respuesta gubernamental recurre a la misma mecánica: desconocer al funcionario, insinuar que es más o menos un loquito que hace fechorías por cuenta propia, llamarlo “desertor”; eludir, en resumidas cuentas, cualquier vínculo con el “torísimo solitario”.

¿Dónde están sus mandantes? ¿dónde sus padrinos?. Lo sugestivo del asunto es que ahora son dos los altos cargos del régimen que están a merced de la justicia estadounidense; ambos por delito infraganti.

Extorsión en el caso “Las Américas”, extorsión en el caso “Ostreicher”, extorsión en el caso “Aerosur”… el régimen masista tiene el dudoso honor de haber hecho de la extorsión una forma de gobierno. Delicuentes de cuello azul (blue collar criminals).

¿Adelantamiento de elecciones?

Es un secreto a voces que el régimen está considerando un adelantamiento de las elecciones generales previstas para el próximo año. Y no le sería difícil conseguir que sea así: tiene aún mayoría en el Legislativo y maneja al órgano electoral como a un juguete.

Mediante operadores de tercera línea ha hecho correr el trascendido de que se lo haría en razón de que podría ocurrir una segunda vuelta y, si se mantuviera la fecha original –diciembre de 2014- el Presidente o Presidente que emergiera del balotaje no se posesionaría en enero, por motivos simbólicos.

Pueril y cándida argucia con la que el propio régimen se da de nariz contra la pared pues es una explícita admisión de que habrá una segunda vuelta, lo que pone en evidencia que ni él mismo cree en un triunfo en la primera, contradiciendo con el trato displicente con que se refiere a la oposición, a cuyos representantes no baja de cacasenos.

Más aproximada a su verdadera intención para adelantar la fecha de la elección –más aun conociendo su peculiar inclinación al dolo- es la versión que dice que lo que quieren Morales & Compañía es, asumiendo que la re-reelección que forzaron tramposamente ya está en su bolsillo, argumentar luego, como ya lo hizo, que se le recortó este periodo y, al no haberlo completado no existió nunca, por lo que Morales puede habilitarse a una re-re-reelección. Estrategia envolvente, que le dicen.

Lo que a mí me late es que el régimen está en una carrera contra el tiempo y que día que pasa pierde lo poco que ya le queda de capital político –el simbólico lo tiene irremisiblemente perdido- y por mucho que se empeñe –lo único que aún lo sostiene es la cola de la bonanza externa reflejada en el país y las FFAA- no llegará con oxígeno suficiente a diciembre de 2014.

Por otra parte, necesita evitar, a cualquier costo, la formación de un bloque de unidad que le arrebate la mayoría en el senado y, eventualmente, el propio Gobierno. Mientras de menos tiempo disponga un proyecto de esta naturaleza hasta las elecciones, mejor para el régimen.

Necesita asimismo evitar, en lo posible, que el impacto negativo de acciones como Chaparina, “Bolivia cambia…”, “Hotel Las Américas”,  persecuciones, etc. cuyo dominio se le ha escapado de las manos, desportille aún más su ya machucada imagen.

El régimen está angustiado, pero lo disimula muy bien.

Entre comillas

Probablemente usted haya notado que, con persistente escrupulosidad, vengo sostenidamente colocando comillas a términos que el régimen maneja recurrentemente y que la mayor parte de la ciudadanía, periodistas incluidos, repite mecánicamente.

Entre otras, cada vez que no queda más que mencionarlas, entrecomillo –como lo haré a continuación- cosas como “proceso de cambio”, “Estado Plurinacional”, “vivir bien”, que siguen en boca de sus voceros, mientras que otras ya pasaron al desván de los cachivaches como esa de la “revolución democrática-cultural”.

Lo hice y lo seguiré haciendo mientras haya necesidad de referirse a tales eslóganes publicitarios –muy exitosos en su  momento, pero ahora bastante desportillados, por cierto-.

Entre la impostura y el cambio de nombre de categorías y conceptos ampliamente conocidos, los intelectuales del régimen quisieron presentar dichas frases como la última novedad en materia de política, como el non plus ultra de la teoría del Estado, de la economía –recuerdo el “capitalismo andino-amazónico” de García- cuando, durante décadas, se conocen y se vienen aplicando institutos como el desarrollo sostenible, calidad de vida o Estado de bienestar cuyo sentido es equivalente (en realidad aquellos son los equivalentes a éstos) a los mencionados entre comillas.

El problema para los teóricos de régimen fue que éstos provienen de una tradición democrático-social-liberal (la democracia es, intrínsecamente un proceso de cambio). Ergo, fue cambiada la etiqueta y presentada como una gran innovación.

Lo de “Estado Plurinacional”, sin embargo, no sólo es una marca exitosa; es también la impostura más grosera de la formación social boliviana. Y es así porque parte de una premisa falsa que el censo acaba de desbaratar.

Si hay una identidad transversal en Bolivia es la mestiza; no sólo por el 60% que se autoidentifica con ella –dato que me sigue pareciendo amarrete- sino porque si consideramos indicadores como el lingüístico –el Español como lengua franca- y el de adscripción religiosa –la fe cristiana, en sus diversas vertientes, mayoritariamente católica- la cifra se dispara hasta casi el tope. Somos una nación mestiza que no necesita comillas para existir.

Burbujas

Ganas no me faltan pero, luego de venir haciéndolo durante dos años, prometí no escribir más sobre el censo. Tampoco hará falta que lo haga, porque ahora todos lo están haciendo. En cualquier caso, muchas de las hipótesis contenidas en los escritos previos se están verificando de manera palmaria y pueden resumirse en una sola palabra: INEptitud.

Voy a mencionar, sin embargo, otros guarismos: hace 510 días que un grupo de víctimas de la violencia política acampa frente al Ministerio de Justicia; hace 400 días que un ciudadano al que un Estado, en ejercicio de su soberanía, le ha concedido asilo político, permanece alojado en la legación diplomática de éste porque al régimen “plurinacional” no le da la gana de otorgarle salvoconducto para  efectivizar dicho tratamiento; hace 1070 días que una empresa a la que se le han expropiado sus acciones espera que se le cumpla con el respectivo resarcimiento sin que la Gobernación –parte del régimen- manifieste la menor voluntad para hacerlo.

Y así podría continuar con cifras similares a las de estos emblemáticos casos que nos hablan de una depauperación extrema de la democracia en el llamado “proceso de cambio”. En términos estrictamente técnicos, no corresponde atribuirle la condición de dictadura; pero la sumatoria factual de acciones en las que el régimen se coloca, por sí y ante sí, por encima de la institucionalidad democrática, en franca inobservancia de los derechos humanos y en evidente afán persecutorio a quien no comulga con el dogma oficialista, permiten señalar que el autoritarismo se hace cada vez más patente –quedando como único expediente formal la realización de comicios, controlados por órganos que obedecen al régimen-. Dictadura perfecta, en buen romance.

A dos tiempos, el régimen ha aplicado su estrategia totalitaria: a los políticos de oposición les ha metido el plomo judicial debilitándolos o, eventualmente, condenándolos a la muerte civil. A la ciudadanía en general le ha administrado la “cocción a fuego lento” hasta minarla en su capacidad de discernimiento. Todo ello en una burbuja de bonanza que lo hace posible.

Volviendo, sin querer queriendo, al censo. Si se hubiera hecho la encuesta post censal, la ciudadanía estaría menos aprensiva ante la información oficial, pero el Gobierno no quiso hacerla aduciendo que “no había plata” -$us 300 000, suma aproximada del costo del combustible utilizado por el avión presidencial en su reciente periplo europeo-.

El incidente "falso conejo"

Días antes del “incidente spaghetti” como yo llamo al bloqueo aéreo del que fue objeto la aeronave presidencial, con el presidente bloqueador dentro –aunque podría también denominarse “paella”, “cozido” o “fondue”-, Su Excelencia había advertido que los “espías” infiltrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, personajes a los que Morales acusó de pasar información –secreta, inferimos- a Estados Unidos y Chile, tenían los días contados.

Aunque a grados desproporcionadamente distintos -¿cuáles serán esos grandes secretos del “Estado Plurinacional” que se filtraron al resto del orbe?- los inconvenientes ulteriores  que tuvo la primera aeronave del Estado llevan el nombre de un funcionario estatal del Imperio que -¡vaya casualidad!- hizo lo que Morales atribuye a los “buzos” que penetraron su administración.

Snowden es considerado un héroe por el medio mundo, incluido el Presidente. En tal sentido, los espías locales –de quienes no se conoce su identidad- deberían salir del anonimato y, por coherencia, ser también elevados al pedestal de heroísmo. Lo contrario es usar un doble estándar para casos análogos.

Y tampoco es muy congruente rasgarse las vestiduras por el espionaje de otros cuando uno mismo anda, por razones de seguridad en unos casos y por pura paranoia en otros, realizándolo, así sea chapuceramente. Menos aún cuando alguna vez se le ocurrió hacer su propia CIA.

Mi memoria todavía funciona. En 2008, durante el aniversario de la Escuela de Armas y tal como ya lo había dicho en el programa “Enemigos íntimos” de radio Fides, el entonces ministro de Defensa anunció la intención, no concretada, de instalar una “CIA boliviana” (para concretar este proyecto se buscó contacto con la República de Francia “que tiene experiencia en el ramo y que será retomado nuevamente por el Gobierno nacional”) –supongo que no hubo el presupuesto suficiente para desplegar agentes por todo el mundo-.

Tampoco quedó muy honorable eso de armar tanto quilombo con lo del spaghetti cuando, tal como lo reveló Brasil, en 2011 personal del Gobierno requisó de manera abusiva –sin la anuencia de su ministro de Defensa- la aeronave del dignatario, en una suerte de “incidente falso conejo”.

Así como el régimen exigió a los europeos presentarle sus disculpas, debería éste presentarlas al Brasil –y no sólo fingir un “lamento boliviano”- a riesgo de, de no hacerlo, ser acusados de  “imperio altiplánico”.

En directo, desde las 16:00: Sesión de Honor del Concejo Municipal de La Paz

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Di-censo

¿Qué más se puede decir sobre el fiasco del Censo de 2012 que no se haya dicho hasta ahora? De repente no mucho más, pero el reciente anuncio de postergación de la entrega de sus resultados permite ratificarlo y, de paso, agregar unos apuntes en el mismo sentido.

Se promete que, finalmente, los resultados de dicho esperpento serán entregados el 31 de julio. Si así sucediera, habrán transcurrido oficialmente 8 meses y 10 días (250 días) desde aquel miércoles 21 de noviembre del año pasado, la jornada censal. Digo “oficialmente” porque en realidad habrá transcurrido un año, ocho meses y diez días (615 días).

No olvide usted que el censo debía realizarse el año 2011, pero el régimen lo pospuso para el siguiente. Vale decir que dispuso de un año extra que bien pudo haberse aprovechado para prepararlo con excelencia. Si así hubiera ocurrido, a nadie le hubiese importado tal retraso. Tampoco hubiera sido motivo de crítica, supongo, si por lo menos cumplía con los requisitos mínimos como para ser  considerado como un trabajo serio.

Vine escribiendo sobre este asunto desde abril de 2010 cuando, con algo de ingenuidad tal vez, hacía sugerencias para que el empadronamiento se realizara y concluyese sin sombra de sospecha. Los hechos posteriores echaron por tierra toda esperanza de que el censo tuviera una pizca de credibilidad.

Me pregunto, y sólo me respondo con conjeturas ¿Por qué un censo de hace veinte años, con una tecnología “del siglo pasado” –con fax, telegrama y calculadora aún en uso- no tuvo los “problemas técnicos” que aduce el INE para postergar la entrega de los resultados de un censo siglo XXI? Los resultados del censo de 1992 fueron publicados en la prensa quince días después de su verificativo; con toda las posibilidades tecnológicas actuales, esto mismo no debió haber tomado más de diez.

¿Qué pasa en el ministerio de Planificación y en el INE? Afortunadamente uno tiene amigos –“espías”, “infiltrados”, los llamaría el régimen- y éstos me confían que el ambiente es de una crispación descomunal. Tengo la impresión de que este nuevo plazo que se han puesto los “censores” es para salvar el cuello, para justificar lo Caro (así, con mayúscula) del experimento.

Entretanto, la más reciente investigación del LAPOP (Proyecto de Opinión Pública en América Latina), muestra que el 75% de la población boliviana se autoidentifica como "mestiza".  Para tranquilidad de los lectores, es la última vez que escribo sobre el tema.

El síndrome de "las manos atados"

Ni documentos de dominio público, ni sellos postales emitidos por el propio régimen, ni pronunciamientos de los garantes (veedores) de organismos multilaterales, ni la declaración del propio involucrado –reproducida generosamente por los medios-, ni el sentido común y, lo más importante, ni las propias prescripciones constitucionales y de normas adjetivas, impidieron que un Tribunal Constitucional sometido a los designios del poder resolviera dar vía libre para que Evo Morales postule a una eventual re-reelección.

El forzado argumento del TCP es que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución masista hubo un “borrón y cuenta nueva” en el registro de la historia del país, criterio que me dejó perplejo por las consecuencias jurídicas que conlleva una sentencia de tal dimensión.

Lo que ha hecho en rigor dicho tribunal ha sido “liberar” a su jefe de su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como de su compromiso público de renunciar a la repostulación una vez concluido su segundo –y vigente- periodo presidencial.

Esta figura es parcialmente análoga al “ya no tengo las manos atados” con el que Gonzalo Sánchez de Lozada rompió unilateralmente el compromiso del MNR de apoyar a Banzer en las elecciones de 1989. Sánchez candidateó por el MNR, ganó las elecciones… pero no fue Presidente. Más adelante, sí lo hizo –con éxito, hay que admitirlo-, pero su segundo periodo quedó inconcluso por la acción sediciosa de quienes ahora, circunstancialmente, gozan del poder.

Morales ya no tiene “las manos atados” y va por más, con acentuados rasgos de eternización en el poder, así tenga que pasar por encima de las normas –“meterle nomás”-  y del honor. Pero, en el afán, está perdiendo los papeles: rodeado de un entorno complaciente, ha cerrado toda posibilidad de crítica a su infalible persona.

Ahora sucede que tanto él como su segundo de abordo son “innombrables” bajo riesgo de quien pronuncie sus magníficos nombres en sentido crítico pueda ser convertido en estatua de sal y condenado a arder en el infierno pachamámico por toda la eternidad.

Rafael Rojas en el más reciente número de Nueva Sociedad, escribe: "La esfera pública y el campo intelectual, en los países gobernados por estas izquierdas (neopopulistas), reemplazan la noción marxista de crítica por el concepto teológico de apología".

 

Lunes 17: Trasmisión de la rendición de cuentas del Presidente del Concejo Municipal

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No me ayudes, compadre

“No me ayudes, compadre”, la popular expresión usada para dar a entender cuando un allegado, lejos de cooperarnos, más bien se convierte en un obstáculo a nuestras gestiones –independientemente de la buena o mala intención que éste tenga-, parece aplicarse a cabalidad al caso del agente ante La Haya, Dr, Eduardo Rodríguez Veltzé, en relación al Presidente del “Estado Plurinacional”, Evo  Morales Ayma.

¿Cuánta autonomía de gestión tiene nuestro embajador en la misión que le ha sido encomendada? Desde luego que tiene que asumir los lineamientos de la política marítima trazados por el Gobierno, pero queremos suponer que en el área jurídica específica sobre la demanda interpuesta contra Chile, él es la cabeza y así debería entenderlo el régimen.

Si se ha optado por la vía estrictamente jurídica, es previsible que cualquier expresión de carácter político resulte contraproducente a la causa presentada en la CIJ.

De entrada, la imagen del ex presidente rodeado de funcionarios cuestionados –interdictos, inclusive, como el Sr. Llorenti, señalado por violaciones a los derechos humanos- no fue la mejor carta de presentación-. Algo de incomodidad habrá sentido don Eduardo, pero, en fin, ya estaba metido en el baile.

Otra interferencia de orden político ha sido la lamentable aparición del agente Rodríguez dando explicaciones sobre decisiones del Ejecutivo que escapan a su competencia. Entiendo que éste se desempeña como portador de una misión especial en nombre del Estado, que no forma parte de la estructura orgánica del Gobierno. Vale decir que, como hay un proceso en curso, si, Dios mediante, Morales no es re-reelecto, el agente continuará desempeñándola –y, obviamente, no saldrá a la palestra para dar explicaciones sobre los actos de un hipotético nuevo Gobierno-.

Lo que, sin embargo, ha debido colmar la paciencia del ex presidente, ha sido la declaración del Presidente de que su similar chileno “cayó en la trampa”, seguramente efectiva en lo interno, pero estúpida más allá de nuestras fronteras. Con “ayudas” como éstas, el propio Gobierno está poniendo piedras al camino de La Haya.

El asunto es si el régimen va a dejar a Rodríguez Veltzé hacer su trabajo o va a interferir en él debilitando la posición boliviana.

Censo: mayúsculo fiasco

Ha transcurrido ya medio año luego de la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda (miércoles 21 de noviembre de 2012).

Si hace tres meses ya podía considerarse como escandaloso el hecho de que hasta entonces no se hubiera dado a conocer el resultado oficial de los datos finales ya desagregados y sistematizados; que hayan pasado seis meses sin que esto sucediera es la muestra más vergonzosa de la incompetencia funcionaria que un Estado puede mostrar en materia alguna.

Un puñado de cifras globales fue hecho público, en pomposo acto, por el Presidente. Esto ocurrió cuando el régimen estaba acorralado por haberse puesto al descubierto su red de extorsión: por su puesto, los medios se ocuparon del asunto y, al menos por un día, la red gubernamental de extorsión dejó de ser noticia. Desde entonces, nada más se supo del dichoso censo.

Tengo un recuerdo consciente de dos censos anteriores y creo no exagerar cuando digo que a los dos días de su desarrollo, los periódicos publicaban los resultados gruesos y, dos semanas después, las cifras finas. En el censo que nos ocupa, con un abismo tecnológico de diferencia, ni siquiera hay un comunicado que se digne divulgar el motivo de semejante retraso en el conteo de las respuestas consignadas en las boletas.

Más aún. Si consideramos que el nuevo empadronamiento debía haberse hecho un año antes -2011- veremos, estupefactos, que hay, por parte del régimen,  una intencionalidad de demorar hasta donde sea posible la publicación de sus resultados.

Más tiempo pasa y más susceptibles nos ponemos. Supongamos que, por ventura, aquellos se publicaran mañana, ¿qué grado de credibilidad tendrán? Desde ya, como resultado en sí mismo, el censo 2012 es un bochornoso fracaso por el que, en una gestión seria, sus responsables no deberían esperar a ser removidas: debería presentar renuncia inmediatamente. Pero como no es el caso, ni una ni otra cosa sucederá.

¿Qué tiene que pasar para que un parlamentario o una parlamentaria llamen a interpelación a la ministra que gerentó el censo? ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora?.

Como dije antes del 21 de noviembre de 2012, “este censo nos va a costar Caro” (la mayúscula es intencional).

Bloqueos

Si, desde siempre, soy enemigo de los bloqueos porque los considero la forma más ruin de reclamar una demanda –por muy justa que éste fuera-, ¿debo, ahora que se los hace contra un gobierno cuya impostura no comparto, aplaudirlos?

He tenido tal sensación a partir de algunas reacciones de quienes comulgan conmigo en la postura crítica al régimen. Ciertamente, muchos opositores están aplaudiendo que el régimen se encuentre en figurillas ante la “contundencia” de los bloqueos.

Pregunto: “¿y los principios?”. ¿Puede uno acomodarlos a conveniencia?... decididamente no; y me ratifico en la repulsa más absoluta a la práctica del bloqueo, venga de donde venga.

Y viceversa. Ahora que están en la acera de enfrente, los poderosos de hoy se rasgan las vestiduras vociferando maldiciones contra los bloqueadores y repitiendo a pie juntillas los argumentos que otrora denominaban “neoliberales” –que no son otra cosa que producto del sentido común y de la razón- para condenarlos. Más aún, los califican como “golpistas” y les aplican la coacción “neoliberal” que repudiaban cuando eran objeto de la misma.

¿Acaso no fueron los “movimientos sociales” azuzados por Evo Morales y compañía quienes tuvieron al país en vilo durante diez años a punta de bloqueos? En los mismos términos en los que suelen responder a nuestras observaciones sobre sus actos, podríamos decirles: ¡Con qué moral se atreven a descalificar a los bloqueos!.

El bloqueo es un acto cuasi delincuecial que afecta al conjunto de la sociedad, primero coartando el derecho, constitucionalmente consagrado, a la libre circulación y causando un descomunal daño a la economía del país –hay quienes aseguran que mayor al que supone la mediterraneidad-.

En la pasada década, el entonces diputado Jaime Paz Pereira elaboró un proyecto de ley que lo penalizaba. Demás está decir que fueron los “movimientos sociales” quienes, violencia mediante, obligaron al parlamentario a retirarlo.

La protesta es legítima mientras no afecta al conjunto de la sociedad y al bien común -¿con qué derecho hacen “volar” un puente-. Hay formas universalmente aceptadas de ejercerla: la huelga, la marcha, incluso el paro local con servicios de emergencia activos… pero el bloqueo es, vuelvo a reiterarlo, criminal.

El "ÚNico habilitado"

Se acaba de producir un hecho insólito en materia de casuística electoral.

Lo voy a poner en términos potenciales: si las elecciones fueran hoy, el único partido habilitado para participar en ellas sería Unidad Nacional (UN); ésto, en virtud a que dicha organización política fue la única que cumplió a cabalidad el requisito legal de presentar estados contables auditados dentro del plazo establecido, mismo que prescribió el 30 de marzo.

En un Estado de Derecho –que no es el caso- tal situación causaría un terremoto político de descomunales proporciones pero, ya vemos, aquí no ha pasado nada, por la simple razón de que todos asumen que en días más, el Tribunal Supremo Electoral ampliará el plazo para que dicha obligación legal sea salvada por los que quedaron, eventualmente, fuera de competencia. ¿Se imagina una elección sin el MAS? Imposible.

Ahora bien, una vez más nos preguntamos de qué sirve ser un correcto cumplidor de los plazos, si después se premia a los omisos otorgándoles el tiempo que sea –extralegalmente, inclusive- acomodando la ley al gusto del cliente, en lugar de que éste se ajuste a ella.

Al menos moralmente, UN ha ganado el reconocimiento público de que se trata de una organización seria y eficaz y que, se supone, cuenta con un staff administrativo ejemplar. Todo lo contrario al resto que, por el contrario, se ha mostrado, cuando menos, negligente.

A quien escribe, le hubiera gustado que, mínimamente, dos partidos hubiesen cumplido con la presentación de sus estados auditados. Así, las “excepciones” estarían por demás. Con dos, la democracia quedaría salvada por la campana. ¡Pero con uno!, no hay manera; a menos que los rivales de UN sean “el pifiado (nulo)”, “el blanco” y “la abstención”.

Mucho premio para los que, por su dejadez y desprecio por la norma, quedaron circunstancialmente al margen de las elecciones de 2014.

Con respecto al MAS, es bien conocida su postura de actuar al margen de las leyes. El presente, será apenas un pequeño escollo –prácticamente superado- como lo es el de habilitación de Morales como candidato a un tercer período consecutivo (re-reelección, expresamente inviable según la CPE). Pero, en el camino, tiene un escollo de grandes dimensiones: el derrumbe del chavismo, sustento político-militar del régimen.

El sozialismo

El régimen acaba de encontrarse con su mejor caracterización hasta la fecha: el sozialismo que, así como la guillotina deriva de Guillotin, este forma de entender la política deriva de Soza, apellido del operador judicial encargado por el Gobierno para sostener un caso insustentable en condiciones normales.

Para ello, el señor dispuso de ingentes recursos que el régimen le brindaba a solo conjuro: vuelos en el acto, escondite, renuncia “irrevocable” y, ahora, vacaciones; en una suerte de paráfrasis de la canción “Ave de Cristal” de Los Kjarkas, el fiscal general considera que no se cae un caso cuando un fiscal se va -¿se va, no se va?-.

La cosa, sabemos, es justamente ésa. Que el caso no se caiga, porque si lo hace, cae Evo, y ya no te cuento la de fichas que caerán junto con él. El sozialismo es, en último grado, el arte de impedir que caiga Evo sin importar que, en el intento, cargues contra todo principio de institucionalidad.

De por medio están el audio sometido a peritaje de manera independiente –dos veces  a falta de una- en el que el ¿ex? fiscal se deslengua con absoluto desparpajo sobre su “íntima” relación (de tú a tú) con los capos del régimen y la emisión de un programa de la cadena Al-Jazzera en la que se sostiene la hipótesis de que no hubo enfrentamiento en el operativo “Las Américas” y, por tanto, lo que hubo fueron ejecuciones extrajudiciales.

Llevado a otros niveles del régimen, el sozialismo se expresa de forma análoga: trampa (admitida y hasta pregonada en el asunto de la re-reelección), leyes restrictivas a la libertad de expresión, extorsión, tráfico de influencias, amedrentamiento, descarado abuso de poder, impostura (“consulta” al Tipnis), irrespeto a las convenciones internacionales (asilo político concedido por Brasil al senador Roger Pinto) y un rosario, más grande que el que ostentaba Soza en su “reaparición”, de licencias para medrar del Estado.

Con semejante aporte a los anales de la política, Soza tiene asegurado un lugarcito en la historia, así fuera la de la ignominia, y su legado será recordado por generaciones de ciudadanos como el ejemplo de lo que no debería ocurrir en nación alguna que se precie de vivir en estado de Derecho.

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Embara-Soza y vergon-Soza situación

No sé si yo me cruzo en su camino o ellos en el mío. Cierto día, mientras comía una llaucha por la calle, prácticamente me choqué con el corrupto Santos Ramírez quien se suponía que estaba entre rejas. Comenté el hecho a través de las redes sociales, y en minutos era noticia nacional y las autoridades carcelarias salían a dar apuradas “explicaciones”.

Algo parecido me sucedió la noche del 17 de diciembre de 2010. Caminando por la plaza España, casi me doy de cabeza con el fiscal Marcelo Soza. Al día siguiente, lo hice constar colocando una fotografía y un comentario: “Anoche, justo mientras los medios daban a conocer la lista de los 39 (imputados en el caso “terrorismo”), me crucé en la calle con este personaje. Hablaba por celular y soltaba sonoras carcajadas....”.

Con el paso del tiempo, esas risotadas cobraron sentido: era como sacarse el gordo de la lotería, ¡39 sujetos a quienes extorsionar!. Mientras, la figura mediática del “afortunado” operador del régimen crecía en influencia hasta que una grabación puso en evidencia el abyecto proceder suyo y de el entorno que gubernamental que tramó el caso “terrorismo”.

Las carcajadas quedaron atrás y el hombre ha puesto los pies en polvorosa: sabe demasiado y el Gobierno sabe que sabe demasiado. De niño mimado podría pasar “buscado vivo o muerto” -¿le suena esta frase?-.

Es que, más allá del maquillaje discursivo del régimen, las entrañas del monstruo están en descomposición producto de la podredumbre ocasionada por su insaciable sed de poder, borrachera incluida.

Ejecuciones extrajudiciales, siembra de “pruebas”, extorsión a manos llenas, soborno y terrorismo de Estado son parte del festín con el que el Gobierno hizo su propio “vivir bien”, a costa de la violación de los derechos humanos, y del dinero ajeno.

Ahora, el régimen se encuentra en una embara-Soza y vergon-Soza situación: la estantería se cae y los ajustes de cuentas dentro de la mafia se están haciendo frecuentes.

De nada le servirá invocar al neoliberalismo, al imperialismo, a la oligarquía, a la Iglesia, a la prensa o a la “embajada” para zafarse del pantano en el que se encuentra.

Está con el lodo hasta el cuello y con las entrañas putrefactas. Imposible disimularlo.