En cuanto a la obligatoriedad de que la empresa privada haga lo propio, se trata simplemente de meterle la mano al bolsillo al emprendedor que, venciendo el engorroso trámite y desafiando todo tipo de obstáculos –Bolivia es uno de los países más difíciles para la apertura de un negocio formal- instaló un taller, contrató un puñado de operarios y se lanzó a la aventura de producir y ofrecer su material en el imprevisible mercado. En lugar de incentivarlo se lo está castigando.
Desmenucemos un poco. El criterio gubernamental parte de un interesante crecimiento del PIB, pero asume, mecánicamente, que toda empresa crece en tal magnitud. Luego, de esta falsa premisa, va a surgir, inevitablemente, un error de concepto. La seguridad jurídica se ve una vez más puesta en cuestión. Lo que hace el régimen con la libre iniciativa es como cambiar las reglas de un partido a los 80 minutos de juego.
Pretenciosamente, se alude al Estado de Bienestar –apodado “vivir bien” por el régimen- la otorgación del bono. Al no ser fruto de una concepción integral, sino de una urgencia electoral, es pura demagogia. Los operadores del régimen hablan de estar redistribuyendo el excedente económico. Entonces, ¿por qué no hacerlo universal y que el bono llegue a las amas de casa, los desempleados, los artistas, los jubilados? ¿redistribución calificada?.
Hay países en los que, sin mayor aspaviento, el ciudadano ve un abono proveniente del Estado en su cuenta bancaria por concepto justamente de redistribución. El beneficio llega a TODOS, bancarizados o no. Uno de esos países es Canadá, que de socialista no tiene mucho.
Los 10 últimos minutos se jugarán con las reglas cambiadas por el régimen, pero en tiempo suplementario el público podría hacer invasión de cancha.
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