El origen de la Ley del Sistema Integrado de Administración Financiera Gubernamental se encuentra en el decreto 22407, promulgado por Jaime Paz Zamora en 1990, que ordenaba la remisión del proyecto al Congreso.
El instrumento conocido como SAFCO –de control y administración gubernamental- formó parte de una serie de disposiciones cuya filosofía fue la institucionalización y modernización del Estado –como medida colateral se puede mencionar la elección del Contralor General de la República mediante dos tercios de voto del Congreso-.
El principal objetivo de la SAFCO es el de evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, comenzando por las autoridades y terminando en el último de los funcionarios –hoy llamados servidores públicos-. Desde pequeños montos no descargados por sus receptores hasta grandes sumas dispuestas de manera irregular eran detectadas por la Contraloría institucionalizada y, según el tipo de responsabilidad, sancionados.
No impidió la comisión de actos de corrupción por parte de algunos, ciertamente, pero persuadió a muchos más de cometerlos ante los procesos coactivos de que pudieran ser objeto. En el mejor momento de la institucionalización, los empleados debían pasar un cursillo sobre este sistema para acceder –o mantenerlos- a sus puestos.
Hago estas consideraciones con motivo de lamentar que una de las grandes normas institucionalizadoras del Estado como lo es (¿lo fue?) la Ley SAFCO ha sido oficialmente obviada de la nomenclatura administrativa. Digo “oficialmente” porque han sido tantas las excepciones a su aplicación que, en la práctica, ya no significaba nada para el régimen que “le metía nomás”. Si bien formalmente continúa en vigencia, el tiro de gracia ha sido recientemente gatillado cuando el Gobierno decidió librar, por sí y ante sí, a las empresas públicas del control SAFCO.
Toda la energía social que supuso la concepción y puesta en práctica de un mecanismo de tal magnitud ha sido tirado por la borda. La discrecionalidad ya formaba parte de la gestión del régimen ha sido ratificada con esta barrabasada.
La corrupción acaba de ganar un nuevo espacio para extender sus tentáculos, con la bendición del régimen. A Propósito, ¿Hace cuántos años que Bolivia está con un Contralor chuto?
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