2023: "El año de la bifurcación"

 

Otra gestión que concluye y, desde luego, es sometida a evaluaciones para todos los gustos, al igual que las anteriores y como ocurrirá con la venidera. Desde la columna, llevo haciéndolo desde 2010 y es la primera que publico en este medio que, gentilmente, ofreció cobijarla luego de la sentida desaparición de Página Siete.

De manera cronológica, incluyo desde entonces las caracterizaciones que hice de cada año que se fue, lo que ayuda a comprender cómo es que llegamos a la del que languidece y para refrescar la siempre frágil memoria que se estaciona en el corto plazo, en la coyuntura. A ello vamos, entonces…

2010: “El año del rodillazo”. Aquel que propinó Morales Ayma a un rival circunstancial en un partido amistoso. Abuso de poder, irrespeto a las normas.

2011: “El año del MASking”. En referencia a la cinta con la que las fuerzas al mando del señor Sacha Llorenti sellaron las bocas de los indígenas de tierras bajas en su marcha por el Tipnis.

2012: “El año de la caca”. Tomado de una frase de Morales Ayma para graficar, según él, las relaciones del Estado boliviano con el de los Estados Unidos.

2013: “El año de la extorsión”. Cuando una parte del personal de Gobierno estableció un consorcio de carácter extorsivo, ofreciendo intercesión judicial a los presos en general, no sólo a los políticos.

2014: “El año del Estado plurinominal”. Las ya ilegales elecciones de entonces, lo fueron más aún con la mala denominación impresa en la papeleta electoral. Sin embargo, como de costumbre, no pasó nada.

2015: “El año de Petardo”. La mascota adoptada por marchistas potosinos fue todo un símbolo de la democracia por entonces.

2016: “El año NO-Evo”. La ciudadanía se expresó mayoritariamente en contra de la reelección indefinida del tirano.

2017: “El año del Nulo”. Nueva, y contundente, derrota del régimen. Esta vez en las elecciones judiciales.

2018: “El año de la doble pérdida”. Bolivia perdió definitivamente el mar con el fallo de la Corte Internacional de Justicia y perdió la democracia con la sentencia del Tribunal Constitucional allanando la elección indefinida del tirano, a título de un supuesto “derecho humano” a la misma. El primer caso tuvo, este año, su correlato con el fallo contrario a Bolivia en el caso Silala.

2019: “El año de la gesta democrática de Bolivia”. La ciudadanía, que había soportado estoicamente años de arbitrariedades del autócrata ya no permaneció impávida ante el evidente fraude electoral y el tirano tuvo que tomar las de Villadiego. Lo que vino luego, como gestión de gobierno, es otra historia.

2020: “El año de la Calamidad”. Llegó la pandemia, con sus terribles consecuencias en términos de pérdidas de nuestros seres queridos.

2021: “El año del aguante”. Se pidió a la ciudadanía aguantar el embate de la pandemia mientras se gestionaban las vacunas.

2022: “El año de la emancipación de Arce”. Hasta abril del año pasado, el Presidente era una especie de Cámpora o Mevédev, es decir, un muñeco obediente a los designios del Jefazo, al extremo de ganarse el sobrenombre de “Tilín”. Pero la marioneta adquirió vida propia, de forma más parecida a la de Lenin Moreno, aunque éste lo hizo apenas fue posesionado, propiciando un juicio contra Rafael Correa que anuló toda posibilidad de éste a participar en las elecciones anteriores.

2023: “El año de la bifurcación”. “¿Hará algo similar con Morales Ayma?”, preguntaba al cierre de la caracterización previa. “Se venía venir”, podría apuntar un transeúnte cualquiera. Y aunque todavía hay quienes insisten en que se trata de una tramoya destinada a distraer a la opinión pública para, llegado el momento, simular el “sana-sana” y montarse en las elecciones a caballo ganador –si así fuese, la levaron demasiado lejos-, más bien parece que se trata de una ruptura en serio, “una bifurcación” como la llamaría el profeta Linera. Esto podría arrojar el aplastamiento total de una de las facciones o la anulación mutua de ambas, lo que abriría una ventana de oportunidad al crecimiento de una opción proveniente del campo democrático.

2024 lo dirá. Ahí estaremos, si la providencia lo permite.

MASistrados de manual

 

Como era previsible, los MASistrados, por sí y ante sí, se prorrogaron en sus cargos hasta que sus reemplazantes, surgidos de elecciones, los ocupen. Como no hay visos de que eso pueda ocurrir próximamente, tal “tiempo extra” puede extenderse desde meses hasta años.

¿Tendría que sorprendernos? Hasta la pregunta es absurda. En las entrevistas a las autoridades judiciales en ejercicio, ninguna sentenció, como correspondía hacerlo, “nuestro mandato fenece el 31 de diciembre; luego de esa fecha dejamos de ejercer la magistratura”. Al contrario, de manera implícita, sobre todo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, denotaban unas ganas locas de prorrogarse hasta las calendas griegas.

¿Es de entera responsabilidad suya este despropósito? De ninguna manera; el asunto es  consecuencia última de una serie de barbaridades cometidas a lo largo, no de recién, sino de lustros de manoseo judicial. Es el acabose de la justicia “estadoplurinacionalizada”.

Mandar en consulta al TCP la resolución del intríngulis del Órgano fue entregarle el regalo que éste acepto con deleite. Los tribunos optaron por la fórmula “ni para ti, ni para ti; para mí” pasándose por alto prescripciones constitucionales, éticas y de sentido común.

Lo curioso de todo ello es que tales “autoridades” son ilegítimas de origen, como lo fueron quienes les precedieron. Cabe recordar que, en los dos procesos electorales de carácter judicial, la suma de votos nulos y blancos superó ampliamente al de votos “válidos” que, repartidos entre los “seleccionados”, fueron inferiores, en algunos casos, al número de votos de una liga barrial de fútbol de salón.

La raíz del problema, como se puede colegir, es el propio sistema de acceso a la magistratura, o sea las dichosas elecciones judiciales que, mientras sigan consignadas en la Constitución no queda otra que realizarlas.

Hay ciertas instituciones, y el Órgano judicial es una de ellas, en las que las jerarquías se definen por meritocracia o por escalafón; son verticales por la naturaleza de sus funciones. Cuando se debatía la pertinencia de incluir la elección popular para los aspirantes a una dignidad en la magistratura, comenté, con sarcasmo, que era como convocar a elecciones para la comandancia en la FFAA: un suboficial podría conseguir gran apoyo “popular” y ser ungido como Comandante. Otro aspecto, que se supone que la elección quería evitar, pero acabó acentuándolo, es el del patrocinio partidario a ciertos postulantes.

El argumento que usó el régimen para introducir en la CPE tal elección fue el de “ampliar la participación” en la justicia. Ocurre que una vez “elegidos”, los MASistrados actuaron en función del régimen que los apadrinó y la “participación” concluyó cuando el ciudadano introdujo su voto (mayoritariamente nulo o blanco, repito).

La mejor experiencia de participación ciudadana en la administración de justicia fue la de los jueces ciudadanos –lo digo con convicción porque me tocó en suerte asumir la responsabilidad en una oportunidad- que el régimen masista borró de un plumazo, con un argumento pueril.

Lo gracioso es que quienes crearon al monstruo, hoy se rasgan las vestiduras ante la crisis judicial, tal como lo hacen con la crisis económica. ¡Fariseos!

El tiempo ha dado la razón a los “abogados independientes”: la salida a este entuerto era un referéndum para la reforma constitucional, que no caló en la ciudadanía, amén de la consigna oficialista de no apoyar “a la derecha”. No se consiguió el número suficiente de firmas y aquí estamos…

Para el Tigre lo que es del Tigre

 

En esta ocasión, el hincha se impone al columnista, dejando de lado el terreno resbaladizo para ocuparse de algo más trascendental, lindando con lo místico: su pasión aurinegra.

Probablemente lo que uno adquiere por elección tiene dos micras más de mérito que aquello que nos viene dado. Algunos ámbitos de nuestra vida son decididos por otros, de acuerdo a sus creencias y también a sus posibilidades económicas –el colegio, por ejemplo; y uno puede llegar a encariñarse con el que le tocó en suerte-, otros aspectos nos son “heredados”, como ciertos gustos y sabores o, más generalmente, nuestra inserción a una determinada cultura. Eventualmente, esto sucede con el club de fútbol con el que alguien se identifica. En principio, por su proximidad, están los equipos del lugar, para el caso de La Paz, los dos clásicos rivales y, de forma intermitente, alguno que brille temporalmente. En buena medida es en la familia que se “transmite”, más o menos por ósmosis, tal transferencia.

En mi familia no había una tradición futbolera, por tanto, mis hermanos y yo tuvimos que elegir a cuál le íbamos –éramos seis, de los cuales el “score” resultó 4-2 a favor del que yo me hice hincha-. En principio, en lo personal, el club celeste quedó descartado de toda opción y tuve que decidirme entre Always, Universitario o The Strongest. El accidente aéreo de 1969 –escribí un relato sobre ello- resolvió mi indecisión. Soy atigrado desde entonces y mi pasión no ha hecho más que crecer.

Cuando ya parecía un estigma eso del “eterno segundo” –un sambenito exagerado- llega este título a falta de dos fechas para el cierre oficial del torneo anualizado, por llamarlo de alguna manera. Mala fe o mera coincidencia, entre el anterior título de Tigre y el conseguido ahora, el club marchaba como puntero en dos sendos campeonatos que se suspendieron –uno por la pandemia y otro por el paro por el censo-. Ganó los premios, pero no se le reconoció título de campeón alguno. Y con el Tricampeonato obtenido, tenemos sobrados motivos para el regocijo.

Casi ocurre lo mismo esta gestión. Con The Strongest en la cima, se intentó truncar la competencia con el argumento de casos particulares de arbitrajes aparentemente arreglados –que en ningún caso tocaban al Tigre-.

Por eso es que este título se lo saborea con especial gusto. The Strongest venció obstáculos –inclusive dirigenciales internos- deportivos y extradeportivos. Y acá está, enhiesto y generoso, para decir que la vida es bella.

Por eso, parafraseando el estribillo de la canción de Piero, cierro estas líneas cantando “Para el Tigre lo que es del Tigre; porque el Tigre se lo ganó. Para el Tigre lo que es de Tigre; para el Tigre, mi corazón”.

Los tres

 

Cuando los dados cargados de la justicia masista parecían, una vez más, inclinarse del lado de los abusos del régimen, sucedió algo difícilmente previsible: los dados cayeron del lado del restablecimiento del estado de derecho y del debido proceso, por obra y gracia de tres jueces de la jurisdicción de El Alto quienes declinaron competencia el reciente caso que la Fiscalía les remitió. El argumento no puede ser más claro: en su condición de expresidenta constitucional, la señora Jeanine Áñez Chávez no puede ser sometida a juicio por la vía ordinaria; lo que le corresponde es uno de responsabilidades.

¿Qué pudo haber ocurrido para que esta “anomalía” –sarcasmo- tenga lugar nada menos que en un tribunal de El Alto? ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de estos tres jueces? ¿Enloquecieron (contradecir al poderoso Lanchipa es un acto de locura)? ¿Tuvieron un rapto de sensatez legal? ¿No midieron las consecuencias personales de su acto?... Voy a intentar responder con algunas conjeturas tal cuestión.

1.    Probidad profesional de los tres

Aunque en primera instancia pueda calificarse como ingenuidad el atribuirles algo tan escaso en la justicia de estos tiempos, no se puede descartar que los tres colegiados hubiesen actuado de manera ética y apegada al debido proceso y a las prescripciones constitucionales. De haberse dado esta posibilidad, estos operadores de justicia merecen un reconocimiento especial de la ciudadanía porque devuelven la fe en una administración de justicia independiente, que no se somete al poder de turno. Se puede alegar que sólo están cumpliendo con su trabajo, haciéndolo correctamente, pero cuando el resto del sistema judicial está sumido en la podredumbre, el hecho brilla precisamente por su singularidad, dadas las circunstancias.

2.    Curarse en salud

No es desconocido ni para los operadores del ministerio público que este proceso no tiene sustento legal constitucional y que, tarde o temprano, instancias internacionales pondrán en la picota al Estado boliviano y señalarán a quienes, actuando por complacencia al poder político, cometieron tal barbaridad. Los tres habrán sopesado, pensando en sus familias y en su prestigio profesional, la conveniencia de hacerse cargo del juicio o no. Aunque no es la mejor manera de “resolver” una solicitud, el resultado sigue siendo impecable.

3.    “Papa caliente”

Los tres pudieron haber medido el posible impacto de hacerse cargo de un juicio viciado y de toda la presión social que caería sobre sus espaldas. Sacrificaron “lealtad” al instrumento por tranquilidad en sus vidas y las de su entorno familiar y profesional. Igualmente, a la luz de la declinatoria, la justicia se manifiesta de manera más esperanzadora.

4.    Jugada del régimen

Es plausible también la hipótesis de que los tres hubiesen pactado con el    régimen una especie de señuelo dada la proximidad de la reunión de la CIDH en la que el Presidente exponga la magnanimidad e independencia del sistema judicial boliviano, así como el respeto absoluto a los derechos humanos. Más tarde, luego de un tiempo “prudencial”, remitirá el proceso a otro juzgado, mismo que dará curso al mismo por la vía ordinaria.

Sin embargo, en el entretiempo, la causa por un juicio de responsabilidades para la expresidenta constitucional debe extenderse en todos los ámbitos posibles, de manera que, si el régimen quiere burlar esta declinatoria.

Si la misma fue por los puntos 1 o 2, descritos previamente, mis respetos por los tres, encomiando a la ciudadanía a cuidarlos ante una probable arremetida de acoso por parte del MAS.

"Congreso express", en suspenso

 

Como me ha sucedido varias veces –y supongo que a mis colegas columnistas les ocurre también- entre columna y columna voy meditando el asunto que abordaré llegado el momento de escribir. Y cuando llega, es casi cuestión de transcribir al “papel” lo que uno ya tenía en la mente.

Pero la dinámica de los acontecimientos se interpone y, por refracción, optamos por cambiar de rumbo.

De lo que menos quería tratar es del dichoso congreso del ala “evista” del instrumento del régimen. Pero la fuerza de la coyuntura –la admisión, por parte de la Sala Constitucional de un recurso interpuesto por uno de los sectores de aquel, las “bartolinas”- se devora cualquier otra intención temática, por muy edificante que fuera.

Ahora bien, antes de adentrarnos en los posibles escenarios que conlleva este hecho, todos sombríos lamentablemente, echemos, ¡juro que no quería hacerlo!, una mirada al sainete montado por el señor Morales Ayma y sus valedores –desplazados del gobierno, en general-.

La concentración de Lauca Ñ responde a la urgencia del mencionado personaje de ganarle de mano la candidatura a la Presidencia a nombre del “instrumento político” al Presidente, que se encuentra en afanes similares y hará otro tanto en el anunciado Cabildo de El Alto, el 17 de octubre.

Con la “sutileza” que lo caracteriza, sin embargo, el expresidente, se autoproclamó candidato –fue obligado a hacerlo, dizque- y ya quedó claro que el único objeto del mitin entre amigotes era “oficializar” tal nominación –pasándose por la entrepierna la “formalidad” de las primarias. Ni siquiera hubo un contendor “pantalla” para simular una suerte de elección. Ciertamente, hubo algunas resoluciones para pretender darle un carácter orgánico y legal, aunque demasiado obvias como para darle la credibilidad que manipuladoramente pretendía.

En las previas del evento, los órganos llamados a pronunciarse sobre la legalidad del mismo, particularmente el TSE, huyeron de la “papa caliente”; algunos de sus miembros arguyeron, casualmente, vacaciones o baja médica. Nunca se instaló Sala Plena para analizar la situación, aunque delegaron veedores (mirones) al lugar. Inmediatamente, Morales Ayma y sus muchachos aseguraron que tal comisión daba legalidad al encuentro.

En suma, se trató de un “Congreso Express” (como el torneo que pretendía la muy venida a menos FBF) cuya única finalidad era la que se mencionó previamente.

Y cuando el cocalero comenzaba a celebrar su candidatura, la Sala Constitucional admite el recurso planteado por el ala “arcista” y corresponde la suspensión del junte en tanto se resuelva el recurso, para lo cual tendría que instalarse audiencia hoy (corren apuestas sobre si se instala o no).

Si usted piensa que me encuentro batiendo palmas por tal situación, está completamente equivocado(a). Aun pudiendo coincidir en que la convocatoria a tal “congreso” fue espuria, estoy consciente de que la decisión de admitir el recurso no se la hizo por razones jurídicas, sino exclusivamente política; y eso no es justicia. Había que decirlo y se lo dijo.

Por tanto, algunos de los escenarios posibles son:

-       Dependiendo de cuándo se instala la audiencia y de los alegatos de una parte y de la otra, cuánto tiempo más durará el suspenso.

-       Si resulta favorable al ala evista (cosa poco probable por lo antedicho respecto de la “justicia”) obviamente ésta se empoderará y ya escucharemos a Morales Ayma subiendo, aún más, el tono de sus amenazas.

-       Si resulta favorable al ala “arcista”, probablemente derive en la proscripción/persecución a sus más emblemáticos representantes, tal como ellos lo hicieron con los opositores cuando ejercieron el gobierno.

Total, que tenemos show para rato. ¿Y la ciudadanía? Bien, gracias.

Fondeados

 

No debe ser muy grato para quien, en condición de ministro de Economía, “administró” la bonanza proveniente de los ingresos por la venta de gas y, años después, en calidad de Presidente, tener que gobernar con los despojos que quedaron luego de, precisamente, aquella fiesta. Es que, como se sabe, administrar la abundancia no tiene mérito alguno: prácticamente –considerando, sobre todo, el cómo se lo hizo- cualquiera podría haberlo hecho; básicamente, la economía trata de la administración de la escasez. Los grandes economistas en función pública son aquellos que, a pesar de la situación álgida se dieron maneras de sacar a flote la nave de la macroeconomía, con mayor o menor costo social, motivo por el cual no siempre son reconocidos como se lo merecerían.

Generalmente son otros los que enmiendan los desaciertos cometidos por anteriores funcionarios, pero a Arce le toca afrontar las consecuencias de su propia (indi)gestión como ministro de Morales Ayma. Es su oportunidad para que se muestre como economista y deje atrás su rol de cajero –que eso es lo que fue-.

Alguna señal ha dado: a la manera de un alcohólico anónimo que reconoce que es un enfermo, el señor en cuestión ha admitido que estamos en la lona; o sea, que los tiempos de alfombras persas y “economía blindada” se acabaron. Con ello, uno de los rasgos del populismo, el hacer creer, propaganda mediante, que vivimos en el país de las maravillas, pese a las evidencias en sentido contrario, es contradicho por el propio Presi.

Ciertamente, una autoridad debe transmitir, en la medida de lo posible, una sensación de confianza, incluso, políticamente, disfrazar algún indicador para no generar pánico; pero también debe tener la suficiente sabiduría como para sincerarse cuando la situación se torna insostenible, como es el caso.

Consciente del momento que atravesaban el mundo y su país en particular, Winston Churchill ofreció “sangre, sudor y lágrimas” (también ofreció esfuerzo) al asumir como Primer Ministro del Reino Unido y cumplió. A un costo altísimo, Inglaterra fue uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. A su término, el votante británico no lo hizo ganador de la siguiente elección: creyó, ese momento, que Churchill servía para gobernar en tiempos de guerra y no para hacerlo en tiempos de paz.

Es célebre también la frase de Víctor Paz Estenssoro “Bolivia se nos muere”, para, acto seguido, aplicar un plan de ajuste estructural, “relocalización” incluida que, tal como predijo, fue una coyuntura que duró veinte años, en los que en su vientre chapareño se gestó el populismo cocalero, otra coyuntura agotada en dos décadas de jauja con recursos públicos.

El haber “tocado fondo” que el Presidente confesó respecto a la producción de gas, luego extendido a “hasta ahí nomás alcanza nuestro bolsillo”, es, según se vea, un gesto de sinceramiento que no condice con el populismo o una admisión de su propia incapacidad como ministro, primero y como Jefe de Estado, luego. O ambas cosas a la vez.

Este tocar fondo no sólo se verifica en la producción gasífera; se extiende a la gestión estatal en general, a la moral de los funcionarios (corrupción galopante), a la criminalidad (narcotráfico, contrabando, trata), y por si faltara algo –un algo que no tiene que ver con el Gobierno, pero es un reflejo de cómo anda las cosas- al fútbol.

Hay excepciones privadas, de las que nos colgamos todos, como la de los fondistas Garibay y Camargo. Pero, en general, estamos fondeados. La próxima coyuntura podría tener como eje “Educación, educación y más educación”. Amén.

Pal lamento

 

El asunto del que me ocuparé no es el que domina la agenda de la deliberación pública: los narcoescándalos, la crisis futbolera y la implosión del régimen ocupan la atención de medios y ciudadanos. Son importantes, claro que sí, pero cubren con un manto de niebla algo que, para el suscrito, reviste el mayor de los cuidados.

Mi hipersensibilidad democrática se ha visto nuevamente golpeada ante un hecho desgraciado que hiere de muerte –una suerte de tiro de gracia- a la propio Estado de Derecho.

Para que el señor Morales Ayma y yo –probablemente el sujeto no tenga idea de mi existencia (pues no lee, como él mismo confiesa), cosa que me tiene sin cuidado- coincidamos en algo, la cosa debe ser gravísima. Debo aclarar, sin embargo, que lo hacemos por razones absolutamente disímiles. Aquel, por el pleito que libra contra su exministro de Economía –hoy devenido en Presidente- y mi persona, por una indeclinable vocación democrática, alejada de todo interés coyuntural.

Supongo que, a estas alturas de la lectura, usted sabe que estoy hablando de la acción gubernamental que asesta un golpe –en sentido estricto- a la institucionalidad democrática, la pretensión de arrancarle al parlamento una de las funciones que forman parte de su razón de ser: la de fiscalizar, una de cuyas expresiones es la facultad de interpelar a aquellas autoridades cuestionadas por algún motivo. Para ello ha acudido al Tribunal Constitucional, el cual no solo que ha admitido un amparo constitucional en tal sentido, sino que ha prohibido las interpelaciones porque, en caso de censura, éstas “atentarían contra el derecho al trabajo de la autoridad censurada”. Esto ya sobrepasa el entendimiento y el sentido común, y compromete seriamente al órgano “constitucional”.

El parlamento es el instituto democrático en el que, al menos en teoría, reside la soberanía de la ciudadanía. Sus tres funciones –entidades, más bien- son: representar, legislar y fiscalizar, amén de otras accesorias; en las democracias parlamentaristas, también es el encargado de dar o retirar la confianza al jefe o jefa de Gobierno.

Desde la llegada al poder del régimen masista, el parlamento ha sufrido una merma importante en las dos últimas. El grueso de las leyes sustantivas es elaborado por el Ejecutivo y, haciendo alharaca de su aplastante mayoría oficialista, las misma “salían por el tubo”, como suele decirse; últimamente, dada la disputa entre facciones del régimen, este mecanismo ya no es tan fluido. Es decir que el parlamento prácticamente no ejercía la facultad legislativa –las leyes tipo “declaratoria” sí las hacía-. Como anécdota cabe recordar que una de las pocas leyes producidas por el parlamento –la de Procedimiento Penal- fue derogada anta la repulsa ciudadana.

La facultad fiscalizadora tampoco anduvo mejor. Todas las veces que una autoridad fue censurada –el honor implica alejamiento ipso facto del cargo- o fue ratificada luego de una destitución por pura formalidad o, sencillamente, se hizo mofa de la censura: Morales Ayma llegó a decir que una censura proveniente de “la derecha” era una muestra de racismo.

Ahora el mismo individuo se muestra como celoso defensor del Estado de Derecho y habla del efecto vinculante de la censura y del atentado contra el mismo. ¡Abrase visto semejante cinismo!

Un apunte más: el régimen tiene presa a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez a quien tilda de “golpista”, quien no sólo no llegó a tanto en su desprecio por el parlamento, sino que, además de ratificar su vigencia en democracia, le extendió en un año el mandato que había recibido. Gran diferencia.

Presente "blanco"

 

El motivo por el que coloreo de blanco esta columna tiene su origen en el sugestivo nombre que el órgano del régimen puso al suplemento que dedicó al aniversario patrio: “Bolivia construye un futuro blanco”. Se refiere al advenimiento de la era del litio, recurso gracias al cual el país vivirá las próximas dos décadas. La metáfora empleada –“futuro blanco”- da, sin embargo, pábulo a otras interpretaciones, dado el periodo tiznado de blanca, valga el oxímoron, que cubre la agenda pública.

Por tanto, se me ocurre, no es el futuro sino el presente el que se pinta de ese no-color, técnicamente hablando. Y eso es terrible.

Desde que está en el poder, el régimen masista ha estado negando –pese a lo insostenible de seguir haciéndolo, hay quienes siguen en tal negacionismo-  dos hechos por demás evidentes:

-       Bolivia es un país productor de cocaína; no sólo de tránsito de la misma.

-       En Bolivia se han instalado cárteles del narcotráfico transnacional.

Sobre lo primero, hace unos doce años, un efectivo de la FELCN ya retirado, cuyo nombre mantendré en reserva hasta mi último día, me dijo, a manera de confesión, que la instrucción que cumplía era la de intervenir toda la “merca” procedente del exterior, pero que a la “industria nacional” –son sus propios términos- se la protegía. En otros términos, había que atacar a la competencia. No es la primera vez que lo cuento por escrito.

Los más recientes hechos ligados a las mafias narcotraficantes y sus nexos con instancias estatales -que, supuestamente, deberían advertir la presencia de sujetos sospechosos- han alcanzado grados descomunales de escándalo por las características de sus operaciones con base en Bolivia.

Tiempo antes de que se conociesen los casos “media tonelada por BOA” y “Marset”, el régimen, mediante su ministro Gobierno, anunciaba la destrucción de factorías de cocaína en el Chapare –confirmando la condición de país productor- utilizando el superlativo “histórico” a tiempo de hacerlo. Lo sugestivo del asunto es que, si bien se afectaban las instalaciones, no se daba cuenta de algún detenido en tales operativos, en lo que parece ser una constante de los mismos: alertar a los operadores de las organizaciones de narcos de tales intervenciones para darles tiempo de “borrarse”.

Para no recibir críticas en tal sentido, cuando estalló el caso “BOA” se arrestó a algunas personas, entre ellas al encargado del montacargas; y, cuando se destapó el caso “Marset” se llegó hasta quien manejaba las finanzas del grupo. Pero, hasta la fecha, ni noticias de los “capos”.

Otro pendiente, en ambos casos, es la actitud contemplativa con los funcionarios de entidades gubernamentales que “facilitaron” la presencia y la labor non-sancta de los criminales en cuestión: soplones, tramitadores, extensores de autorizaciones, como la hija de Nemesia Achacollo, etc.

Este es nuestro presente blanco. Pero mirando al futuro, y poniendo las esperanzas en otro recurso no renovable, constatamos que la mentalidad y práctica rentista, extractivista y primario-exportadora (aunque se asegura que lo del litio es parte de la industrialización) están absolutamente arraigadas en el boliviano, que deposita toda esperanza en la próxima “bendición de la naturaleza”. Ya pasó con la plata, con el estaño y con el gas, lo que viene ligado a la conquista del poder en tanto apropiación del excedente. Tal es el presente, en su acepción de “obsequio”, griego que la Pachamama nos regala una vez más.

Cocaína y litio. Blanca y blanco. Presente y futuro. Bienaventuranza y condena.

A pedido de "Su Excedencia"

 

Hasta antes de 2016, todo parecía salirle a pedir de boca al expresidente Morales Ayma. Entre otras cosas, se lanzó a un revocatorio que consolidó su poder y barrió con todos los entonces llamados prefectos de oposición, de Cochabamba y de La Paz –y con la propia oposición, podría decirse-, lo que supuso que gobernase aplicando un rodillo parlamentario arrasador y con el poder judicial absolutamente cooptado por su régimen (luego, con la nueva CPE, vendría la toma del poder electoral). En la cima del poder casi total(itario), convocó a Asamblea Constituyente logrando la mayoría (aunque no dos tercios) de asambleístas que respondían a sus designios –hay que recordar que todos los constituyentes de las circunscripciones urbana de La Paz eran militantes del MSM, de Juan del Granado, entonces incondicional del denominado “proceso de cambio”-. No sin dificultades para la aprobación del texto final, sin embargo, el referéndum constitucional arrojó cifras apabullantes en favor de la CPE –Zaratti la llamó “COPOLMA” (Constitución política masista)- y fue promulgada con aires de refundación prometiendo Morales no menos de 500 años de vigencia de la misma. Uno de los acuerdos previos para su desentrabamiento fue que el siguiente periodo presidencial, en caso de que Morales Ayma se postulara y ganara sería considerado el segundo, con lo que, de acuerdo a la nueva CPE, no podría postularse a uno subsiguiente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa- el reelecto se las ingenio, con un TCP a su servicio, para declarar ese segundo periodo como primero y así poder seguir reeligiéndose –Declaración Constitucional 003-2013-. Hasta ahí, todo fue color de rosa azul.

Pero tan pronto como asumió su tercer (segundo) periodo, y ante la imposibilidad de aplicar la anterior receta, comenzó a pergeñar la manera de reelegirse ad infinitum. Y ahí comenzaron los tropiezos. Seguramente confiado en que el control absoluto de los poderes volvería a darle gusto –el pedir y que le cumplan se volvió una costumbre- pidió (o sea, no fue la oposición la que lo hizo) un referéndum con el fin, en la idea de que solo era una formalidad a ser “bendecida” por el TSE, de atornillarse en el poder “forever”, jurando en el camino, que, si perdía por un solo voto, se iría calladito a su cato. Pues la ciudadanía, por mucho esfuerzo que el órgano electoral hiciese para acortar distancia, dijo NO –el recordado 21F-. Inmediatamente, el régimen montó una operación judicial para burlar el resultado y habilitar forzadamente a Morales Ayma – Sentencia Constitucional 084-2017-.

Completamente deslegitimado, se lanzó a la candidatura en 2019 y recurrió al fraude para hacerse una vez más del poder. Ante la evidencia, esta vez “Su Excedencia” pidió a la OEA una auditoría vinculante que, obviamente, ratificó las irregularidades. Perdido, intentó una nueva convocatoria. La ciudadanía, hastiada, no se dejó timar otra vez.

Ya en los prolegómenos de su huida, “Su excedencia” hizo otros pedidos: “pidan mi renuncia” a unos y “renuncien” al resto, obviamente buscando generar caos, violencia y vacío de poder. Por tercera vez, un pedido suyo se estrellaría con la realidad -y “Su Excedencia” tuvo que pedir un avión-: sin apartarse de la sucesión constitucional, dando continuidad a la labor legislativa y dando lugar a la transición, se sorteó el vacío de poder generado por el régimen fraudulento.

Esa "poshistoria"

 

Entrecomillo, en principio, la palabra del título para que no se confunda el uso que le daré con los sentidos corrientes del término, a saber: “Referencia a la historia de los acontecimientos que ocurrieron después y como consecuencia de un hecho determinado”; “periodo posterior a la historia convencional”; “conjunto de proyecciones históricas, en el que se consideran las acciones del ser humano sobre su medio natural y social para hacer predicciones sobre futuros acontecimientos (rama de la futurología)”  -https://www.elsaltodiario.com/diccionario-posverdad/posthistoria-.

La intencionalidad que le doy tiene relación con la denominada “posverdad”, a modo de intertexto de la misma: Si la posverdad es la distorsión tendenciosa de un suceso informativo, la poshistoria vendría a ser su correlato en el ámbito de la historia –cuya gravedad es mucho más peligrosa que la de la falsedad de una noticia (coyuntura) dado que su alcance espacio-temporal tiene carácter estructural-.

La historia tiene carácter interpretativo, desde luego. No debería haber tal cosa como una “historia oficial” única y lineal. Pero para que hay historia debe haber hechos sobre los cuales los historiadores, en primera línea, y el resto de los seres humanos, luego, puedan discurrir (discutir) sus interpretaciones sobre los mismos –por ejemplo, el arribo de Colón y sus muchachos a las costas caribeñas es aún hoy juzgado como “El descubrimiento de Ámerica”. Les Luthiers, que, a propósito, estarán en nuestro país próximamente para cerrar su creativa carrera, tienen una divertida parodia al respecto; mientras para otra corriente, se trata del “Encuentro de dos mundos”-. Si no hay hechos, no hay materia “historiable”. Puede haber, eso sí, y de hecho los hay, mitos y eso no tiene nada de malo. La grosería es hacer pasar –forzar- los mitos por historia.

Y desde hace unos años, por estos lares, la poshistoria ha sentado sus reales. Los mitos no solo son necesarios, son, inclusive, deseables; generan cohesión entre miembros de una colectividad que comparten una visión del mundo. Los mitos fundadores dan identidad, aunque todos parten de una idea muy similar sobre la creación. La especie humana, a diferencia de otras, es una especie simbólica y sus miembros, nosotros, a partir de cierto periodo de construcción intelectual, desarrollamos una “membrana” que separa lo mítico de lo histórico, lo racional y lo científico. A ese conjunto de elementos lo conocemos como cultura, en sentido amplio.

Nuestro filósofo Guillermo Francovich escribió sobre los mitos profundos de Bolivia. En la introducción del libro que los reúne, dice que “constituyen importantes factores históricos que es necesario conocer”, lo que entra en colisión con lo que acabo de argumentar. Obviamente, yo le quito “históricos” y proclamo que los mitos constituyen importantes factores que es necesario conocer. Y todo ser humano debe hacerlo respecto a los que abraza su colectividad justamente para impedir que algunos congéneres quieran llevarlos a planos de la “poshistoria”, en el sentido que acá le hemos dado.

Otra vertiente de la misma, al margen del mito intemporal, es la de la pura invención (falsificación) de la historia, al extremo de, con la pretensión de adoctrinar ideológicamente, llevarla a textos escolares –complementada, además, con manifestaciones escénicas, ritos y símbolos recién inventados que se quiere hacer pasar por “milenarios” u “originarios” cuya intención no es otra que la ir borrando la historia (los hechos); objetivo absurdo, por cierto-.

Castillo de harina

 

“Tres suicidios al hilo” podría llamarse una novela policial cuyo argumento entrelace persecución política –un Gobernador secuestrado, y posteriormente apresado, por el aparato represor de un régimen autoritario-, narcotráfico –media tonelada de cocaína transportada en un vuelo comercial de una línea estatal-, delitos financieros –un banco fraudulento apañado por la autoridad supuestamente encargada de su control-, unas coimas groseras justificadas como “adelantos” y el asalto a la sede de una entidad de derechos humanos por parte de huestes del partido de Gobierno. Y, claro, unos curiosos “suicidios” a lo largo de la trama.

La crítica literaria la trataría horriblemente por lo exageradamente truculenta –inverosímil, por tanto- y, sin embargo, quienes vemos tales hechos en la cotidianidad local sabríamos que el autor no habría hecho esfuerzo alguno para ponerlos en forma de narrativa. Una vez más se certifica que la realidad puede llegar a ser más sorprendente que la ficción más exagerada. Lo curioso es que, en tiempo real de su acontecer, estas anomalías no parecen asombrar a nadie; es como si se hubiesen naturalizado y los ciudadanos estén resignados a convivir con ellas con los ojos vendados.

Para aquellas personas que no están anoticiadas, una aproximación a estos asuntos podría ser tomada como un afán de “espoilear” (revelar el argumento de la obra), pero para quienes los conocen sólo será un recuento de los hechos sucedidos en este lamentable tramo del ejercicio de un poder envuelto en harina.

Un buen (mal) día de fin de año, sin ningún tipo de miramiento, un grupo de matones gubernamentales interceptó el vehículo en el que se desplazaba el Gobernador de un próspero departamento, lo maniató, lo trasladó a la Sede del Gobierno, lo sometió a un proceso cuasi sumario y lo encerró en la cárcel de máxima seguridad; todo ello por ser militantemente opositor al régimen central(ista). El preso continúa aislado y, en el interín, uno de sus abogados resultó muerto luego de precipitarse de lo alto de un edificio. “Suicidio” dictaminaron rápidamente las pericias forenses.

Otro buen (mal) día, el testigo protegido dentro de un caso de millonarias coimas en la estatal caminera, fue reportado como fallecido luego de haber dejado un video en el que reiteraba su denuncia y se declaraba desprotegido. “Suicidio”, se volvió a escuchar y, días más tarde, un grupo de imputados (que no incluía a las cabezas de la entidad) era sobreseído. El risible argumento: “la plata de los ‘adelantos’ –así llamaron a las coimas- ya fue devuelta”.

Un más reciente buen (mal) día, el interventor de un banco en liquidación por fraude, que las autoridades de regulación financiera conocía de mucho antes, pero no alertaron sobre tal situación y, por el contrario, siguieron autorizando sus “promociones”, corría la misma muerte. “Suicidio”, proclamo el ministro a pocas horas del hecho, dando por cerrado el caso.

Y los buenos (malos) días siguen ocurriendo. Meses después de haberse enviado un alijo de media tonelada de cocaína a España en un vuelo de la aero-línea estatal, el régimen, que se ufana del “mayor operativo antinarcóticos de la historia” –que no agarró a nadie en las fábricas intervenidas-, comenzó a “investigar” y se cargó, entre otros, al operario del montacargas. La encomienda burló siete filtros institucionales, los que se echan la culpa recíprocamente, a falta de una hora de filmación “perdida en el camino”. Y, para rematar, un grupo de operadores del régimen, sin portar orden de allanamiento emitida por autoridad competente, ingresa y se apodera de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Podrían parecer sucesos inconexos, pero, en realidad, forman parte del mismo esquema manejado por un poder descomunal a semejanza de un castillo de harina, próximo a desmoronarse, en mi percepción y, por tanto, terriblemente peligroso. ¿Quién será el(la) próximo(a) “suicidado(a)”?

Del Estado plurinacional al Estado telepolicial

 

Allá por finales de los años 80 y durante la siguiente década del siglo XX buena parte de la ciudadanía abrazó un placer culposo: a la manera de los voyeurs, sintonizar el programa “El Telepolicial”, sagradamente todas las noches. El estilo de su conductor y creador, Cacho Ordóñez, era parte de ese imán que convocaba a fisgar dicho espacio; aunque nadie admitía abiertamente seguir tales transmisiones, muchas conversaciones derivaban en asuntos que sólo se abordaban en ellas. Era obvio que la fuente era El Telepolicial.

Y lo era, porque el resto de la información televisiva se centraba en las noticias sobre economía, sociedad y política, además de fútbol. Los “hechos de sangre” no tenían cabida en los noticieros convencionales. El Telepolicial encontró su lugar en un horario semiclandestino y no ahorraba imágenes crudas para dar cuenta de la actividad criminal local, morbo incluido. Tal era el “encanto” del programa. Lo poco que conocemos del mundo del hampa –las “especialidades”, por ejemplo-, del léxico forense –decúbito dorsal- y de los procedimientos investigativos –por entonces a cargo de la PTJ- lo aprendimos ahí.

Con los años –tengo entendido que el programa aún sigue vigente- los espacios informativos habituales fueron incorporando, tímidamente primero, desenfadadamente luego, contenidos de crónica roja–“el muerto vende”, me dijo un periodista, cuyo nombre no quiero decir, que dirigía un periódico de ese jaez-. Grosso modo, puedo aventurar que, en conjunto, temas de seguridad, crimen, violaciones y narcotráfico ocupan más del 60% de aquellos. De alguna manera, la noticia televisiva se “telepolicializó”.

Cuando hablábamos de hechos de sangre, teníamos clara la distinción de que éstos ocurrían exclusivamente en el ámbito de lo privado, claramente separados de la corrupción que era de exclusividad del ámbito de lo público (político, gubernamental, estatal).

Con la irrupción del MAS, ambos mundos confluyeron. El caso Catler Uniservice / YPFB dejó un muerto, asesinado por sicarios contratados para tal efecto. Hasta entonces, no se conocía que escándalos de corrupción derivaran en crímenes de tal naturaleza. A partir del mismo ya no fue posible distinguir unos de otros, porque éste no fue el único. Hemos pasado del pretendido Estado plurinacional al Estado telepolicial, con forajidos operando desde las entrañas del poder.

Mucho me temo que el más reciente hecho de corrupción/crimen privado-estatal, no sea el último: ya hay una suerte de modus operandi que incluye a la muerte como manera de “solución” de escándalos incómodos al poder. Es el estilo del régimen masista, sin solución de continuidad Morales-Arce, para “salir adelante”, incluso sacrificando a sus propios “hermanos”, tal como ocurrió con el exviceministro de Régimen Interior –cargo que actualmente ostenta un siniestro policía-, Rodolfo Illanes, a quien el Gobierno de Morales Ayma envió absolutamente desguarnecido a negociar con cooperativista mineros aliados del régimen quienes lo torturaron y asesinaron sin compasión. A la fecha, no hay noticias de los responsables del macabro hecho como tampoco de alguien que haya asumido la responsabilidad política del mismo.

En el caso conocido como “Coimas en la ABC”, la justicia sobreseyó a los imputados, sin tocar al máximo ejecutivo de la entidad y, en el camino, haberse producido el suicidio del testigo protegido y hace no mucho, uno de los abogados del Gobernador de Santa Cruz, preso político, corrió con la misma suerte, o la misma muerte, si se prefiere.

Esta historia continuará. Lo actores están “arriba”, como dijo el finado exinterventor de Fassil.

Mamando de las Ubres del Estado

 

Abundante tinta ha corrido sobre la voraz mancha de corrupción que continúa carcomiendo al régimen masista desde que se instaló en el poder en 2006. Sumo mi pluma indignada ante el ensanchamiento del prontuario azul partiendo del caso más reciente, el del exministro de Medioambiente y Aguas y la descomunal cantidad –estimada en aproximadamente 20 millones de Bolivianos- en coimas que acumuló a su paso por dicha cartera –podría decirse que, literalmente, la usó como tal-.

Este (in)dignatario actuó con un perfil tan bajo que de no haber saltado el escándalo ni me habría enterado de su nombre (y eso que me las doy de relativamente bien informado). Lo primero que me llama la atención, independientemente del caso, es que tal persona ni siquiera califica para el cargo que llegó a ostentar y me lleva a deducir que su nombramiento respondió a cuotas de poder que se reparten entre las “organizaciones sociales” que medran del poder. Un ámbito tan sensible como el medioambiental requiere para su dirección de personal altamente calificado en lo técnico y en lo administrativo –este criterio también se aplica a todo el aparato público, aunque vemos todo lo contrario-. Por tanto, el único propósito que tiene este tipo de “autoridades” es el de hacer fortuna a su paso por el Estado. Esa es, lamentablemente, la forma más expedita de movilidad social en nuestro país y, para peor, en nombre de los “indígena-originario-campesinos”. El primer acto de corrupción que comete alguien es el de asumir un cargo para el que no posee el perfil ni la capacidad para ejercerlo. Sintomáticamente, a tiempo de posesionar al reemplazante del ahora convicto, el Presidente ha destacado que el nuevo Ministro “proviene como aporte de organizaciones sociales de El Alto” en lugar de relievar sus logros profesionales y la pertinencia de su perfil en relación al medioambiente. Mal comienzo.

A ello debe sumarse un rosario de actos non sanctos, aunque sus protagonistas apelliden o se llamen Santos, cometidos por los gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora. De ahí que llame la atención el hecho de que el primero critique la corrupción en la gestión del segundo, cuando, para mencionar sólo el más colosal, el caso FONDIOC, ocurrió durante la del cocalero. Y así, con un sinfín de tropelías. Y sin embargo “el pueblo” sigue votando por estos crápulas. La explicación, parafraseando una conocida cita, puede deberse a que “serán corruptos, pero son ‘nuestros’ corruptos”. En fin.

Aún sin haberse esclarecido, están latentes los casos de ABC -¿Qué se sabe del suicidio del testigo protegido?- y el de YPFB, ambos resultantes, en su difusión, por connotados miembros de facciones opuestas del propio régimen.

En ese orden de cosas, resulta, pues, vomitivo escuchar a Morales Ayma cuando quiere desligarse del signo de corrupción que corona su testa. Sin ir más lejos, además del mencionado caso FONDIOC, hay varios hechos provenientes de su gobierno que esperan el día en el que, finalmente, puedan ser esclarecidos. Entre ellos, el de la UPRE (una de las ubres del Estado) en el rubro de construcción de escuelas, otro robo en el que se operó con el mecanismo de las adjudicaciones directas por un monto mayor a 100 millones de Bolivianos.

En materia de corrupción, los gobiernos de Morales Ayma y de Arce Catacora son las dos caras de la misma moneda y, aunque el caso FONDIOC supera en varios ceros a cualquiera de los otros, en términos garcialinerianos, podríamos declarar un “empate técnico”. ¿Van a seguir mamando del Estado? ¿Van a seguir mamándonos?

De "Universario"

 

Con algo de asombro, que no lo tuve mientras sucedían los acontecimientos, recuerdo cómo aquellos aciagos días de pandemia, la institución educativa en la que ejerzo la docencia continuó cumpliendo sus labores académicas sin haberlas suspendido siquiera un día. Ciertamente, lo hizo recurriendo a lo que ahora es una modalidad estándar en cualquier centro de estudios; pero que,  por entonces, pocos estaban listos para ponerla en práctica. La calamidad los encontró “en curva” y, en casos extremos, las actividades lectivas se suspendieron hasta por un año.

La crisis política de 2019 -veintiún días- supuso también una interrupción de las actividades cotidianas, pero, recurriendo a plataformas públicas gratuitas, aunque muy limitadas, se sorteó el momento hasta que, resuelta tal cuestión, se retomó el tramo final de clases de la manera corriente. Fue, de todas maneras, una especie de preparación para lo que vendría –sin saber qué es lo vendría-.

¿Cómo hizo, entonces, esta casa de estudios superiores para proseguir sus labores de enseñanza-aprendizaje sin mayor contratiempo? Para empezar, debo precisar que es el caso que conozco –puede haber algunos similares, pero no tengo conocimiento de los mismos- y es que, simplemente (se dice fácil) tuvo que acelerar un proceso de transformación tecnológica que, independientemente de las contingencias, venía desarrollando desde hace un año antes. En principio de manera exclusivamente virtual y ahora de forma híbrida, la posesión de una plataforma de pago, junto a una intensiva capacitación al plantel docente para el manejo de la misma garantizaron la continuidad ininterrumpida, valga la redundancia, de la labor educativa.

Hablo de la misma entidad privada que hace más de cinco años comenzó a implementar un modelo que dejaba atrás al de la educación “tradicional”. El salto hacia adelante supuso incorporar metodologías activas, hoy llamadas “opciones metodológicas” que invitan al estudiante y al docente-mentor a construir, juntos, el aprendizaje significativo y que, recientemente, está experimentando con desafiantes prototipos académicos.

La primera ola de universidades privadas en Bolivia –excluyendo a la UCB, fundada en 1966- se dio de finales de los ochenta hasta mediados de los noventa-. Si bien son organizaciones de carácter empresarial, por su naturaleza no son un negocio convencional; el Estado las regula y, hasta cierto punto, controla, a través del ministerio de Educación –viceministerio de Educación Superior, específicamente- y debe pasar un tiempo hasta que las certifica como “Universidad Plena”. Para ello, deben cumplir una serie de requisitos de carácter académico, administrativo y técnico. Aquellas que no obtuvieron tal acreditación cesaron sus actividades. Las que sí lo hicieron, gestionan acreditaciones internacionales que las proyectan y acrecientan su sostenibilidad en un ámbito altamente competitivo.

El alma mater de varias generaciones de profesionales al que me refiero es UNIFRANZ, fundada el 4 de mayo de 1993, durante el periodo de gobierno de Jaime Paz Zamora, misma que acaba de cumplir 30 años al servicio de la educación superior en Bolivia. De esas tres décadas, la última ha supuesto un crecimiento exponencial en todos los órdenes vinculados a una organización de esta naturaleza lo que, por supuesto, se celebra, pero, más importante aún, reafirma el reto de seguir innovando. Como suelo decirles a los estudiantes de primer semestre, en el primer día de clases, desde hace veinticinco años: “Los días pasan lentamente; los años pasan volando”.

A treinta de los 30

 

Por feliz coincidencia, la publicación de esta columna ocurre exactamente en la fecha en la que, hace treinta años, se pronunció la sentencia, en el marco de un juicio de responsabilidades, contra Luis García Meza y varios de sus colaboradores por una serie de hechos acontecidos durante el gobierno de facto de aquella época.

El entonces General García Meza y sus secuaces –el infame Luis Arce Gómez, el más connotado de éstos- interrumpieron por segunda vez en breve espacio de tiempo –meses antes lo había hecho Alberto Natush Busch- el proceso democrático en ciernes que Bolivia deseaba consolidar.

La víctima directa del golpe fue la presidenta Lidia Gueiler, cuyo gobierno de transición sufrió el acoso permanente de agentes de la peor versión de la milicia que operaban sembrando el terror entre la población y atentando contra la vida de connotadas figuras de la política y del periodismo y que, tras el asalto al Gobierno, siguieron haciéndolo. Meses antes, la avioneta que transportaba a miembros de la UDP –se dice que Hernán Siles debía haber estado en la nave- sufrió un atentado en el que, salvo Jaime Paz Zamora, murieron todos los pasajeros; en otro acto de terrorismo, el sacerdote y periodista Luis Espinal fue asesinado. Durante la asonada (toma de la COB donde sesionaba el CONADE) fueron apresados, y luego torturados y asesinados, dirigentes de entonces –Marcelo Quiroga Santa Cruz, el más emblemático- y ya con el poder en sus puños, masacró a dirigentes del IR que sostenían una reunión clandestina en un inmueble de la calle Harrington. De aquel periodo se recuerdan con horror las “ambulancias de la muerte” y los paramilitares a órdenes de Luis Arce, además de la comisión de una serie de delitos de toda índole (“mínimos”, como los vidrios ray ban o los carritos Hanne hasta los de gran envergadura como las piedras semipreciosas o el narcotráfico).

Reconquistada la democracia y en aplicación del debido proceso, el dictador y sus cómplices fueron sometidos a juicio de responsabilidad, mismo que duró nueve años, hasta que, en esta fecha, 21 de abril de 1993, se emitió sentencia condenatoria con penas diferenciadas según los grupos de delitos que para los principales actores de la dictadura fue la de treinta años de prisión sin derecho a indulto. La palabra que más se escuchó de boca de García Meza durante el juicio fue “desconozco”.

Al respecto, hay que recordar siempre y valorar dos elementos: el aporte y persistencia de los impulsores del juicio, encabezados por Juan del Granado, y el hecho, inédito hasta entonces en Latinoamérica, de un dictador sentenciado por la vía de un proceso de tal característica.

Como consecuencia y lección que dejó está el hecho de que una vez reconquistada la democracia no se volvieron a producir golpes –un golpe tiene siempre un “hombre fuerte” que es quien ocupa la silla presidencial una vez producido éste, lo que echa por tierra el relato de que en 2019 se produjo un golpe (lo hubiese sido si Mesa, Quiroga, Ortiz u otra persona ajena a la sucesión constitucional se hacía con la Presidencia)-. Otra precisión que se debe recalcar es que un dictador fue sometido a lay para juzgar a altos dignatarios de Estado, mientras que a una Presidenta constitucional, se la somete ahora a un juicio ordinario.  

De coloso azul a enana blanca

 

No tengo, como sí lo tiene Francesco Zaratti, competencia en asuntos de astronomía; pero sí puedo entender cuestiones elementales de dicho campo como la que viene al caso que abordo en esta ocasión.

Cuando se anuncia desde algún famoso observatorio que se obtuvieron imágenes de un astro en extinción, la foto que vemos es la de un hecho sideral ocurrido hace millones de años debido a la gran distancia, calculada en años luz, a la que se encontraba el desaparecido elemento celeste.

De manera análoga, aunque en escala temporal doméstica, la foto de un MAS hecho añicos y en pleno proceso de extinción –o, en versión más ligera, de atomización- es la de un evento que sucedió hace ya varios años y que ahora se manifiesta ante nuestros ojos.

Si no antes, con sonados hechos de corrupción ampliamente conocidos y una sentencia constitucional de habilitación –gentileza de un TCP, parte del régimen- para un periodo fuera de las prescripciones de la CPE, la agonía del cuerpo azul comenzó el 21 de febrero de 2016, una vez conocido el resultado de referéndum con el que el señor Morales Ayma aspiraba a ser reelecto de forma indefinida –prácticamente vitalicia- que arrojó un rotundo “NO” a las pretensiones de dicho individuo –y de su adulón oficial-. El vergonzoso sainete que seguiría a la negativa ciudadanía, no obstante el jefazo había prometido, posiblemente seguro de que el TSE se portaría muy regalón con él, que si perdía “así fuera por un solo voto” se retiraría a su chaco con su quinceañera -no cumplió lo primero, pero lo de la(s) quinceañera(s) aparentemente sí-. El que, una vez más, se puso muy mimoso con el cocalero y sus huestes fue el TCP, el cual, en nombre de un inexistente derecho humano a la reelección indefinida, forzó otra sentencia habilitadora.

Esta vez (2019), el régimen no iba a dejar que el TSE actúe con cierta autonomía y, llegado el momento, activó el fraude que colmó la paciencia de la ciudadanía y no le quedó otra opción –a él y sus valedores- que renunciar y huir despavorido, dejando allanado el camino de la sucesión constitucional. Luego del paréntesis transitorio, el MAS ganó las elecciones por las que Luis Arce es el actual Presidente.

Se preguntará usted en qué parte de esta historia están las fisuras, las grietas y las rupturas; pareciera, más bien, una de éxito y de crecimiento exponencial de la marca azul.

Déjeme volver al símil, que ya lo he empleado anteriormente, con la bóveda celeste: Ocurre que todo ello se asemeja a la denominada fase llamada “gigante roja”, cuando, en su ciclo de vida, la estrella ha consumido el hidrógeno de su núcleo; pero ese coloso astro, pasado el tiempo, dará lugar a la fase “enana blanca”, que como su nombre lo indica, es mínima en tamaño pero, ese es el detalle, tiene una densidad descomunal (una cucharadita de su materia pesaría unas cinco toneladas), aunque, indefectiblemente, está en la fase terminal de su existencia. Esa es la foto del régimen.

Hay quien cree que el encogimiento –división, fraccionamiento, ruptura o como se quiera llamarlo- podría revertirse ante la posibilidad de ya no conseguir reproducir su poder. Puede ser; pero de ocurrir tal cosa, la condición material de la marca azul ya no sería la de aquel sol que encandiló a buena parte de la población, más allá de las malas armas que empleó para retener el Gobierno. Estaría en condición de nebulosa, es decir un compuesto gaseoso, sin cohesión ni forma definida.

Parecería que, de verdad, el Sol desaparecerá, la Luna se esconderá, y todo será tristeza en la galaxia azulada.

El lado "amable"

 

¿Puede tener algo de atractivo la descomposición de un cuerpo al morir? La hinchazón, la putrefacción y los bichos devorando los órganos descompuestos no forman precisamente una imagen “bonita”. En otro plano, el artístico, puede ser que un cuadro magistralmente pintado –unos cadáveres desparramados en un campo de batalla, por ejemplo- adquiera otra dimensión estética, aunque no dejará de impresionar fuertemente, cosa que, seguramente, sería la que buscase el autor.

¿Podríamos, sin embargo, extraer algo “positivo” del proceso de descomposición del régimen? ¿Podríamos destacar algo “lindo” de delicada situación de la economía, sabiendo, además, que nos afecta a todos –si únicamente afectara al Gobierno, no sería motivo de tanta preocupación-? Pues mirando de otros ángulos, probablemente sí. Haremos el intento.

Lo que la disputa interna por el poder nos ha permitido conocer son las entrañas infectas del régimen que, indistintamente si se trata de “evistas”, “arcistas” o cualquier otra denominación, son caras de la misma moneda o el mismo dado.

En su versión más pintoresca, en materia económica, nos ha traído la novísima metafísica plurinacional en la persona del inefable senador Ajpi, quien se despachó un ramillete de invaluables gemas.

En aspectos menos risibles, no obstante, la figura se ha puesto tan sórdida que me trajo a la memoria el, probablemente, primer gran escándalo de la administración de Morales Ayma; me refiero al negociado en YPFB durante la gestión de Santos Ramírez, entonces hombre fuerte del MAS, quien, a la postre, purgó prisión durante varios años. De no haber ocurrido un hecho de sangre –el homicidio contra el empresario involucrado en esa operación- probablemente jamás nos hubiéramos enterado de tal acto de corrupción. Sin ánimo de ofender, sino de ser sarcástico, diría que aquel crimen fue el lado “amable” del asunto ya que nos permitió conocer los estercoleros de la estatal petrolera.

En tal lógica, es de agradecer que una trifulca en la que todo vale, haya permitido destapar hechos vergonzosos en los ámbitos de la economía, de la justicia y administración de las entidades estatales, sumando aproximadamente una veintena de denuncias de uno y otro lado del régimen de manera cruzada. Sostuve en mi anterior columna que, de haber sido hechas por miembros de la oposición, éstos serían objeto de inmisericorde persecución y la denuncia caería en saco roto por, en el lenguaje del régimen, proceder de “la derecha”, del “imperio” o de “los pititas”. Ratifico dicha percepción.

En el ámbito de la justicia, a tiempo de descalificar la propuesta de reforma de los juristas independientes –que además tropieza con el sabotaje orquestado desde el TSE, a instancias de su presidente- el ministro del área –a confesión de parte, relevo de prueba- ha certificado lo que todos sabíamos: que los magistrados, en la etapa de selección, son los impuestos por el dedazo de Morales Ayma. Lo curioso es que el propio Lima fue uno de los “elegidos”. Es más, él mismo mandó al diablo a la comisión de notables que, de buena fe, creyeron, ingenuamente, que el régimen les iba a dar autonomía para cambiar este putrefacto sistema.

Ya sin homicidio de por medio, otro millonario negociado en YPFB fue “destapado” –con seguridad, si no se daba la ruptura masista permanecería convenientemente ignoto- por otro operador de Morales Ayma.

Donde sí hubo otro muerto, aunque el caso que lo involucraba como testigo protegido, ya estaba en curso, es en el de la ABC. Y, nuevamente, el lado amable es que nada de esto se sabría si las aguas azules hubiesen permanecido tranquilas.

Pero, repito, en este cuento, unos y otros, todos miembros de la mafia masista, son la misma basura.