Abundante tinta ha corrido sobre la voraz mancha de
corrupción que continúa carcomiendo al régimen masista desde que se instaló en
el poder en 2006. Sumo mi pluma indignada ante el ensanchamiento del prontuario
azul partiendo del caso más reciente, el del exministro de Medioambiente y
Aguas y la descomunal cantidad –estimada en aproximadamente 20 millones de
Bolivianos- en coimas que acumuló a su paso por dicha cartera –podría decirse
que, literalmente, la usó como tal-.
Este (in)dignatario actuó con un perfil tan bajo que de no
haber saltado el escándalo ni me habría enterado de su nombre (y eso que me las
doy de relativamente bien informado). Lo primero que me llama la atención,
independientemente del caso, es que tal persona ni siquiera califica para el
cargo que llegó a ostentar y me lleva a deducir que su nombramiento respondió a
cuotas de poder que se reparten entre las “organizaciones sociales” que medran
del poder. Un ámbito tan sensible como el medioambiental requiere para su dirección
de personal altamente calificado en lo técnico y en lo administrativo –este criterio
también se aplica a todo el aparato público, aunque vemos todo lo contrario-.
Por tanto, el único propósito que tiene este tipo de “autoridades” es el de
hacer fortuna a su paso por el Estado. Esa es, lamentablemente, la forma más
expedita de movilidad social en nuestro país y, para peor, en nombre de los “indígena-originario-campesinos”.
El primer acto de corrupción que comete alguien es el de asumir un cargo para
el que no posee el perfil ni la capacidad para ejercerlo. Sintomáticamente, a
tiempo de posesionar al reemplazante del ahora convicto, el Presidente ha
destacado que el nuevo Ministro “proviene como aporte de organizaciones
sociales de El Alto” en lugar de relievar sus logros profesionales y la
pertinencia de su perfil en relación al medioambiente. Mal comienzo.
A ello debe sumarse un rosario de actos non sanctos, aunque sus protagonistas
apelliden o se llamen Santos, cometidos por los gobiernos de Morales Ayma y Arce
Catacora. De ahí que llame la atención el hecho de que el primero critique la
corrupción en la gestión del segundo, cuando, para mencionar sólo el más
colosal, el caso FONDIOC, ocurrió durante la del cocalero. Y así, con un sinfín
de tropelías. Y sin embargo “el pueblo” sigue votando por estos crápulas. La
explicación, parafraseando una conocida cita, puede deberse a que “serán
corruptos, pero son ‘nuestros’ corruptos”. En fin.
Aún sin haberse esclarecido, están latentes los casos de
ABC -¿Qué se sabe del suicidio del testigo protegido?- y el de YPFB, ambos
resultantes, en su difusión, por connotados miembros de facciones opuestas del
propio régimen.
En ese orden de cosas, resulta, pues, vomitivo escuchar a
Morales Ayma cuando quiere desligarse del signo de corrupción que corona su testa.
Sin ir más lejos, además del mencionado caso FONDIOC, hay varios hechos
provenientes de su gobierno que esperan el día en el que, finalmente, puedan
ser esclarecidos. Entre ellos, el de la UPRE (una de las ubres del Estado) en
el rubro de construcción de escuelas, otro robo en el que se operó con el
mecanismo de las adjudicaciones directas por un monto mayor a 100 millones de
Bolivianos.
En materia de corrupción, los gobiernos de Morales Ayma y
de Arce Catacora son las dos caras de la misma moneda y, aunque el caso FONDIOC
supera en varios ceros a cualquiera de los otros, en términos garcialinerianos,
podríamos declarar un “empate técnico”. ¿Van a seguir mamando del Estado? ¿Van
a seguir mamándonos?
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