"No les des ideas"

 

Posiblemente, la frase entrecomillada que da título a esta columna, sea la que más escuché estos días, cada vez que lo que diré a continuación se lo mencionaba a quien quisiera escucharme.

Mi reacción también fue repetitiva. “No hay tal”, les respondí, dado que, con toda seguridad, los planteamientos que comentaremos ya se les pasaron por la cabeza a los involucrados, sólo que no los hicieron público. Se dice que una buena estrategia debe considerar aquello que el oponente pudiera estar pensando (y. potencialmente, actuando). En una partida de ajedrez, esto es más que evidente.

La cuestión surge a raíz de la ratificación, por parte del TCP, de la inhabilitación de Evo Morales -y de otros, por extensión- como candidato a la reelección, ya sea de manera continua o discontinua, al cargo en el que ya fue reelegido -para el caso del “Jefazo”, al de Presidente-.

Antes de continuar, permítaseme poner en cuestión la pertinencia de tal ratificación. ¿Era necesario que los autoprorrogados la hicieran? ¿Acaso no quedó claro el veto en una anterior disposición del Tribunal cuando sus miembros estaban ejerciendo sus funciones dentro del periodo que legalmente les correspondía? Y no sólo eso. La prohibición de postular a la reelección cuando ya se ejerció dos mandatos en el cargo, venía precedida de la decisión soberana de la ciudadanía expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y en la opinión consultiva -con fuerza vinculante- de la Corte IDH. La innecesaria “ratificación” ha dado pie a que el principal afectado les recuerde a los autoprorrogados la ilegitimidad en la que incurren. Pero la interpretación del artículo correspondiente de la CPE con relación a la habilitación o no ya era un tema zanjado. Así lo entendió el Órgano Electoral, que acatará la disposición.

Ahora bien. Acá viene la complicación. El Auto Constitucional indica, sin especificar nombres, que aquellas autoridades que ejercieron, reelección mediante, dos periodos en el cargo, ya no podrán volver a postularse. Es evidente, sin embargo, que pueden candidatear para otros cargos. Uno de los afectados, Juan del Granado, no puede volver a postularse para alcalde de La Paz, pero podría hacerlo para Presidente, para Vicepresidente, para Gobernador o, probablemente esté pensando en ello, para Senador; caso similar al de Jhonny Fernández. Respecto a Morales Ayma -aunque de boca para afuera insista en hacerlo para Presidente, pues bien sabe que ya no puede- podría candidatear para alcalde de Villa Tunari, para Vicepresidente, para Gobernador de Cochabamba, o para Senador.

De hecho, en la elección anterior intentó postularse para Senador, pero fue inhabitado por otra causa. La idea original era que, una vez instalado en el Senado, lograr la presidencia del mismo y forzar las renuncias de las primeras autoridades del Ejecutivo, y volver a su ansiado cargo. Para ello, excluyó a Andrónico (parecería que anda en ello nuevamente) y colocó a Arce (supuestamente más dócil). Pero la inhabilitación frustró su plan.

Esa es, nuevamente, una de sus opciones. La otra es correr como candidato a Vicepresidente. En ambos casos tendría que poner a un pelele -digamos al Mapache- como candidato a Presidente.

El problema es que, me apoyo en encuestas, aún si fuera candidato a la Presidencia, Morales no ganaría en primera vuelta y, con seguridad, perdería en la segunda. Con un candidato títere ni siquiera está asegurado el pase a segunda vuelta.

Esos son algunos escenarios posibles en el tablero electoral. Y ya lo pensaron otros (pero se lo guardaron “tácticamente”). O sea que, estirando la figura, el Jefazo podría ser Presidente sin que, técnicamente, se trate de una reelección.

¿Por qué el reclamo de Morales Ayma no "prendió" en la ciudadanía?

 

A poco de celebrar cinco años de la gran gesta ciudadana que derivó en la fuga del señor Morales Ayma y posibilitó la sucesión constitucional que, luego de una cadena de renuncias, recayó en Jeanine Áñez -como recalqué varias veces, lo que pasó posteriormente es otra historia-, es pertinente recordar que quien, de manera despectiva, se refirió al movimiento que, harto de los actos antidemocráticos del cocalero (desconocimiento del referéndum que puso freno a su aspiraciones de reelección indefinida y el fraude que montó para darse como ganador en primera vuelta en las elecciones de 2019 en las que participó con la anuencia del TCP que, a petición suya, declaró la reelección indefinida como “derecho humano”) se volcó a las calles en defensa de la democracia, fue precisamente quien le dio la identidad con la que pasará a la historia.

En un acto de soberbia, algo recurrente en él, se expresó así sobre la ciudadanía indignada: “Me he sorprendido, ahora dos, tres personas (están) amarrando ‘pititas’, poniendo ‘llantitas’. ¿Qué paro es ese (...)? Soy capaz de dar talleres, seminario de cómo se hacen las marchas a ellos, para que aprendan”. Sin proponérselo, le dio a la gente el arma nominal con la que se caracterizó la formidable epifanía: “Las pititas”.

Algo extraordinario que hay que recalcar es que la gran manifestación civil no ocurrió por móviles económicos (“determinante en última instancia”, de acuerdo al marxismo). Me atrevo a decir que ni siquiera fueron móviles políticos (en el sentido partidario del término), sino éticos, humanos.

A un lustro de tal acontecimiento, parecería que ahora sí en la prescripción de la dialéctica marxista “estarían dadas las condiciones” para un estallido social a consecuencia de la situación de la economía, bastaría con que se genere una ola similar a la de 2019 para poner en cuestión al Gobierno.

Con la nariz que tiene, Morales Ayma artículo una serie de protestas sobre la base del malestar provocado básicamente por tres elementos: ausencia de divisas (dólares), escasez de combustibles e inflación creciente.

Supuso seguramente el hombre que, al ser preocupaciones extendidas en toda la sociedad, la ciudadanía, haciendo de tripas corazón, se plegaría a la “causa” del trópico para luego, muy a su estilo, montarse en la lucha y ser aupado como candidato y “salvador”. Está claro que esto no ha sucedido no va a ocurrir. Lo que sostiene al bloqueo pro Morales Ayma es el accionar de una minoría (eficaz, ciertamente) focalizada en Cochabamba, descomunalmente amplificada y ridículamente teatralizada (como bien describe Diego Ayo en su más reciente columna).

Entonces, ¿por qué la ciudadanía no picó el anzuelo? Para decirlo en fácil: porque no come vidrio. Está claro que la crisis económica, de la cual es corresponsable, le tiene sin cuidado al bien acomodado señor Morales. Lo suyo es lo de siempre: el poder, hoy esquivo para él por dos motivos: su inhabilitación para ser candidato y su conducta sexual proclive a deshonrar a niñas.

El (no)involucramiento de la ciudadanía no debe ser interpretado como indiferencia ante la flagelante situación económica ni como un apoyo implícito al gobierno de Luis Arce (aunque a éste le haya servido como amortiguador de los embates del “evismo”).

Con estas precisiones queda claramente establecido que, desde 2019, la ciudadanía es un factor central en la definición del rumbo político de la sociedad.

A treinta años de la gran Reforma Constitucional de 1994

 

Ni por nostálgico, ni por retrógrado; escribo sobre el aniversario de algo que ya no existe, pero cuyos preceptos marcaron el proceso de institucionalización de la democracia en Bolivia, y lo hago con la convicción de que aquel proceso constituyente de reforma parcial de la CPE puso al país al día en la modernización del Estado y en la instauración de institutos jurídicos especializados. Por otro lado, amplió el espíritu inclusivo de la Constitución de 1967 a actores que permanecieron “invisibilizados” hasta el año de la reforma de la cual trataremos a continuación.

Si bien la entrada en vigencia de esta reforma parcial de la CPE ocurrió durante el periodo presidencial de la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, el origen y posterior proceso de su concepción datan de los Acuerdos “Mariscal Andrés de Santa Cruz” del 9 de julio de 1992 -Gestión Paz Zamora- suscritos por representantes de todo el arco político con representación parlamentaria. El acuerdo número 5 fue precisamente “Reforma de la Constitución” -vale la pena enumerar los otros, dado que algunos de ellos fueron constitucionalizados por la reforma que abordamos: Reforma y Modernización del Poder Judicial; Registro Civil y Registro Único Nacional; Reformas electorales; Reforma Educativa; Elección del Contralor General; Juicio a García Meza; Ley de partidos políticos; y Ley de industrialización de la coca-. Es de destacar el hecho de que, pese al cambio de Gobierno, el debate sobre la necesidad de reforma constitucional y de los cambios a incluirse en la misma, siguieron un curso institucional ejemplar.

Finalmente, el 12 de agosto de 1994 se promulgó la Ley 1585, de Reforma de la Constitución Política del Estado. Ya bosquejadas genéricamente previamente, revisemos los puntos, alcances y trascendencia de aquella reforma.

De entrada, en la forma de Estado (Artículo 1) se incorporaron las expresiones “multiétnica” y “pluricultural”. La caracterización “pluri-multi” de la nación boliviana ya ocupaba grandes espacios en los foros que la sociedad civil organizaba a propósito del momento constituyente. Los parlamentarios tan sólo recogieron ese espíritu ciudadano para incorporarlo al texto constitucional. La CPE actual en vigencia acuña la caracterización “Estado plurinacional”, en contrasentido a la construcción de la nación boliviana,

En la misma línea, la reforma de 1994 visibilizó y reconoció plenos derechos a los pueblos indígenas (ya reivindicados en la “marcha por el territorio y la dignidad”, en 1990).

Una de las reformas que particularmente, junto a activistas de mi generación, esperamos que se cristalizara en la CPE -nos llevó años de campaña ponerla en agenda. Nobleza obliga: los vicepresidentes Ossio y Cárdenas, presidentes, a su turno, del Congreso, se “pusieron la camiseta”- fue lo que se conoce como el “voto a los 18”, que es mucho más que eso; es la ciudadanía, la mayoría de edad, derechos civiles y algo de políticos. La CPE actual mantiene dicha conquista.

En asuntos electorales, se incorporó la elección de diputados uninominales -el órgano electoral determina periódicamente las circunscripciones uninominales-. Asimismo, la extensión del periodo presidencial de cuatro a cinco años. Ambas figuras se mantienen en la CPE actual.

En lo administrativo, se dio los primeros pasos hacia la descentralización, aunque no se mencionó el término “autonomías”.

En lo jurídico, se instituyó el Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad, el Consejo de la Judicatura como ente disciplinario y el Defensor del Pueblo, para la representación ante la vulneración de los derechos humanos. Estas instancias se mantienen en la CPE actual -dos de ellas con otro nombre, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura- pero completamente desnaturalizadas y al servicio del poder.

Fue una Gran Reforma.

Síndrome postcensal

 

Sin ser estadístico o demógrafo, desde mi posición de ciudadano con algo de sentido común y algo de información fehaciente, he escrito un puñado de columnas sobre los censos, a partir del de 2001. Lo he hecho, en cada caso, en las etapas pre y post.

Dada mi edad, soy consciente de haber vivido cinco procesos censales y, hasta donde recuerdo, los dos anteriores al mencionado no causaron aspaviento alguno como lo vienen haciendo desde aquel. Un factor transversal lo explica en parte -sólo en parte-: hasta el anterior al de ese año, los censos eran meros actos administrativos y de planificación: luego, prácticamente se tornaron en instrumentos políticos (de poder) y económicos (de distribución).

El de 2001 -antes de que a nadie se le ocurriera hablar sobre un dichoso “Estado plurinacional”- al influjo de románticos activistas “anticolonizadores” que afinaron el discurso con los aires del Quinto Centenario (1992) de como usted quiera llamar a la llegada de don Cristóbal a esta parte del mundo –“descubrimiento”, “encuentro”, “invasión”, etc.- y lograron que el INE introdujera la famosa pregunta de la “autoidentificación étnica”. Xavier Albó se congratulaba por ello.

El asunto causó un gran equívoco descomunal: muchos ciudadanos, por cierto impulso emocional, se adscribieron a algún grupo “originario” arrojando un 62% de población “indígena” (del cual, probablemente ni la mitad hablaba la lengua “originaria”). Posteriores estudios, no gubernamentales, determinaron que la autoidentificación como “mestizo/a” sumaba un 64% de la población. Es posible que esta última hubiese aumentado, pero la boleta censal del reciente censo no incluyó -porque se caería el discurso del tal “Estado plurinacional”- tal opción.

El de 2012 fue un gran fiasco técnico -más de un año y medio para revelar el resultado “oficial”-. El de 2024 (que debía haberse hecho en 2022) comenzó ya con gran controversia y, luego de la cifras globales ya conocidas, tiende a sacar más roncha.

A eso le llamo “Síndrome postcensal”. ¿Tiene que ser un acto de esta naturaleza algo tan traumático? En un Estado serio -y el Estado masista no lo es- no tendría porqué ser así. Seguramente, estudios independientes darán una mejor panorámica de la distribución demográfica, pero los mismos no tendrán carácter “oficial” (el único que lo tiene es el del Censo de Población y Vivienda que lo ejecuta el Gobierno de turno). Así es que por mucho que la razón asista a quienes critican el resultado del reciente censo, será difícil, sino imposible modificarlos: Habrá que esperar al menos 10 años para que un Gobierno serio desarrolle un censo en serio.

Entre los elementos que deben ser explicados por el régimen está, por ejemplo, la cifra de decesos a causa de la pandemia. Durante la misma, el Gobierno se jactaba de que el índice de fallecimiento por esta causa era bajísimo (22 000 muertos). Hubo quienes advirtieron que se ocultaba información (“Alertan que la cifra de decesos por COVID-19 es mucho más alta que la oficial” -titular de Los Tiempos, de 2021”) y ahora resulta que el INE, para justificar la disminución de la población asegura que hubo 140 000 muertes -leyó bien, ciento cuarenta mil- por COVID-19. ¿Quién mintió?

Pero aún siendo así, la cifra no alcanza (ni con los otros elementos: migración, menos nacimientos en las ciudades) para cubrir la merma respecto a los cálculos previos.

Para cerrar… resulta que ahora, el campo se está repoblando -se dice que su tasa de fecundidad es mayor a la de las ciudades: puede ser, pero las tasas son términos relativos (10 parejas con 3 hijos cada una, hacen 30; 50 parejas con un hijo cada una, hacen 50)-. Interesante dato que contradice todas las tendencias demográficas en el planeta Tierra. También tributa a esta “disminución” urbana, el retorno para el día del censo de los “residentes” a sus comunidades rurales. Habría que pensar, para el próximo, una pregunta como “¿Cuál es su lugar de residencia habitual?”.

La merma también es atribuida a la migración -con el consiguiente subtexto de “¿a qué se debe que los bolivianos se están yendo del país?”.

Repito. Todo aquello puede ser atendible; pero tengo la sensación de que aún sumando toda aquella población “perdida”, sigue habiendo un enorme boquete respecto a las proyecciones. Dudas razonables, al menos.

Si de verdad quisieran austeridad

 

A riesgo de ser “impopular” –cosa que me tiene sin cuidado, pues no voy en busca de votos–, dado que haré de abogado del diablo, daré mi parecer sobre una propuesta que, recurrentemente, aparece en tiempos de ajuste de cinturones.

Imaginemos una familia de cinco miembros, tres hijos en edad escolar, de acomodado pasar que, apremiada por deudas que contrajo para sostener ese tren de vida, decide hacer recortes a su presupuesto con el fin de limitar sus gastos.

Como medida de austeridad, los proveedores de la economía familiar deciden bajar a la mitad el monto que reciben los niños en calidad de “recreo” diario. Supongamos que tal suma solía ser Bs 10; entonces, desde hoy reciben Bs 5. El supuesto recorte es Bs 75 por semana, es decir, Bs 300. No está mal, podría pensarse, hay familias que con ese monto hacen el mercado del mes (Arce Catacora calculaba la canasta familiar básica en 100 por semana). Pero, como muchas, la familia en cuestión persiste en guardar las apariencias, no hace ningún recorte a los gastos grandes, prescindibles en su mayoría: sigue consumiendo desmedidamente, sigue frecuentando restaurantes de alta cocina, ergo, caros, sigue haciendo viajes de placer y hospedándose en hoteles de lujo, etc., etc. Gastando, en suma, más de lo que ingresa.

Si de verdad optara por la austeridad, esta familia tendría que vender dos de los tres vehículos que posee, limitar, o eliminar durante un tiempo, sus gastos de entretenimiento y placer, y adoptar un estilo de vida más acorde con su realidad; no digo cambiar de colegio a los niños, que sería un caso extremo de recorte.

Este introito viene a propósito de los cíclicos pedidos de disminución de sueldos a los ministros y a los parlamentarios para, supuestamente, paliar la crisis, cada vez que hay problemas económicos en el país. Estas peticiones gozan de gran popularidad entre la gente y otorgan un halo de heroísmo a quienes las abanderan.

Sin embargo, más allá del efecto simbólico que pueden tener, tales demandas suenan a demagogia dado que el supuesto “gran ahorro” que generaría tal disminución es, en realidad un exiguo consuelo.

Si el despilfarro, el descontrol del gasto y la corrupción siguen en pie, así se bajarán el sueldo a la mitad, la crisis continuaría como si nada hubiese ocurrido para paliarla, puesto que las causales para la misma seguirían incólumes.

Si se quiere eliminar algo del gasto corriente insulso, lo he dicho antes, se podría comenzar por eliminar, o dejar “congeladas”, algunas entidades prescindibles como ser DIREMAR –que ya no tiene razón de ser– la Procuraduría que, si bien ha mejorado algo con el cambio de su titular, no parece cumplir su cometido –además subcontrata oficinas de abogados, cosa que podría hacer cualquier otra instancia afectada por un laudo arbitral u otro tipo de demandas–, la Defensoría del Pueblo, institución anodina desde hace casi una década: un mejor trabajo por los DDHH lo pueden hacer (de hecho, la APDHB  dirigida por Amparo Carvajal lo hacía hasta que fue intervenida por el régimen) ONG, con financiamiento no estatal.

Aunque éste sería un recorte más efectivo, sería, igualmente, poco significativo ya que, como se sabe, la crisis tiene causas estructurales y su remedio requiere una cirugía dolorosa –de dólar–.

Y, aunque ya se ha repetido hasta la saciedad, cierro con algunas medidas que atacan al mal de fondo:

-Reducción del aparato estatal. Requiere no sólo la supresión de entidades como las mencionadas, sino de algunas otras, además de la depuración de miles de “supernumerarios” que, prácticamente, cobran si trabajar.

-Limitar a los estrictamente necesario el gasto en propaganda (y, por supuesto, dejar de financiar a medios por amiguismo)

-Eliminar –ahora derivado a u referéndum– los subsidios a los combustibles.

Cortar de raíz el despilfarro y la corrupción.

Baños de sangre

 

Esta columna pretendería ser una reflexión sobre el lenguaje, pero me adelanto a decir que fracasaré en el intento ya que, como un sino de inevitabilidad, dada la referencia ya presente en el título, me (nos) conducirá a lo de costumbre: una reflexión sobre el poder y sus entresijos.

Pero, eso sí, comenzaremos por el lenguaje, para lo que cito a Mauro Rodríguez Estrada: “Es un hecho que las personas muy importantes e impactantes de la sociedad y quienes tienen madera para constructores y guías, son conscientes de que la vida moderna es una constelación densa de comunicaciones, la mayoría de ellas verbales: la política, la diplomacia, la educación, la gerencia, las ventas, la capacitación, el ministerio religioso, la psicoterapia, el deporte organizado, los espectáculos… son el reino de la comunicación”.

Comporta pues, para quienes, desde la palestra pública, hacen uso de la legitimidad que les da su posición, asumir, a lo Hombre Araña, una gran responsabilidad a la hora de verbalizar sus criterios. Evidentemente, una misma frase pronunciada por un poderoso (político, para el caso) y por un ciudadano “de a pie” tiene enormes distancias de alcance, de influencia y de respuesta.

Esto viene a cuento porque las últimas semanas tres líderes han “coincidido” en la emisión un grueso concepto que, por lo dicho anteriormente -y ya en un caso se están dando situaciones lamentables- llaman a enfrentamientos fratricidas en sus respectivos Estados. Trump, Maduro y Morales Ayma prometieron un “baño de sangre” (el boliviano no usó esos términos, pero sus traductores, como el alcalde de Sucre, emplearon frases como “Bolivia puede arder”, o sea convulsión -palabra que usó el expresidente- violenta, sangrienta) en caso de no acceder al poder – Morales todavía tiene que sortear la “inhabilitación” que pesa sobre él-.

La campaña de Trump reaccionó rápidamente para matizar lo dicho por su candidato -el clásico “fue malinterpretado”- pero, paradójicamente, el republicano fue la primera víctima de sus palabras, cuando un desaforado atentó contra su vida en un acto público. No quiero ni imaginar lo que hubiese sucedido si el sujeto lograba su objetivo. Eso sí, sacó partido del hecho para distanciarse en las encuestas de su entonces oponente, Biden -hasta que Khamala Harris se le cruzó en su triunfante camino-.

Lo de Venezuela lo estamos viviendo en directo. Maduro prometió un “baño de sangre” si perdía en las recientes elecciones. Y está cumpliendo… o sea, sabe que perdió.

En cuanto a nuestro propio fraudulento, éste amenazó con convulsionar al país en caso de que se lo inhabilitara para las próximas elecciones. Como ya se mencionó, sus serviciales fueron mucho más allá de una convulsión convencional. Ahora que aparentemente habrá un referéndum para dilucidar el entuerto, ¿mantendrá la amenaza de resultar derrotado en el mismo? Conociéndolo, es capaz de eso y de mucho más con tal de hacerse del poder.

La beligerancia de estos tres personajes linda con lo demencial. Que los ciudadanos no se hagan eco de tales provocaciones.

¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán!

 

Tendría yo diez años y mi hermano, ocho. A mis papás se les ocurrió mandarnos, sin que nadie se hiciera cargo de nosotros (¿se atreverían en estos tiempos los padres a mandar así a sus hijos?), por ferrobús, a Sucre, donde unos tíos nos recibirían -nunca supe por qué mi hermano, de nueve años, no nos acompañó, pero recuerdo que, con el ferrobús en movimiento, él exclamaba “no viajen, no viajen”-

Ya era estronguista -he contado en otros escritos la razón; en resumen: el siniestro aéreo de Viloco- pero nunca había ido a un estadio a ver un partido -mis papás no eran “de ir al match”- y resultó que mi tío y mis primos sucrenses sí lo eran. Ellos, estormistas (del Stormers); nosotros, del Tigre. Fue toda una epifanía -un “insight”, como se dice ahora-. Las figuras del aurinegro eran el boliviano Mario Pariente, el argentino Luis Fernando Bastida, y el aún paraguayo Luis Esteban Galarza. Desde entonces, me convertí en asiduo de las graderías.

De algún modo, conocía a los jugadores. El dueño de la embotelladora de gaseosas “Oriental” era también presidente del club y una de las promociones de sus productos era completar el equipo de entonces con tapitas en las cuales se encontraban los nombres de los jugadores. Justamente, “las claves”, esas tapitas difíciles de conseguir eran… Bastida y Galarza. Ya desde entonces, el arquero-símbolo del equipo era un ídolo. Probablemente, el premio al completar el plantel era una pelota. No la obtuve.

“¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán! -declamó con voz potente-. ¿Quién sabe de dónde es este verso? Vamos, ¿nadie lo sabe?”. Así se presentaba ante sus estudiantes el profesor Keating en la película “La sociedad de los poetas muertos”.

“-Pues bien, sabed rebaño ignorante, que este verso lo escribió Walt Whitman en honor de Abraham Lincoln. En esta clase podéis llamarme señor Keating o, si sois más atrevidos, ´Oh, Capitán, mi Capitán´”.

Para mí, y para miles de Tigres, Galarza fue eso: El capitán de capitanes.

El barco sano y salvo ha echado el ancla, el periplo por fin ha concluido;
del azaroso viaje, el barco victorioso regresa logrado el objetivo.

Laudato Si’: pelos y señales (Artículo publicado en la revista "Pluma y Papel" de la carrera de Periodismo de UNIFRANZ)

 

Las encíclicas son los documentos más importantes, en términos de doctrina, que los papas elaboran durante el ejercicio pontificio. Aun siendo muy extendido el tiempo en el que tienen a su cargo el destino de la Iglesia, generalmente emiten una sola, misma que llega a ser una suerte de sello de su administración del Vaticano.

Concebidas, en principio, como cartas pastorales dirigidas a la feligresía sobre temas de la fe, exclusivamente –y, por tanto, de alcance limitado a los fieles católicos-, a partir del siglo XIX dieron un giro hacia “asuntos varios”, como se dice en el orden del día de una reunión. Desde entonces, las encíclicas, si bien se producen dentro del ámbito eclesiástico, suelen abordar, también, temas que van más allá del mismo abarcando un campo de influencia mucho mayor.

Dentro de un año, la primera encíclica del siglo XXI cumplirá diez. Pero antes de ocuparme de ella, objeto del presente artículo, mencionaré, a manera de antecedente, a dos de sus predecesoras, enmarcadas en la Doctrina Social de la Iglesia, correspondientes a los siglos XIX y XX.

Se trata de las célebres “Rerum Novarum” (León XIII, 1891) y “Laborem Exersens” (Juan Pablo II, 1981). La pongo juntas porque ambas se ocupan, en general, de “lo social” y, en particular, del trabajo, abordando asuntos de carácter económico y político. La primera sirvió, inclusive, como inspiradora de corrientes políticas (socialcristianismo, democracia cristiana). Podría decirse que la segunda recoge, en buena medida, preceptos de aquella como la dignidad del trabajo y ambas coinciden en su crítica tanto a los excesos del capitalismo como al marxismo.

Para referirnos a Laudato Si’ (Alabado seas), la encíclica que firma el Papa Francisco I, hay que tener el cuidado de, si acaso uno tuviese reparos respecto al rol que el pontífice dio al Vaticano, de separar una de otra. Independientemente de la persona, el documento es un texto de enorme valía para la humanidad. Una vez más, la carta papal excede el ámbito de lo confesional para tratar asuntos terrenales –en este caso, nunca mejor dicho- apoyada, por supuesto, en la doctrina eclesiástica. Por tanto, su influencia y sus prescripciones son de alcance general al género humano.

Laudato Si’ da la línea para repensar la relación seres humanos – madre tierra y actuar en consecuencia. Tal es su importancia que ha permeado las discusiones medioambientales en todo foro, no siempre acompañadas de la voluntad política para adoptar sus orientaciones.

Así pues, se constituye en un llamado casi desesperado a las personas, instituciones y Estados (a través de sus respectivos gobiernos) a involucrarse en el cuidado y la preservación del planeta como la casa de todos -la Creación, en términos de la fe-; en el mejor sentido de sostenibilidad, integra lo social, lo económico y lo propiamente ambiental.

Aspectos como la contaminación, la deforestación y, fundamentalmente, la explotación irracional e incontrolada de los recursos naturales, tienen preponderancia en “la laudato”. Dicho de manera amplia, todo aquello que ahora es parte de la causa medioambientalista, y su correspondiente “plan de acción”, se encuentra en ella.

Más allá de la reflexión, siempre importante, esta encíclica es un llamado a la acción a los fieles, en primera instancia, y a la humanidad en su conjunto, sin distinción alguna. En este sentido, en más de un análisis de la misma, se la ha calificado como “poderosa”.

Adentrándonos en los fundamentos filosófico-confesionales de la carta, vemos que la misma vuelca la balanza en favor del ecologismo integral en oposición al antropocentrismo –quien piense que las Escrituras contienen un discurso unitario al respecto, está completamente errado. En los textos bíblicos se puede encontrar un sinnúmero de contradicciones, entre la que se encuentra, justamente, la mencionada, repartida en varios libros y versículos, unos más inclinados al antropocentrismo y otros, a lo que llamamos ecología-. Cuestiona, asimismo, con el dualismo cartesiano al ser considerado éste como el causante de la poca consideración que el ser humano para con su entorno.

Laudato Si’ está próxima a cumplir diez años, goza de plena vigencia y señala un camino, arduo pero generoso, para conciliar los intereses personales con la preservación de la casa grande.

Los aplazados

 

La preselección de candidatos a las elecciones judiciales -más de una vez he argumentado mi posición contraria a éstas, pero mientras permanezcan en nuestro ordenamiento jurídico hay que jugar con estas reglas- nos han traído un espectáculo mucho más entretenido que las dos anteriores veces que esto ocurrió.

Podría decirse que las anteriores eran más previsibles: una simulación de desinterés previo, una avalancha de postulantes y los “números puestos” por afinidad al régimen masista; todo bajo la sospecha de pruebas ya conocidas por los “elegidos”, sin mayor posibilidad de reclamo de fuerzas opositoras ante un esquema de poder secante. La disputa interna del MAS ha hecho más complejo el “cálculo” de intereses para la futura composición magistral del Poder Judicial, lo que le da un ingrediente de mayor suspenso al desarrollo de la carrera hacia el próximo sexenio.

Lo se “sexenio” es un decir porque, como ya sabemos, hay unos personajes que decidieron por sí y ante sí prolongar lo más posible su estancia en las cortes -se me antoja que les puede costar caro cuando, finalmente se vayan-.

Otro aspecto, aunque no nuevo, es la incertidumbre sobre la propia fecha de la elección -finalmente, ¿la habrá este año?- Para la anterior también la había, eso sí, sin el factor “autoprorrogados”. Parecería ser que el Gobierno no tiene la intención de que la haya pero, por otro lado, de no haberla se activan de inmediato las primarias partidarias, en las que, si la cabeza del mismo, Luis Alberto Arce Catacora, se presenta, corre el riesgo de perderlas ante su archirrival, el cocalero. ¿Cuál será para don Tilín “el mal menor”?

Justamente para esquivar posibles juicios, varios autoprorrogados se postularon a cargos en otros órganos del Judicial -no es permitido hacerlo al mismo-. A la mayor parte, el truco les funciono hasta la “no objeción” de sus documentos; ya en la etapa de examen no pudieron pasar a la siguiente, es decir que lo reprobaron o, como se dice acá, se aplazaron -ellos y otros más, pero lo sugestivo, como manifestaré luego, está en sus casos-.

Sin tratarse de un autoprorrogado -el mecanismo de designación de vocales electorales es diferente y, por los tiempos sigue en ejercicio de su mandato- el caso del ciudadano Tahuichi es el más llamativo dado que es el sujeto más mediático de cuantos se postularon. En principio dijo que se sometía a las reglas y aceptaba su aplazo, pero ahora sale con que “He sido víctima porque me han robado mi postulación al cargo del Consejo de la Magistratura” y decidió impugnar su reprobación. Los argumentos que arguye podrían ser válidos, pero los esgrime sólo a raíz de su mala performance. Ya varios aspirantes habían rendido un examen de similares características y el caballero se quedó callado. Seguramente si pasaba, así fuera “raspando”, no diría nada. Pero también está el detalle de que, en las mismas condiciones, algunos precandidatos alcanzaron la nota máxima (100).

A lo que iba: Ahora que nos enteramos de sus escasos conocimientos jurídicos, es por lo menos escandaloso que hayan sido -o lo sigan siendo- autoridades en sus respectivos tribunales. El origen de la depauperación de nuestra justicia se explica también por esto.

Y si de la preselección ya emerge una lista -un ránking, digamos- de los mejor calificados, ¿para qué someterlos a una votación general? La carrera de la judicatura es esencialmente meritocrática y debería bastar con la calificación de competencias -siempre y cuando primen la transparencia y la idoneidad de los examinadores- para que se acceda a los altos sitiales en la misma. 

Generalidades

 

En tiempos de triste recuerdo, circulaba un chiste -los bolivianos le encontramos gracia hasta a las desgracias- que decía así:

-       ¿Por qué los coroneles se cuadran ante el hambre cuando lo ven pasar?

-       Porque el hambre es General.

Ciertamente, en tales términos, ya no es tan así -podríamos decir, para seguir con el chiste que ahora el hambre sólo es “Mayor”-

Lo que sí ascendió a General es la desinstitucionalización por lo que hoy todos los grados inferiores se cuadran ante ella.

La expresión más grosera -y las ha habido otras de grueso calibre en lo que va del régimen masista- de tal estado de la no-institucionalidad ha sido el brulote que se despachó el excomadante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien ha llegado a afirmar que las FFAA son “el brazo armado del Gobierno” (a efectos de amedrentar, perseguir y, en ultima instancia disparar contra quienes no comulguen con el régimen).

Cierto es también que, desde tiempos del gobierno del señor Morales Ayma, los militares jugaron a la política de forma explícita -adoptando el eslogan del régimen, “¡Patria o muerte, venceremos!”, en lugar del institucionalista “Subordinación y constancia”- pero no llegaron tan lejos como Zúñiga. Este personaje, le debe el cargo al MAS, que lo promovió a la Comandancia, a pesar de no calificar para la misma dado que era uno de los peores de su tanda -es como que el burro del curso fuera presidente del mismo-. Lo que le faltó en capacidad quiso compensarlo con extremo llunkerío, pero, en tal afán, se pasó de revoluciones.

Aunque en nuestra historia no ha sido infrecuente -durante décadas fue más bien “la regla”- la incursión de militares en política, inclusive con denominaciones propias (RADEPA, “Vivo rojo”), durante las dos primeras décadas de la democracia, los militares se replegaron a los cuarteles cumpliendo el rol que la Constitución les asigna -en determinado momento, tuvieron que ocuparse de ejecutar un estado de sitio, confinamiento incluido-.

Alguna vez observé que la palabra “militar” es unas veces sustantivo y otras, verbo -no debe haber muchas así-. Pues bien, durante el tiempo en el que el régimen masista ejerce el poder, los nuestros antes que militares los jefes de las FFAA son militantes (del “proceso de cambio”) y no hicieron nada por disimularlo.

Pero, sin ser “brazos armados”, otras instituciones empuñan otro tipo de armas para la persecución y la penalización (cárcel) contra ciudadanos y autoridades que cuestionan el accionar del régimen. Los órganos de la justicia, en general, están al servicio de éste.

Mención aparte merece el Tribunal Constitucional (al que le aumentaron lo de “plurinacional”). Este órgano fue incorporado en la reforma constitucional de 1994, bajo la consideración de que la interpretación y control constitucionales, ejercidos por el Parlamento hasta entonces, no debían realizarse en esa instancia de carácter político. El supuesto era que con una instancia independiente se evitaría la “politización” en las resoluciones y fallos constitucionales. La idea funcionó relativamente bien hasta que el MAS cooptó (elecciones judiciales incluidas) dicha institución. Y, ya sabemos, hoy se debate en una crisis de legitimidad y legalidad por la autoprórroga que se regalaron sus miembros y que cuenta con la “bendición” del ala ”arcista” del régimen.

La desinstitucionalización es General y amenaza con liquidar a la democracia, a tiros o a fallos.

Osados, pero no casados

 

En un acto de osadía política, dos expresiones ideológicas inconciliables unieron fuerzas para forzar, y aprobarlas, el tratamiento de normas que obligan al Gobierno y al Poder Judicial a retomar la senda constitucional y, entre otras cosas, a poner coto la autoprórroga de magistrados que, largamente, han excedido el periodo que la ley asigna al ejercicio de sus funciones.

No obstante el amedrentamiento al que fueron sometidas y a intentos de sabotaje -anuncio de fumigación y corte de la energía eléctrica al interior del recinto parlamentario- las bancadas de oposición y del ala “evista” del régimen lograron instalar y llevar a cabo la sesión en cuestión.

Digo “en cuestión” porque el ala “arcista” –con epicentro en el Ejecutivo- no tardó en calificar a dicho acto como “ilegal”, bajo el argumento de que quien lo presidió no estaba facultado para hacer tal cosa. Tal apreciación, como veremos en el siguiente razonamiento, se cae por su propio peso.

El contexto, para quien lo hubiese olvidado, es que ante la ausencia por motivo de viaje del Presidente, los cargos fueron ocupados por quienes los seguían según la línea de jerarquía. Así pues, Choquehuanca ocupó el lugar de Arce y Rodríguez, el de Choquehuanca. Esto, con otros nombres, pero la misma figura, ha ocurrido muchísimas veces y, a estas alturas, como no responde a sus intereses, el arcismo quiere vender la idea de que tal mecanismo de reemplazo temporal es una mera formalidad, o sea, que los subrogantes ocupan los lugares de los titulares sólo para calentarles el asiento durante el tiempo de ausencia de éstos. Vale decir, que en su calidad e Presidente en ejercicio, Choquehuanca no tendría la facultad de firmar decretos o resoluciones supremas, o que Rodríguez no tendría la potestad de presidir la Asamblea. Un sofisma que no aguanta el menor análisis.

Para colmo del absurdo, Choquehuanca manda a consulta al Tribunal Constitucional, para que se pronuncie al respecto, una norma que cesa en sus funciones a los miembros de dicho órgano. El sujeto sabe que esas personas van a objetarla, primero porque afecta a sus propios -y oscuros- intereses personales y, segundo, porque cuentan con la bendición del Ejecutivo para prorrogarse, al menos hasta que se realicen las próximas elecciones generales.

En tan sentido, ya en su condición de vicepresidente, Choquehuanca ha sugerido que se habría formado una “troika golpista” compuesta por el ala “evista” del régimen y la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos). Otro disparate. Veamos por qué…

Si bien los aludidos –“evistas” y oposición- por el Vice coincidieron en el objetivo, sus motivaciones son completamente diferentes, por lo que no hay elemento alguno que los relaciones como “troika” y menos como “golpista” -intención de algún modo perceptible de parte del evismo (al menos en su versión “acortamiento de mandato”) pero que no cuenta con las condiciones objetivas para su ejecución-.

Las motivaciones de la oposición son, si cabe, más auténticas -un reencauzamiento institucional- mientras que las del ala “evista” son instrumentales: cese de los autoprorrogados-posesión de tribunos afines-habilitación de Morales para las elecciones.

Siendo así, hablar de cierto acuerdo o pacto “golpista” no es más que un ejercicio retórico que puede impresionar a las huestes arcistas y a algunos incautos, que siempre los hay, pero que no se sostiene.

Agrego, además, como subproducto de los reemplazos en cargos, que una vez más se evidenció que la narrativa del “golpe 2019” no tiene asidero, puesto que la sesión del Senado fue presidida por la segunda vicepresidente, de la bancada de oposición y nadie se rasgó las vestiduras.

El dólar es verbo, no sustantivo

 

La escasez de divisa ha devenido en argumentaciones bizantinas respecto a su necesidad o prescindencia, cuya procedencia incluso ha partido de boca de un economista, el mismísimo Presidente.

El señor Arce Catacora y varios de sus muchachos saben perfectamente que lo que dicen no tiene sentido, pero, en términos políticos, puede darles algún rédito, así sea efímero.

A ver… la “bolivianización” de la economía es saludable, pero su límite son, precisamente, los límites -fronteras- con los países vecinos, para no hablar del resto del orbe. Para todo lo demás, está el dólar y, por mucha ideología antiimperialista que se profese, no es posible cambiar de un plumazo tal signo. Por tanto, las invocaciones que hace el régimen a cambiar de referencia para el comercio exterior se caen por su propio peso porque las propias alternativas que sugiere para “sustituirlo” se remiten al mismo para sus transacciones globales.

El volumen del intercambio comercial global que se indexa a la divisa verde es tal que, por el momento, no hay mayor esperanza, para quienes quisieran borrarla del mapa, de darla de baja. Incluso alguna moneda que eventualmente podría desbancarla tiene ante sí inmensos obstáculos culturales para imponerse como para imponerse como signo franco. El dólar estadounidense dejará de ser la referencia monetaria del comercio no cuando uno o varios estados nieguen su uso en las transacciones, sino cuando la potencia que los emite se derrumbe en todos los aspectos -cosa aún lejana- aunque de tanto en tanto le canten el réquiem.

Las simplistas consignas que profiere el régimen -y que muchos se las tragan- consideran a tal divisa en tanto cosa -pensamiento concreto; un billete verde- y no en tanto símbolo -pensamiento abstracto-. Recurriendo al infame, aunque útil, Arjona, diremos que lo tratan como sustantivo, siendo que es verbo a cuya conjugación se mueve el comercio. Por tanto, busca responsables de las consecuencias de su escasez, y no ataca a las causas, mismas que se encuentran en las políticas económicas -modelo social, comunitario, estatista, despilfarrador- que promueve. Las externalidades pueden tener una mínima incidencia en la circunstancia, pero el grueso del desastre tiene un carácter estructural cuyo sustento ya no es capaz de apuntalar la economía del país.

Por tanto, la salida a la crisis requiere de medidas estructurales -otro modelo- tendentes a reconducir el sector productivo y comercial estableciendo otras relaciones económicas, atrayendo inversión extranjera directa con seguridad jurídica -reglas claras, cumplibles, sostenibles y equitativas- para las partes, estableciendo condiciones para la iniciativa privada y desmontando el elefantiásico aparato burocrático-empresarial estatal. De esta manera, casi como por arte de magia, los dolarachos comenzarán a fluir y, sin abandonar la soberanía monetaria interna, la economía comenzará un nievo ciclo de crecimiento. El régimen lo sabe, pero no le da la gana de hacerlo porque tiene que responder a una clientela político-prebendalista que vive de desangrar al Estado y a la ciudadanía que produce.

Señor Arce, antes de hablar estupideces repase sus clases, busque “Breton Woods” en el Google, revise sus apuntes sobre comercio exterior, rompa ese blindaje mental que le afecta, ábrase al mundo, vea más allá de sus narices, no busque culpables donde no los hay y no supedite la economía a la ideología si no quiere pasar a la historia como el pinche cajero que Evo Morales dice que usted fue en su nefasto Gobierno.  

AGETIC y los crespos hechos

 

¿Puede alguien en su sano juicio oponerse a una reforma profunda a Derechos Reales? ¿o al enriquecimiento ilícito? ¿o a la elaboración de información falsa (fake news)? ¡Por supuesto que no -salvo que se trate de aquellos involucrados en esos u otros ámbitos cuestionados-.

Normas que ataquen tales males deben ser bien recibidas, apoyadas inclusive, por la ciudadanía, y el Gobierno que las ponga en práctica debería merecer un aplauso generalizado.

Entonces, ¿por qué diantres varias leyes y decretos ya emitidos (o propuestos) durante los gobiernos de Morales Ayma y de Arce Catacora han chocado con una resistencia social que ha llevado a sus propulsores a abrogarlos?

Ni por conspiración, ni por ocho cuartos, como al momento de dar marcha atrás argumentan los dichos gobernantes. La razón, mucho menos ficticia, es porque la ciudadanía no está dispuesta a comer vidrio molido; y muchas normas, aparentemente benignas, provenientes del régimen contienen, precisamente, vidrio molido. En términos populares, los ciudadanos se dan cuenta de que se les quiere meter gato por liebre.

Si aquellas disposiciones legales no incluyesen artículos “de contrabando”, su recepción sería abrumadoramente favorable. Pero el régimen tiene el prurito autoritario en sus genes y quiere hacer pasar, con cierto disimulo, artículos que a corto o mediano plazo afectarán las libertades, la propiedad, el patrimonio o la honra de quienes el Gobierno considere incómodos por no inclinarse ante sus designios.

Es bien sabido que la pérdida de credibilidad (confianza) es uno de los elementos más difíciles de recuperar y, dadas las circunstancias, todo acto del régimen es observado con desconfianza, máxime cuando sus operadores no parecen transparentes a la hora de explicarlos.

El caso más reciente de recule gubernamental luego de haber emitido un decreto es el que pretendía una reforma a Derechos Reales, esa institución dependiente del Poder Judicial. Como decía al comienzo, ¡quién podría oponerse a tan noble propósito!, pero resulta que, a título de semejante maravilla, la “letra chica” disponía un control prácticamente absoluto de los datos por parte de la AGETIC, una oficina del Ejecutivo. ¡Es que así no hay manera!

Y, claro, la población no está dispuesta a confiar la data de su(s) propiedad(es) al ente expropiador por excelencia, el que tiene el monopolio de la represión. Aunque, curiosamente, a eso el Gobierno le llame “conspiración”.

El propósito original de la tal AGETIC fue el de acortar la brecha digital reinante en el país, cosa que se consiguió parcialmente, pero posteriormente, la entidad fue haciéndose demás competencias, en nombre de la implementación del “gobierno digital” y, como marabunta, inmiscuirse en diversos terrenos, incluido el electoral, con los resultados (fraude) conocidos.

Hincarle el diente a DDRR debe ser un placer anhelado largamente por el Ejecutivo, el que, a través de su brazo tecnológico estuvo a punto de hacerlo. Hay que decir, sin embargo, que AGETIC demostró una diligencia y rapidez (¿rapacidad?) dignas de mejor propósito –y ejemplo para el resto de la burocracia- a la hora de poner en práctica la toma de DDRR. No sólo que ya tenía todo listo aún antes de la emisión del decreto, sino que al minuto de su entrada en vigencia ya había avanzado un largo trecho para su cumplimiento. Habría que decir que todo estaba fríamente calculado, pero que la indignación de la ciudadanía impidió que siguieran con tal despropósito, y los “agéticos” se quedaron con los crespos hechos. Ya no se le puede tomar el pelo, impunemente, a la gente.

Manual del perfecto Tilín

 

En su origen, el sobrenombre “Tilín” le fue puesto con una evidente carga despectiva. El antecedente es un breve video de un chiquillo a quien una voz (no se ve el rostro de quien lo hace) va animándolo, de forma cada vez más efusiva, a hacer una serie de monerías. Está claro que se refiere a la docilidad de una persona que no sólo obedece, sino que “baila” al ritmo y son de una tercera que la empuja a hacerlo.

En principio, evidentemente, nuestro Tilín plurinacional actuó en tal rol. Digo “actuó” porque, vistas las cosas desde el aquí y ahora, tal parece que el hombre, o se hizo el tonto (su apariencia ayuda mucho para ello) durante algún tiempo para luego dar el batacazo -emanciparse, digamos- o su entorno lo fue llevando a ello.

Hilando aún más finamente, se podría aventurar que fue buscando, siempre en actitud de hacerse el gil, llegar a donde hoy se encuentra. Hasta la voz que supuestamente lo controlaba –ya dudo de que fuera auténticamente cierto; tan extrema obsecuencia hasta llega a ser sospechosa- lo aupó para la candidatura por encima del reemplazante “natural” a quien, así lo habrá pensado el jefazo, no podría manejar. La opción Tilín surgió de una lucubración más sofisticada: como “la voz”, al no poder postularse a la presidencia, tenía la alternativa de hacerlo a una senaturía y, desde ahí, ir provocando renuncias hasta que, en calidad de presidente de la cámara alta –a lo que apuntaba- asumir, por sucesión constitucional, la Presidencia (con el “descendiente de la realeza incaica” como Presidente eso no podía ocurrir, aunque como Vice, qué haría pensar que ocurriese). El plan, como sabemos, no prosperó y Tilín logró su objetivo, conoció –ya lo había hecho parcialmente durante varios años- las mieles del poder y, junto con sus cortesanos, decidió actuar como el “peine” que ahora sabemos que es.

Resignificado en su figura, de despectivo, el mote se ha trasformado en todo un elogio que remite a una forma de ser: al ya mencionado “peine”, es decir a quien aparenta cierta falta de carácter, algo de despiste, un poco de gileza, pero que, sin grandes luces tampoco, resulta ser un “péndex”.

Algo de talento hay que tener para ello, por lo que me animo a enumerar algunas “cualidades” para tal personalidad. Encontré por ahí una suerte de caracterización sintética: “Ser tonto es un arte, pero ser astuto en secreto es una obra maestra”. Tómelo como un elogió, mi buen “Tilín”. Ahí vamos:

1. “Yo no fui, fue teté”. Todo va mal, pero nada es responsabilidad suya. La culpa es siempre de otros (el imperio, la derecha, Emo…).

2. Hacerse el gil. Que te pregunten sobre algo en particular y que respondas sobre el origen de la crema chantilly.

3. Dar vueltas y vueltas… hasta que finalmente lo admites: “No hay quibos”. Esperas que, así como te criticaban tu negacionismo (actuar a lo tonto) te halaguen por tu franqueza (valiente, sincerote, machazo).

4. El factor “sorpresa”. Poner cara de perdido en el espacio, mientras vas armando ardides con los que dejarás en off side al rival, llegado el momento.

5. Capitalizar los intereses de tus rivales en favor tuyo. Acaba de ocurrir al haber puesto a los gobernadores (opositores en gran medida) contra la Asamblea Legislativa para forzar la aprobación de más créditos.

6. Inventarse patrañas. Por ejemplo, el famoso “blindaje de la economía”, el éxito de la industrialización, atribuirse el descubrimiento del café con leche, etc.

Desde luego que hay muchas características más, pero hasta aquí llego. Queda para el ingenio de cada lector(a) sumar tantas como dé el estilo “Tilín”.

"No me voy a presentar"

 

“Cumplir y hacer cumplir las leyes” es parte del juramento que una alta autoridad escucha de parte de quien se lo toma al asumir el cargo –dignidad, se suele decir; de ahí lo de “dignatario de Estado”- que va a ejercer. El remate del juramento reza “…de lo contrario os lo demanden”, cosa que se suele olvidar en el camino, cuando la dignidad está por los suelos. “Sí, juro”, es la respuesta mecánica con la que concluye.

Sucede, más a menudo de lo que la ciudadanía supondría que, más allá de lo protocolar, tales términos no se corresponden con la gestión desempeñada por tal o cual autoridad, sobre todo por las de mayor rango: ni cumplen la ley, ni la hacen cumplir y no hay quien se los demande, es decir que les exijan hacerlo, bajo conminatoria en casos de contumacia.

Cuando la primera autoridad de un Estado acumula demasiado poder puede eludir tal compromiso haciéndose otorgar poderes extraordinarios cada vez más totalitaristas que inclusive pueden derivar en tiranía. También, evitando mayor trámite, puede optar por el cinismo y, al conjuro de “yo le meto nomás” hacer los que le viene en gana sin, en principio, responder por ello. Cuando ocurre esto último es porque el sujeto no asume que el poder es efímero y que algún día, luego de cometer un sinfín de fechorías mientras el poder lo inviste, la justicia obrará en consecuencia.

Una de las razones para intentar reelegirse indefinidamente, es que para cuando ese momento llegue, el tirano esté descansando seis metros bajo tierra. Al señor Evo Morales Ayma le falló tal estratagema y, una vez desbaratado su siniestro plan, tuvo que huir cobardemente. Tal parece que, finalmente, a dicho sujeto y a sus secuaces les ha llegado la hora de rendir cuentas en varios frentes.

Uno de ellos es de la reparación económica e inmaterial por los hechos acaecidos en el hotel “Las Américas” hace 15 años en los cuales la CIDH identificó ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras acciones contrarias a los Derechos Humanos –a la ley, en buen romance-.

Resulta un tanto grotesco que ahora, en calidad de simple mortal, el expresidente exprese que no se va a presentar a una eventual citación judicial para defenderse de los cargos que pesan en su contra y de otros ex “dignatarios” involucrados en tales acontecimientos. En su fuero interno, Morales Ayma sabe que la tiene difícil puesto que consta su confesión ante Hugo Chávez en sentido de que dio la instrucción para ejecutar tal operativo –A confesión de parte, relevo de prueba-. Tampoco parece haber medido consecuencias al endosar a su examigo Álvaro García Linera la comisión de las violaciones cometida entonces por el hecho que él se encontraba fuera del país y su compinche estaba en ejercicio de la presidencia. Al hacerlo, está admitiendo que hubo tales extremos. Se está, de alguna manera, autoincriminando.

El personaje también muestra que piensa que sigue como mandamás incontestable y que puede eludir la ley a su antojo. También asegura que (esta vez) no va a escapar. ¿Alguien le cree?

Si yo fuera Sonia, pondría vigilancia 24/7 en las inmediaciones de la embajada de México para evitar un “Glas”. Y estoy seguro de que, si el cocalero logra ingresar al recinto diplomático, el gobierno, respetuoso del derecho internacional, no ingresará por la fuerza a la legación para llevárselo a Chonchocoro.

En fin, que esto comienza a ponerse bueno.

El Inge

La última semana ha estado profusa en declaraciones desaforadas provenientes de las huestes del régimen –en sus dos alas visibles- en torno a un hipotético escenario a futuro en relación a la situación del señor Morales Ayma. El propio sujeto ha asegurado que si no es habilitado como candidato a la presidencia se desatará una convulsión social en nuestro país. Más explícitos –o más torpes, si se quiere- han sido dos de sus seguidores quienes, a su turno, amenazaron con que si el cocalero no es habilitado “correrá sangre” y, que tal personaje será candidato “por las buenas o por las malas”. Por el lado “arcista”, el alcalde de Sucre ha advertido que “Bolivia puede arder” si aquel individuo es habilitado.

¿Qué sensación le producen dichas afirmaciones a usted? ¿las entiende como retóricas? ¿le causan ansiedad? ¿las toma a la ligera? ¿las considera como una incitación a la violencia?...

Hago esta introducción con motivo de la imputación penal que un parlamentario “evista” le inició al ingeniero (El Inge) Édgar Villegas, rápidamente secundada por el ala “arcista” –parecería que el régimen “Lima” asperezas cuando se trata de perseguir a ciudadanos que no comulgan con su línea-, y vuelvo a preguntarle, ¿alguna vez, en 2019 o años después, escuchó de boca del Inge expresiones siquiera parecidas a las mencionadas en principio?

Lo hago –preguntar eso- porque el cargo que pesa sobre Villegas no podía ser más risible: “instigación pública a delinquir”. Compare los términos empleados por los masistas antes citados y los términos (técnicos) que empleó el Inge cuando evidenció el fraude electoral que entonces (2019) fraguó el régimen cuando aún no se había resquebrajado.

Lo que mi memoria trae al presente es que dicho profesional, a más de detallar los datos informáticos –con cierto pánico escénico, probablemente porque no estaba acostumbrado a los medios, ni los buscó- no mencionó, ni por error, otro criterio que no fuera, precisamente, el técnico.

Es decir, que la acusación se cae por su propio peso; tanto así que, acogida en primera instancia, la misma fue matizada por la Fiscalía y por otras instancias judiciales. En sí misma es insostenible.

Tengo la impresión, más bien, de que la contundente reacción de la opinión pública ante semejante atropello, persuadió al oficialismo para no abrirse otro frente en el campo de los derechos humanos… ya es demasiado con desoir las recomendaciones del GEIAE y de la CIDH como para seguir violándolos.

Detrás de este nuevo intento de amedrentar a la ciudadanía para que no vuelva a denunciar los abusos de los poderosos de turno, está la herida causada al régimen por el descubrimiento del fraude perpetrado en aquella oportunidad y por las consecuencias del mismo curiosamente, se puede considerar a Arce Catacora, como el beneficiario más directo de la denuncia del Inge.

Para mayor desazón del régimen en su (des)propósito de cambiar la historia está el hecho de que coincidentemente con la arremetida contra Villegas, el “consultor” de la Universidad de Salamanca contratado por el gobierno de Arce que evacuó un “informe” que negaba el fraude, había sido, él mismo, un fraudulento compulsivo. Así es que, como lo dijimos en su momento, tal documento, hecho “a la carta”, carece de valor científico –carece de seriedad, realmente-.

Luego de cuatro años de “anonimato”, estos días vimos a un Inge más “canchero” en su desenvolvimiento ante los medios y muy firme en su defensa de la democracia, carajazo incluido.