¿Cómo "votar" 100 millones?

Hago esta poco inocente pregunta con la certeza de que, para el régimen, los 100 millones de Bolivianos gastados en nombre de las “elecciones” para autoridades judiciales van a ser el mejor de los negocios: tendrá a su merced a magistrados de 130 votos para lo que le dé la gana.

Pero, desde la perspectiva racional, el monto señalado es un escandaloso ejemplo de cómo botar por el caño recursos que merecerían un mejor destino.

Se suponía – así lo propagandizó el apéndice electoral del gobierno llamado “órgano electoral”- que con ese dineral la ciudadanía llegaría a conocer los “méritos” de los masistas en carrera por ponerse al servicio del poder desde los estrados judiciales y el tribunal constitucional.

Ha llegado el día y nada de nada: ni méritos, ni rostros, ni voces, ni ideas, ni siquiera un poco de rubor; las elecciones de Cotel son un lujo al lado de las “históricas” elecciones del engaño.

Pero, ¿tendríamos que hacernos los sorprendidos ante algo así?

La línea de torcer la voluntad del pueblo viene desde que, desbaratando la institucionalidad de una Corte Electoral que, desde 1991, había llegado a ser un símbolo de imparcialidad, neutralidad, autonomía e independencia; atributos que, apenas se hizo de su presidencia el masista Exeni, se esfumaron como por arte de birlibirloque. Como nunca antes había sucedido, los veedores internacionales de organismos multilaterales hacen, recurrentemente, serias observaciones y emiten recomendaciones que, lejos de atenderse, son desoídas sistemáticamente y, por el contrario, el órgano electoral parece esmerarse en idear nuevas formas de burlarse del ciudadano.

Sistemáticamente se ha ido corrompiendo el sistema por el cual se garantizaba la transparencia de los procesos eleccionarios. Hoy tenemos una sucursal del Ejecutivo a cargo de tan delicado aspecto parta la calidad democrática –para no mencionar a su presidente, un señor que no puede artícular dos conceptos consistentemente-.
Lo que se vislumbra es una elección plagada de irregularidades e ilegalidades, unos organismos observadores recomendando mayor transparencia, un régimen más autoritario y una ciudadanía más indignada. No es poca cosa.