Las elecciones nacionales de 2020, originalmente programadas para mayo del año pasado, acabaron llevándose a efecto en octubre con una amplísima participación ciudadana. En primera instancia, el TSE mantuvo inamovible la primera fecha, en celoso cumplimiento de la normativa emanada por ley y luego, por las evidencias de la gravedad de la calamidad, modificó la fecha de la convocatoria dos veces, con la aprobación del Legislativo siempre al límite de la anterior.
La postergación también dio lugar a que el Órgano Electoral
desarrollase protocolos de bioseguridad óptimos y que los comicios se
verificasen en un momento de meseta del mal. La ciudadanía respondió
masivamente y el operativo electoral no derivó en una amenaza a la salud
pública. Aunque solo podemos conjeturar, es de sentido común pensar que si las
elecciones se realizaban en momentos pico de contagios, las mismas hubieran
tenido dos efectos contraproducentes: ausentismo y propagación del virus.
En lo político, la postergación benefició al MAS porque día
que pasaba, el acelerado descrédito del gobierno anterior sumaba puntos a sus
filas. El resultado, obtenido en buena ley como lo sostuve desde que se
conoció, así lo confirmó y acá estamos con un gobierno en plena crisis de salud
que no atina a enfrentar con decisión el problema y ha optado por dos “medidas”:
cruzarse de brazos hasta que lleguen las vacunas –invitando cordialmente a la
ciudadanía a aguantar mientras eso ocurre- y pasarle el fardo, sin acompañarlo
de recursos, a los gobiernos locales y regionales para que se las apañen como
puedan.
Se puede lucubrar si otro gobierno hubiese hecho mejor las
cosas frente a este desastre, pero difícilmente lo hubiese hecho peor. Vamos a
razón de 50 conciudadanos muertos por día a cuenta del enemigo microscópico y
no hay mucha motivación para ser optimistas, por el contrario, la situación es
varias veces más calamitosa que en marzo/abril de 2020.
El tribunal electoral ha determinado que la fecha de convocatoria
a las llamadas “subnacionales” se mantiene. Es decir que éstas se realizarían el
7 de marzo contra viento y marea. Varios partidos, con mayor o menor
convencimiento, e instituciones se han pronunciado por una prudente
postergación, dado que las proyecciones apuntan a que, hacia finales de febrero
y principios de marzo, el nivel de contagios estará en su pico. ¿Es ese el
escenario propicio para una elección?
Curiosamente el MAS es el único partido que se opone
tajantemente la postergación. Las razones se pueden deducir atendiendo a las
líneas anteriores: día que pasa, el Gobierno aumenta su descrédito y esto
repercute en la intención de voto de quienes lo representan en las “subnacionales”.
Si por el MAS fuera, las elecciones serían mañana mismo. Imaginemos una
postergación de tres meses, siempre sujeta a una pericia de especialistas es
salud pública, y que las vacunas prometidas no hubiesen llegado…
De tanto en tanto, surgen ciertas sobredeterminaciones que
condicionan la voluntad, incluida la institucional. ¿Quiere el TSE repetir el
éxito del 2020? o prefiere un estrepitoso fracaso de convocatoria y de seguridad.
De la opción que elija, depende su propio futuro.
Me encantaría que cuando se publique esta columna, la
autoridad electoral haya optado por la primera opción y comenzado consultas
para una nueva fecha. Prefiero una columna “resfriada” a una muerte por
elección. Pero si el TSE persiste tozudamente en mantener la fecha, por favor
vaya alistando mi boleta de multa por inasistencia. La puedo pagar por
adelantado, inclusive.
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