Ha transcurrido el
proceso electoral que incluyó las elecciones generales (Presidente,
Vicepresidente, senadores y diputados), las elecciones subnacionales
(gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales)
y las elecciones de segunda vuelta (balotaje en Beni y Tarija).
Sintomáticamente,
a la fecha, todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional
(TSE) han presentado renuncia y la Asamblea Legislativa Plurinacional la ha
aceptado.
Este hecho –la
renuncia una vez concluidos los tres momentos electorales mencionados- ha hecho
aumentar las sospechas de que el árbitro electoral no actuó con la
independencia, autonomía, imparcialidad ni la neutralidad que son los elementos
primordiales para una institución de esta naturaleza.
Comoquiera que
todas las autoridades resultantes de estos comicios ya han sido posesionadas en
sus cargos, no se puede hacer prácticamente nada respecto a lo (mal)obrado por
el árbitro electoral.
Para mayor suspicacia,
la renuncia de la llamada “Banda de los Siete” no se produce por el clamor
ciudadano que, desde hace años, estuvo expresándole su repulsa, sino que lo
hace por orden/ultimátum del propio régimen que se benefició con su accionar.
El régimen, con la
habilidad que le caracteriza, se ha hecho el abanderado de una cruzada que
comenzó cuestionando al propio régimen, como se hizo abanderado, entre otras
cosas, de las autonomía a las que había combatido durante los referéndums
autonómicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.
El descalabro del
sistema electoral sólo viene a corroborar el estado de la institucionalidad del
Estado por obra y gracia de un régimen que implementó reformas para
beneficiarse a sí mismo: en ruinas.
El propio régimen
ya había admitido que su pretendida “revolución de la justicia”, resultó en un
fiasco de proporciones. La elección de magistrados por voto popular –por las
cuales hubo gente que accedió a sus puestos con votaciones de risa- debió haber
sido anulada en tanto la mayor parte de la ciudadanía optó por el voto nulo,
blanco e inválido. El principio mismo de tal elección es deleznable. En su
momento, advertimos que era como querer el elegir al Alto Mando Militar
mediante voto ciudadano y con las postulaciones de cualquier miembro de la
institución: tendríamos por Comandante, probablemente, a un componente de la
tropa.
Distorsiones por
el estilo han hecho que unos de los pocos sostenes del régimen sean la bonanza
residual, con sus “éxitos” coyunturales
-fugaces- y su ya reconocido estilo de campaña permanente en la que no
escatima recursos públicos.
En la perspectiva
de la reelección indefinida, que debe seguir procedimientos constitucionales
que no serán óbice para el régimen al contar éste con los 2/3 de rigor,
gentileza de la “Banda de los Siete”, aunque debe ser sometida a un referéndum
que puede resultar contrario a dicha pretensión, la campaña permanente ha
incorporado un recurso cuestionable: el MARketing, esto es, ligar el anhelo
marítimo, de manera excluyente, a la figura del señor Evo Morales al timón del
Estado.
En un adelanto de
lo que sería el MARketing con miras a la eternización del caudillo en el poder,
su segundo de abordo ha señalado que “uno de los cinco requisitos para conseguir
ese objetivo (el retorno al mar) es que el Presidente Evo siempre nos acompañe”,
y si bien no lo ha vuelto a repetir, las cartas ya están sobre la mesa: la
demanda ante La Haya y acciones similares del régimen están orientadas a
obtener una rentabilidad electoral más allá de 2020.
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