Vigilar ¡y sancionar!

Oficialmente, el país ha ingresado a modo electoral. Recalco lo de “oficialmente” porque el régimen –y, en grado infinitamente menor, las expresiones democráticas del sistema político; aunque éstas lo han hecho con su dinero- está en campaña electoral permanente desde hace años –con nuestro dinero- sin que al órgano electoral se le mueva un pelo.

Desde la ciudadanía, se han reportado un sinnúmero de hechos irregulares tanto durante pasados actos –emisión del voto- electorales como en los procesos de registro de votantes y en el manejo del padrón, mismos que han caído en saco roto. No se necesita ser un recalcitrante opositor para caer en cuenta de que el Poder Electoral (como los poderes Legislativo y Judicial) ha sido tomado por el Ejecutivo y actúa en favor de éste.

Ahora bien; las expresiones democráticas que han salido al frente del régimen y le van a dar batalla en las urnas conocen este extremo y aun así están dispuestas a competir –alguna de ellas con una interesante proyección, inclusive- por captar el voto ciudadano.

Y es precisamente en la cancha de la ciudadanía –considerando como tal a la inmensa mayoría que no se debe a la determinación de una corporación- donde, en conciencia y libertad de decisión, se va a jugar la final de la justa electoral.

A diferencia de quienes sólo acuden a cumplir una instrucción gremial, dejando de lado su personalidad propia, los ciudadanos y las ciudadanas van a optar por emitir su voto guiados por la información –racional y emotiva- que reciban de las alternativas en carrera. Una parte de éstos apoyará al régimen y otra, probablemente, llevará agua al molino de la propuesta mejor posicionada hasta el día de la elección.

Esta parte del electorado, incluso aquella que vote por el actual oficialismo, tiene una doble responsabilidad: la primera, por supuesto, la emisión de su voto; la segunda, la vigilancia de su propio sufragio y del proceso electoral en general. Para ello, ya existe una plataforma multi institucional que invita a velar por unas elecciones informadas, transparentes, vigiladas y, en lo posible, con debates previos a la jornada de los comicios.

Pero, ¿de que serviría una ejemplar vigilancia que dé cuenta de buena parte de las irregularidades que puedan ocurrir si quienes las cometieran no recibieran, asimismo, una ejemplarizadora sanción?

Más aun, ¿Qué ocurriría si las irregularidades superan el límite razonable? ¿cabría una anulación de las elecciones?