Los recientes acontecimientos, relacionados con la
aprehensión del exjefe antidrogas, Maximiliano Dávila, a consecuencia de un
informe de la DEA que lo identifica como principal operador de una red de
tráfico de droga y las dos contradictorias acciones al respecto –por un lado,
la “justicia” local determinando su detención durante seis meses por
“legitimación de ganancias ilícitas” y, por otra, la solicitud de extradición
presentada por Estados Unidos por tráfico de narcóticos y lavado de dinero,
ofreciendo, incluso, una colosal suma de recompensa por información que
conduzca a reforzar el juicio que le espera en aquel país- me hizo pensar
repentinamente en el exsenador Roger Pinto.
Independientemente su filiación ideológica, que uno puede
compartir o no, Pinto jugó un rol central en la investigación de casos de
narcotráfico durante el gobierno de Morales Ayma, cosa que, a decir de algunos,
le costó la vida –como, en los 80s sucedió con el diputado del FRI, Edmundo
Salazar-.
El destino del pandino tuvo un giro dramático debido a su
insistencia en querer entregar personalmente al señor Morales documentos en los
que, a decir del entonces Senador, involucraban a personeros de su régimen en
el narcotráfico. La reacción del poder fue la de intentar, por la vía de la
persecución, aprehender al denunciante. Para evitarlo, Pinto se refugió en la
legación diplomática brasileña. Más tarde, el Estado de Brasil le otorgó la
condición de asilado político, pero el régimen del cocalero le negó la
otorgación del salvoconducto, por lo que, en una arriesgada operación, con la
ayuda de un funcionario de la embajada, el exparlamentario logró burlar los
controles migratorios y trasponer la frontera con el país vecino. Tras
instalarse en Brasil, se dedicó al pilotaje y luego de un sospechoso accidente,
falleció dejando aparentemente inconclusa su misión de desenmascarar el
carácter narco del régimen masista.
En el interín, apareció un reportaje de la revista “Veja”,
“La república de la cocaína” que incluía un organigrama de la organización que
manejaba los hilos del narcotráfico en Bolivia. El régimen negó la información
y envío como Embajador a Jerjes Justiniano (padre) con la única misión de
enjuiciar a dicha publicación, cosa que, seguramente por falta de elementos,
nunca sucedió. También surgieron los casos Sanabria y Ormachea, dos capos del
control antidrogas que cayeron en desgracia (Justicia de Estados Unidos). Luego
de la muerte de Pinto, fueron apareciendo más narcos con nexos con el Gobierno,
mientras éste negaba la presencia de emisarios de cárteles brasileños y
colombianos.
No deja de ser llamativo este escenario en el que otro(s)
allegado(s) al régimen se encuentran interdicto(s) debido a sus actividades
ilegales vinculadas al narcotráfico. Es como si, desde donde se encontrara,
Roger Pinto estuviera marcando la huella que conducirá a la justicia
internacional a quienes, desde el poder, no solo permitieron, sino que
alentaron y, eventualmente, financiaron dicha actividad.
Ahora, a la defensiva, el régimen cierra filas en torno a
los potencialmente involucrados en el negocio –si no por comisión, la omisión
es también una forma de encubrimiento- y ha abierto el paraguas en torno a la
extradición de quien podría revelar los detalles sobre las operaciones de
producción y tráfico de sustancias controladas en el Estado Plurinacional y
mencionar nombres de los involucrados en las mismas.
De llegarse a un juicio internacional a los peces gordos
del régimen, la muerte de Pinto sería el símbolo de que la impunidad (blindaje)
no es eterna. Por ello, sugiero que una próxima ley sobre control al narco, que
no se dará mientras este régimen continúe, lleve el nombre de “Ley Edmundo
Salazar y Roger Pinto”.
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