Hace 14 años, el 4 de mayo de 2018, desafiando a un poder
ultracentralista, Santa Cruz daba el puntapié inicial de la conquista de las
autonomías en Bolivia, prendiendo la chispa para que, luego, la entonces
llamada “media luna” se replicara la acción. Todo de manera pacífica y
democrática. Nadie imaginó, como veremos más adelante, que un derrotado y
enfurecido régimen urdiría un plan para escarmentar a los promotores de
semejante osadía.
Probablemente los y las jóvenes que hoy rondan por los 25
años –entonces tenían entre 10 y 11- no conozcan la magnitud de la gesta autonomista;
asimismo, por el tiempo transcurrido y la serie de acontecimientos ocurridos
posteriormente –las marchas por el TIPNIS, los triunfos del “nulo” en las
“elecciones judiciales”, el triunfo ciudadano en el 21F, el fraude electoral,
el vacío de poder y la sucesión constitucional; más frescos en la memoria- es
posible que se hubiera desvanecido de la memoria, por lo que es pertinente
retrotraer los hechos.
Aquella fecha, se realizó el referéndum de carácter
departamental que abrió las puertas para la posterior puesta en marcha de las
autonomías en nuestro país, tras una demanda de larga data, sobre todo en el
oriente, por mayores niveles de descentralización. Como parte de su oferta
electoral con la que ganó las elecciones en 2005 –aunque en “letra chica”, al
no ser su principal oferta, aunque seguramente le significó votos en dicha
zona- el MAS se subió al carro de las autonomías. Apenas instalado el régimen,
sin embargo, prácticamente actuó en contra de dicha demanda y acentuó su
pulsión centralista.
En el marco del proceso constituyente y ante el riesgo de
que el régimen masista las archivara, los departamentos de la región mencionada,
encabezados por Santa Cruz se autoconvocaron a sendas consultas de aprobación o
rechazo a proyectos de estatutos autonómicos. En Santa Cruz, el “sí” se impuso
con el 85.6% de los votos. Por cierto, el Gobierno central las declaró ilegales
e inició una serie de represalias, sobre todo contra Santa Cruz. Pero la
demanda se expandió a todo el país y, muy a su pesar, el MAS aceptó la
inclusión de las autonomías departamentales en el proyecto de Constitución que
evacuó en La Paz, la comisión multipartidaria, aunque con un matiz para
aminorar su impacto y la sensación de derrota: la introducción de otros dos
niveles de autonomías, la regional y la indígena –la municipal ya se encontraba
en plena aplicación-.
Como se dijo, el régimen declaró ilegales las consultas;
pero no se quedó en ello. De manera ruin, urdió un relato –el del “separatismo”
(ciertamente había voces estridentes, pero aisladas, en tal sentido; también
abonó a la magnificación del cuento un lapsus del entonces Prefecto de
Cochabamba, Manfred Reyesvilla, hoy alcalde de su ciudad capital)- y desarrolló
un plan que le permitiese intervenir militarmente el departamento de Santa Cruz
–famosa es la frase del entonces Vicepresidente, García Linera, sobre la “derrota
militar cruceña-, cuyo episodio más cruento fue la ejecución extrajudicial (asesinato)
de mercenarios que utilizó para su propósito. Luego vinieron detenciones, prisión
y exilios por decenas. Ese fue el precio de la osadía.
A estas alturas, las autonomías departamentales y
municipales, pese al permanente boicot del gobierno central cuando no están
alineadas al régimen, son el único mecanismo de contrapeso a los afanes totalitarios
de éste. La tarea pendiente sigue siendo el fortalecerlas, aunque el camino
parezca campo minado.
Sin complejos de tipo alguno, reivindico aquel M4 de 2008.
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