Estimo que el campamento azul ya tiene claro que cada día que
pasa, la posibilidad de volver al poder se le escapa sin remedio incluso en el
largo plazo. La probabilidad de que no haya segunda vuelta ante una hipotética
concentración mayoritaria del voto en una opción distinta a la del “peor es
nada” de Morales Ayma no es descabellada dada la repulsa de las clases medias a
las últimas acciones delictivas del MAS, aunque depende de la lucidez de los los
votantes.
Así las cosas, lo que queda del movimiento del exdictador,
atrincherado principalmente en el parlamento, donde conserva una mayoría que ya
no tiene en la ciudadanía, ha comenzado a curarse en salud –suena irónico que
haga algo “en salud”-.
Resulta hasta conmovedor cómo, de pronto, los asambleístas
se pusieron a producir leyes por su propia cuenta (de buena fe, voy a suponer
que es así). ¿Acaso no las produjeron durante catorce años de ejercicio del
poder omnímodo? Bueno, salvo leyes del tipo “Declaratoria del chuflay como
patrimonio espirituoso de Bolivia”, el resto de las leyes eran elaboradas en
los gabinetes político/jurídicos del Ejecutivo. El Legislativo, con la holgada
mayoría del partido del dictador fugado, hacía la pantomima de la formalidad
sin mayor rubor. Se dice que la única ley que tuvo origen en el parlamento
controlado por el régimen del terror fue la del Código de Procedimiento Penal,
misma que fue abrogada, a poco de su promulgación, ante la negativa de los
médicos a aceptarla.
¿Qué le queda, entonces, al “instrumento” ante el
hundimiento de sus candidatos y de su propio buque insignia? Poner candadotes
por doquier para inmovilizar al gobierno que salga de las urnas el 18 de
octubre o, cuando mucho, en la segunda vuelta, y para blindarse ante cualquier
proceso que se pueda instaurar contra sus jerarcas, por sus actos ilegales
cometidos los 14 años, o contra las huestes que cometieron graves delitos en
los paros digitados desde Buenos Aires.
La idea de atar de pies y manos a quienes resulten
favorecidos con el voto ciudadano cuando asuman la administración del Estado,
es otra muestra de que al señor Morales Ayma y compañía, poco le importan el
país y menos aún la gente. Como lo estuvieron demostrando durante casi quince
años, lo único que les interesa es su propio beneficio, así tengan que asaltar
las arcas públicas para conseguirlo.
Entre los candadotes están las anunciadas normas para la
protección a quienes cometieron fechorías, delitos, en realidad, durante los
recientes bloqueos. ¿Podría darse que se les ocurra una ley para proteger al
jefazo de los procesos, ya en curso, por sus “aficiones” non sanctas? No sería raro.
Ciertamente dichas normas no serán promulgadas por la
presidente/candidata, pero ante tal situación el propio parlamento, haciendo
uso de una potestad constitucional, podría hacerlo cuantas veces se le antoje,
con lo que se constituiría en una especio de Ejecutivo paralelo.
¿Cómo se podría, a futuro, abrir esos candadotes? La llave,
una vez más, está en manos de la ciudadanía a través del voto. Si se impide que,
no obstante no acceder al Gobierno, el partido del exdictador consiga mayoría
calificada en la asignación de escaños parlamentarios, el camino a la
abrogación de esas normas espurias quedará allanado, incluso si ninguna fuerza
alcanzara, por sí sola, una mayoría necesaria para ello, apelando a acuerdos
con otras para tal propósito.
El periodo de transición está dejando a la ciudadanía un
mal sabor de boca. Entre las primeras tareas del próximo gobierno estará la de
destrabar lo que un grupo de vividores de la política le deja como presente
griego.
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