Un mu(n)do feliz

Fue Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, quien definió la eudaimonia (la felicidad) –de algo sirve haber hecho unos cursos de Filosofía en mis años mozos, conservando algunos apuntes- como la actividad del espíritu por el conocimiento de la verdad, siendo el placer y la alegría tan solo ecos de tal acción. Para la filosofía griega, la felicidad es el bien supremo al que aspira el ser humano; es su verdadero sentido de la vida.

Fue Aldous Huxley, en su Un mundo feliz, quien imaginó un “Estado Mundial” regido por la trilogía “comunidad, identidad, estabilidad” en el que, mediante el uso de una droga de la felicidad, una estructura jerárquica (de castas) social, el condicionamiento de los niños y el procedimiento eugenésico tendente a la eliminación de los genes “fallidos” a fin de preservar los elementos citados, se construiría una sociedad en estado de felicidad permanente. Eso sí, a costa de arrebatar, a las personas y grupos de personas, lo que no hace humanos y sus extensiones: varios campos simbólicos, la diversidad cultural y, por ende, el libre albedrío.

Utopía filosófica e individual, la primera, y distopía política y social, la segunda.

Se puede enumerar una serie de posturas alrededor del tema, pero, de hacerlo, no me quedaría espacio para lo que traigo a cuento a propósito de la inclusión de una oferta electoral que promete felicidad a la población boliviana si es que la misma da sus votos al Ungido –aunque ilegal- en octubre.

El régimen consigna entre sus ofrecimientos al electorado un acápite bajo el denominativo “Disfrute y felicidad”, la promesa –consecuencia del “Vivir bien”, tan caro a los miembros de la nomenklatura masista, supongo- de una letanía de divagaciones que bajo la forma de atractiva envoltura lírica –al estilo del preámbulo de la Constitución- que, viniendo de donde viene, esconde algo más perverso.

En el colmo de la impostura, ofrece la eliminación del conflicto –no son palabras textuales, pero eso se lee entre líneas- ¿Qué significa esto? Nada menos que un paso más en la toma absoluta de poder que el régimen ansía: la proscripción del disenso. En suma, “su” felicidad.

Es cierto que buenas políticas públicas pueden elevar la sensación de felicidad de los habitantes de una determinada nación, pero, por mencionar un extremo, la población civil de una nación en guerra ¿debe sentirse feliz de que su ejército esté acabando con la población civil del “enemigo”? No olvidemos que la guerra ha sido usada como expediente para generar cohesión social cuando el poder político se siente amenazado. Incluso aceptando esta situación límite, resulta altamente sospechosa una felicidad presentada como oferta político-electoral.

Por cierto, e independientemente de variables externas (en la línea de Locke), los bolivianos, en considerable mayoría, se definen como intrínsecamente felices –recuerdo un libro de Ayala Bluske, Subdesarrollo y felicidad-, aunque la base material no deja de tener una relación directa en el aumento o disminución de esta sensación. El documento del régimen también cita la frase “el dinero no compra felicidad”; le dejo a usted escudriñar en el sentido de la misma.

Pero, ya ingresando en la negación de la realidad, el régimen vincula el mar a su promesa de felicidad. ¿Me perdí de algo? ¿La Haya reconsideró su fallo y ahora exige a Chile la otorgación de una costa con soberanía a Bolivia? ¿Es hora de tirar cohetes? ¡Pero qué felicidad!

Con estos elementos, qué clase de felicidad es la que promete el régimen, ¿la de Aristóteles o la de Huxley?; a mí me late que la última: “felices” pero mudos.

El TSE y su ominoso papel

                                                Detalle de viñeta de El Diario

Coincide la publicación de esta columna con el plazo para inscribir las listas provisionales para habilitar candidatos a diputados y senadores que intentarán hacerse de un curul en el parlamento. Digo “provisional” porque, como es habitual, hay un tiempo prudencial para arrepentirse, renunciar y ser sustituido por otro postulante o ser cambiado a la fuerza. Hasta ahí, no hay novedad, pero el inefable Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ampliado esa gracia a los aspirantes a las dos primeras magistraturas que presentaron sus respectivas renuncias, luego de negar sistemáticamente la posibilidad de aceptarlas sustentándose en el carácter vinculante de las “elecciones primarias”, aceptando solo la muerte o impedimento permanente como causal de sustitución. Pero esta es solo la última tropelía del ente electoral. Volveremos sobre la misma luego. Entretanto, recorreremos parte del camino que condujo a este desastre.

Todo comenzó con la toma por asalto del organismo electoral por operadores del régimen luego de la última gestión institucional, a cargo de Salvador Romero Ballivián, cuando aún se llamaba Corte Nacional Electoral (CNE). De ahí en adelante, una entidad que había alcanzado altísimos grados de credibilidad comenzó a caer en picada hasta acabar en lo que tenemos hoy: una caterva de incompetentes sumisos al poder que juegan a quién es más obsecuente que el otro en su afán de quedar bien con el jefazo que los colocó en el cargo.

Se dice que todo tiene límite, pero que el límite de rastrerismo de los vocales en ejercicio, heredado –y “capitalizado” por éstos- de sus predecesores quienes, a su vez, lo heredaron de los anteriores, no parece estar próximo.

Puede parecer reiterativo mencionarlo, pero el punto de inflexión para la recomposición de la entonces CNE fue una situación similar a la que arrastra el TSE desde hace tiempo; me aventuro a afirmar que el problema del también conocido como Órgano Electoral Plurinacional (OEP) es mucho más álgido que el de aquella corte envilecida. La renovada Corte hizo de los principios de imparcialidad, neutralidad, autonomía e independencia, su divisa; los tribunales del régimen parecen haberla sustituido por fraudulencia, obsecuencia, ignorancia e incompetencia. Así, no hay manera de llevar adelante un proceso eleccionario mínimamente creíble.

Repitiendo el libreto de sus antecesores, los (evo)cales actuales se desentienden de las constantes violaciones que comenten los ilegales candidatos del régimen en su afán por engatusar a los votantes. Partiendo de la habilitación de tal dupla imponiendo unas primarias de dudosa legitimidad, puesto que no estaban previstas para esta oportunidad sino para los siguientes comicios generales, como afirman los proyectistas de la Ley de Organizaciones Políticas, todo ha sido un agachar la cabeza ante los designios de sus patrones palaciegos.

Asimismo, a la manera de sus “antiguos”, el empadronamiento sospechoso con traslado de ciudadanos de un municipio a otro, con casos sorprendidos “in fraganti”, ha sido moneda corriente (moneda corriente, literal).

Ya en el borde de la trapacería, los títeres del MAS, intentaron perforar el principio de paridad y alternancia en las listas. Solo la condena ciudadana les hizo volver sobre sus pasos.

Volviendo al comienzo, a lo último en realidad, con la aceptación de renuncias ampliada a candidatos al Ejecutivo, que les viene bien a dos partidos, se plantea la ruptura de la vinculancia de las forzadas “primarias”. Por tanto, corresponde también que sobre esto el TSE vuelva sobre sus pasos y enmiende el despropósito de habilitar a los usurpadores Morales Ayma y García Linera.

Financiamiento: la paja y la viga

Si hay un asunto en extremo delicado en época de campañas electorales, ése es el del financiamiento de las mismas. A mi manera de ver, el problema no es el monto –tanto la proclamación de austeridad como la confesión de éxito recaudatorio son sospechosas; la primera por lo de “quién les cree que gastarán tan poquito”, la segunda por lo de “de dónde sale tanta plata”-. Para evitar estas suspicacias, solo hay una fórmula, difícil de conseguir, sin embargo: se llama transparencia.

Me refiero al tema a raíz del revuelo causado por la revelación –infidencia, acaso- de una respetable cantidad de morlacos recolectados por una tienda política supuestamente en kermesses. No era necesario el eufemismo. Mejor llamar a las cosas por su nombre: si uno va con una encuesta favorable en una mano y un sombrero en la otra, los quibos empiezan a caer y sumar.

Por eso me parecieron muy oportunistas las reacciones de unos y otros ante tal cuestión. Por un lado, el Sr. García, nada menos que el operador más conspicuo del régimen más corrupto de la historia, juzgaba la paja en el ojo del rival cuando es inocultable la viga que cubre el suyo. Atribuía tal cifra a aportes del narcotráfico… ¿Acaso fue el opositor quien se chanceaba con Montenegro? ¿acaso fue el opositor quien andaba vinculado al clan Castedo? ¿acaso fue el opositor quien nombró Jefe de Inteligencia a Sanabria? El exabrupto alcanza su máximo grado de cinismo cuando está claro que la campaña del régimen maneja recursos astronómicos, y no hablo de los provenientes de los descuentos a los funcionarios.

Por su parte, otro partido en carrera aprovechaba para hacerse el ofendido, cuando no da la menor muestra de estrecheces y, por el contrario, parecería que goza de buena salud financiera.

Pero la reacción menos inteligente ha sido la de la propia organización que generó la polémica. Lejos de asumir que como candidatura exitosa puede conseguir inclusive más apoyo monetario que el barajado hasta ahora, se hizo la estrecha y poco le faltó para declararse en quiebra.

Si la transparencia fuera absoluta, nadie tendría que andar dando explicaciones a cada paso. Simplemente, se conocerían las cantidades de los aportes, los nombres de las personas, empresas o entidades que los abonaron y el destino que corrieron. La eliminación del anonimato debería ser una condición, así se evitarían los “donativos” demasiado generosos, de dudoso origen y, a la vez, condicionados.

Si esto le suena a demasiado cándido, recuerde la hábil estrategia de Barack Obama para obtener fondos: redes, centavo a centavo. Se dirá que es otro contexto –cada vez que alguien quiere desoír algo, dice que “es otro contexto”- pero lo bueno puede ser adaptado, mejorado incluso, a otra realidad. Para el caso, la nuestra.

Hace aproximadamente una década, Julio Aliaga, mi persona y un desarrollador, diseñamos una herramienta que garantizaba a quien quisiera emplearlo –obviamente tenía un costo operativo- una recaudación de fondos totalmente transparente proveniente de adherentes a una campaña, desde el registro hasta el destino de los recursos (accountability), pasando por el abono. Dicha herramienta iba “casada” con un sistema de peticiones similar al AVAAZ.

La conclusión a la que llegamos es que a nadie le interesó un instrumento que transparentara los aportes (ni siquiera a algunos potenciales aportantes, quienes preferían sus nombres en reseva, en pruebas piloto que hicimos).

Esta es la neta, estimado(a) lector(a). Lo demás, son pajas y en el caso del régimen, vigas.