El Superestado cocainero

Hace unos días se me ocurrió una frase carente de inocencia que acabé publicándola en las redes. “El régimen tiene su ‘base’ en el Chapare”, rezaba la misma, y provocó una serie de reacciones, a tono con el juego de sentido, entre las que “Yo más bien creo que están los cristales de la familia” es de las más suaves. Probablemente, el aire jocoso de comentarios como el citado sea la mejor constatación de que nuestra sociedad ha naturalizado un asunto tan oscuro como es el de la producción de cocaína –junto con el tráfico de la misma- al grado de tomárselo a broma –“de mal gusto, pero broma al fin” diríase, parafraseando al señor García cuando se refiere a los autos chutos (de contrabando)-.

Ahora doblo la apuesta y hablo del Superestado cocainero lo que, ciertamente, no es un denominativo descabellado, sobre todo a la luz de recientes acontecimientos que han encendido nuevamente las alarmas respecto a la naturaleza del poder que nos rige. Curiosamente, algo que se suele “olvidar” a la hora de husmear lo que ocurre con su base, es el hecho de que el señor Morales Ayma, presidente del Estado, no ha dejado de ejercer el cargo de Secretario Ejecutivo del Superestado mencionado.

Hasta hace poco, las pistas –no las de aterrizaje- que se tenían sobre el poder superestatal de la región productora y comercializadora de cocaína eran los casos de conexión entre funcionarios gubernamentales y proveedores de sustancias incontroladas que, no por acción del gobierno, eran puestos en evidencia. Una mezcla de tolerancia hacia el régimen –por una economía de carácter extractivista en auge- y por las fintas del propio régimen para zafarse de tales relaciones lograba atenuar, de alguna manera, el impacto, en materia de desgaste político, del mismo.

¿Cambiarán los recientes hechos esa especie de blindaje que Estado y Superestado se prodigan mutuamente? Veamos.

Más allá de la recurrente prohibición de ingreso al territorio “liberado” a los candidatos que se oponen al Jefe del Estado y del Superestado –la misma persona-, una reciente emboscada a miembros de Umopar que detectaron una pista clandestina supuso el tránsito de las palabras a los hechos, dejando el mensaje de que, efectivamente, el narcotráfico opera a sus anchas en el Chapare. Un oficial de Policía destinado a la zona ha afirmado “ellos (los dirigentes sindicales cocaleros, cuyo máximo líder es Morales Ayma) tienen más poder, ellos dirigen no solo sus sindicatos cocaleros, sino a todas las comunidades”.

En una nota de prensa suscrita por Iván Paredes Tamayo, su autor sostiene que: “No quieren extraños en su territorio, mucho menos que resurjan rumores de negocios ilícitos. En pleno trópico saben que los ‘ambulantes’ son quienes mueven el negocio del narcotráfico. No lo niegan…” (Los ‘ambulantes’, la pieza clave en el negocio del narco en el Chapare, El Deber, marzo 17 de 2019).

Si a ello sumamos la preocupación de la JIFE, expresada en Viena -donde el jefe del Estado y del Superestado fue a promover el “modelo” plurinacional de lucha contra el tráfico de estupefacientes- por el incremento de cultivos de coca en Bolivia, la actitud contemplativa e interesada de la comunidad internacional respecto al tema podría virar hacia una más dura, mellando así la resistencia del Superestado en complicidad con el Estado.

Dicho en otros términos, la paciencia con el actual estado de cosas podría estar agotándose y la mirada complaciente, llegando a su fin. De otra forma, la connivencia entre Estados –el formal y el chapareño- derivará en situaciones, cuando menos, lamentables.