Escena uno: La protagonista, una alta funcionaria de un
régimen corrupto, deja por un momento la reunión que sostiene con un grupo de
mafiosos aduciendo que debe arreglar cuentas con su vejiga en la toilette. En el interín, dentro de su
despacho, el lobbysta, que ya había acordado la acción con la dama, se dirige
hacia la computadora de ésta que, por supuesto, tiene toda la información
confidencial del Estado y la extrae sin apuro. Diez minutos después –“estos
cafés tan ricos”- la mujer vuelve para continuar la negociación con cara de “yo
no fui”.
Escena dos: En magistral acto de magia cabildera, la
defensa legal del Estado logra una acuerdo de resarcimiento con la empresa a la
que un Gobierno anterior le había revertido sus concesiones en el salar de
Uyuni por sólo tres millones de dólares que la firma afectada considera justo,
monto mucho menor que los cuarenta millones –que luego llegó hasta un descomual
ciento cincuenta- que había solicitado al comienzo del arbitraje al que se
sometieron ambas partes. Un exprocurador señala que el trato no se materializó
porque en el proceso se detectaron hechos dolosos.
¿No hubiese sido adecuado pagar esos tres millones, dar
por concluido el pleito y recién ocuparse de los documentos fraguados que, en
cualquier caso, no afectaron la resolución del tema a favor del Estado?
Escena tres: Vencido el tiempo para saldar la cuenta con
tres millones, la empresa vuelve a su posición inicial, cuarenta millones, y
luego va aumentando sus pretensiones hasta arrancarle al Estado cuarenta y dos
millones, seiscientos mil dólares de “compensación”, acuerdo que se celebra con
un fuerte apretón de manos entre los representantes de las partes.
Estos 42,6 millones son 14,5 veces más que aquellos 3
millones.
Escena cuatro: Puesta en evidencia la regalona manera en
la que el Estado defiende sus intereses, al régimen no se le ocurre mejor idea
que culpar al expresidente Mesa de tal descalabro; extremo que, por supuesto,
no se sostiene por ningún lado pero, ya sabemos, el régimen puede hacer lo que
se antoja con la justicia porque forma parte estructural del mismo.
Escena cinco: En otra circense “interpelación”
previamente cocinada entre el Procurador y el partido de Gobierno, los
ministros “interpelados” fueron ovacionados por el sumiso rodillo oficialista.
La nota destacada la puso el propio Mesa quien se presentó en el Parlamento
quien, una vez concluido el acto teatral, señaló que éste fue el inicio del
juicio que el régimen le seguirá prontamente.
Preguntas: A continuación adapto un cuestionario con
preguntas que no han sido convincentemente respondidas por los operadores del
régimen.
¿Qué motivó –por favor brindar una respuesta verosímil-
la no concreción del preacuerdo de resarcimiento por $us 3.000.000 a Quiborax?
¿En qué anda el caso de falsificación de un acta por parte de representantes de
Quiborax? ¿Hubo luego otro preacuerdo por $us 27.000.000? Si así fue ¿por qué
no se materializó? ¿Cómo sube abruptamente el monto hasta alcanzar el
definitivo de $us 42.600.000? ¿Por qué el Estado se dejó timar de tal forma?
¿Qué rayos se hará con la exsubprocuradora que dizqué dejó abierto su mail y
que los demandantes se aprovecharon de su nobleza? ¿El representante de
Quiborax fue parte del equipo chileno en el juicio por promesas no cumplidas
con Bolivia respecto al tema marítimo?
Conclusión: Soy partidario, por principio de seguridad
jurídica, de que toda empresa, nacional o internacional, que sea afectada por
el Estado reciba una justa compensación por ello, pero cuando es más que
evidente que el Estado se ha dejado esquilmar de esta madera, los involucrados
–operadores del régimen- deben asumir su responsabilidad, pero parece que tanto
quibo(rax) los ha vuelto caraduras.
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