Tiempo de sanción social

En un Estado de Derecho, vale decir, para el caso, aquel en el cual la justicia es independiente del poder político, las sanciones contra éste se administran por la vía jurídica. Pero cuando el poder judicial es controlado por aquel, y la sociedad se siente inerme ante la impunidad con la que regodean los operadores de un régimen corporativizado en función de evitar ser juzgado por conducto regular, surge el fenómeno denominado “sanción social” que, sin poseer fuerza punitiva, sí tiene carácter testimonial y poder moral.

La ciudadanía, para llegar a esa manera de expresar su repudio por las acciones cometidas por los poderosos de la política de turno, debe haber agotado las instancias jurídicas formales en su afán de hacer valer sus derechos.

Pero ante la oclusión de tales vías por parte del Estado, la gente recurre a formas más expeditas de manifestarlo. Surge así, ahora sin entrecomillado, la sanción social, como ha nacido por estos días con hechos que han dejado desconcertados a quienes han sido objeto de la misma: el Presidente, el Vicepresidente y el Defensor del Pueblo. Autoridades de menor visibilidad han sentido también, en carne propia, la repulsa a sus personas proveniente de la sociedad.

El fenómeno, que tiende a crecer, se ha presentado tardíamente en nuestro medio dada la extrema tolerancia con la que la ciudadanía soporta toda clase de abusos ejercidos desde el poder. La gota que colmó su paciencia fue la trastada del régimen contra la voluntad popular expresada el 21 de febrero de 2016 que puso coto a la ambición del régimen de perpetuarse en el poder. Aduciendo un supuesto derecho humano, los jerarcas del régimen desoyen al soberano con la venia de un Tribunal Constitucional sumiso a sus designios.

El primer gran gesto de sanción social ocurrió durante la inauguración de los administrativamente, más no deportivamente, cuestionados Juegos Odesur, con lo que pasó a conocerse como el “Caprilazo” (por haber ocurrido en el estadio Capriles). La silbatina generalizada cohibió a Morales Ayma de emitir el discurso inaugural, optando éste por una humillante escapada.

El Doctor García no la está pasando mejor. No hay lugar en el país en el que un estudiante no le interrumpa el discurso o lo incomode con preguntas inteligentes. El “Bolivia dijo No” lo persigue doquiera se encuentre. En un arranque de desconcierto ha confesado que la situación le “da rabia”, lo que no puede ser sino una buena noticia para los demócratas del país; si bien, por lo pronto, personajes como el susodicho no irán a parar a prisión, por lo menos sienten el repudio de la ciudadanía: de eso se trata la aplicación de la sanción social.

Sin embargo, ha sido el remedo de defensor del pueblo que tenemos –el rastrero más grotesco de la política local- quien ha recibido la más directa sanción social en el reciente periodo. Lejos de ayudarlo, la bochornosa reacción de su esposa lo ha puesto en una situación aún más incómoda.

Intentando zafarse del ridículo, este operador del régimen ha salido con que los derechistas le tienen envidia por ser marxista. Si alguien me ayudase a desentrañar tan lúcido concepto se lo agradeceré de corazón; realmente me supera.

Ahora bien, estas acciones ciudadanas se darán de manera cada vez más espontánea y se multiplicarán en tanto el régimen persista en desconocer el resultado del 21F.

El tiempo de la sanción social ha llegado. Que los operadores del régimen vayan entendiendo que no podrán salir a la calle sin recibir un gesto de repudio mientras continúen irrespetando al soberano. Bolivia dijo NO.