Juegos del poder

No es atributo exclusivo de este régimen, ni ocurre sólo en esta mediterraneidad nuestra; pero de que con Morales Ayma y su pandilla azulada sobrepasó toda capacidad de asombro, no me quedan dudas. Y eso es lo peor: se ha naturalizado un comportamiento estatal pródigo en dádivas para sus adláteres que, cual si fuera el Moloch de Orinoca, reparte recursos del Tesoro a modo de bonos de lealtad. Así funciona la maquinaria del neo-riquismo del capitalismo andinoamazónico, artificio incorporado por el Doctor García a la teoría económica.

Me refiero a que, como la historia de estas tierras demuestra, el catalizador por excelencia para la movilidad social de ciertos grupos es el acceso al Estado; de ahí su compulsión por la toma (y el deseo de permanencia prolongada en él) del poder. Rapacidad mediante, los cercanos al mismo trepan insaciablemente por la escala sin reparar en que, quizás, allá en lo más alto, un ogro los devore inmisericordemente o un dios los sentencie al fuego intemporal.

Ya sea dentro de la estructura administrativa, como operadores, con cargo formal o sin él; o por fuera –mediante una especie de puerta del saloon del far west- vestidos de “empresarios” medran de las arcas públicas, unas veces con más discreción que otras.

Poner una florería, o una agencia de viajes, o una empresa de catering –usualmente de propiedad del familiar más cercano al ministro de turno- en absoluta competencia desleal contra negocios levantados con el esfuerzo diario de emprendedores independientes del poder político, es un “clásico” de los juegos de poder, juegos que, como en el caso de los Odesur “Cocha 2018”, bien podrían ser denominados los Juegos de la Corrupción, merced a la grosera forma en la que sus contratos fueron adjudicados.

Hasta la llegada de la mancha voraz, los desembolsos mediante contratos por adjudicación directa, con dispensación de trámites, eran una excepción apenas admisibles en casos de extrema urgencia –desastres naturales, pandemias-, cuyo manejo tampoco estaba libre de la comisión de hechos de corrupción. La durísima ley SAFCO -que ¡ojo! sigue vigente, aunque “pildoreada” por el régimen- cohibía a los funcionarios de ser muy dadivosos con sus partidarios.

Ahora, con la asumida seguridad de permanecer en el poder tan largamente que no llegarán en vida a responder por sus actos dolosos, se ríen cuando son encontrados con las manos en la masa.

Uno de los modus operandi consiste en montar empresas con un irrisorio capital para favorecerse con jugosos contratos por vía directa. Empresas declaradas como “unipersonales”, carentes de activos, con oficinas alquiladas, “empresas” subcontratadoras cuyos “gerente-propietario” se quedan con la parte del león; aventureros que redactan ellos mismos los términos de referencia por pura formalidad.

Suena a “cara conocida”, ¿no le parece? El régimen ha hecho que lo excepcional se convierta en la norma que garantiza a sus muchachos una vida libre de las preocupaciones mundanas de los que se procuran el pan de manera honesta y, mucha veces, sacrificada. Juegos del poder, juegos de corrupción, parecería ser la consigna de este tiempo aciago.

Si algo de bueno podemos sacar de este desolador cuadro, es que queda cada vez más claro el motivo por el que el régimen se aferra con uñas –que las tiene bien desarrolladas- y dientes al poder: para seguir usufructuando impunemente de las arcas estatales.

Cabe también finalmente reiterar que, justamente por este tipo de comportamiento, el soberano decidió ponerle freno a las pretensiones de atornillarse indefinidamente en el poder del jefe de la banda.