No me cabe duda de la solidez de los argumentos
contenidos en el recurso sobre el tema marítimo presentado por el Estado ante
la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda.
Creo firmemente que el planteamiento, trabajado
inicialmente por el Dr. Ramiro Orías, es lo suficientemente contundente como
para causar un remezón en la diplomacia chilena. Encontrarse en puertas de los
alegatos orales es ya suficiente muestra de ello.
Considero acertada la difusión del tema que, en su
primera etapa, realizó el vocero de la causa. Su papel fue determinante para
dar a conocer al mundo la naturaleza del reclamo boliviano.
He catalogado el reiterado cambio de agente ante el
Tribunal como una señal de desconcierto del lado contrario. Inversamente, la
permanencia del mismo representante del nuestro es una clara muestra de
confianza y unidad en torno de la demanda.
No alcanzo, sin embargo, a racionalizar la inclusión
–postrera, además- de un cuestionado personaje como coagente. Su nefasto papel
en la marcha indígena y sus pronunciamientos –como aquel en el que brinda su
apoyo, en nombre los bolivianos, al sátrapa
sirio Assad- no son las mejores credenciales para ocupar tal sitial. Tampoco me
hace gracia el manoseo al que fue sometido el vocero.
Con todo, Bolivia se encuentra en buena posición –no digo
“inmejorable” porque, precisamente, ese es el tipo de expresiones que observaré
más adelante-.
En tal sentido, espero con moderado optimismo el pronunciamiento
de la Corte y lo tomaré con serenidad aun cuando éste fuera ampliamente
favorable a la posición boliviana –una improbable conminatoria al Estado vecino
a honrar sus compromisos-.
Ya por fuera de la demanda propiamente dicha, su manejo
por parte del régimen en el ámbito interno es deplorable. Esta gestión merecía
un tratamiento sobrio y mesurado –ciertamente, al frente las cosas están peores
pero ese o es nuestro problema- y las autoridades han hecho exactamente lo
contrario: vocinglería, campaña electoral, ruido y MAR-keting.
Entiendo como MAR-keting la creación de falsas
expectativas en torno a los alcances de un próximo fallo de La Haya, como la
hiperbolización de un tema de por sí enorme y como el uso abusivo del tema con
carácter político –léase, “con esto nos quedamos en el poder forever”-. Todo para algo groseramente
obvio: llevar agua salada a su molino.
Se dirá que, como promotor del recurso, el régimen tiene
todo el derecho de sacar rédito político del mismo; si sus armas fueran nobles,
bien por él, pero semejante inflación de expectativas podría ser, en el corto
plazo incluso, contraproducente a sus propias ambiciones. En un ¿ataque de
entusiasmo? El Presidente ha llegado a decir que hasta finales de este año el
país tendrá mar –con soberanía, le agrego-.
No sabemos con exactitud lo que irá a decir el fallo. Lo
que sabemos es lo que no dirá –porque no le compete, porque no quiere
comprometerse, porque no es lo solicitado o por que fuere-.
La CIJ no puede “abrogar” (no es el término exacto pero
me dejo entender, ¿no?) el Tratado de 1904, no sólo porque si lo hiciese
abriría las compuertas a la anulación de todos los tratados, sino porque ni
siquiera está en juego en la demanda. Tampoco dirá que se tiene que otorgar mar
a Bolivia hasta diciembre de 2018.
Invitará sí, cordialmente, a ambos estados a resolver
compromisos no cumplidos en el marco de la convivencia pacífica entre naciones.
Entonces se abrirá otra etapa que, ojalá, se la maneje con sobriedad y mesura.
No olvidemos que ya hubo un régimen que se trajo el mar
en el bolsillo.
El límite está claro.
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