A falta de notables... ¿rotables? ¿potables?

La larga lista de aspirantes a ocupar las vocalías vacantes en el Tribunal Supremo Electoral me ha producido un sinfín de reflexiones sobre la manera en la que se está estropeando –con cada vez mayor decisión- la institucionalidad democrática en general, y la electoral en particular.

Y es que, a la sola mirada de dicha nómina, salta lo absurdo de esta convocatoria que, con apariencia de democratizadora, conduce mecánicamente al embudo de los dos tercios que ostenta el régimen en el Congreso por lo que aquellos nombres de operadores del oficialismo tienen prácticamente asegurada su selección (de lo contrario, no se habrían molestado en anotarse siquiera).

Este tipo de tongos se dan por la errónea concepción, lastimosamente dominante, de que mientras más postulantes haya, más democrático es el régimen, sin considerar que para ciertas instancias lo meritocrático es, precisamente, un indicador de la salud de la democracia. La malhadada “elección” de magistrados judiciales ya significó un retroceso en materia de institucionalidad.

¿Cuál es, según mi criterio, el perfil de un potencial árbitro electoral? Ser una personalidad que no necesite acceder al cargo para ser alguien, poseer una trayectoria cuyo prestigio esté por encima de los cambios de humor de la política local e investir tal carácter que no necesite retribuir la “gauchada” de haber sido nombrado vocal favoreciendo los designios del poderoso. Más allá de las credenciales académicas e intelectuales, sin estos atributos un vocal electoral jamás gozará de credibilidad, menos un cuerpo compuesto por siete personas.

¿Dónde están, entonces, los notables? Están en sus casas y –sentido común mediante- decidieron no someterse al manoseo de sus nombres y seguir dedicados a sus actividades particulares. Otra cosa hubiera sido que fueran llamados, dada la delicada situación del ente electoral luego del paso de la Banda de los Siete, análoga a la que dejaron la de los cuatro hace casi tres décadas, a devolver a la institución electoral el prestigio que llegó a tener hasta antes de que el régimen metiera sus uñas en ella. Dudo mucho de que se excusarían.

Los vocales y las vocales de la corte electoral, hasta la gestión de Salvador Romero, sí poseían los mencionados atributos; por eso sus designios nunca fueron puestos en duda y, menos, sus personas cuestionadas.

Así pues, me ha causado ternura la ingenuidad del grueso de los componentes de la lista de aspirantes. Probablemente bienintencionados, saben que sólo están en calidad de relleno. Tengo algunos amigos en este grupo.

Asimismo, indignación la presencia de los “rotables” del régimen, que van de puesto en puesto por donde les señalan sus padrinos políticos. De éstos, los que más rechazo me han producido son los que habiendo, a su paso por él, contribuido al desprestigio del TSE, tienen la cara de presentarse, probablemente en concomitancia con el Gobierno. ¡Verdaderos sinvergüenzas!

 

Ni qué decir sobre los prontuariados que figuran como candidatos. Ni siquiera se merecen que los mencione; pero sí es curioso que aparezcan como “indígenas”, probablemente para aumentar sus posibilidades, ciudadanos portadores de apellidos castizos –al estilo de Morales-: Antezana Terrazas, Chávez Terrazas, Claure Moya, Elío López, Gonzales Valdivia, Herrera López, Olañeta Burgoa, Ovando Fernández, Ruiz Flores, Sanabria Contreras, Tórrez Vargas, Velasco Mosquera...

En este desolador panorama, encuentro un pequeño grupo de “potables” –un par que no menciono porque estoy consciente de que los perjudicaría-, pero es casi seguro que el régimen se los pasará por el forro.

Tour de force

Una suerte de protocolo no escrito prescribe que una nueva autoridad electa goza de un periodo de gracia de unos tres meses durante los cuales la ciudadanía va evaluando el estilo de aquella, tiempo en el que cesan las hostilidades políticas, tiempo de la pax.

Este lapso surge del aprendizaje democrático de la sociedad, luego de que el primer presidente de la reciente era democrática, Hernán Siles Zuazo, no gozara de tal beneficio de la duda – a pesar de que el propio Siles había pedido cien días de plazo a la población para dar respuesta a sus demandas-. La historia es por demás conocida: la izquierda recalcitrante (en las calles) coludida con la oposición irresponsable (en el parlamento) acosaron al mandatario a sol y sombra, acorralándolo hasta que consiguió lo que quería –“voltearlo” haciendo uso de formas “democráticas”-. Paradójicamente, el hombre-símbolo de la reconquista democrática tuvo que recortar su mandato para garantizar la continuidad de la misma.

Rompiendo esa sana tradición, el régimen determinó hacerle la vida imposible a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, incluso antes de que tomara posesión del cargo. Primero fue un dirigente de apellido Rocha quien la amenazó con convertirse en “su peor pesadilla” y, recientemente, la pandilla de comisarios vecinales que estuvo al servicio del alcalde saliente, el masista Édgar Patana.

Es que Chapetón fue directamente a la yugular de la delincuencia instalada en su municipio para desarticularla y así comenzar la limpieza administrativa y moral de la institución.

Muy sueltos de cuerpo, los defenestrados agentes del ancien regime le plantaron cara exigiéndole respeto por los “usos y costumbres” con los que habían medrado del poder local durante una década. Con firmeza, la Alcaldesa, con la formidable legitimidad que la acompaña, resistió el embate y estoy seguro de que saldrán no sólo airosos, sino doblemente fortalecidos –ella y su equipo- de este tour de force con el que les tocó lidiar nada más estrenarse como autoridades de la ciudad –reitero, ciudad- de El Alto.

En perspectiva, sin embargo, lo ocurrido en El Alto es un pequeña muestra/advertencia de lo que, multiplicado por diez, le ocurriría, dentro de cuatro y medio años, a quien osara imponerse electoralmente al caudillo que ya ha comenzado a abonar el terreno para habilitarse a la reelección indefinida vía reforma constitucional –aunque para su reciente habilitación sencillamente violó, con la venia del sumiso tribunal constitucional, la CPE, “su” CPE-. Sistemáticamente, el régimen ha estado violándola por todo orificio posible.

Comoquiera que el ensayo en El Alto le ha resultado un fiasco, el régimen no va a escatimar recursos públicos en preparar la toma del poder por asalto si acaso, como su tendencia descendente se consolida, lo pierde electoralmente. Son tantos sus intereses creados, sus redes de corrupción (como se vio en El Alto), sus lealtades, sus “cadáveres en el closet”, que no va admitir fácilmente una derrota, como no la admite ahora en la ciudad de Chapetón.

Una nueva legitimidad ha emergido: los llamados “movimientos sociales” (grupos de presión devenidos en actores políticos, en realidad) están implosionando en su propia impostura y los bolivianos están recuperando su condición de ciudadanos –no es un lapsus- que les fuera arrebatada por aquellos.

Ciudadanos y ciudadanas son quienes, en uso de su libertad –ésto es despojados del yugo corporativo- definen el destino de su comunidad (y no al contrario, o sea que la comunidad defina el voto de la persona). Los alteños se han rebelado contra el corporativismo; el régimen tiembla.

El régimen y su MARketing electoral

Ha transcurrido el proceso electoral que incluyó las elecciones generales (Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados), las elecciones subnacionales (gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales) y las elecciones de segunda vuelta (balotaje en Beni y Tarija).

Sintomáticamente, a la fecha, todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional (TSE) han presentado renuncia y la Asamblea Legislativa Plurinacional la ha aceptado.

Este hecho –la renuncia una vez concluidos los tres momentos electorales mencionados- ha hecho aumentar las sospechas de que el árbitro electoral no actuó con la independencia, autonomía, imparcialidad ni la neutralidad que son los elementos primordiales para una institución de esta naturaleza.

Comoquiera que todas las autoridades resultantes de estos comicios ya han sido posesionadas en sus cargos, no se puede hacer prácticamente nada respecto a lo (mal)obrado por el árbitro electoral.

Para mayor suspicacia, la renuncia de la llamada “Banda de los Siete” no se produce por el clamor ciudadano que, desde hace años, estuvo expresándole su repulsa, sino que lo hace por orden/ultimátum del propio régimen que se benefició con su accionar.

El régimen, con la habilidad que le caracteriza, se ha hecho el abanderado de una cruzada que comenzó cuestionando al propio régimen, como se hizo abanderado, entre otras cosas, de las autonomía a las que había combatido durante los referéndums autonómicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

El descalabro del sistema electoral sólo viene a corroborar el estado de la institucionalidad del Estado por obra y gracia de un régimen que implementó reformas para beneficiarse a sí mismo: en ruinas.

El propio régimen ya había admitido que su pretendida “revolución de la justicia”, resultó en un fiasco de proporciones. La elección de magistrados por voto popular –por las cuales hubo gente que accedió a sus puestos con votaciones de risa- debió haber sido anulada en tanto la mayor parte de la ciudadanía optó por el voto nulo, blanco e inválido. El principio mismo de tal elección es deleznable. En su momento, advertimos que era como querer el elegir al Alto Mando Militar mediante voto ciudadano y con las postulaciones de cualquier miembro de la institución: tendríamos por Comandante, probablemente, a un componente de la tropa.

Distorsiones por el estilo han hecho que unos de los pocos sostenes del régimen sean la bonanza residual, con sus “éxitos” coyunturales  -fugaces- y su ya reconocido estilo de campaña permanente en la que no escatima recursos públicos.

En la perspectiva de la reelección indefinida, que debe seguir procedimientos constitucionales que no serán óbice para el régimen al contar éste con los 2/3 de rigor, gentileza de la “Banda de los Siete”, aunque debe ser sometida a un referéndum que puede resultar contrario a dicha pretensión, la campaña permanente ha incorporado un recurso cuestionable: el MARketing, esto es, ligar el anhelo marítimo, de manera excluyente, a la figura del señor Evo Morales al timón del Estado.

En un adelanto de lo que sería el MARketing con miras a la eternización del caudillo en el poder, su segundo de abordo ha señalado que “uno de los cinco requisitos para conseguir ese objetivo (el retorno al mar) es que el Presidente Evo siempre nos acompañe”, y si bien no lo ha vuelto a repetir, las cartas ya están sobre la mesa: la demanda ante La Haya y acciones similares del régimen están orientadas a obtener una rentabilidad electoral más allá de 2020.

Habrá que recordar que Churchill llevó a su país, junto a los aliados, a ganar la Segunda Guerra Mundial pero perdió las elecciones que siguieron al conflicto bélico.