Si uno creía que lo del censo fue el “no va más” de la
incompetencia o que lo de la justicia, producto de las malhadadas elecciones
judiciales, es la muestra más vergonzante del estado de las cosas, tiene ahora
motivos para corroborar que siempre puede haber casos peores. Pero que ni el
ministerio de Planificación ni los administradores judiciales se sientan
aliviados (consuelo de tontos).
El asunto es que el Órgano Electoral del “Estado
Plurinominal” ha hecho méritos más que suficientes para ser el más chapucero de
toda la (des)institucionalidad en la que el país anda sumido.
Lo ha hecho a pulso, como queriendo que su cusetionable logro
esté fuera de toda duda, como para ser el dueño absoluto de los titulares de
prensa, como para que su protagonismo sea indiscutible.
El deterioro institucional y moral del árbitro electoral
no es, sin embargo, de reciente data y lo ocurrido con el actual es la vil
consecuencia de la intromisión del régimen en asuntos de su concernencia a partir
de la “gestión” del señor Exeni hasta la caricatura de entidad que tuvo la
(i)responsabilidad de administrar los más recientes procesos –y, en particular,
el último-.
Ocho personajes de avería
(siete vocales y un comisario impuesto por la Vicepresidencia) con sus
correspondientes representantes en
varios tribunales departamentales, han sido los causantes del mayor
desaguisado
de la historia electoral de Bolivia, al extremo que a los habitualmente
timoratos y complacientes observadores de la OEA no les quedo otra que
referirse, así sea en términos diplomáticos, a la lamentable actuación
del TSE.
Desde sus tropiezos en la delimitación de las
circunscripciones uninominales hasta el calamitoso estado de su sistema
informático, pasando por su simpatía por el narcodictador García Meza o por su
permisividad para con la campaña del candidato-presidente, sin olvidar lo del
“Estado Plurinominal”, el dichoso Tribunal Supremo Electoral ha superado cualquier
pronóstico de Murphy.
A la prescripción de no militancia partidaria (Ovando
estaría inhabiltado) habría que agregar la de no militancia corporativa;
retomar el criterio de notabilidad. De lo contrario, la crisis de confianza se
agudizará inexorablemente.
¿Ir a una nueva elección con el actual Tribunal? ¡Dios
nos libre!
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