jueves, 23 de octubre de 2014

TSE, o el súmmum de la chapucería



Si uno creía que lo del censo fue el “no va más” de la incompetencia o que lo de la justicia, producto de las malhadadas elecciones judiciales, es la muestra más vergonzante del estado de las cosas, tiene ahora motivos para corroborar que siempre puede haber casos peores. Pero que ni el ministerio de Planificación ni los administradores judiciales se sientan aliviados (consuelo de tontos).

El asunto es que el Órgano Electoral del “Estado Plurinominal” ha hecho méritos más que suficientes para ser el más chapucero de toda la (des)institucionalidad en la que el país anda sumido.

Lo ha hecho a pulso, como queriendo que su cusetionable logro esté fuera de toda duda, como para ser el dueño absoluto de los titulares de prensa, como para que su protagonismo sea indiscutible.

El deterioro institucional y moral del árbitro electoral no es, sin embargo, de reciente data y lo ocurrido con el actual es la vil consecuencia de la intromisión del régimen en asuntos de su concernencia a partir de la “gestión” del señor Exeni hasta la caricatura de entidad que tuvo la (i)responsabilidad de administrar los más recientes procesos –y, en particular, el último-.

Ocho personajes de avería (siete vocales y un comisario impuesto por la Vicepresidencia) con sus correspondientes representantes en varios tribunales departamentales, han sido los causantes del mayor desaguisado de la historia electoral de Bolivia, al extremo que a los habitualmente timoratos y complacientes observadores de la OEA no les quedo otra que referirse, así sea en términos diplomáticos, a la lamentable actuación del TSE.

Desde sus tropiezos en la delimitación de las circunscripciones uninominales hasta el calamitoso estado de su sistema informático, pasando por su simpatía por el narcodictador García Meza o por su permisividad para con la campaña del candidato-presidente, sin olvidar lo del “Estado Plurinominal”, el dichoso Tribunal Supremo Electoral ha superado cualquier pronóstico de Murphy.

A la prescripción de no militancia partidaria (Ovando estaría inhabiltado) habría que agregar la de no militancia corporativa; retomar el criterio de notabilidad. De lo contrario, la crisis de confianza se agudizará inexorablemente.

¿Ir a una nueva elección con el actual Tribunal? ¡Dios nos libre!

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