En la medida en que uno se va adentrando en las oscuridades de la llamada “elección” de magistrados del Órgano Judicial, la cosa se pone más clara –valga el oxímoron-: Un foro-debate auspiciado por la Universidad Mayor de San Andrés (3 de junio), un chat promovido por Aula Libre y Diario Crítico con el Senador Luis Pedraza (7 de junio), y la causa ciudadana por una justicia independiente, que ya tiene el respaldo firmado de 230 personalidades (7 de junio) interpelan, por separado, la manera cómo se impuso este mecanismo.
Del foro de la UMSA me quedan una imagen y un concepto: El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Zaconeta, excusándose del debate a título de sus “múltiples ocupaciones” y la sentencia de que si no mejora sustancialmente el presupuesto del Poder Judicial –para usar los términos clásicos- no habrá elección u otro tipo de designación de sus componentes que lo arregle e impida que la corrupción tenga un buen caldo de cultivo en los tribunales.
Del chat con Pedraza rescato esta afirmación: “Ante esta inevitable realidad, el único camino parece ser una elección sin opositores, que garantice la reelección de Evo con un Tribunal Constitucional que lo autorice, un Tribunal Electoral absolutamente funcional, sin presencia alguna de control electoral y un sistema electoral desnaturalizado. El aparato que asegure este proceso ya se ha montado y requiere de una prueba en la que no sólo se vea el funcionamiento del aparato en si sino se pueda además controlar la reacción popular”.
Y del segundo manifiesto ciudadano extraigo estas líneas: “Mientras se mantengan las condiciones impuestas por el partido gobernante, persistiremos en nuestra denuncia del proceso de elección de los órganos judiciales. Insistimos en se trata de un procedimiento sectario y excluyente, que no responde a las necesidades de una verdadera reforma judicial y que terminará agravando las injusticias que supuestamente trata de superar”.
Y me quedó eso del presupuesto porque, haciendo números, resulta que los 140 millones de Bolivianos –la suma más alta en la historia de los comicios- presupuestados para este simulacro de elección, equivalentes a cuatro veces el monto del bono “Juancito Pinto”, bien podrían servir para mejorar legalmente los ingresos de los operadores de justicia en lugar de pagar con ellos esta engañosa elección. Pero, como decíamos, está claro que lo que menos le interesa al régimen es el estado de la justicia, sino copar sus órganos para allanar su camino hacia el totalitarismo.
Tampoco deja de llamar la atención el parecido la concepción de esta votación con las de la cooperativa telefónica COTEL (de ahí el título): está diseñada para dar puestos sin importar la concurrencia de votantes –a los consejeros de la telefónica los elige no más del 20% de la masa societaria y al comité electoral no le interesa ampliar la participación. A mi modesto entender, hace más de 10 años que la cooperativa está en condiciones de, justamente por ser del rubro, de ejecutar una elección por vía telefónica ¡y no le da la gana de hacerlo!- lo que sumado al modo de asignación de cargos hace que, con plena probabilidad, más de un MASgistrado resulte “elegido” ¡con menos del 1% de los votos!.
En resumen, lo que se quiere presentar como el non plus ultra de democracia es exactamente todo lo contrario: es su sentencia de muerte.
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