Dado que por la formación ciudadana que uno posee jamás podrá entender, menos aún justificar, el sistemático atropello a la institucionalidad democrática que el presidente Morales se empeñó en cometer desde el instante mismo en que asumió el cargo –patentizado en su antológica frase “Yo le meto nomás”- con algo de esfuerzo se podría interpretar que el marco constitucional anterior restringía tanto su buena intención que no le quedaba otro remedio que dejar a sus abogados (“para eso han estudiado”) el trabajo sucio de defender lo indefendible.
Bajo tal argumento, era de suponer que una vez puesta en vigencia la Constitución por la que el Gobierno llegó al extremo de matar, el Primer Mandatario ya no habría de tener la desfachatez de manosear a su propia creatura; pero hete aquí que el primero en violarla una y otra vez resultó ser quien le dio el apellido. ¡Qué tío más desnaturalizado!, exclamarían en la brigada de protección al menor.
En 1865, durante la recepción oficial brindada para celebrar la promulgación de la nueva Constitución del Estado, el Presidente de la República, Gral. Mariano Melgarejo, interrumpió a un orador que elogiaba las bondades del flamante texto y, con su acostumbrada “delicadeza”, se dirigió al selecto grupo de invitados para advertir que así como hasta entonces había gobernado metiéndose la Constitución anterior en un bolsillo –señalando tal parte- haría lo mismo con la que estaba siendo objeto de festejo pues (sic): “Aquí no hay Constitución que valga; el que monta manda, y cartuchera al cañón”.
Momentos análogos que pueden sintetizarse como “Aquí no hay Constitución que valga; yo le meto nomás”. Y todos contentos festejando la ocurrencia. A mí no me hace gracia.
Por mandato constitucional, el Órgano Electoral ha sido restituido como Poder del Estado. Mi primer comentario es que su presidente, al ser representante del Ejecutivo, ya no tiene razón de permanecer en la institución. ¿Acaso en el Poder Judicial hay algún vocal representante del Ejecutivo –uno expresamente designado como tal-? Ergo, el Órgano Electoral tiene que asumirse plenamente independiente.
Lo menciono porque ante el decretazo que le “ordena” proceder al empadronamiento y voto de los bolivianos que viven en el exterior, lo adecuado es responder que el Poder Electoral es independiente y se atiene a lo estipulado en la Constitución. No ha ocurrido así y ahora Morales, con total desparpajo, amenaza con viabilizar por decreto los comicios en el extranjero -¿El que monta manda?- Pésimo precedente se sentaría si tal cosa llegara a suceder.
El derecho al voto allende nuestras fronteras debe ser ejercido en condiciones tales de transparencia que ni siquiera están garantizadas para lo doméstico. Por tanto, los poderes Legislativo y Electoral, a los que compete esta materia por prescripción constitucional, tienen la tarea de obrar con absoluta responsabilidad, más allá de ciertas indisimulables urgencias.
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