El ABC de la corrupción

 

“Donde hay corrupción ya no hay revolución. Entonces, que Evo Morales se deje de embustes” o “Ladrones blancos, ladrones morenos… los une el verbo (robar), los separa la vida” son dos de varios comentarios que rescato de una publicación en féisbuc que hice en 2009 -¡2009!-. Se trata de una composición gráfica que mostraba hongos brotando del suelo a los cuales le coloqué la referencia de algunos de los casos de corrupción conocidos por entonces, entre otros: “venta de avales”, “tractores”, “desvío de alimentos”, “pasaportes”, “nepotismo”, “contratos YPFB”, “bienes incautados”, “rugrats”… De varios ya ni me acuerdo quiénes estaban involucrados.

Desde aquellos tiempos mucha agua sucia ha corrido bajo el puente y su densidad ha ido aumentando hasta alcanzar niveles colosales –el gobierno constitucional transitorio no se libró de la mugre-, lo que me lleva a decir que, sin negar que hubo casos emblemáticos en el pasado, estructuralmente la corrupción se instaló en Bolivia el 22 de enero de 2006.

Si bien los casos que mencioné al comienzo tuvieron cierta repercusión en su momento, dos de la primera época de régimen fueron particularmente escandalosos: El caso “Santos Ramírez-O’Connor-YPFB” y el caso “Consorcio de extorsión” manejado desde el Ministerio de Gobierno.

Del primero se supo luego del asesinato del empresario Jorge O’Connor (quizás si esto no ocurría, Santos Ramírez seguiría siendo parte de la rosca mafiosa del régimen). En toda su sordidez, entre los pormenores del crimen asociado al hecho mismo de contratos arreglados para beneficiar a los ejecutivos de la empresa estatal y a los jerarcas del gobierno, está la participación de propietarios de conocidos quilombos de La Paz. En principio, Morales Ayma respaldó a Ramírez, pero luego, para zafarse del bulto lo “sacrificó” y éste purgo pena carcelaria con cierta permisividad: este servidor lo vio un par de veces saliendo del penal y abordando un vehículo. Divulgué el hecho y la prensa lo recogió con titulares como “Santos Ramírez es visto en la calle, dicen que fue al médico”. Años más tarde, Ramírez apunto a Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana como autores del plan criminal.

En épocas más recientes, los casos de megacorrupción más escandalosos fueron el del Fondo Indígena (FONDIOC) y el que denominamos “Cara conocida/CAMC”. Cuando se hizo público aquel, Morales Ayma expresó “hacen escándalo de dos millones y medio”. Como se sabe, el monto del desfalco –repartido entre varias cuantas particulares de funcionarios del régimen y organizaciones afines- fue, según cálculos conservadores, cercano a los 183 millones de dólares. Lo paradójico del asunto es que sus autores gozan de libertad y de poder, mientras que el denunciante, Marco Aramayo, fue llevado a la muerte por el régimen con las decenas de juicios que le abrieron.

Podríamos llenar decenas de páginas con casos de menor cuantía, pero el más reciente, motivo, además, de esta columna merece cerrarla. El asunto, conocido a partir de la guerra sin cuartel en las filas azules, y cuya investigación ha sido declarada “en reserva”, es una muestra más de la podredumbre del régimen masista.

Unos a otros, dentro del régimen, se tildan de “corruptos”, “ladrones”, “maleantes”, lo que da la idea de su absoluta decadencia y de la necesidad de recambio en la política; lo paradójico es que hay un vacío de liderazgo y propuesta –aunque la sola idea de gente honesta ya es atractiva- en las filas democráticas.

Este panorama sombrío tiene, en mi criterio, una explicación: desde 2006, el MAS viene escribiendo el ABC de la corrupción.