Candadotes

 

Estimo que el campamento azul ya tiene claro que cada día que pasa, la posibilidad de volver al poder se le escapa sin remedio incluso en el largo plazo. La probabilidad de que no haya segunda vuelta ante una hipotética concentración mayoritaria del voto en una opción distinta a la del “peor es nada” de Morales Ayma no es descabellada dada la repulsa de las clases medias a las últimas acciones delictivas del MAS, aunque depende de la lucidez de los los votantes.

Así las cosas, lo que queda del movimiento del exdictador, atrincherado principalmente en el parlamento, donde conserva una mayoría que ya no tiene en la ciudadanía, ha comenzado a curarse en salud –suena irónico que haga algo “en salud”-.

Resulta hasta conmovedor cómo, de pronto, los asambleístas se pusieron a producir leyes por su propia cuenta (de buena fe, voy a suponer que es así). ¿Acaso no las produjeron durante catorce años de ejercicio del poder omnímodo? Bueno, salvo leyes del tipo “Declaratoria del chuflay como patrimonio espirituoso de Bolivia”, el resto de las leyes eran elaboradas en los gabinetes político/jurídicos del Ejecutivo. El Legislativo, con la holgada mayoría del partido del dictador fugado, hacía la pantomima de la formalidad sin mayor rubor. Se dice que la única ley que tuvo origen en el parlamento controlado por el régimen del terror fue la del Código de Procedimiento Penal, misma que fue abrogada, a poco de su promulgación, ante la negativa de los médicos a aceptarla.

¿Qué le queda, entonces, al “instrumento” ante el hundimiento de sus candidatos y de su propio buque insignia? Poner candadotes por doquier para inmovilizar al gobierno que salga de las urnas el 18 de octubre o, cuando mucho, en la segunda vuelta, y para blindarse ante cualquier proceso que se pueda instaurar contra sus jerarcas, por sus actos ilegales cometidos los 14 años, o contra las huestes que cometieron graves delitos en los paros digitados desde Buenos Aires.

La idea de atar de pies y manos a quienes resulten favorecidos con el voto ciudadano cuando asuman la administración del Estado, es otra muestra de que al señor Morales Ayma y compañía, poco le importan el país y menos aún la gente. Como lo estuvieron demostrando durante casi quince años, lo único que les interesa es su propio beneficio, así tengan que asaltar las arcas públicas para conseguirlo.

Entre los candadotes están las anunciadas normas para la protección a quienes cometieron fechorías, delitos, en realidad, durante los recientes bloqueos. ¿Podría darse que se les ocurra una ley para proteger al jefazo de los procesos, ya en curso, por sus “aficiones” non sanctas? No sería raro.

Ciertamente dichas normas no serán promulgadas por la presidente/candidata, pero ante tal situación el propio parlamento, haciendo uso de una potestad constitucional, podría hacerlo cuantas veces se le antoje, con lo que se constituiría en una especio de Ejecutivo paralelo.

¿Cómo se podría, a futuro, abrir esos candadotes? La llave, una vez más, está en manos de la ciudadanía a través del voto. Si se impide que, no obstante no acceder al Gobierno, el partido del exdictador consiga mayoría calificada en la asignación de escaños parlamentarios, el camino a la abrogación de esas normas espurias quedará allanado, incluso si ninguna fuerza alcanzara, por sí sola, una mayoría necesaria para ello, apelando a acuerdos con otras para tal propósito.

El periodo de transición está dejando a la ciudadanía un mal sabor de boca. Entre las primeras tareas del próximo gobierno estará la de destrabar lo que un grupo de vividores de la política le deja como presente griego.

“Traición a la Patria”: ¿puede aplicársela a Morales Ayma?

 

Llámesela “Alta Traición”, “Traición a la Patria” o traición sin más, es una figura –según sea el caso, moral, política, jurídica, militar, o combinaciones a gusto de quienes la sostienen- de las más delicadas por la alta probabilidad de manipulación y subjetividad que rodean a los casos en que se la aplica.

Momentos de alta volatilidad político/social, con tintes culturales, inclusive o de conflagración bélica son propicios para que regímenes de fuerza, arguyendo la infame razón de Estado, persigan a ciudadanos en nombre de tal especie. Las más de las veces como amenaza y otras, como acción efectiva. Dada la euforia con la que se actúa en dichas circunstancias, la ecuanimidad brilla por su ausencia.

Así lo muestran dos casos, el más emblemático a escala mundial, y el más sonado en su tiempo y hoy prácticamente olvidado a escala nacional.

Sobre aquel, seguramente usted ya supo identificarlo. Sí, el célebre “caso Dreyfus”, el militar francés de origen judío despojado de sus honores tras ser declarado culpable de traición por una supuesta venta de información al enemigo; honores que le fueron restituidos doce años después luego de descubrirse al autor de la infamia en medio de un ambiente de intrigas que dividió a la sociedad.

La rehabilitación de Dreyfus fue posible al generarse el apoyo de una parte de la ciudadanía que señalaba las notorias inconsistencias de la acusación y del proceso. Un elemento central del reclamo fue el involucramiento de Emile Zola quien con su texto “Yo acuso” denunció el exceso que se había cometido y abogó por su reparación. Se dice que esta acción –la de un escritor tomando partido- dio origen al concepto de intelectual que conocemos hoy.

Por nuestro lado, tenemos el caso de Elías Belmonte –el “Dreyfus boliviano” que no tuvo a un Zola a su lado-, defenestrado sin juicio por “alta traición” luego de culpabilizarlo de la autoría y porteo de una carta en la que anunciaba la preparación de un golpe de estado para instaurar un régimen afín al de la Alemania de Hitler. Belmonte tuvo que esperar más de tres décadas para que el Estado boliviano le restituyera sus derechos ciudadanos y lo premiara con su ascenso a General, al conocerse, por boca del propio sujeto, que un espía inglés había falsificado la misiva.

Con lo antedicho, pensar en aplicar el artículo 124 de la Constitución Política del Estado a las acciones que el expresidente Morales Ayma promueve desde que huyó del país es altamente aventurado, aunque no deja de ser tentador.

Si nos atenemos al enunciado de dicho artículo, el señor en cuestión cumple con ciertas condiciones para ser sometido a un juicio que podría llevarlo a purgar la pena máxima contemplada en nuestras leyes:

“Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:

                3. Que atente contra la unidad del país”.

El mismo artículo menciona “complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional”.

Evidentemente, al no encontrarnos en una guerra internacional, tal argumento no tendría sustento, pero el país se encuentra librando una guerra no convencional de carácter sanitario. Las guerras son, por antonomasia, un escenario de unidad de la sociedad ante el “enemigo”, en este caso, la calamidad pandémica, y las órdenes emanadas desde Buenos Aires no hacen otra cosa que coadyuvar a que ese enemigo se expanda dejando muerte y desolación entre los bolivianos. Evitar que el oxígeno llegue a quienes padecen la enfermedad es equivalente a bombardear hospitales en tiempo de una confrontación bélica real.

Si las acciones de Morales Ayma y sus huestes no califican como “traición a la patria”, no sé cómo se las puede llamar.