Del Tipnis a la Chiquitanía: la mano depredadora del régimen

Desde hace un tiempo, vengo con la idea de dirigirme, a través de esta columna, a la comunidad internacional, a propósito de las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, lo acontecido en nuestra porción de amazonía nos supera, haciendo excluyente abordar en perspectiva esta quema forestal de proporciones dantescas.

Temo, no obstante, que dentro de dos semanas –frecuencia de publicación de mis textos- ya sea demasiado tarde para sensibilizar al concierto de estados democráticos sobre lo que se está tramando, desde el poder, para liquidar todo vestigio práctica democrática en Bolivia. Por tanto, iré directamente al llamado que tengo para dichos estados: Hagan un acuerdo para reconocer como Presidente al ganador de entre los candidatos legales –tanto mejor si alguno de éstos es ganador absoluto-. Bien saben que hay un usurpador que ha violado la Constitución y desoído la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. No teman ver afectadas sus inversiones e intereses legalmente certificados. Tengan la certeza de que el Gobierno que, en conjunto, reconozcan, sabrá respetar su seguridad jurídica.

Ahora bien, ocupémonos de la tragedia que vive Bolivia que, aunque no parezca, no está divorciada del llamado hecho previamente. Sostengo esto debido a la renuencia del régimen a solicitar cooperación internacional para las labores de mitigación del incendio y sus consecuencias para el medioambiente (la Pachamama, que tanto dice venerar el usurpador Morales Ayma), las especies animales, la flora tropical y la vida de las personas que habitan la vasta región afectada. Finalmente, a regañadientes, el régimen aceptó la ayuda voluntaria, en una posición que puede graficarse como “si quieren manden ayuda, pero sepan que no la necesitamos”, lo que deja entrever no la soberbia –que la tiene- que muchos atribuyen al usurpador, sino una especie de deseo de que el fuego acabe con todo para, como dijo uno sus operadores, “reforestar con coca” el área.

Para que no quepa duda, me hago eco de lo que voces de distinta procedencia han manifestado: el responsable de esta atrocidad es el régimen, personificado en su cabecilla, por haber emitido normas contrarias a la preservación de la Madre Tierra en consonancia con su política de asentamientos (colonos) y de ampliación de la frontera agrícola. Lo demás es puro intento de desviar la atención. El señor Morales Ayma puede disfrazarse de guardia forestal la veces que quiera; el daño está hecho y no hemos escuchado una sola palabra de “mea culpa” de parte suya.

Ver el desastre que ocurre en la Chiquitanía como algo aislado es engañoso –y hasta conveniente al régimen-. Lo indicado es considerar los hechos que van desde el Tipnis hasta la la Chiquitanía, pasando por El Bala, El Chepete, Tariquía y otros atentados en curso, como un continuum que demuestra que Pachamama, Madre Tierra o medioambiente son poco menos que alpargatas para el régimen; que la defensa que hace en foros internacionales es pura retórica. Ahí está la mano depredadora del régimen; ahí está el reciente ecocidio. Lo que hace doblemente condenable su acción depredadora es que la pandilla que nos gobierna se montó en el discurso ambientalista (pachamamista, en sus términos) para llegar al poder. Bolsonaro puede ser todo lo detestable que se quiera, pero la diferencia es que la posición de éste siempre fue la de la destrucción del bosque en nombre del progreso –una distorsión del lema patrio brasileño-.

¿Qué queda, entonces? Comenzar a sentar las bases para un juicio de responsabilidades, que incluya todos los delitos, contra Juan Evo Morales Ayma y sus colaboradores; un juicio ejemplar, para que nadie ose cometerlos en el futuro.

El (in)discreto (des)encanto de la corrupción

Tengo entre mis manos un patrimonio jurídico de Bolivia que, a mi juicio, debería ser patrimonio jurídico de la humanidad entera: el texto de la sentencia, en el marco de los juicios de responsabilidades, al dictador Luis García Meza y sus colaboradores, pronunciada el 21 de abril de 1993 que, como se sabe, dictó 30 años de prisión sin derecho a indulto para el ya finado expresidente de facto. A efectos de síntesis, podemos agrupar los delitos cometidos por aquel régimen en los de carácter político (delitos contra la Constitución), los de violación a los derechos humanos y los de tipo económico (corrupción corriente). Quedaron fuera del proceso los inherentes a protección y ejercicio del narcotráfico con los cuales también se asocia al gobierno de principios de los años ochenta del siglo pasado.

Una relectura de la sentencia puede dar argumentos para, jusrisprudencialmente, iniciar un juicio de responsabilidades contra el régimen actual dado que, aunque las formas son distintas, el fondo de los actos dolosos de éste permanece incólume. El régimen de Morales Ayma hace virtud de la permanente comisión de delitos contra la Constitución, con la diferencia de que éstos son avalados por órganos que, debiendo ser independientes del poder político, forman parte consustancial del propio régimen al haber sido cooptados y controlados para “bendecir” los designios del jefazo. Lo propio puede decirse de la continua violación de los derechos humanos expresada simbólicamente en hechos como Chaparina, La Calancha y en el exilio, persecución y encarcelamiento de ciudadanos críticos al oficialismo –el más reciente, el del señor Franclin Gutiérrez que, aunque no comparto la actividad a la que se dedica, no me queda duda de que se trata de un preso político-. El tiempo dirá si procede un juicio similar en el siglo XXI.

Sin embargo –notará usted que dejé aparte el componente delictivo de carácter económico- los casos de corrupción que en su momento nos parecían monstruosos palidecen al lado de los cometidos por el régimen de Morales Ayma –en el terreno de la especulación, puede pensarse que García Meza y sus colaboradores no dispusieron de catorce años (¡y quieren más!) para engrosar sus bolsillos hasta reventarlos-.

No se trata de hacer un ejercicio de corrupciones comparadas, pero los “grandes” hechos de corrupción por los cuales se juzgó al régimen garcíamecista parecen delitos de bagatela comparados con los del régimen moralesaymista.

Mencionemos algunos de los “espectaculares” hechos de corrupción de la dictadura mencionada: caso “La Gaiba” (tráfico de piedras semipreciosas), caso “Piscina olímpica” (apropiación de materiales de construcción, vidrios “ray ban”, principalmente), caso “Equipos petroleros” (sobreprecio en adquisición) caso “Puerto Norte” (sin condena por falta de prueba plena), caso “Diarios del Che y de Harry Villegas” (sustracción y venta). Pero el que más me llamó la atención es el caso “Cobro de cheque de $us 278.085.45”, que acabó sin condena por falta de falta de prueba plena. Es el monto que, grosso modo, equivaldría al triple en la actualidad y, aun así, no sería ni el apéndice del prontuario de la corrupción del MAS en estos catorce años; Solo el caso “FONDIOC” hace parecer a los de la dictadura ochentera como obra de carteristas.

¿Por qué, entonces, no solo que no hay una condena generalizada al régimen masista como la hubo contra el régimen garcíamecista, sino que Morales Ayma goza aún de cierto apoyo?, lo que le ha permitido, utilizando los órganos a su servicio, tener el tupé de hacerse de una candidatura en nombre de los derechos humanos.

Una respuesta posible, aunque indignante, es que la corrupción se ha normalizado socialmente y que, inclusive, una cantidad apreciable de personas la tiene por un valor en alza. Tal vez por esta razón, pues el fenómeno no es solo local, una mayoría de argentinos apoya el retorno del régimen más corrupto de su historia.