No estoy en contra de que el Estado se involucre directamente en un proyecto siderúrgico, por ejemplo, seguramente en asociación con inversores privados. En tal caso, y en otros parecidos, lo que más bien hay que evitar es que los capitalistas (empresas transnacionales, en su mayoría) se conviertan en un superestado; y creo que el país se ha curado en salud de aquello.
Asegurado el dominio sobre los considerados “recursos estratégicos” –que justamente por tal calidad no son más que un modesto puñado aunque de gran importancia- el papel que le toca cumplir al Estado es el de crear las condiciones para que el resto de los agentes económicos –prácticamente toda persona de carne y hueso- desarrolle sus emprendimientos de acuerdo a sus capacidades; ocurre generalmente lo contrario: el Estado es el principal obstaculizador de la iniciativa y actividad privada.
Una digresión, a manera de matizar: se considera, con cada vez mayor insistencia, que los únicos recursos estratégicos son el humano y el conocimiento.
Por lo demás, el Estado hará bien en intervenir ante las distorsiones del mercado, en redistribuir justamente el excedente y en actuar bajo el criterio de subsidiariedad allá donde el capital comercial no encuentre atractivo de negocio –no pueda lucrar-.
¡Pero que el Estado se ponga a producir calzones!...
No sería la primera vez. La anterior fue un fiasco mayúsculo. En tiempos de la dictadura, una fábrica de prendas de ropa interior fue adquirida por el Estado. Se supuso que el “mercado cautivo” (endogámico, más bien) para la ocurrencia eran las FFAA: millones de calzones por año a ser comprados para los soldaditos. ¿La actual “lencería” de la soldadesca es de la marca “BVD”? No, ¿no ve?.
Entonces, ¿Cuál el sentido de meterse, como Estado, a empresario del papel –negociado mediante, a más de no ser un rubro muy respetuoso de la pachamama- del cartón… y ahora de las prendas de vestir? Huele a calzón sucio.
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