La "disjusticia"

Hace no mucho, en el marco de la audiencia pública instalada para resolver el regreso o no de Leopoldo Fernández al penal de San Pedro de La Paz, los tres jueces ciudadanos convocados para tal efecto decidieron, por unanimidad y contra el criterio del juez técnico, que correspondía dicho traslado dada la infundada resolución que había determinado su traslado a la prisión de alta seguridad de Chonchocoro.

Insólitamente, 24 horas después, tal jurado volvió a reunirse para “reconsiderar” su determinación y, sin mayor trámite, se retractó de la misma por lo que el ciudadano Fernández continúa recluido en el recinto carcelario del altiplano, que es adonde van a parar los considerados “criminales de alto riesgo” y donde también se encuentra el narcodictador García Meza cumpliendo su pena de 30 años sin derecho a indulto.

En febrero de 2003 me tocó en suerte ejercer la calidad de juez ciudadano en un caso de contrabando. Conocí en sala a mis eventuales colegas y al juez ciudadano; se instaló la audiencia, las partes ofrecieron sus alegatos, nos reunimos en privado para llegar a un fallo y, tres días después se emitió éste: “culpable”. Cumplidas las formalidades y dictada la sentencia nos despedimos cordialmente con la sensación, así creo, de haber prestado un buen servicio a la sociedad. Desde entonces no volvimos, los jueces ciudadanos del caso, a juntarnos ni para jugar cacho, menos para reconsiderar la decisión tomada. ¡Caso cerrado!, como diría una animadora de televisión.

¿Se trata de un hecho de injusticia? Reconozcamos que, históricamente, se han cometido –y se cometen aun- muchas: una pena que no guarda proporción (por defecto o por exceso) con el crimen cometido es una injusticia. El cobro usurero y abusivo de intereses puede calificarse como un procedimiento injusto. La retribución salarial inferior por un mismo trabajo por motivo de género o edad es una injusta retribución. Y así, podríamos continuar ejemplificando formas de injusticia.

Pero lo que viene aconteciendo en nuestro país desde hace cinco años con la judicialización de la política y la instrumentalización del Poder Judicial con fines inconfesables va más allá de la valoración de un acto como “justo” o “injusto”; finalmente, ambas calificaciones guardan una relación en tanto carencia o cabalidad de juicio adecuado.

No. Con lo que nos enfrentamos es con algo de diferente naturaleza, con algo así como una materia contraria y perversa que bien podría denominarse “disjusticia”, vale decir la acción deliberada y maledicente, promovida desde el régimen, de aplicar algo distinto, contrario incluso, de la Justicia, entendida como el conjunto de las instituciones (reglas de juego) puestas para dirimir entuertos de orden legal. Se guardan las formas, eso sí, con la misma habilidad que se lo hace para aparentar democracia.

Situaciones como la descrita en principio, hay por manojos; la más reciente toca al ciudadano Samuel Doria Medina, con quien uno puede tener profundas diferencias o grandes coincidencias, pero no puede dejar de asombrarse por la “disjusticia” a la que está siendo sometido con el único afán del régimen de quitárselo de encima como potencial oponente de fuste en las lides electorales. Para ello, no ha tenido empacho en poner en riesgo el abastecimiento de cemento en el mercado de la construcción, del cual dependen miles de familias, cometiendo ex profeso la grosería de no diferenciar la persona de la empresa y develando su sentencia previa con anuncios de importación de 500 000 toneladas de Clinker o titulando en el órgano gubernamental: “Todavía no cautelan a Doria Medina” (cuando una de las posibilidades era que se resolviera “libertad simple”).

Vivimos la era de la “disjusticia”; ¿quién puede dudar de ello?