Un dilema ético

"Los derechos de la Madre Tierra están por encima de los derechos humanos", llegó a afirmar, en un rapto de gracia, el jefe del estado, don Evo Morales.

Su discurso proambientalista, sumado a su acentuada imagen de indígena, le venían granjeando una suerte de liderazgo internacional en la causa los que le reportaba réditos políticos dentro del país. Pero una declaración como la de arriba resulta excesiva hasta para el más entusiasta ecologista.

El que escribe –vuelco a reiterar- no es (ni será) un ecólatra; apenas sí, un convencido de que es posible, demostración incluida, el desarrollo sostenible. Es decir, el crecimiento económico con el menor impacto ambiental posible, dado que hasta un sándwich de chorizo a la parrilla de la esquina produce una cuota del mismo.

Ergo, las posiciones extremas en materia de conservación son ilusas: una hipotética aplicación universal de éstas daría, a la larga, como resultado un estado de entropía, e sea de reposo absoluto como el de la muerte, en términos biológicos. Y la idea no es que el perjuicio resulte siendo mayor al beneficio que se pretende conseguir.

Es fácil, además de demagógico, pedirles a los países industrializados que reduzcan en un 50% la emisión de CO2; claro, eso te genera gran popularidad. Lo racional es exigir que metas más modestas sean cumplidas escrupulosamente, como en el resto de los compromisos a los que se adscriben todos los países, China incluida.

Lo de "demagógico" –algo que ya observaban las organizaciones ambientalistas locales- ha sido puesto a la luz internacional en un reciente artículo de la revista Time que pone en duda la genuinidad de "Evo, el verde" en el que se contrapone su discurso hacia afuera a sus acciones dentro del país. Mientras tales observaciones las realizaban activistas y organizaciones locales, al Presidente no se le movía un pelo. Evitó, eso sí, la instalación de una mesa alternativa en su "Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y el Calentamiento Global", que pasó a los anales del ridículo como la "Cumbre del Pollo y la Coca Cola".

Ahora bien, el problema, sin dejar de ser político, es esencialmente ético. Un gobierno debe promover el desarrollo y si para ello se va a afectar un ecosistema, se tiene que tomar los recaudos necesarios para reducir al mínimo posible el impacto ambiental. A efectos de este texto, no abordaré específicamente las bondades y las amenazas inherentes a cada ítem –carreteras, explotación de petróleo, explotación de cobre, expansión de la coca, represas, etc. Me concentro en el divorcio entre el discurso y los hechos: Alan García puede proceder sin resquemores a autorizar la explotación petrolera en la región amazónica del Perú porque no se presenta al mundo como un paladín de la lucha medioambiental. En el caso de Morales se trata de vituperio.

Como vituperio es la negativa del Gobierno boliviano a acogerse a la iniciativa de intercambio de Dólares (o Euros) por conservación. Ecuador lo acaba de hacer, pero el vicepresidente Linera lo desahució con el "argumento" de que "no seremos guardaparques de los gringos". (!)

Vale la pena contrastar la conducta del régimen actual, tan dado a vociferar contra el capitalismo, con las de anteriores gestiones denominadas genéricamente "neoliberales".

Hace exactamente 20 años, el 11 de agosto de 1990. El gobierno de Jaime Paz Zamora decretaba la "Pausa Ecológica Histórica" que durante 5 años prohibió las concesiones forestales y la caza y pesca de especies en peligro de extinción.

El periodista Fernando Molina (no sospechoso de mirista ni de cosa por el estilo) dice: "El gobierno de Jaime Paz Zamora llegó a la conclusión de que el uso irresponsable de los recursos naturales había puesto en riesgo los ecosistemas y la biodiversidad nacional" (Pulso, abril de 2006) y cita al propio ex presidente: "Ya en 1990 nos asistía la convicción de que había que entregar a nuestros hijos un país sano". La Pausa se adoptó a insistencia de un "chango" que ejercía el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Mauro Bertero, hoy embajador de la Orden de Malta en Bolivia.

Fue una medida ultra-ambientalista impensable hasta para el propio Morales, hoy en día. Y se la hizo sin actos rituales, ni discursos pachamámicos, ni grandes alharacas. Luego vinieron la creación de la Secretaría de Medio Ambiente (enero de 1991) y la Ley del Medio Ambiente (abril de 1992). Días después, el 15 de agosto de 1990 se iniciaba, en Trinidad, la Marcha de los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas.

En otro orden de cosas, el gobierno siguiente, primera gestión de Sánchez de Lozada, puso en marcha la Participación Popular (abril de 1994) que redistribuyó la asignación de recursos a los municipios, llegando hasta a los más recónditos y permitiendo la apropiación de los lugareños de su destino como parte de la Nación.

El cambio no es exclusividad de ningún gobierno.