La seguridad de los procesos electorales a la luz del revocatorio

Por: Puka Reyesvilla Méndez


INTRODUCCIÓN

Sintomáticamente, a solicitud de “Opiniones y Análisis”, voy a abordar el tema que da título al presente texto. Y digo “sintomáticamente” dado que hasta hace tres años a nadie se le hubiera ocurrido, aún con la problemática sociopolítica en la que el país se debate desde principios del siglo XXI, cuestionar la seguridad de nuestro sistema electoral; materia que parecía resuelta definitivamente y que solo merecía ajustes periódicos de rutina.

Es evidente que “algo” ha sucedido para, luego de casi 15 años, volver a ocuparnos de este aspecto, lo que de por sí indica que uno de los reductos institucionales que con mayor entereza había resistido las arremetidas externas estaría –si que ya no lo está- por perder su condición de árbitro imparcial, autónomo, transparente e independiente.

Mi percepción sobre el organismo electoral ha sufrido un viraje de varios grados en apenas 18 meses. Sin temor a emitir juicios de valor de entrada –en el desarrollo, de todas maneras, serán inevitables- se me antoja pertinente recordar aquel que anoté en la edición #84 de esta serie (1):

“Pero, ¿de qué sirve el voto universal si el órgano electoral es apenas un apéndice del Poder Ejecutivo? La construcción de un sistema electoral autónomo ha tomado largo tiempo y actualmente el organismo electoral es la institución más consolidada de nuestra democracia”.

En estas páginas intentaré, por un lado, desentrañar ese “algo” que vuelve a preocupar a los demócratas y, por otro, visualizar posibles escenarios para la recuperación de la confianza en la seguridad y, por ende, en la credibilidad del sistema electoral todo. Comencemos.


BAJO EL SIGNO DEL FRAUDE

Si hubo un tema recurrente en la historia de los procesos electorales previos a la última y vigente reforma del sistema electoral, éste fue el del fraude. Para ser rigurosos, vamos a admitir que nunca se ha probado legalmente la comisión de un fraude electoral masivo –de lo contrario, sus supuestos responsables estarían purgando una sanción por ello-. Sí se han comprobado fraudes localizados que han terminado penalizando a sus promotores (2); lo que ha habido, sin embargo, ha sido la duda razonable basada en indicios –algunos escandalosamente groseros- que, en conjunto, pusieron en tela de juicio la limpieza de muchos comicios.

Es ya un lugar común referirse a cómo el MNR organizó, durante los años de la revolución, un sistema –una técnica, podría decirse- para alzarse prácticamente con el100 % de los votos emitidos durante ese periodo. Podría pensarse que no había oposición y, como podría sentenciar Galileo, sin embargo la había. Por esta razón, lo opositores al régimen movimientista bautizaron esta época como la de “la democracia del cero”. Se había institucionalizado el fraude.

Más fresca en la memoria actual está la elección que supuestamente habría de marcar la transición entre la dictadura banzerista y la democracia contemporánea, aquella de 1978.

Convergían en este proceso, el primero después del realizado en 1966 que dio como ganador al Gral. René Barrientos Ortuño, a la sazón Vicepresidente de Víctor Paz Estensoro y ejecutor del golpe que derrocó a éste en 1964, todos los elementos que hacen a la vida de una sociedad. No sólo las ansias de un retorno democrático y de la vigencia de libertades largamente conculcadas marcaban el contexto del acto eleccionario, sino que, además, la ya precaria situación económica que golpeaba con dureza a la ciudadanía, figuraron en las elecciones de 1978 un horizonte de esperanza en mejores días.

Los comicios se llevaron a cabo el domingo 9 de julio en un ambiente de relativa calma, la misma que se vio súbitamente alterada apenas entrada la noche cuando a los recintos de la Corte Nacional Electoral llegaban, en algunos casos, hasta cinco actas con diferentes cifras por mesa electoral. La sombra del fraude a favor del delfín de Banzer, Juan Pereda Asbún, desató una airada reacción en la opinión pública que obligó a éste a solicitar la anulación de la elección en la que, según cifras oficiales, había ganado holgadamente.

Este fraude ha sido el más escandaloso de nuestra historia reciente y uno de los más torpes de nuestra azarosa historia política –se llegó al extremo de presentar actas que registraban mayor número de votos que de electores inscritos en mesa-.

Esta relación de hechos no quedaría completa si no contemplase el desenlace del culebrón: el 18 de julio de ese año, nueve días después del acto electoral, la Corte Nacional Electoral el proceso, dado el clima de indignación generalizada que había generado el fraude oficialista. No obstante, las cosas no quedarían ahí; el propio Pereda se encargó de articular un golpe que obligó a Banzer a entregar el poder a una Junta Militar que, a su vez, se lo entregó a… ¡Pereda!. “Si no es por las buenas (fraude incluido), tendrá que ser por las malas”, pensaría este hombre que no parece ser el único en hacerlo.

La restauración democrática, proceso que tuvo idas y venidas, alcanzó en las elecciones de 1979 un punto nunca antes logrado: la unanimidad de la opinión pública en cuanto a la limpieza de un proceso de este tipo. En su momento, fueron calificadas como las más limpias de la historia; de hecho, un ingrediente nuevo les otorgaba un grado de seguridad adicional al hecho de que su administración no estuviera en concomitancia con el Poder Ejecutivo: la introducción de la papeleta multicolor y multisigno, usada desde entonces y que ahora incluye también las fotos de los candidatos. Si bien hubo un claro ganador, la elección de segunda instancia, la congresal, se empantanó. Un periodo de interinatos seguido de golpes militares pareció enterrar definitivamente a la democracia, pero la propia descomposición interna de las FF.AA. sumada a la vehemente demanda ciudadana por libertades políticas, llevó al último uniformado en función presidencial a convocar a elecciones, las mismas que se llevaron a efecto también en un clima de general aceptación popular tanto sobre su desarrollo como sobre sus resultados. El 10 de octubre de 1982 se inauguraba la era democrática que se extiende hasta nuestros días.

Comoquiera que el entusiasmo inicial dio paso a asumir roles en el marco del ejercicio de la ciudadanía, la población comenzó a percibir que las designaciones y el manejo de la Corte Nacional Electoral no obedecían a criterios de idoneidad sino a intereses de poder, la credibilidad de los procesos subsiguientes fue en descenso hasta que en las elecciones generales de 1989 llegó a su nivel más bajo. A los miembros de la CNE de aquel tiempo se los conoce como “La banda de los cuatro” por la manipulación de actas de sufragio en la que incurrieron para cambiar los resultados. Una vez más, el proceso democrático corría el riesgo de inviabilizarse. Había que tomar una medida que garantizara la seguridad electoral y restituyera la confianza en el sistema, tarea que le correspondió a la administración del presidente Jaime Paz Zamora.


EL TIEMPO DE LA INSTITUCIONALIDAD

Así pues, en el marco de un primer paso hacia la reforma de las instituciones democráticas, el 5 de febrero de 1991, se suscribió un acuerdo político importante entre los partidos representados en el Parlamento. La reforma del Poder Judicial, la descentralización político-administrativa del Estado y, por supuesto, la reforma electoral, fueron tratadas.
Este hecho político dio paso a los debates sobre la reforma a la Constitución y devolvió la confianza en el Sistema Electoral con la designación de Cortes imparciales perfeccionando el procedimiento para la elección de los vocales de las Cortes, el establecimiento de un nuevo sistema para la representación de las minorías en el Congreso, la consideración de un Registro Único Nacional y la reingeniería del Registro Civil.
En las elecciones municipales de 1991 no se registraron denuncias de fraude y sólo fueron anuladas cinco mesas electorales en todo el territorio nacional.
Un segundo consenso entre los actores políticos de aquel momento culminó, el 9 de julio de 1992, con la suscripción de los acuerdos “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, que en la parte que nos ocupa, la referente a la institucionalidad electoral, condujeron a la promulgación de la Ley de Reforma Electoral, el 15 de febrero de 1993, modificando algunos artículos de la norma vigente hasta entonces e introduciendo otros.
El tribunal electoral había sido liberado de toda influencia y dependencia política respecto al Poder Ejecutivo. La institución Electoral del país obtenía confiabilidad, lo cual permitiría el respeto del sufragio que consta en las actas de las mesas de votación. El trabajo de la nueva Corte, presidida por el periodista Huáscar Cajías, recibiría la calificación de intachable.
“Las reformas electorales que se iniciaron a partir de 1991 introdujeron la idea del Padrón Nacional Electoral, definiendo al mismo como ‘la lista general de los electores que están legalmente habilitados para emitir el voto de una elección determinada. Se constituye en base al Registro Cívico; inscribirse en él es obligatorio y gratuito…” (Art. 58 de la Ley electoral de 1993) (3)
Desde entonces, el sistema electoral, manteniendo la política de asegurar cada vez mayor credibilidad a los procesos electorales, fue introduciendo reformas en la medida que la complejidad de éstos lo exigía, por ejemplo con la puesta en práctica de la elección por circunscripción uninominal para una porción del parlamento. También se fue dotando de la tecnología adecuada, aunque los últimos años sufrió cierto rezago en esta materia. Así como en su tiempo la introducción de la papeleta multicolor y multisigno significó un avance fundamental en la seguridad de los procesos electorales, la cláusula de preclusión de las actas electorales fue otra innovación en ese sentido.


SEÑALES DE ALERTA


Si bien Jorge Lazarte observa un paulatino debilitamiento del organismo electoral a partir de 2001 (4), de todo lo antedicho podemos mencionar al menos dos ideas: la primera, que de momentos de pérdida de confianza en el sistema electoral han emergido medidas eficaces para su reconducción; la segunda, que desde la reforma del 91 hasta la elección de constituyentes en simultáneo con el referéndum sobre autonomías departamentales vinculante a la Asamblea Constituyente, el sistema electoral mostró una relativa estabilidad. Esto incluye al primer referéndum –institución introducida en la reforma parcial de la CPE de 2004-.

El primer campanazo fáctico –para diferenciarlo de los verbales, tan frecuentes en las autoridades del Ejecutivo- fue la designación como vocal delegado por el Poder Ejecutivo, en reemplazo del saliente, Salvador Romero Ballivián, de un profesional que en su actividad anterior, como columnista de prensa, había dejado entrever su militancia en el proyecto gubernamental. La propia posesión del nuevo vocal –en horas fuera de trabajo- despertó suspicacias diversas. Se supone que quería evitarse la alocución del vocal saliente, a la sazón Presidente del organismo hasta ese día, cosa que no ocurrió. En sus palabras de fin de gestión, Romero indicaba “El árbitro con camiseta partidaria sería sólo una ganancia de corto plazo para los jugadores beneficiados: en sociedades marcadas por los múltiples contrapesos, por el papel cada vez más dinámico de la ciudadanía, por el desarrollo de las tecnologías de la información, por la mirada atenta de los medios de comunicación y de la comunidad internacional, resulta iluso suponer que la sociedad aceptaría de forma pasiva el comportamiento incorrecto de los organismos electorales”. (5)

Para aumentar las susceptibilidades, a pocas horas de su posesión, el flamante vocal es elegido presidente del organismo electoral para, acto seguido, proceder a la exoneración, sin mayor trámite, de los funcionarios responsables de informática y de educación ciudadana.

Coincidencia o no, es a partir de estos hechos que distintos componentes del sistema electoral –el Padrón, el Registro Civil, la carnetización y el propio comportamiento de los vocales- son puestos en cuestión como potenciales introductores de elementos de inseguridad en las consultas por venir, comenzando por el referéndum revocatorio, pasando por el de aprobación o no del texto constitucional elaborado por el MAS y siguiendo por las subsiguientes elecciones del tipo que fueran.


REVOCATORIO: EL PUNTO DE QUIEBRE

Como para dar la razón a sus críticos, la CNE se hizo cargo de la administración de un nuevo proceso de consulta emergente de la Ley del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular Nº 3850 de fecha 12 de mayo de 2008, la misma que vulnera el ordenamiento constitucional vigente. La ausencia de Tribunal Constitucional –no obstante un decreto emitido por su única vocal, la Dra. Silvia Salame, que no tuvo efecto alguno- jugó a favor del Ejecutivo.

Paralelamente a las observaciones de tipo jurídico, se intensificaron las de orden técnico (que ya venían siendo formuladas desde comienzos de año), las mismas que señalaban irregularidades en el Padrón Electoral, el Registro Civil y el sistema de carnetización gratuita. La alarma se encendió con la publicación del primero ante la suspicacia que generó su desproporcionado crecimiento en algunos departamentos –sobre todo en Pando-.

Con todo, el revocatorio tuvo su verificativo el 10 de agosto de 2008 y pasó a los anales de la historia tanto por el abultado triunfo del oficialismo en el recuento nacional, por la ratificación, por significativos márgenes, de los prefectos en la llamada “media luna”, así como por una serie de hechos que hacen pensar en un franco debilitamiento del sistema electoral.

El informe que evacuó la misión de observadores de la OEA sobre el desarrollo del revocatorio marca el punto de quiebre en la credibilidad del organismo electoral, luego de más de 15 años de procesos electorales libres de sospecha.

Son elocuentes datos como: en el 32% de las mesas hubo casos de restricción al voto (fundamentalmente por problemas con el Padrón Electoral); 9% de casos en los que no se cumplió con el carácter secreto del voto; 11% de casos en los que el escrutinio no fue correctamente efectuado; 30% de casos en los que en los que dentro de los recintos electorales se permitió la propaganda electoral; 5% de casos en los que no se observó seguridad en la manipulación de las papeletas electorales.

No faltaron imágenes emitidas por los medios en las que se veían irregularidades como la presencia de terceros dentro del recinto de votación o del “control comunal” del voto. Inopinadamente, el presidente de la misión interamericana, Eduardo Stein, calificó como “práctica cultural” a esta última irregularidad.

La CNE, que antes que curarse en salud había preferido optar por seguir con el “recall”, ha reconocido, implícitamente, las debilidades institucionales y técnicas que amenazan el sistema. No otra cosa significan los hechos de someter el padrón a una auditoría –o, mejor aún, a la apertura de uno nuevo; de ello trataremos más adelante- o de no acompañar al Ejecutivo en el Decreto 29691 –“blindado legalmente”, según palabras del ministro de Defensa- por el cual se convocaba a otro acto electoral “en combo” que pretendía juntar los referendos dirimidor y sobre el texto de Constitución de autoría del MAS con las elecciones para prefecto en dos departamentos, para subprefectos y para consejeros departamentales. La CNE ha solicitado una o varias leyes específicas para dicha(s) convocatoria(s).

Sin embargo, no deja de ser preocupante el probable hecho de que aun con leyes que las avalen, esas convocatorias se cumplan en las actuales condiciones de inseguridad, desconfianza y falta de credibilidad del sistema electoral.

Para cerrar esta parte es menester hacerlo mencionando otros elementos que, de plasmarse van a terminar de perforar la seguridad del sistema electoral. El primero está relacionado con el proyecto de ley de modificación del Código Electoral que se encuentra en etapa de debate en la Cámara de Diputados y que plantea que la suspensión, restitución y destitución de vocales en las cortes departamentales se haría por mayoría absoluta de vocales de la nacional y ya no por dos tercios como rige con el actual código. Esto generaría un clima de alta inestabilidad, amén de la posibilidad de que el Ejecutivo maneje a su antojo al organismo electoral.

Pero el tiro de gracia ocurriría si se termina por imponer el texto de Constitución en el que se cambia la estructura del organismo –por un Consejo Plurinacional Electoral- cercenando, además, su facultad jurisdiccional, vale decir la de ser el ente exclusivo de decisión en materia electoral.


DISTORSIONES AL USO

Se trata ahora de profundizar en cada uno de los aspectos institucionales más importantes que hacen a la seguridad y la confianza de los electores, hacia el sistema electoral.

Imaginemos primero una de las instituciones más importantes de la votación, la capacidad individual de elegir y emitir una decisión electoral, sin que el sistema interfiera en esta decisión, al mismo tiempo que cuida y asegura que el voto emitido será considerado como tal, a la hora del recuento.

Desde la creación de la papeleta multicolor y multisigno (que ya se ha mencionado) se garantizó que todo elector tuviera a disposición todas las opciones al momento de votar, al mismo tiempo que la ley garantiza un espacio privado para emitir el voto my marcar la papeleta en absoluto secreto. Este es el principio que empieza a ser trastocado a partir del último referéndum, llamado el revocatorio.

Sobre todo en las zonas campesinas, con instituciones sindicales agrarias bien consolidadas, se vienen practicando dos formas de ingerencia directa de la comunidad o el grupo, sobre la decisión del votante.

La primera de ellas se manifiesta antes del momento electoral, a través de decisiones, comúnmente asamblearias, donde el grupo decide votar por un determinado candidato u opción, imponiéndose a si mismo formas de verificación y control de cumplimiento de la decisión.

Control, en el sentido de disponer sanciones sobre las personas y comunidades que no cumplan con lo decidido por el grupo. Sanciones que pueden ser morales, económicas o inclusive físicas y que parecen organizarse de manera descendente a través del sistema de autoridades sindicales o tradicionales, obligando a los y las dirigentes a reproducir un sistema de sanciones sobre los miembros de la comunidad o el grupo.

Verificación, en el sentido de romper con el secreto del voto, obligando a los electores a mostrar la papeleta marcada a todos los participantes, antes de introducirla en el ánfora, de tal manera que nadie pueda dudar del cumplimiento de la decisión colectiva previa.

A ambas distorsiones hay que explicarlas sobre la base de la existencia de un solo grupo organizado de control ciudadano o social, con delegados en las mesas de votación, como se ha visto en casi todas las mesas y recintos estas últimas elecciones, donde había muchos delegados para defender el SI, pero ninguno para defender el NO. Esto explica que quienes defienden una opción, si tienen un mínimo de confianza con la directiva de la mesa, puedan activar estos mecanismos de distorsión sin que nadie se les oponga o reclame por ello.

Este hecho es posible, por lo tanto, si sólo existe una de las partes interesadas que asiste con delegados a las mesas de votación, al mismo tiempo que si quienes controlan el voto, la directiva ciudadana de la mesa, no tiene claro el cumplimiento de sus deberes o está definitivamente parcializada a tan grado que pueda concientemente permitir que el fraude se cometa, lo que dice mucho del nivel de formación cívica y ética de los participantes.

Los propios observadores de la OEA declararon haber comprobado este tipo de prácticas, aunque no se pudo -y no se puede- medir su profundidad y extensión y por lo tanto su incidencia. ¿Pueden estas prácticas ilegales trascender desde el campo hacia las ciudades? ¿Existen organizaciones populares corporativas y/o sindicales que pudieran controlar el voto en los distritos urbanos? Habrá que poner especial atención a las organizaciones y juntas vecinales, que por su especial estructura de liderazgo, autoridad y ejercicio del poder, podrían fácilmente jugar roles similares o parecidos en las futuras contiendas electorales.


MIRANDO HACIA AFUERA

¿Cómo poder garantizar que esto no suceda en los nuevos espacios de votación previstos, como el voto de los bolivianos en el extranjero? ¿Las organizaciones de emigrantes bolivianos, que conforman una red fundamental para la distribución de la información electoral, podrían en el futuro adoptar actitudes y decisiones destinadas a emular la presión del grupo sobre las individualidades a la hora de votar? ¿El control del voto en el exterior estará vinculado solamente a las autoridades consulares que pudieran asumir la representación de los entes institucionales encargado de este aspecto, es decir las cortes electorales, o se permitirá la observación de las instituciones electorales locales para acreditar la limpieza de los procesos electorales y el cumplimiento estricto de los procedimientos?

Son todas preguntas que se deben hacer y que tendremos que responder en el próximo e inmediato futuro, ahora que se van a enfrentar varios procesos electorales, y muy seguidos.

El tema del voto en el exterior es otro asunto, de los centrales.

La presión de las organizaciones y grupos sociales afines al actual gobierno, son cada vez más manifiestas, en cuanto a la necesidad de aprobar una ley que habilite a votar a todos los ciudadanos bolivianos en el extranjero. Está claro, sin embargo, que construir la institucionalidad electoral en otros países será un tema de mucho tiempo, porque antes habrá que construir un padrón de ciudadanos hábiles en cada uno de los países de alta concentración de migrantes, en este caso, por lo menos cuatro, Argentina, Brasil, España y Estados Unidos de Norteamérica.

La misión de construir un padrón electoral solo se puede delegar a los consulados generales, porque aquellos otros, de variada jerarquía, como los consulados a secas o (peor aún) lo honorarios, no cuentan con la capacidad física instalada para afrontar un desafío semejante. El número de consulados generales es muy bajo y su capacidad de influencia dentro de la jurisdicción de su competencia es lamentablemente muy limitada. Por lo tanto, es posible dudar sobre las capacidades reales de control eficaz y transparente de un proceso electoral en el extranjero.


LA CARIDAD DEBE COMENZAR POR CASA

Construir un padrón electoral fuera del país es un gran tema, pero más aún lo es garantizar la actualización y funcionalidad del padrón electoral dentro del propio país.

La Corte Nacional Electoral ha declarado la obsolescencia del actual padrón electoral, que ya tiene 17 años de vida y varias actualizaciones, corresponde —dicen los especialistas— el construir uno nuevo. A pesar de esa decisión la CNE ha decidido auditar el viejo padrón. Se preguntará cualquiera ¿por qué auditar un instrumento que no se va a volver a utilizar ya que habrá uno nuevo? La Corte responde que se realizará l auditoría para demostrar que lo pasado fue correcto, manteniendo así la confianza ciudadana.

Y siguen las preguntas. ¿Quiénes y cómo construirán el nuevo padrón electoral? ¿Será otro de los sectores que gocen del apoyo de la amplia y generosa cooperación venezolana? A más de ello, hasta ahora no hay una respuesta oficial sobre los problemas presentados en procesos previos, sustanciales para proporcionar y acreditar la información con la que se construirá el nuevo padrón: el Registro Civil y el Sistema Nacional de Identificación.

Las dudas sobre uno y otro son muy grandes, sobre todo con el sistema de identificación que otorga los carnets de identidad, que han salido del ambiente policial que decía garantizar la seguridad, privacidad y preservación de los datos y la información referente a cada ciudadano, para pasar a ser parte de la maquinaria electoral del partido político gobernante.

Varias denuncias han demostrado que en las áreas rurales se ha carnetizado indiscriminadamente, incluso en las propias oficinas del MAS, donde se entregaban carnets de identidad con la sola declaración jurada de dos testigos que aseveraban conocer la identidad de muchos supuestos no identificados.

Antes de ello el conjunto de datos guardados en tarjetas por la policía nacional fue digitalizado, pero lo fue fuera de las oficinas policiales y en horas de la noche, gracias a la cooperación venezolana, que trabajó en este proceso de digitalización de datos, hasta que las denuncias pusieron al descubierto esta situación irregular y obligaron a la Policía Nacional a intervenir y recuperar la tuición sobre la documentación y los datos.

Si el carnet de identidad u otros documentos similares son imprescindibles para que cada ciudadano pueda inscribirse en el padrón electoral, se puede hacer constar ahora, que nadie tiene el control de la veracidad de cualquier inscripción masiva que dependa de estos documentos y los datos acumulados a través de ellos. Por lo tanto toda nueva inscripción podrá ponerse en duda, minando la confianza en el sistema electoral y sus resultados.


TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN

Otro tema en cuestión es el manejo de la información a través que se distribuye a través de los medios de comunicación, que tiene efectos previos al proceso y que controla y distribuye la información durante las campañas, hoy controlada casi en su totalidad por el gobierno.

El monopolio de la información por una de las partes e siempre un problema que puede llevar a la ciudadanía a dudar de los resultados en un proceso electoral. En el caso boliviano no se ha llegado al extremo de un monopolio absoluto, pero el manejo discrecional del sistema de comunicaciones dependiente del Estado, junto a el uso , también discrecional de gran cantidad de recursos destinados a la propaganda política gubernamental, han empequeñecido a tal grado la presencia e importancia de los mensajes producidos y distribuidos por fuerzas de la oposición (incluso en canales claramente afiliados y simpatizantes con las causas opositoras) son casi inexistentes.

La parcialización de radios y canales de televisión es un hecho que ya ha sido estudiado y denunciado muchas veces, pero el efecto de sus resultados se nota en los noticieros y programas especializados, donde el canal o la radioemisora tiene tuición sobre lo que transmite, mientras que en el sentido estricto de la propaganda, vence siempre quien tiene las opciones de comprarla, si no de conducirla.

En el caso boliviano es imposible que ninguna fuerza de la oposición pueda competir con la capacidad de producción de las oficinas gubernamentales de propaganda, junto a la capacidad de difusión de los mensajes, vinculada especialmente a el uso de recursos destinados al afecto.





¿DE LA DEMOCRACIA A LA FADOCRACIA?

Finalmente, queda por reiterar el análisis sobre la idoneidad de la Corte Nacional Electoral y las cortes departamentales, asunto al que ya se ha hecho referencia en este mismo trabajo.

El primer tema que debe mencionarse es el tipo de relación entre quienes deciden al interior de la CNE y el resto de los aparatos del poder estatales. No es difícil en este caso.

El grupo incompleto de vocales demuestra desde ya y a las claras la falta de capacidad del Congreso Nacional de nombrar a los nuevos vocales y llenar las acefalías. Esta falta de capacidad no es atribuible a la falta de voluntad, que unos y otros han proclamado desde las cámaras de diputados y senadores y a las que podríamos dar crédito suficiente, como para tomarlas en consideración como verdaderas. Pero la realidad se impone mostrando lo contradictorio de los resultados.

El problema es, desde luego, la obligación legal que manda a nombrar las vacancias por dos tercios de votos, lo que obliga a aceptar los criterios también de la oposición y esto ha trabado la elección de los vocales hasta la fecha. Está claro que el partido de gobierno necesita y quiere condiciones favorables dentro de la CNE. Tan es así que prefiere mantener incompletas las vocalías a enredarse en el posible nombramiento de personas que pudieran no serle afines.

Es el caso de la actual disputa parlamentaria sobre las condiciones que debe imponerse a la selección de postulantes para tales cargos. Una de las variantes más interesantes son las limitaciones en términos del valor de la formación académica y el valor curricular de los méritos de cada uno de ellos, que sistemáticamente han sido disminuidos y subvalorados por los representantes del MAS.

Dos preguntas. ¿Las condiciones que hacen a los méritos de quienes postulan para ser vocales de la CNE se disminuyen para evitar que alcancen esos puestos personas contrarias al gobierno, porque en MAS no tiene postulantes idóneos para dichos cargos y quiere crear las condiciones para que militantes de sus filas puedan competir les sean más favorables, o bien, es un principio general (como un hecho de discriminación positiva, por ejemplo) el uso de esos recursos para igualar hacia abajo, la pretensión de los ciudadanos más meritorios a presentar su postulación para estos puestos de responsabilidad ciudadana y política?

En cualquiera de los dos casos el hecho pone en cuestión la capacidad de los poderes estatales para decidir de manera firme, distinta y clara, sobre las personas y personalidades que deberían asumir la responsabilidad de garantizar la neutralidad de la entidad rectora de los procesos electorales. Quienes deciden no están buscando a los mejores, a los más idóneos, a quienes cuentan con conocimientos y formación o experiencias para asumirlo, sino que está buscando simpatizantes o adherentes a la causa, para poder conducirla favorablemente a sus designios.

La relación entre formación y capacidad de ejercer los deberes y responsabilidades ciudadanas en el espacio de lo público es un tipo de correlación comprobada en todas las esferas de la política en cualquier país del mundo. Nadie sabe si Bolivia sería una excepción.

Por lo menos esa es la impresión que muestran los últimos acontecimientos.

FadoCracia es el gobierno de los melancólicos, la hegemonía de la saudade, la tiranía de los sentimientos... Se vincula con esa insuperable música popular lisboeta: el fado, de carácter triste y fatalista, que arruga el corazón y libera el almita. La FadoCracia que aquí habita, pues, es hermana gemela de la nostalgia, el silencio y la soledad. Y amante de la noche, esa “señora del luto infinito”. Así reza la introducción del Blog personal del Presidente de la Corte Nacional Electoral, o lo que queda de dicho blog. Quien esté interesado puede buscarlo en Internet en la siguiente dirección: http://fadocracia.blogspot.com/ (antes de que desaparezca, se recomienda).

Este blog, que llegó a ser uno de los primeros en el rankin de visitas a blogs especializados en asuntos políticos o de referencia al espacio público de la nación, fue borrado en su totalidad el mismo día en que José Luis Exceni asumió la presidencia de la CNE, gracias a un nombramiento del Presidente Morales, que lo designó en la Corte como su representante.

Ese importante medio de comunicación personal, escrito y diseñado con excelente buen gusto y que mantuvo una calidad mientras duró, era impresentable en manos de quien preside la Corte Electoral, porque mostraba una tendencia al apoyo militante y comprometido con la causa del Presidente Evo Morales y su partido. Si bien no se debe caer en juzgar las cualidades o debilidades de las personas desde las ideas que practican, existen algunas responsabilidades que suelen ponerlas a prueba, más que otras. Es el caso de la Corte Electoral, y el cierre definitivo e inmediato del blog de su presidente el día de su nombramiento. A confesión de parte…

Acotar finalmente que la electoralización del proceso político se ha convertido en la parte central de legitimación de las decisiones gubernamentales. La continuidad de las mismas depende de la capacidad de prolongar el gobierno del Presidente Morales, más allá de los cinco años que establece la ley para cada mandato presidencial. Sobre esto no hay dudas.

Lo importante, en términos de la construcción de una opinión pública que valore la democracia, en este sentido y frente a estos temas, es entender el rol estratégico que juegan las instituciones y los procesos electorales a la hora de poner en marcha el plan y ejecutar la revolución en marcha.

No hay mucho margen de cuestionamientos o de dudas al respecto. Un buen manejo de los procesos electorales y de las instituciones que los administran, es parte central de la estrategia gubernamental en estos días, lo que podría destruir la historia institucional del sistema electoral boliviano, que ha venido a ser, como se ha descrito en este artículo, uno de los hitos del orgullo ciudadano nacional los últimos años.



(1) “La institucionalidad, ese malestar”, Opiniones Y Análisis # 84, junio de 2007.
(2) El más sonado fue el caso de Edgar Lazcano Velasco, quien como candidato a diputado uninominal (C-41) cometió el delito de fraude electoral en 1997.
(3) “La autonomía electoral”, varios autores; KAZ, 2007
(4) “Vaivenes institucionales del organismo electoral entre 1989 y 2008”, Opiniones y Análisis #90, febrero de 2008.
(5) Discurso de cierre de gestión; enero de 2008.