¿Por qué el reclamo de Morales Ayma no "prendió" en la ciudadanía?

 

A poco de celebrar cinco años de la gran gesta ciudadana que derivó en la fuga del señor Morales Ayma y posibilitó la sucesión constitucional que, luego de una cadena de renuncias, recayó en Jeanine Áñez -como recalqué varias veces, lo que pasó posteriormente es otra historia-, es pertinente recordar que quien, de manera despectiva, se refirió al movimiento que, harto de los actos antidemocráticos del cocalero (desconocimiento del referéndum que puso freno a su aspiraciones de reelección indefinida y el fraude que montó para darse como ganador en primera vuelta en las elecciones de 2019 en las que participó con la anuencia del TCP que, a petición suya, declaró la reelección indefinida como “derecho humano”) se volcó a las calles en defensa de la democracia, fue precisamente quien le dio la identidad con la que pasará a la historia.

En un acto de soberbia, algo recurrente en él, se expresó así sobre la ciudadanía indignada: “Me he sorprendido, ahora dos, tres personas (están) amarrando ‘pititas’, poniendo ‘llantitas’. ¿Qué paro es ese (...)? Soy capaz de dar talleres, seminario de cómo se hacen las marchas a ellos, para que aprendan”. Sin proponérselo, le dio a la gente el arma nominal con la que se caracterizó la formidable epifanía: “Las pititas”.

Algo extraordinario que hay que recalcar es que la gran manifestación civil no ocurrió por móviles económicos (“determinante en última instancia”, de acuerdo al marxismo). Me atrevo a decir que ni siquiera fueron móviles políticos (en el sentido partidario del término), sino éticos, humanos.

A un lustro de tal acontecimiento, parecería que ahora sí en la prescripción de la dialéctica marxista “estarían dadas las condiciones” para un estallido social a consecuencia de la situación de la economía, bastaría con que se genere una ola similar a la de 2019 para poner en cuestión al Gobierno.

Con la nariz que tiene, Morales Ayma artículo una serie de protestas sobre la base del malestar provocado básicamente por tres elementos: ausencia de divisas (dólares), escasez de combustibles e inflación creciente.

Supuso seguramente el hombre que, al ser preocupaciones extendidas en toda la sociedad, la ciudadanía, haciendo de tripas corazón, se plegaría a la “causa” del trópico para luego, muy a su estilo, montarse en la lucha y ser aupado como candidato y “salvador”. Está claro que esto no ha sucedido no va a ocurrir. Lo que sostiene al bloqueo pro Morales Ayma es el accionar de una minoría (eficaz, ciertamente) focalizada en Cochabamba, descomunalmente amplificada y ridículamente teatralizada (como bien describe Diego Ayo en su más reciente columna).

Entonces, ¿por qué la ciudadanía no picó el anzuelo? Para decirlo en fácil: porque no come vidrio. Está claro que la crisis económica, de la cual es corresponsable, le tiene sin cuidado al bien acomodado señor Morales. Lo suyo es lo de siempre: el poder, hoy esquivo para él por dos motivos: su inhabilitación para ser candidato y su conducta sexual proclive a deshonrar a niñas.

El (no)involucramiento de la ciudadanía no debe ser interpretado como indiferencia ante la flagelante situación económica ni como un apoyo implícito al gobierno de Luis Arce (aunque a éste le haya servido como amortiguador de los embates del “evismo”).

Con estas precisiones queda claramente establecido que, desde 2019, la ciudadanía es un factor central en la definición del rumbo político de la sociedad.

A treinta años de la gran Reforma Constitucional de 1994

 

Ni por nostálgico, ni por retrógrado; escribo sobre el aniversario de algo que ya no existe, pero cuyos preceptos marcaron el proceso de institucionalización de la democracia en Bolivia, y lo hago con la convicción de que aquel proceso constituyente de reforma parcial de la CPE puso al país al día en la modernización del Estado y en la instauración de institutos jurídicos especializados. Por otro lado, amplió el espíritu inclusivo de la Constitución de 1967 a actores que permanecieron “invisibilizados” hasta el año de la reforma de la cual trataremos a continuación.

Si bien la entrada en vigencia de esta reforma parcial de la CPE ocurrió durante el periodo presidencial de la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, el origen y posterior proceso de su concepción datan de los Acuerdos “Mariscal Andrés de Santa Cruz” del 9 de julio de 1992 -Gestión Paz Zamora- suscritos por representantes de todo el arco político con representación parlamentaria. El acuerdo número 5 fue precisamente “Reforma de la Constitución” -vale la pena enumerar los otros, dado que algunos de ellos fueron constitucionalizados por la reforma que abordamos: Reforma y Modernización del Poder Judicial; Registro Civil y Registro Único Nacional; Reformas electorales; Reforma Educativa; Elección del Contralor General; Juicio a García Meza; Ley de partidos políticos; y Ley de industrialización de la coca-. Es de destacar el hecho de que, pese al cambio de Gobierno, el debate sobre la necesidad de reforma constitucional y de los cambios a incluirse en la misma, siguieron un curso institucional ejemplar.

Finalmente, el 12 de agosto de 1994 se promulgó la Ley 1585, de Reforma de la Constitución Política del Estado. Ya bosquejadas genéricamente previamente, revisemos los puntos, alcances y trascendencia de aquella reforma.

De entrada, en la forma de Estado (Artículo 1) se incorporaron las expresiones “multiétnica” y “pluricultural”. La caracterización “pluri-multi” de la nación boliviana ya ocupaba grandes espacios en los foros que la sociedad civil organizaba a propósito del momento constituyente. Los parlamentarios tan sólo recogieron ese espíritu ciudadano para incorporarlo al texto constitucional. La CPE actual en vigencia acuña la caracterización “Estado plurinacional”, en contrasentido a la construcción de la nación boliviana,

En la misma línea, la reforma de 1994 visibilizó y reconoció plenos derechos a los pueblos indígenas (ya reivindicados en la “marcha por el territorio y la dignidad”, en 1990).

Una de las reformas que particularmente, junto a activistas de mi generación, esperamos que se cristalizara en la CPE -nos llevó años de campaña ponerla en agenda. Nobleza obliga: los vicepresidentes Ossio y Cárdenas, presidentes, a su turno, del Congreso, se “pusieron la camiseta”- fue lo que se conoce como el “voto a los 18”, que es mucho más que eso; es la ciudadanía, la mayoría de edad, derechos civiles y algo de políticos. La CPE actual mantiene dicha conquista.

En asuntos electorales, se incorporó la elección de diputados uninominales -el órgano electoral determina periódicamente las circunscripciones uninominales-. Asimismo, la extensión del periodo presidencial de cuatro a cinco años. Ambas figuras se mantienen en la CPE actual.

En lo administrativo, se dio los primeros pasos hacia la descentralización, aunque no se mencionó el término “autonomías”.

En lo jurídico, se instituyó el Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad, el Consejo de la Judicatura como ente disciplinario y el Defensor del Pueblo, para la representación ante la vulneración de los derechos humanos. Estas instancias se mantienen en la CPE actual -dos de ellas con otro nombre, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura- pero completamente desnaturalizadas y al servicio del poder.

Fue una Gran Reforma.