Generalidades

 

En tiempos de triste recuerdo, circulaba un chiste -los bolivianos le encontramos gracia hasta a las desgracias- que decía así:

-       ¿Por qué los coroneles se cuadran ante el hambre cuando lo ven pasar?

-       Porque el hambre es General.

Ciertamente, en tales términos, ya no es tan así -podríamos decir, para seguir con el chiste que ahora el hambre sólo es “Mayor”-

Lo que sí ascendió a General es la desinstitucionalización por lo que hoy todos los grados inferiores se cuadran ante ella.

La expresión más grosera -y las ha habido otras de grueso calibre en lo que va del régimen masista- de tal estado de la no-institucionalidad ha sido el brulote que se despachó el excomadante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien ha llegado a afirmar que las FFAA son “el brazo armado del Gobierno” (a efectos de amedrentar, perseguir y, en ultima instancia disparar contra quienes no comulguen con el régimen).

Cierto es también que, desde tiempos del gobierno del señor Morales Ayma, los militares jugaron a la política de forma explícita -adoptando el eslogan del régimen, “¡Patria o muerte, venceremos!”, en lugar del institucionalista “Subordinación y constancia”- pero no llegaron tan lejos como Zúñiga. Este personaje, le debe el cargo al MAS, que lo promovió a la Comandancia, a pesar de no calificar para la misma dado que era uno de los peores de su tanda -es como que el burro del curso fuera presidente del mismo-. Lo que le faltó en capacidad quiso compensarlo con extremo llunkerío, pero, en tal afán, se pasó de revoluciones.

Aunque en nuestra historia no ha sido infrecuente -durante décadas fue más bien “la regla”- la incursión de militares en política, inclusive con denominaciones propias (RADEPA, “Vivo rojo”), durante las dos primeras décadas de la democracia, los militares se replegaron a los cuarteles cumpliendo el rol que la Constitución les asigna -en determinado momento, tuvieron que ocuparse de ejecutar un estado de sitio, confinamiento incluido-.

Alguna vez observé que la palabra “militar” es unas veces sustantivo y otras, verbo -no debe haber muchas así-. Pues bien, durante el tiempo en el que el régimen masista ejerce el poder, los nuestros antes que militares los jefes de las FFAA son militantes (del “proceso de cambio”) y no hicieron nada por disimularlo.

Pero, sin ser “brazos armados”, otras instituciones empuñan otro tipo de armas para la persecución y la penalización (cárcel) contra ciudadanos y autoridades que cuestionan el accionar del régimen. Los órganos de la justicia, en general, están al servicio de éste.

Mención aparte merece el Tribunal Constitucional (al que le aumentaron lo de “plurinacional”). Este órgano fue incorporado en la reforma constitucional de 1994, bajo la consideración de que la interpretación y control constitucionales, ejercidos por el Parlamento hasta entonces, no debían realizarse en esa instancia de carácter político. El supuesto era que con una instancia independiente se evitaría la “politización” en las resoluciones y fallos constitucionales. La idea funcionó relativamente bien hasta que el MAS cooptó (elecciones judiciales incluidas) dicha institución. Y, ya sabemos, hoy se debate en una crisis de legitimidad y legalidad por la autoprórroga que se regalaron sus miembros y que cuenta con la “bendición” del ala ”arcista” del régimen.

La desinstitucionalización es General y amenaza con liquidar a la democracia, a tiros o a fallos.

Osados, pero no casados

 

En un acto de osadía política, dos expresiones ideológicas inconciliables unieron fuerzas para forzar, y aprobarlas, el tratamiento de normas que obligan al Gobierno y al Poder Judicial a retomar la senda constitucional y, entre otras cosas, a poner coto la autoprórroga de magistrados que, largamente, han excedido el periodo que la ley asigna al ejercicio de sus funciones.

No obstante el amedrentamiento al que fueron sometidas y a intentos de sabotaje -anuncio de fumigación y corte de la energía eléctrica al interior del recinto parlamentario- las bancadas de oposición y del ala “evista” del régimen lograron instalar y llevar a cabo la sesión en cuestión.

Digo “en cuestión” porque el ala “arcista” –con epicentro en el Ejecutivo- no tardó en calificar a dicho acto como “ilegal”, bajo el argumento de que quien lo presidió no estaba facultado para hacer tal cosa. Tal apreciación, como veremos en el siguiente razonamiento, se cae por su propio peso.

El contexto, para quien lo hubiese olvidado, es que ante la ausencia por motivo de viaje del Presidente, los cargos fueron ocupados por quienes los seguían según la línea de jerarquía. Así pues, Choquehuanca ocupó el lugar de Arce y Rodríguez, el de Choquehuanca. Esto, con otros nombres, pero la misma figura, ha ocurrido muchísimas veces y, a estas alturas, como no responde a sus intereses, el arcismo quiere vender la idea de que tal mecanismo de reemplazo temporal es una mera formalidad, o sea, que los subrogantes ocupan los lugares de los titulares sólo para calentarles el asiento durante el tiempo de ausencia de éstos. Vale decir, que en su calidad e Presidente en ejercicio, Choquehuanca no tendría la facultad de firmar decretos o resoluciones supremas, o que Rodríguez no tendría la potestad de presidir la Asamblea. Un sofisma que no aguanta el menor análisis.

Para colmo del absurdo, Choquehuanca manda a consulta al Tribunal Constitucional, para que se pronuncie al respecto, una norma que cesa en sus funciones a los miembros de dicho órgano. El sujeto sabe que esas personas van a objetarla, primero porque afecta a sus propios -y oscuros- intereses personales y, segundo, porque cuentan con la bendición del Ejecutivo para prorrogarse, al menos hasta que se realicen las próximas elecciones generales.

En tan sentido, ya en su condición de vicepresidente, Choquehuanca ha sugerido que se habría formado una “troika golpista” compuesta por el ala “evista” del régimen y la oposición (Comunidad Ciudadana y Creemos). Otro disparate. Veamos por qué…

Si bien los aludidos –“evistas” y oposición- por el Vice coincidieron en el objetivo, sus motivaciones son completamente diferentes, por lo que no hay elemento alguno que los relaciones como “troika” y menos como “golpista” -intención de algún modo perceptible de parte del evismo (al menos en su versión “acortamiento de mandato”) pero que no cuenta con las condiciones objetivas para su ejecución-.

Las motivaciones de la oposición son, si cabe, más auténticas -un reencauzamiento institucional- mientras que las del ala “evista” son instrumentales: cese de los autoprorrogados-posesión de tribunos afines-habilitación de Morales para las elecciones.

Siendo así, hablar de cierto acuerdo o pacto “golpista” no es más que un ejercicio retórico que puede impresionar a las huestes arcistas y a algunos incautos, que siempre los hay, pero que no se sostiene.

Agrego, además, como subproducto de los reemplazos en cargos, que una vez más se evidenció que la narrativa del “golpe 2019” no tiene asidero, puesto que la sesión del Senado fue presidida por la segunda vicepresidente, de la bancada de oposición y nadie se rasgó las vestiduras.