Por feliz coincidencia, la publicación de esta columna
ocurre exactamente en la fecha en la que, hace treinta años, se pronunció la
sentencia, en el marco de un juicio de responsabilidades, contra Luis García
Meza y varios de sus colaboradores por una serie de hechos acontecidos durante
el gobierno de facto de aquella época.
El entonces General García Meza y sus secuaces –el infame Luis
Arce Gómez, el más connotado de éstos- interrumpieron por segunda vez en breve
espacio de tiempo –meses antes lo había hecho Alberto Natush Busch- el proceso
democrático en ciernes que Bolivia deseaba consolidar.
La víctima directa del golpe fue la presidenta Lidia
Gueiler, cuyo gobierno de transición sufrió el acoso permanente de agentes de
la peor versión de la milicia que operaban sembrando el terror entre la
población y atentando contra la vida de connotadas figuras de la política y del
periodismo y que, tras el asalto al Gobierno, siguieron haciéndolo. Meses
antes, la avioneta que transportaba a miembros de la UDP –se dice que Hernán
Siles debía haber estado en la nave- sufrió un atentado en el que, salvo Jaime
Paz Zamora, murieron todos los pasajeros; en otro acto de terrorismo, el
sacerdote y periodista Luis Espinal fue asesinado. Durante la asonada (toma de
la COB donde sesionaba el CONADE) fueron apresados, y luego torturados y
asesinados, dirigentes de entonces –Marcelo Quiroga Santa Cruz, el más emblemático-
y ya con el poder en sus puños, masacró a dirigentes del IR que sostenían una
reunión clandestina en un inmueble de la calle Harrington. De aquel periodo se
recuerdan con horror las “ambulancias de la muerte” y los paramilitares a
órdenes de Luis Arce, además de la comisión de una serie de delitos de toda
índole (“mínimos”, como los vidrios ray ban o los carritos Hanne hasta los de
gran envergadura como las piedras semipreciosas o el narcotráfico).
Reconquistada la democracia y en aplicación del debido
proceso, el dictador y sus cómplices fueron sometidos a juicio de
responsabilidad, mismo que duró nueve años, hasta que, en esta fecha, 21 de
abril de 1993, se emitió sentencia condenatoria con penas diferenciadas según
los grupos de delitos que para los principales actores de la dictadura fue la
de treinta años de prisión sin derecho a indulto. La palabra que más se escuchó
de boca de García Meza durante el juicio fue “desconozco”.
Al respecto, hay que recordar siempre y valorar dos elementos:
el aporte y persistencia de los impulsores del juicio, encabezados por Juan del
Granado, y el hecho, inédito hasta entonces en Latinoamérica, de un dictador
sentenciado por la vía de un proceso de tal característica.
Como consecuencia y lección que dejó está el hecho de que
una vez reconquistada la democracia no se volvieron a producir golpes –un golpe
tiene siempre un “hombre fuerte” que es quien ocupa la silla presidencial una
vez producido éste, lo que echa por tierra el relato de que en 2019 se produjo
un golpe (lo hubiese sido si Mesa, Quiroga, Ortiz u otra persona ajena a la
sucesión constitucional se hacía con la Presidencia)-. Otra precisión que se
debe recalcar es que un dictador fue sometido a lay para juzgar a altos
dignatarios de Estado, mientras que a una Presidenta constitucional, se la
somete ahora a un juicio ordinario.