Justa Norma Leyes comenzó a morir al aprobarse la
Constitución que la condenaba a elegir por voto universal (político) a quienes
deben administrarla. En su momento dijimos que era como acudir a las urnas para
elegir al Alto Mando Militar (o policial). Ciertamente, el sistema judicial no
era el más prístino del mundo, pero el remedió resultó peor que la enfermedad.
Desde entonces, Justa Norma Leyes muere cada vez que es
violada por los operadores judiciales del régimen; es rematada una y otra vez.
Para no hablar de que en las dos elecciones de tribunos la ciudadanía votó
mayoritariamente por los candidatos “nulo” y “blanco” dando pie a que los
magistrados se posesionen en sus cargos con ínfimos porcentajes de la votación
popular. Es decir que habiendo tropezado dos veces con la misma pifia, el
régimen intenta asestar el tiro de gracia al ya absolutamente desacreditado
sistema de justicia –eso desde el punto de vista de la ciudadanía que ve día a
día cómo es usado para perseguir, amedrentar, extorsionar, y encarcelar por razones
políticas; por eso es que al régimen no le interesa cambiarlo. Es más,
parecería que le urge tener una judicatura aún más dócil a sus mandados-.
Porque últimamente, su agusanado cuerpo viene recibiendo
puñaladas arteras que la desfiguran más y MAS. Y no obstante el repudio
ciudadano de que es objeto, se anuncia una nueva –la tercera- elección con las
mismas taras de las anteriores, es decir un proceso amañado –pantomima de selección
cuyas cartas están marcadas- muy similar al que se opera para la designación
del Defensor del Pueblo, con la diferencia de que para el caso no hay “elecciones”.
Sin embargo, ambos dejan de lado lo fundamental para cargos de esta clase: la
meritocracia. En el proceso de selección para la Defensoría, los postulantes
mejor calificados –uno de ellos, particularmente- fueron eliminados en las primeras
rondas, siendo sus buenos nombres manoseados por los badulaques que tienen la
orden de escoger a uno de los suyos. Por eso es que no hay muchos profesionales
de excelencia que acudan a la convocatoria. Y así nos va…
Ahora que un grupo de notables juristas pretende enmendar –dándole
una suerte de respiración artificial- tal iniquidad, el régimen vuelve a soltar
a su rotweiiler y a sus doberman con gastadas consignas que pretenden confundir
a la ciudadanía para desanimarla a firmar los libros que, muy a pesar suyo,
están siendo sostenidamente signados.
Se cuestiona el procedimiento por una supuesta
inconstitucionalidad, cuando cualquier persona mínimamente formada sabe que la
iniciativa legislativa ciudadana está reconocida por La Constitución y su institución
data de la reforma constitucional de 2004.
Se observa una supuesta (ex)temporalidad, cuando sus
promotores han demostrado que los tiempos, con voluntad política para
administrarlos, son suficientes para alcanzar a noviembre con una reforma
parcial de la CPE que evite otra muerte de Justa Norma Leyes.
Finalmente, se apunta a las personas cuando, si se aprecia
su trayectoria profesional, méritos les sobran; entre otros, a Juan del Granado
le cupo ser la cabeza en el proceso que logró la sentencia condenatoria al
dictador Luis García Meza y colaboradores por la vía del juicio de
responsabilidades. Hecho inédito en Latinoamérica.
Si finalmente el régimen se emperra en meterle nomás a su
elección, se debería comenzar una campaña por el Nulo (con mayúscula) para que
la ciudadanía se vaya sumando y esta vez alcance a 80% (la anterior llegó a
65%). Puede ser meramente testimonial –el régimen impondrá a sus amigos de todas
maneras- pero los deslegitimará al punto de invalidar sus ulteriores actos.