2022: El año de la emancipación de Arce

 

Me toca publicar al filo de la gestión que concluye, cuando todos los medios y los particulares han hecho sus respectivos balances de la mismas. Por tanto, es posible que se digan cosas que ya fueron dichas. Lo menciono a modo de prevención; una columna se va construyendo sobre una idea general y que se va desarrollando mientras uno la escribe.

Podría no abordar mi personal caracterización de lo que nos deja este año, pero rompería con más de una década en tal ejercicio de sentido, que lo vengo haciendo desde 2010. Mi enfoque se dirige tanto al hecho mismo como a lo que representa, simboliza, o, finalmente, por lo que ha significado en nuestro imaginario.

Siempre realizo una retrospectiva de lo anotado en cada año desde entonces, aunque, por razones de espacio, con cada vez más breve referencia al contexto en que se dio tal o cual caracterización; cosa que paso a hacer…

2010: “El año del rodillazo”. Aquel que propinó Morales Ayma a un rival circunstancial en un partido amistoso. Abuso de poder, irrespeto a las normas.

2011: “El año del MASking”. En referencia a la cinta con la que las fuerzas al mando del señor Sacha Llorenti sellaron las bocas de los indígenas de tierras bajas en su marcha por el TIPNIS.

2012: “El año de la caca”. Tomado de una frase de Morales Ayma para graficar, según él, las relaciones del Estado boliviano con el de los Estados Unidos.

2013: “El año de la extorsión”. Cuando una parte del personal de Gobierno estableció un consorcio de carácter extorsivo, ofreciendo intercesión judicial a los presos en general, no solo a los políticos.

2014: “El año del Estado plurinominal”. Las ya ilegales elecciones de entonces, lo fueron más aún con la mala denominación impresa en la papeleta electoral. Sin embargo, como de costumbre, no pasó nada.

2015: “El año de Petardo”. La mascota adoptada por marchistas potosinos fue todo un símbolo de la democracia por entonces.

2016: “El año NO-Evo”. La ciudadanía se expresó mayoritariamente en contra de la reelección indefinida del tirano.

2017: “El año del Nulo”. Nueva, y contundente, derrota del régimen. Esta vez en las elecciones judiciales.

2018: “El año de la doble pérdida”. Bolivia perdió definitivamente el mar con el fallo de la Corte Internacional de Justicia y perdió la democracia con la sentencia del Tribunal Constitucional allanando la elección indefinida del tirano, a título de un supuesto “derecho humano” a la misma. El primer caso tuvo, este año, su correlato con el fallo contrario a Bolivia en el caso Silala.

2019: “El año de la gesta democrática de Bolivia”. La ciudadanía, que había soportado estoicamente años de arbitrariedades del autócrata ya no permaneció impávida ante el evidente fraude electoral y el tirano tuvo que tomar las de Villadiego. Lo que vino luego, como gestión de gobierno, es otra historia.

2020: “El año de la Calamidad”. Llegó la pandemia, con sus terribles consecuencias en términos de pérdidas de nuestros seres queridos.

2021: “El año del aguante”. Se pidió a la ciudadanía aguantar el embate de la pandemia mientras se gestionaban las vacunas.

Ahora, sí. 2022: “El año de la emancipación de Arce”. Hasta abril de este año, el Presidente era una especie de Cámpora o Mevédev, es decir un muñeco obediente a los designios del Jefazo, al extremo de ganarse el sobrenombre de “Tilín” –estuve tentado de ponerlo en el título-. Pero, como anoté en una anterior columna, la marioneta adquirió vida propia, de forma más parecida a la de Lenin Moreno, aunque éste lo hizo apenas fue posesionado, propiciando un juicio contra Rafael Correa que anuló toda posibilidad de éste a participar en las elecciones anteriores. ¿Hará Arce algo similar con Morales Ayma?

Dependencias prescindibles

 

Me costó decidir qué adjetivo emplear para el título. En primera instancia pensé en “inútiles”, pero en condiciones normales, al menos dos de ellas, no lo son; luego se me ocurrió “impresentables”, pero suena demasiado coloquial. Finalmente, opté por “prescindibles” porque tal como están no tienen razón de ser y, por lo menos una debería desaparecer definitivamente. Vayamos por partes.

Previamente y durante el desarrollo de la asamblea constituyente, el cocalero en función de Presidente bajó la línea de eliminar la Defensoría del Pueblo con el peregrino argumento de que como “el pueblo llegó al poder”, la institución era innecesaria. Él sabía que la entidad supondría una piedra en el zapato para sus aspiraciones a autócrata.

Primó el sentido común y la Defensoría se incluyó en la CPE –artículos 216 y sucesivos- señalando que su naturaleza es la de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos.

Y como suele decirse, “hecha la ley, hecha la trampa”, el momento en que al congreso controlado por Morales le tocó elegir –“nombrar” sería más apropiado para lo que sucedió- al nuevo titular lo hizo por quien consideraba como afín al régimen. El ciudadano en cuestión, con gran dignidad, evidentemente se constituyó en una piedra en el zapato del susodicho. Rolando Villena no se comportó como el amarrahuatos que el régimen quería.

Con tal experiencia, contraproducente para Morales y compañía, el MAS se aseguró, para la siguiente oportunidad, de nombrar a uno de los suyos, quien armó un equipo azulado del cual surgió su sucesora, hoy premiada con un cargo gubernamental. Estas dos últimas gestiones marcan la caída libre de la que se convirtió en un apéndice del régimen. Como quiso en principio, Morales Ayma consiguió matar a la Defensoría. En nuevo defensor, un masista anodino, calló en siete idiomas ante los abusos de personal estatal contra la población civil.

En tales condiciones, ¿es deseable la continuidad de dicha instancia? Definitivamente no, al menos hasta que la democracia retorne. Cualquier observatorio de derechos humanos hace mil veces mejor las labores que se supone debe hacer la DP y no le cuestan nada al erario público.

La necesidad de contar con una Procuraduría surgió del hecho de que el Estado perdía, en connivencia con los demandantes probablemente, prácticamente todos los juicios que se le entablaban. No fue, como reclaman desde el régimen, una idea exclusivamente del MAS; varias plataformas, incluida una de la que mi persona formaba parte, propusieron incluirla en la CPE, cosa que ocurrió –artículos 229 y sucesivos- con la misión de “precautelar los intereses del Estado”. Pues bien, el remedio, en manos del MAS, resultó peor que la enfermedad y, en particular, el actual Procurador ha hecho de todo –incluso ha jugado a instalar un TSE paralelo- y, como en el caso anterior, en las condiciones presentes, no tiene ningún sentido destinar una chorrera de recursos públicos para seguir perdiendo procesos. Nuevamente, cuando la institucionalidad retorne, podría volver a funcionar.

Por último, la peor de todas, la infame DIREMAR, a la que ya Página Siete le dedicó un editorial en el mismo sentido de esta columna. Sin mayor anestesia, debe ser disuelta ipso facto. Es la vergüenza mayor del Estado. Una de las condiciones para aprobar el PGE del 2023 es la de cortarle el financiamiento –tal vez dejarle un mínimo para su liquidación-. A diferencia de las dos entidades anteriores, ésta no tiene razón de ser y ni con un estado de derecho consolidado podría volver.

Deseo para los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia una Navidad con la esperanza de mejores días.