En los cálculos previos a las elecciones autonómicas (“subnacionales”), el régimen de Morales Ayma, erróneamente, las tomó como un correlato de las generales y las supuso en el bolsillo pensando en el ejercicio del poder total(itario). Su campaña se basó en amenazas de cortar ingresos y proyectos a ciudades y departamentos si acaso sus habitantes osaban dar la victoria a candidatos de oposición, sobre todo cuando las encuestas, luego ratificadas en los resultados electorales, mostraban mayor intención de voto hacia candidatos no oficialistas en las grandes urbes y en varios departamentos –esto, sumado la imposición de candidatos en el MAS, causante de fisuras en su seno-.
Durante la fase de impugnaciones, se puso en cuestión la habilitación,
por motivos de residencia, de dos candidatos a alcaldías: César Dockweiler a la
de La Paz y Manfred Reyes Villa a la de Cochabamba. Si se inhabilitaba al
segundo, por analogía, tendría que inhabilitarse al primero; por tanto, el
régimen tomó la decisión política para que su instrumentalizado Poder judicial
diera luz verde al señor Reyes Villa, quien, como se sabe, corrió mejor suerte
que el señor Dockweiler en los comicios.
Si Morales Ayma y su pandilla querían sacarse de encima al
actual alcalde de Cochabamba, el momento era aquel; el argumento jurídico era
sólido. En cambio, la forma en la que se lo quiere apartar del cargo ahora es
absolutamente absurda, y los es más aún cuando el burgomaestre goza de una
legitimidad indiscutible y que, en el breve tiempo que tiene de gestión ha
demostrado estar a gran distancia, en términos positivos, de sus desastrosos
antecesores recientes (Castellanos y Leyes).
Menciono el asunto porque es el más delicado; pero no es el
único, no todos son del mismo tipo. El régimen de Morales Ayma está decidido a
destruir lo que queda de democracia para tomar las instituciones a las que no
pudo acceder por la vía democrática y, colateralmente, emitir normas cada vez
más restrictivas de la libertad.
Luego de una aparente admisión de su catastrófica derrota
en las elecciones autonómicas, la arremetida totalitaria es evidente: asedio a
la marcha indígena, golpe a la dirigencia de los cocaleros de Los Yungas,
elaboración de leyes atrabiliarias, intimidación al alcalde de La Paz y al
expresidente Mesa, agresiones a periodistas mientras cumplen sus funciones,
insistencia enfermiza en un supuesto “golpe de Estado” y un largo etcétera de
acciones de carácter autoritario.
Si bien algunos de éstas se venían gestando anteriormente, ha
sido en los últimos 15 días que se han acelerado y agudizado. Y no parece
casual que ocurra así. El recientemente elegido por enésima vez como máximo
dirigente de los cocaleros del Chapare se reunió con el tirano venezolano –poco
antes lo hizo con el cubano-. No fue para jugar badmington, supongo. El caso es
que en Cararacas recomendó la ingesta de “plátano maduro” a los revolucionarios,
y todo el aparato judicial-político del régimen de Morales Ayma comenzó a
apretar el acelerador -¡hay que ver con cuánta diligencia se emiten comparendos
y se aprueban leyes de tinte persecutorio!-
Entretanto, los organismos que velan por los derechos
humanos expresan su preocupación, lo que parece no hacer mella al régimen, cuyo
camino hacia el totalitarismo fue (re)definido fuera del país.
Como otras veces, se precisa de la coordinación entre las
fuerzas democráticas ciudadanas para evitar la escalada dictatorial. De no ocurrir
esto, los bolivianos acabaremos con un plátano en el cu…ello.
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