Instituciones de orden mundial de expertos en materia de
derechos humanos y democracia (CIDH y GIEI) remitieron al Estado boliviano
sendos documentos, que se suman a otros –OEA, Europarlamento- en la misma
línea, pronunciándose sobre las consultas que les fueran hechas, el primero por
Colombia, en tanto garante de la Constitución Política vigente desde 2009,
respecto a si la reelección indefinida puede ser considerada como un derecho
humano y, el segundo, a instancias del gobierno constitucional transitorio de
la expresidenta Janine Áñez, sobre los hechos acontecidos durante el periodo
transcurrido entre las elecciones de octubre de 2019 y los primeros días del
gobierno de transición.
El de la CIDH puso fin a la patraña que el señor Morales
Ayma y sus corifeos habían ideado para habilitar a éste como candidato no
obstante la propia CPE y, doblemente contundente, la voluntad popular expresado
en el referéndum del 21 de febrero de 2016, le negaran tal pretensión. La
opinión consultiva de carácter vinculante cayó como un mazazo sobre el
oficialismo que, por un momento, quedó aturdido.
Pero, como confiando en que el del GIEI resultara favorable
a su ocurrencia de “golpe”, generando una especie de “empate técnico” entre uno
y otro –incluso, el portavoz presidencial adelantaba “sorpresas” adversas para
“gobierno de facto”, cosa extraña porque el documento estaba ya en manos del
Gobierno- intentó minimizar el alcance del primero. Como se sabe, el informe
del GEIE reparte responsabilidades, casi a partes iguales a los dos gobiernos
del periodo mencionado.
Si bien el objeto de consulta es diferente, ambos coinciden
en que el hecho desencadenante de todo lo sucedido posteriormente es el del
incumplimiento, por parte del régimen de Morales Ayma, del mandato emergente
del 21-F, es decir de la imposibilidad de postular al jefazo para los comicios
de 2019. Éste y otros elementos señalados en uno y otro dictamen asfaltan el
camino para poder enjuiciar a Morales Ayma tanto en caso de corte como por la
vía ordinaria (varias acciones de sus seguidores, a instancias suyas,
ocurrieron cuando ya no fungía como Presidente).
Enterado de esto, cual matoncito engreído, un encolerizado
jefazo volvió a desbocarse para hacer gala del control que ejerce sobre los
operadores de justicia y de otras instancias del Estado, espetando frases como “vengan de donde vengan procesos, vamos a
seguir ganando”.
Este tipo de displicencia
ante la posibilidad de ser juzgado es análoga a la del gánster Al “Scarface”
Capone quien, con su banda de sicarios, aterrorizaba a la ciudad de Chicago. Morales
Ayma hace alarde de su poder y desafía a la ciudadanía a que lo enjuicie,
seguro de que ningún proceso en contra suyo prosperará –se jacta precisamente
de que nunca lo hizo- y vuelve a amenazar con hacer arder Chuquiago.
Capone tenía bien aceitadas
a varias autoridades lo que le permitía pavonearse ante cualquier insinuación
de juicio en su contra. Hasta que, por obra de un grupo federal de
investigación, conocido como “Intocables” debido a una mala traducción de
“untouchables” (intachables, insobornables) consiguió llevarlo a estrados
judiciales. Durante el juicio, Capone sigue mostrándose socarrón y amenazante
pues sabe que el jurado ha sido comprado para declararlo inocente. Enterado de
esto, el juez opta por cambiar de jurado y Capone es hallado culpable y es
condenado a 11 años de presidio.
Morales Ayma, “el jefazo”
para los amigos, no debería estar tan seguro. Una de las recomendaciones del GIEI
es, precisamente, el cambio de los actuales operadores. Y en un escenario con
gente proba en la administración de justicia, lleva las de perder.