Viñeta: El Día
Con estupor, estamos viendo cómo el aparato
jurídico-político (TCP, Fiscalía, Judicatura, Procuraduría, etc.) del régimen
de Morales Ayma está bordeando los límites de la demencia en su afán de
complacer los dictados del cocalero y su entorno quienes ordenan falsificar el
desarrollo de los acontecimientos posteriores al fraude que cometieron, mismo
que desencadenó el enfado de la ciudadanía y que acabó con la huida, previa
renuncia al vuelo, de algunas autoridades, entre ellas la del propio Morales
Ayma.
Desde el comienzo del gobierno de Arce Catacora, dicho
aparato se ha dado a la tarea de proveer las “evidencias” que puedan sustentar
la peregrina idea de que lo ocurrido aquella vez fue un “golpe” y no, como efectivamente
ocurrió, una sucesión constitucional que se resolvió en quien asumió la
presidencia ante el vacío de poder ocasionado por la seguidilla de renuncias
–cuyo objetivo era, desde luego, generar un prolongado vacío que generase una
situación de “guerra civil”, con el huido a buen recaudo en el exterior-.
De todos los absurdos que para complacer al señor Morales
Ayma han sido proferidos por dicho aparato, el de la Procuraduría General del
Estado es, probablemente, el más delirante.
En resumen, el titular de la entidad arguye que como las
renuncias no se trataron en reuniones regulares del legislativo, éstas nunca
sucedieron. De entrada, la chicana es burda dado que no considera el contexto
en el que las renuncias fueron presentadas; pero, como argumentaré más
adelante, esta patraña podría terminar hundiendo más a quienes el Procurador
intenta defender.
Antes de ello, así parezca reiterativo, es necesario repasar
las manifestaciones de distintos organismos y personas que desestiman la forzada
versión del “golpe” y, por consiguiente, abonan a la evidente, es decir a la de
la sucesión constitucional. Suscribo, en el camino, la posición de Roger Cortez
y otros en sentido de que, si hubo golpe, éste ocurrió cuando el régimen de
Morales Ayma se orinó en la decisión ciudadana del 21F que ponía coto a su
ambición de reelección indefinida y comenzó a urdir, utilizando al TCP para su
propósito, la grotesca idea de la reelección indefinida como derecho humano.
En principio, fue la auditoría con carácter vinculante
solicitada por Morales Ayma a la OEA, la que desahució el resultado de las
elecciones de 2019 por haberse comprobado serias irregularidades a lo largo de
su desarrollo. Aunque no se menciona en la auditoría, el propio Secretario
General de la OEA tradujo lo que todos sabían: fraude.
Ratificando dicho documento y aportando mayor contundencia,
el Parlamento Europeo señaló explícitamente la sucesión constitucional y
demandó el cese de la detención de la expresidenta constitucional, Sra. Áñez.
Valiosos testimonios de lo que ocurrió en la reunión que
hizo posible la resolución constitucional de la crisis de octubre/noviembre de
2019, incluidos los de gente afín al cocalero, quien estaba enterado de cada
decisión que se tomó en la misma, no dejan lugar a duda: la seguidilla de
renuncias condujo a quien quedaba luego de todas ellas a ocupar el vacío que
ocasionaron.
Volvamos a la ocurrencia de la Procuraduría. Si se la toma
en serio y se asume que no hubo renuncias (recordemos que el MAS tenía dos
tercios), querría decir que las exautoridades incurrieron en abandono de
funciones, lo que las haría sujetos de proceso; por tanto, Morales Ayma y
compañía resultarían siendo hundidos por su propio compinche. También implicaría
que todo lo obrado por los gobiernos sucesivos, incluido el de Arce Catacora,
sería nulo de pleno derecho, un limbo jurídico que solo existe en quienes están
procurando borrar los hechos.