Me he hecho el propósito de –hasta donde sea
posible- no involucrarme en el artificial ambiente electoral propiciado por el
régimen para violar, contra todo principio jurídico, contra la voluntad popular
expresada el 21 de febrero de 2016 e incluso contra el sentido común, la
Constitución que el propio señor Morales Ayma promulgó y que juró respetar al
asumir su segundo periodo –el último al que podía aspirar legalmente-.
Pero, sin apartarme de tal objetivo, hay temas
estructurales que, no obstante estar ligados a la coyuntura, los podemos
abordar por separado, justamente para desvelar la absurda cuanto peligrosa
electoralización en la se encuentra la sociedad por obra y gracia, repito, de
un régimen dispuesto a todo para imponer sus inhabilitados candidatos en las
próximas justas electorales nacionales.
Estuviese escribiendo de otra cosa si no
hubiera sucedido el hecho que ha provocado un remezón en la sociedad boliviana.
Me refiero, por supuesto, al escándalo de las militancias “truchas”
(militransas) conocidas a raíz de las consultas de la ciudadanía mediante el
sistema que el TSE habilitó a comienzos de esta semana.
Por el lado amable, la iniciativa puede ser
vista como una ejemplar medida de acceso a la información, en el sentido de que
el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública actualizado se encuentra
durmiendo ya varios años a la espera de su tratamiento, por la absoluta falta
de voluntad del régimen para su aprobación y posterior entrada en vigencia.
Lo ocurrido con el padrón de militantes puede
ser la razón del desinterés del régimen por contar con una ley de acceso y
transparencia de la información pública: ¡Cuántas cosas inenarrables
aparecerían si se abrieran las puertas de la información del Estado! (con las
excepciones, lógicamente, de temas de seguridad y de política exterior
confidenciales).
Lo ocurrido desnuda una absoluta falta de,
cuando menos, cuidado en el manejo de los datos personales de los electores y
muy mal hizo el TSE en querer quitarse el fardo de encima cargándoselo
exclusivamente a los partidos políticos. En mi criterio, la responsabilidad
sobre esta mayúscula vergüenza del sistema, está repartida a partes iguales
entre uno y otros. No hay una hipótesis única que trate de explicar lo
sucedido; probablemente se trate de una combinación de todas ellas y la que
vaya apareciendo luego. Hagamos un repaso de algunas.
En lo que concierne al TSE, está claro que su
sistema informático, ya sea por fallas humanas o técnicas, está absolutamente
desfasado y, probablemente esté obsoleto. Asimismo, la reacción de sus vocales
no hizo más que generar mayor suspicacia hacia la institución.
El otro aspecto atañe a las formas de inscripción
de militantes por parte de las organizaciones políticas, no siempre prolijas y
a veces hasta engañosas –lindando, inclusive con el delito-.
Es común que los fines de semana, funcionarios
públicos se instalen en lugares concurridos con tal objeto. A ellos se les
entregan libros de registros que deben llenar a como dé lugar bajo sanción de
perder sus puestos en la administración pública. Eso da para ir por el camino
fácil de la “invención de datos”, técnicamente hablando, a la usurpación de
datos personales.
¿Alguna vez usted firmó, de buena fe, libros de
apoyo a una u otra causa –desde condena al maltrato animal hasta lucha contra
el cáncer? No es descabellado pensar que, en manos de inescrupulosos, sus datos
hubieran sido transcritos a libros de militantes partidarios.
En resumen, la mala fe y la incompetencia
institucional dan como resultado un padrón de militantes hediondo. Así, no hay
manera de ir a las dichosas “primarias”.