Como si de un acto de sortilegio se tratase, abro
azarosamente el libro “La silla del Águila” de Carlos Fuentes –novela
construida sobre el intercambio de epístolas que, con el telón de fondo de la
sucesión presidencial, sostienen personajes ligados al poder- y me encuentro
con estas líneas, de una pertinencia tal
que parecerían haberse escrito para el momento político que estamos viviendo en
nuestro país:
“¿Qué reformar la Constitución toma tiempo? Lo sé de sobra.
Por eso hay que empezar ahoritita mismo, casi tres años antes de la siguiente
elección. Consulta con discreción a las fuerzas vivas, caciques, gobernadores,
legislaturas locales, empresarios, líderes obreros y campesinos, intelectuales.
Así como se acabó por modernizar el estatus de los legisladores, así debemos
modernizar la sucesión presidencial. Que viva la reelección”.
“¡Que viva la re-re-reelección!” podría decirse en una
adaptación local del texto.
Pues bien, al régimen, apenas asumido su actual mandato
–que, insisto, puede ser todo lo legítimo que se quiera pero es ilegal en tanto
producto de una interpretación forzada de la CPE- y agotada la opción
“envolvente” no se le ocurrió mejor idea que convocar a referéndum
constitucional para modificar el artículo 168 para que el caudillo pueda volver
a postularse como candidato para el próximo período presidencial.
Confiado en el impulso que supuso su triunfo electoral
previo, con una oposición que parecía aturdida por éste y ante la inminente
crisis económica, aceleró los tiempos políticos y convocó a la mentada consulta
popular. Pronto, la realidad se encargó de poner las cosas en su lugar: la
población le puso fecha de caducidad al gobierno de turno -22 de enero de 2020,
ni un día menos, ni un día más-.
No había pasado ni un día de la difusión de los resultados
oficiales del referendo y el propio señor Morales –el comodín quemado por el
MAS en la consulta- comenzó a hablar de un “segundo tiempo” y, a partir de
ello, todas las acciones del régimen –descuidando asuntos verdaderamente
importantes (algunos de ellos realmente urgentes)- están orientadas a
desconocer el veredicto popular que le puso coto al abuso de poder.
En un ejercicio de números y política, tras el resultado del
balotaje en Perú anoté que dicho país tiene 32 millones de habitantes mientras
que Bolivia tiene 10 millones; Kuczynski ganó con 41 964 votos de ventaja sobre Fujimori y
todos aceptaron el veredicto de la ciudadanía. En Bolivia, el “NO” ganó con 136
282 votos por encima del “SÍ” y el régimen desató una sañuda acción
persecutoria con la que pretende desconocer el sentir del soberano y permanecer
indefinidamente en el poder. ¿Cuál es la diferencia? En Perú hay
institucionalidad democrática (Estado de Derecho), en el “Estado Plurinominal”
no.
Y mientras el desportillado poder descarga su furia–en
diversos grados, desde la amenaza hasta el uso de su arma judicial para
quitárselo de encima- sobre todo aquel
que abogue por justicia, libertad y democracia, la ciudadanía, encorajinada,
ensaya formidables maneras de hacer respetar su voto: vigilias, actos públicos,
pronunciamientos, denuncias de corrupción por doquier.
Al régimen se le hace cada vez más difícil hacer que la
ciudadanía comulgue con las ruedas de molino que le quiere hacer tragar (“Doria
Medina dirige a la COB por twitter”, “Un líder como Evo nace cada 150 años”,
“El 21 de febrero ganó la mentira”, “El ‘proceso de cambio’ es un camino sin
retorno”, etc.).
Y es que, apoyado en su burrito, el señor de la boca
excedentaria ha debido percatarse de que ya no puede manipular a los ciudadanos
como si éstos fueran burros.