A cuatro semanas para el verificativo de las elecciones
generales, el ambiente político puede describirse como altamente contaminado
por acción del régimen que, habiendo partido con una ventaja de más de ocho
años de campaña electoral permanente, se la pasa echando emisiones de dióxido
de carbono a todo aquel competidor que ose pisarle los talones. Para ello tiene
varios dispositivos que usa según sea el caso.
Uno de ellos es el Tribunal Constitucional, (i)responsable
de haber habilitado, contra lo que prescribe la propia Constitución masista y
contra el más elemental sentido común, al señor Morales como candidato a un
eventual próximo periodo presidencial. Su acompañante de fórmula introdujo el
concepto de “estrategia envolvente” para validar esta impostura. Se trata,
entonces, de una candidatura de contrabando conseguida a fuerza de violar
normas y, lo que es más vergonzante, con posibilidades de triunfo.
Otro dispositivo de los que el régimen echa mano es el
Tribunal Supremo Electoral, en rigor un apéndice del ejecutivo encargado de
apoyar la campaña de los candidatos de contrabando y de ponerles la mayor
cantidad de trabas posibles a sus oponentes. Sus muestras de parcialización con
la fórmula oficialista son tantas que no es descabellado pensar que se esté montando un fraude de grandes
proporciones.
Asimismo, el Órgano Judicial es el instrumento de permanente acoso a quienes tengan la
osadía de poner en cuestión el discurso único del llamado “proceso de cambio”.
Casos tan groseros como los de la detención de Mario Orellana, candidato del
MSM, o la negativa de la “justicia” de permitir que Ernesto Suárez y Savina
Cuéllar, candidatos de Unidad Demócrata, desarrollen sus respectivas campañas
en plena libertad, dan cuenta de la más abyecta sumisión de un poder a otro.
Es en estas condiciones, para no hablar del derroche de
recursos públicos para su campaña del que hace gala el régimen, que los
bolivianos acudiremos a depositar nuestro respectivo voto, a riesgo de ser
chicoteados por sus violentos “movimientos sociales”.
La ciudadanía, no obstante, cuenta con espacios para
informarse y testimoniar el desarrollo de los comicios. Hacer el uso apropiado
de los mismos es un deber ineludible.
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