2013: El año de la extorsión

Otra gestión que llega a su cierre y con éste, las evaluaciones de rigor que las hay para todos los gustos.

Desde hace cuatro años me vengo ocupando de caracterizar, según mis propios criterios, el que concluye; así pues, a manera de hacer memoria, repasaré el título que merecieron desde Agua de Mote los anteriores:

2010 fue el “Año del Rodillazo”, en alusión al artero golpe de rodilla que Su Excelencia propinó en los testículos a un eventual rival deportivo que osó “robarle” el balón. Esta actitud pintó de cuerpo entero el modo arbitrario en el que el régimen entiende y practica el poder.

2011, en la misma línea, fue el “Año del MASking”, en referencia a la brutal represión de que fueron objeto los marchistas del TIPNIS en la localidad de Chaparina, cuyas bocas fueron selladas con cinta “masking”, clara representación de la postura gubernamental sobre la libertad y los derechos humanos.

2012, para este columnista, fue el “Año de la Caca”, en alegoría a una escatológica expresión salida desde la primera boquita del “Estado Plurinacional” respecto de las relaciones con Estados Unidos.  

Y, como corresponde, toca darle una denominación a este 2013 que nos deja, que nos es otra que la del título de esta entrega: el “Año de la Extorsión”, cosa que ya tenía clara a mitad de año, aunque no imaginé que quien destapó la red gubernamental de extorsión sería noticia justamente en las postrimerías del año al haber salido del país burlando los escrutadores ojitos del ministro de Gobierno.

Bolivia sufrió, y parece que lo seguirá haciendo, bajo el signo de la extorsión que nace de las entrañas del régimen.

Recordamos los casos más emblemáticos: el ya mencionado que involucra a (ahora) ex funcionarios de los ministerios de Gobierno y de Transparencia; el del (ahora) ex fiscal Marcelo Soza, separado del caso “Las Américas” justamente por las acusaciones de lucrar extorsionando a los supuestos involucrados, y el caso del (ahora) ex policía Ormachea, quien se ocupaba de extorsionar al (ahora) ex dueño de Aerosur… En fin, que la extorsión se ha convertido en una forma de Gobierno y no hay señales de que la justicia toque a sus cabecillas.

Queda todo por hacer. Tengan usted y su familia una Nochebuena  plena de esperanza.

Réquiem por la SAFCO

El origen de la Ley del Sistema Integrado de Administración Financiera Gubernamental se encuentra en el decreto 22407, promulgado por Jaime Paz Zamora en 1990, que ordenaba la remisión del proyecto al Congreso.

El instrumento conocido como SAFCO –de control y administración gubernamental- formó parte de una serie de disposiciones cuya filosofía fue la institucionalización y modernización del Estado –como medida colateral se puede mencionar la elección del Contralor General de la República mediante dos tercios de voto del Congreso-.

El principal objetivo de la SAFCO es el de evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, comenzando por las autoridades y terminando en el último de los funcionarios –hoy llamados servidores públicos-. Desde pequeños montos no descargados por sus receptores hasta grandes sumas dispuestas de manera irregular eran detectadas por la Contraloría institucionalizada y, según el tipo de responsabilidad, sancionados.

No impidió la comisión de actos de corrupción por parte de algunos, ciertamente, pero persuadió a muchos más de cometerlos ante los procesos coactivos de que pudieran ser objeto. En el mejor momento de la institucionalización, los empleados debían pasar un cursillo sobre este sistema para acceder –o mantenerlos- a sus puestos.

Hago estas consideraciones con motivo de lamentar que una de las grandes normas institucionalizadoras del Estado como lo es (¿lo fue?) la Ley SAFCO ha sido oficialmente obviada de la nomenclatura administrativa. Digo “oficialmente” porque han sido tantas las excepciones a su aplicación que, en la práctica, ya no significaba nada para el régimen que “le metía nomás”. Si bien formalmente continúa en vigencia, el tiro de gracia ha sido recientemente gatillado cuando el Gobierno decidió librar, por sí y ante sí, a las empresas públicas del control SAFCO.

Toda la energía social que supuso la concepción y puesta en práctica de un mecanismo de tal magnitud ha sido tirado por la borda. La discrecionalidad ya formaba parte de la gestión del régimen ha sido ratificada con esta barrabasada.

La corrupción acaba de ganar un nuevo espacio para extender sus tentáculos, con la bendición  del régimen. A Propósito, ¿Hace cuántos años que Bolivia está con un Contralor chuto?